Sentencia 36828 de febrero 1 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL

SP3240-2015

Rad.: 36.828

Aprobado Acta Nº 105

Magistrado Ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

Bogotá D.C., dieciocho de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Inicialmente, es relevante puntualizar que, una vez elaborado el estudio de la demanda y superados los defectos lógico argumentativos que exhibía su primer cargo, no hay lugar a descalificarlo en razón a los aspectos técnico formales que no acató.

1. Único reproche admitido.

1.1. El problema jurídico a resolver.

El asunto que ocupa la atención de la Sala se contrae a establecer si hay lugar o no dar alcance al principio non bis in idem, respecto del delito de concierto para delinquir, agravado, por el que, en este proceso, fue condenado Ramiro Rengifo Rodríguez, teniendo como base que, el 23 de septiembre de 2002 fue favorecido con resolución de preclusión de la investigación por el reato de pertenencia, a cualquier título, a grupos de justicia privada.

Con el propósito de dirimir este dilema, la Sala aludirá a los fundamentos y a las consecuencias normativas de dicha garantía de rango constitucional, y al efecto de cosa juzgada en el ordenamiento procesal y sustancial, para, enseguida, aludir a su carácter no absoluto y abordar la doctrina constante de la Corte acerca de la imposibilidad de iniciar o proseguir la acción penal por el delito de concierto para delinquir, cuando quiera que exista unidad de conducta.

Así mismo, se ocupará de reiterar la similitud dogmática entre dicho punible y el de pertenencia, a cualquier título, a grupos de justicia privada, para cerrar, en un ejercicio deductivo del conocimiento en el que examinará si en el caso concreto se cumplen los presupuestos normativos para dar aplicación a la prerrogativa reclamada y, si satisfechos estos, es posible la exclusión automática del mentado postulado, por razón de la naturaleza de lesa humanidad, atribuida jurisprudencialmente al injusto en estudio.

1.2. La cosa juzgada y el principio non bis in idem y sus límites.

1.2.1. El derecho, entendido como aquel instrumento de poder destinado a solucionar los conflictos que se suscitan a diario en el conglomerado social, solo tiene razón de ser cuando al ser aplicado por el Estado, a través de los funcionarios que, de manera imparcial, ejercen jurisdicción, alcanza su realización en una decisión judicial que, tras un procedimiento lícito y legal, dirima, con carácter definitivo, la litis planteada por sus asociados.

Para garantizar que esa determinación cumpla el cometido final de procurar la paz y la convivencia social, la providencia judicial debe resolver de fondo el asunto, de tal suerte que la controversia quede concluyentemente desatada y zanjada cualquier incertidumbre al respecto.

1.2.2. Con el propósito de salvaguardar este objetivo, los ordenamientos legales universales, de manera uniforme, han acudido a la figura de la cosa juzgada, que a su vez emana, del principio de legalidad y del derecho al debido proceso, en su orden, y no hace más que fijar, frente a unos específicos supuestos de hecho, una consecuencia jurídica permanente, invariable y oponible, en adelante a los demás y al Estado, ante algún intento de reabrir idéntico debate.

La Corte Constitucional ha concebido a la res iudicata como un efecto jurídico de la sentencia, en virtud del cual esta adquiere carácter inmutable, definitivo, vinculante y coercitivo, que genera como consecuencia la imposibilidad de plantear nuevo litigio o pronunciamiento sobre aquellos asuntos ya tratados y decididos (CC C-622 de 2007).

La cosa juzgada no cumple función distinta, entonces, a la de extinguir el derecho al eventual ejercicio de la acción judicial respecto a idénticos hechos y pretensiones.

1.2.3. Es aquí donde aparece, como efecto protector consustancial de dicho fenómeno, el principio non bis in idem, según el cual, no puede juzgarse dos veces igual causa, esto es, no es viable investigar, enjuiciar o castigar a una persona más de una ocasión por el mismo motivo, pues, ello, en últimas, atenta severamente contra el principio de proporcionalidad, habida cuenta que la imposición de una doble sanción por una sola acción reprobada normativamente, conduciría a reprochar un hecho, excediendo el ámbito de retribución legal y forjando en el ciudadano la idea de injusticia e inseguridad.

Este postulado, tal como fue concebido en el artículo 29 de la Carta Política, corresponde a uno de los componentes fundamentales del debido proceso, en tanto consagra el derecho a “no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”, axioma que también fue regulado como norma rectora por el legislador del 2000, en los artículos 8º de la Ley 599 y 19 de la Ley 600.

Igualmente, el bloque de constitucionalidad, admitido por el canon 93 superior, obliga a reparar en que la prohibición de doble imputación también está reglada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —canon 14.7(39)— y la Convención Americana de Derechos Humanos —precepto 8.4(40)—, normas estas de carácter prevalente en el ordenamiento legal colombiano, en tanto reconocen derechos humanos y está prohibida su limitación en los estados de excepción.

Las características más relevantes de este principio, según la Corte Constitucional, son las siguientes (CC C-632 de 2011):

— El principio del non bis in idem tiene el carácter de derecho fundamental de aplicación directa e inmediata, y con él se busca “evitar que las personas sean sometidas por el Estado a permanentes y sucesivas investigaciones y sanciones a partir de un mismo comportamiento, colocándolas en estado de absoluta indefensión y de continua ansiedad e inseguridad”.

— Su importancia radica en que, “cualquier individuo puede tener la confianza y la certeza de que las decisiones definitivas dictadas en su contra, fruto de los procesos que definen su responsabilidad en la comisión de conductas contrarias a derecho, realizan la justicia material en cada caso concreto e impiden que tales comportamientos ya juzgados puedan ser objeto de nuevos debates sin distinta formula de juicio”.

— El fundamento de su existencia son los principios de seguridad jurídica y justicia material, los cuales a su vez se amparan en el principio de la cosa juzgada, por cuyo intermedio se le reconoce carácter definitivo e inmutable a las decisiones judiciales ejecutoriadas, impidiendo “que los hechos o conductas debatidos y resueltos en un determinado proceso judicial vuelvan a ser discutidos por otro funcionario en un juicio posterior”.

— Teniendo en cuenta el ámbito de protección, el non bis in idem no solo se dirige a prohibir la doble sanción sino también el doble juzgamiento, pues no existe justificación jurídica válida para someter a una persona a juicios sucesivos por el mismo hecho. En este sentido, la expresión “juzgado”, utilizada por el artículo 29 de la Carta para referirse al citado principio, comprende las diferentes etapas del proceso y no sólo la instancia final, es decir, la correspondiente a la decisión.

— La prohibición del doble enjuiciamiento se extiende a los distintos campos del derecho sancionador, esto es, a todo régimen jurídico cuya finalidad sea regular las condiciones en que un individuo puede ser sujeto de una sanción como consecuencia de una conducta personal contraria a derecho. Así entendida, la cita institución se aplica a las categorías del “derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho disciplinario, el derecho correccional, el derecho de punición por indignidad política (impeachment) y el régimen jurídico especial ético-disciplinario aplicable a ciertos servidores públicos (pérdida de investidura de los congresistas)”.

— El principio del non bis idem le es oponible no solo a las autoridades públicas titulares del ius puniendi del Estado, sino también a los particulares que por mandato legal están investidos de potestad sancionatoria. De manera particular, y dada su condición de garantía fundamental, al legislador le está prohibido expedir leyes que permitan o faciliten que una misma persona pueda ser objeto de múltiples sanciones o de juicios sucesivos ante una misma autoridad y por unos mismos hechos.

— Conforme con su finalidad, la prohibición del doble enjuiciamiento, tal y como ocurre con los demás derechos, no tiene un carácter absoluto. En ese sentido, su aplicación “no excluye la posibilidad de que un mismo comportamiento pueda dar lugar a diversas investigaciones y sanciones, siempre y cuando la conducta enjuiciada vulnere diversos bienes jurídicos y atienda a distintas causas y finalidades”.

— Así entendido, el principio non bis in idem no impide que “una misma conducta sea castigada y valorada desde distintos ámbitos del derecho, esto es, como delito y al mismo tiempo como infracción disciplinaria o administrativa o de cualquier otra naturaleza sancionatoria”. Desde este punto de vista, el citado principio solo se hace exigible cuando, dentro de una misma área del derecho, y mediante dos o más procesos, se pretende juzgar y sancionar repetidamente un mismo comportamiento.

Ahora, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema, el principio non bis in idem está sometido a la verificación de tres presupuestos de identidad(41) o equivalencia: i) sujeto —eadem personae—, ii) objeto —eadem res— y iii) causa —eadem causa—.

En criterio de la Sala, (CSJ SP, 24 nov. 2010, rad. 34.482) “[e]l primero exige que el mismo individuo sea incriminado en dos o más actuaciones; el segundo, la identidad de objeto, requiere que el factum motivo de imputación sea igual, aún si el nomen iuris es diverso; y el tercero, la identidad en la causa, postula que la génesis de los dos o más diligenciamientos sea la misma”.

De este modo, la cosa juzgada y el postulado non bis in idem se articulan como una barrera de contención contra la arbitrariedad, tanto del poder público en su potestad sancionadora, como del derecho de parte en torno a la posibilidad de trabar una nueva litis que verse sobre idéntico planteamiento fáctico jurídico, y, al tiempo, constituyen una herramienta invaluable para salvaguardar el principio de seguridad jurídica.

Al respecto, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional precisó (CC C-417 de 2009):

El principio del non bis in idem y la cosa juzgada son figuras distintas pero complementarias y ambas vinculadas al principio de seguridad jurídica. La primera, se reconoce como una manifestación negativa del derecho de defensa y del debido proceso, esto es, como posición jurídica subjetiva de defensa para el individuo contra una doble incriminación por los mismos hechos. La segunda, es una institución que no sólo dota de fuerza vinculante a las decisiones judiciales, sino que también pone fin a las controversias, arropa de certeza el resultado de los litigios o procesos, define concretamente las situaciones de derecho, permite hacer efectivas las decisiones jurisdiccionales y finalmente evita que las controversias se reabran indefinidamente con perjuicio de la seguridad jurídica de las personas y el orden social del Estado. En ambas, confluyen en el mismo propósito de crear en el titular de derechos sobre quien se ha iniciado un proceso para determinar su responsabilidad penal y en general sobre el colectivo social, la confianza en el derecho a que una vez resuelta su situación jurídica, con la decisión de fondo que establezca, no deba soportar nuevamente otra actuación judicial de la misma naturaleza y por los mismos hechos.

1.2.4. Ahora, es necesario puntualizar, que dichos postulados, no son absolutos. En efecto, admiten excepciones o restricciones, que, de cualquier manera, están sometidas a ciertos ritos legales, pues, no se entendería que, en un Estado de derecho, garante del proceso como es debido y de la seguridad jurídica, una sentencia o providencia con igual alcance definitorio pudiera ser ignorada de tajo o de forma automática, sin ninguna clase de limitación.

Es así que, la ley penal y la jurisprudencia constitucional y ordinaria han admitido, por lo menos, cuatro eventos en los que es posible flexibilizar la res iudicata, para garantizar, en esencia, la protección de valores superiores como la justicia material, los derechos de las víctimas, la soberanía como bien jurídico estatal superior y la efectividad de los derechos y deberes del Estado.

1.2.4.1. El primero, y más importante, corresponde a la acción de revisión, la cual autoriza rescindir los efectos de las sentencias ejecutoriadas por las taxativas causales y motivos expresados en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000 actual 192 de la Ley 906 de 2004—.

Particularmente, en cuanto hace a los delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional humanitario, la Corte Constitucional habilitó la posibilidad de que, conforme a la causal tercera(42), también proceda la revisión de fallos y decisiones de preclusión de la investigación y cesación de procedimiento, siempre que

se trate de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, y un pronunciamiento judicial interno, o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, haya constatado la existencia del hecho nuevo o de la prueba no conocida al tiempo de los debates. Igualmente, y conforme a lo señalado en los fundamentos 34, 35 y 37 de esta sentencia, procede la acción de revisión contra la preclusión de la investigación, la cesación de procedimiento y la sentencia absolutoria, en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, incluso si no existe un hecho nuevo o una prueba no conocida al tiempo de los debates, siempre y cuando una decisión judicial interna o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, constaten un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial las mencionadas violaciones.

Esto significa que, sólo ante la emisión de una decisión de un organismo judicial interno o un organismo internacional de supervisión y control de los derechos humanos, avalado por Colombia, existiendo o no hecho o prueba nueva, es posible quebrantar la presunción de cosa juzgada que recae sobre las determinaciones que, con carácter definitivo, han resuelto un caso de grave violación a los derechos humanos DDHH— o al derecho internacional humanitario DIH—.

Contrario sensu, si no se ha proferido ninguna de esas providencias judiciales con o sin hecho o medio probatorio novo—, en la que se constate el manifiesto incumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano de investigar completa, imparcial y eficazmente las lesiones a dichas infracciones, la jurisdicción penal no puede, muto proprio, desconocer el alcance de la res iudicata y del postulado non bis in idem, sin violentar frontal y superlativamente los axiomas de seguridad jurídica y legalidad.

En este sentido, la Corte ha sido enfática en señalar que la relatividad que se predica del carácter inmutable de la cosa juzgada está sometido al acatamiento de las reglas procedimentales que permitirían su rescisión (CSJ AP, 7 nov. 2012, rad. 39.665):

b. Inmutabilidad de la cosa juzgada. Desde los albores del derecho se ha considerado a la cosa juzgada como inmutable, bien como el resultado de un pacto entre los litisconsortes, quienes desde el inicio del juicio se comprometían a aceptar lo decidido o bien como voluntad del Estado, en un estadio posterior de la evolución del derecho, dándole carácter imperativo a la decisión adoptada, basado en la certeza y el acierto de la misma.

De esa manera, el devenir histórico revela que siempre ha habido tensión entre la estabilidad, la certeza, la seguridad jurídica, que son los bienes que protege la res iudicata y el valor de la justicia. Tensión que ha llevado a concluir la prevalencia de bienes o valores superiores a los cuales debe ceder la inmutabilidad que se predica de la cosa juzgada. Como se ve, ello no es novedoso. La consagración en los códigos y legislaciones de todos los tiempos de las acciones de revisión o de nulidad así lo demuestran, en el mismo sentido el recurso extraordinario de casación y aún más la acción de tutela: La inmutabilidad de la cosa juzgada es de carácter relativo, lo cual pone de manifiesto el carácter político de la cosa juzgada en cuanto su constitución corresponde a necesidades sociales que propenden por mantener el orden. Esa relatividad comporta que la cosa juzgada debe ceder ante valores superiores como certeramente lo declaraba Fenech: “… la protección que el Estado le concede a su propia verdad procesal debe ceder ante el más alto interés de la justicia material, en este caso extraño al proceso mismo, porque aquel se desvió de su fin específico y último.” O, en palabras del penalista alemán Claus Roxín: “Una prohibición estricta de modificar las sentencias que rigiera sin excepciones le serviría tan poco al aseguramiento de la paz jurídica como la realización sin barreras del Derecho Penal. Por ello el orden jurídico debe admitir el quebrantamiento de la cosa juzgada” Lo que ha ratificado la Corte Constitucional en diversos fallos de constitucionalidad y de tutela.

Sin embargo, para dar respuesta a propuestas de los sujetos procesales, esa relatividad, no puede fundarse en la discrecionalidad del operador jurídico, carente de reglas, como parece proponerlo el apelante. El derrumbamiento de la cosa juzgada, a través de la acción de revisión, en nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra debidamente reglado, entronizado en una tradición jurídica que ha venido evolucionando con el paso del tiempo, acomodándose a las nuevas necesidades en lo cual han incidido no sólo la norma positiva, sino también la jurisprudencia, como tal es el caso de la siempre referida C-04 de 2003, que consagra la posibilidad de demandar en revisión decisiones absolutorias o preclusorias y en particular las que tienen que ver con violaciones a derechos humanos o al derecho internacional humanitario. En tal caso acudiendo a la causal 3 del artículo 220 de la referida Ley 600 de 2000. Pero igualmente, bien pudiera acudirse a la causal 4 del artículo 192 de la Ley 906 de 2004.

En relación con la causal de revisión de que se trata, no pueden desconocerse los lineamientos definidos por la Corte Constitucional en el la Sentencia C-979 de 2005, al revisar la exequibilidad del numeral 4 del artículo 192:

Las mismas cautelas que en su momento tuvo la Corte para autorizar la posibilidad de que por la vía de la revisión penal extraordinaria, se reabrieran procesos por violaciones de derechos humanos, que había culminado con una decisión favorable al sentenciado, con ruptura del principio del non bis in idem, operan en el caso de la reapertura de procesos culminados con sentencia condenatoria. Esas cautelas, orientadas a la preservación del non bis in idem, para los delitos en general, se encuentran explícitas en la regla que contiene la expresión demandada, en cuanto que la reapertura se produce a través de un mecanismo procesal extraordinario, opera para la criminalidad con mayor potencialidad ofensiva y desestabilizadora como son los crímenes contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y está condicionada al pronunciamiento de una instancia internacional acerca del incumplimiento del Estado de sus obligaciones de investigación y sanción de estos crímenes. El sentido de la causal, una vez excluida la expresión demandada, deja así a salvo el principio del non bis in idem para los delitos en general, tal como lo ha establecido la Corte en el pronunciamiento referido.

En el mismo sentido la advertencia contenida en la nota marginal 23, sobre la también aludida Sentencia C-04 de 2003:

En la Sentencia C-04 de 2003, al emprender un juicio de constitucionalidad de la causal tercera de revisión de la Ley 600 de 2000 (la procedencia de la revisión penal por el surgimiento de hechos y pruebas nuevas) la Corte efectuó un detenido ejercicio de ponderación orientado a permitir la armónica convivencia de los principios del non bis in idem , con los imperativos de investigación en los delitos que configuran violaciones de derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario, los derechos de las víctimas de estos ilícitos, y el deber de las autoridades de asegurar la vigencia de un orden justo, culminando su análisis con la conclusión de autorizar, en forma excepcional, la inaplicación del non bis in idem, respecto de los sentenciados por los delitos que entrañen violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, condicionando tal posibilidad al pronunciamiento de una instancia judicial nacional , o de una internacional de supervisión y control de derechos humanos que determine un protuberante incumplimiento del Estado colombiano de su deber de investigar seria e imparcialmente estos hechos (subrayas fuera del texto original).

1.2.4.2. El segundo de los supuestos que admite la atenuación del principio non bis in idem es el relativo al efecto de las decisiones proferidas por autoridades judiciales en el exterior, de tal manera que, es posible volver a perseguir hechos juzgados en otras latitudes que puedan ser alcanzados por nuestra jurisdicción, para la protección de la seguridad y existencia del Estado colombiano, el régimen constitucional y el orden económico social, de acuerdo con el principio de extraterritorialidad por extensión, verbi gratia, cuando el punible se ejecute a bordo de una nave o aeronave nacional de guerra que se encuentre fuera del territorio nacional, o de cualquier nave o aeronave nacional en alta mar o sea cometido en el extranjero por persona que esté al servicio del Estado colombiano y goce de inmunidad reconocida por el derecho internacional (CC C-264 de 1995, CC C-551 de 2001, CSJ SP, 12 dic. 2012, rad. 32.138).

1.2.4.3. Un tercer criterio de limitación de la cosa juzgada y el non bis in idem, admitido por la ley y la jurisprudencia, es la persecución de una misma conducta por autoridades estatales del ámbito penal y de naturaleza sancionatoria diversa, como por ejemplo, de carácter disciplinario, administrativo o fiscal(43).

Al respecto, la jurisprudencia ha sido constante en señalar que “es posible juzgar y sancionar varias veces un mismo comportamiento, sin que ello implique una violación del non bis in idem, (i) cuando la conducta imputada ofenda distintos bienes jurídicos que son objeto de protección en diferentes áreas del derecho; (ii) cuando las investigaciones y las sanciones tengan distintos fundamentos normativos; (iii) cuando los procesos y las sanciones atiendan a distintas finalidades; y (iv) cuando el proceso y la sanción no presenten identidad de objeto y causa.” (CC C-632 de 2011).

1.2.4.4. Finalmente, de similar forma, el concurso real o material no aparente— de tipos, también descarta la violación del principio non bis in idem, partiendo de la base que un solo comportamiento humano puede dar lugar a la infracción de varios bienes jurídicos tutelados, como ocurre, verbi gratia, con la falsedad en documento público o privado y el fraude procesal o el enriquecimiento ilícito de particulares y la estafa (CSJ SP-9235-2014).

Todo lo anterior, nos lleva a concluir que si bien, existe consenso en el carácter no absoluto de la res iudicata y el non bis in idem, esa naturaleza flexible o dúctil no implica, categóricamente, que el efecto de cosa juzgada puede ser removido a voluntad del operador judicial cuando tenga la convicción, en determinado asunto, de que su ejercicio crítico racional de la cuestión fáctica probatoria es mejor, más justo, infalible o cercano al estándar de certeza, que el emitido previamente por otro juzgador.

En realidad, se requiere satisfacer, según el caso, ciertos presupuestos legales para intentar un nuevo enjuiciamiento.

1.3. Sobre el delito de concierto para delinquir con fines de paramilitarismo de cara al principio non bis in idem. Reiteración de jurisprudencia. 

1.3.1. Lo primero a puntualizar en este acápite es que la conducta punible de concierto para delinquir, con asiento inicial en nuestra legislación a través de la figura de la asociación para delinquir (Código Penal de 1936), adoptó aquel nomen iuris en el Decreto 100 de 1980 (canon 186), para reprochar penalmente la decisión común de varios sujetos orientada a cometer delitos y —como agravantes del injusto— la ejecución del acuerdo en despoblado o con armas y la organización jerárquica delictual, esto es, respecto de quienes lo promuevan, encabecen o dirijan.

Por su parte, ante el advenimiento del fenómeno paramilitar y sicarial, bajo legislación de excepción, se dictó el Decreto 1194 de 1989 conforme a las facultades conferidas por el Decreto 1034 de 1984—, por cuyo medio se penalizó la pertenencia a los grupos de justicia privada o bandas de sicarios (art. 2º) y la promoción, financiamiento, organización, dirección o fomento al ingreso de estos grupos (canon 1º).

Esta regulación se unificó y adoptó como legislación permanente mediante el artículo 6º del Decreto 2266 de 1991, bajo el nomen iuris de concierto para delinquir, misma que, por razones de política criminal y atendiendo criterios de cualificación de los punibles objeto de la asociación ilícita, sirvió de base para sancionar con mayor severidad a aquellos acuerdos destinados a conformar escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada o bandas de sicarios y a cometer delitos de terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo y extorsión (precepto 8º de la Ley 365 de 1997).

En esa ocasión, también se ampliaron los verbos rectores del agravante por la jerarquía a quienes organicen, fomenten, constituyan o financien el grupo ilegal.

Con la entrada en vigencia de la Ley 589 de 2000 precepto 4º—, se conservó tanto el agravante por la calidad de los injustos objeto del concierto como el relativo a la jerarquía, pero se agregaron algunos otros reatos pasibles de comisión del concierto genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley—.

El Código Penal de 2000 (art. 340), retomó en idénticos términos la tipificación del delito de concierto para delinquir, salvo porque eliminó la modalidad consistente en la actuación en despoblado o con armas y modificó el monto de las penas.

Por su parte, la Ley 733 de 2002 añadió otras finalidades específicas al concierto agravado: las de enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, y modificó la de narcotráfico por la de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas.

Finalmente, la Ley 1121 de 2006, artículo 19, incorporó el financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas entre los objetivos del convenio y suprimió del inciso 2º la modalidad de organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, descrito, de similar forma y simultáneamente en el inciso 3º, debido a que vulneraba el principio de non bis in idem, al agravar dos veces la conducta para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir.

1.3.2. Este breve recuento permite afianzar unas primeras reflexiones:

1.3.2.1. El delito de concierto para delinquir admite una forma básica —la consagrada en el inciso 1º del artículo 340 del estatuto sustantivo— y dos modalidades agravadas, una con ocasión de algunas finalidades específicas por las que se origina el concierto, o por la especial connotación jurídico penal sobre las que recae (inc. 2º) y otra por razón de la actividad directiva de las personas a cuyo cargo está la organización ilícita o de apoyo financiero (inc. 3º).

1.3.2.2. En cuanto se refiere al tipo penal de concierto para delinquir con fines de paramilitarismo, es claro que, desde su inicial consagración —Decreto 1194 de 1989— bajo la denominación jurídica de pertenencia, a cualquier título, a grupos de justicia privada, tuvo por objeto el reproche penal, en su modalidad agravada, por la cualificación del punible a ejecutar, todo aquel convenio entre varias personas, con cierta vocación de permanencia, destinado a consumar delitos indeterminados.

Por eso y porque los grupos armados al margen de la ley constituidos, tradicionalmente, para combatir desde la esfera privada el fenómeno insurgente, se dedicaron a cometer conductas punibles de gran envergadura, lesivas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, su comportamiento debe adecuarse a la primera de las dos modalidades agravadas, cuando quiera que el autor o partícipe se hubiere asociado para cometer las infracciones descritas en el inciso 2º o, a ambas, si la función del sujeto activo era la de organizar, fomentar, promover, dirigir, encabezar, constituir o financiar la asociación criminal.

Ahora, con la supresión, en el inciso 2º del canon 340, de la finalidad específica de organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley (L. 1121/2006, art. 19), hipotéticamente pareciera posible que el concierto con fines de paramilitarismo también pudiera subsumirse en el inciso 1º, que es de textura abierta, no obstante, ello es bastante remoto o prácticamente imposible si se considera que las estructuras criminales paramilitares, tradicionalmente, se conformaron, justamente, para la comisión de los delitos descritos en el inciso 2º (genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas).

Esta es la razón por la que la jurisprudencia de esta corporación (CSJ AP, 10 abr. 2008, rad. 29.472, reiterado en CSJ AP 31, ago. 2011, rad. 36.125, CSJ AP, 7 nov. 2012, rad. 39.665), con criterio invariable, ha sostenido que la modalidad paramilitar del concierto para delinquir, debe ser catalogada como una infracción de lesa humanidad, siempre que se cumplan unos específicos supuestos, como pasa a verse:

Teniendo en cuenta que los reatos ejecutados por los postulados se refieren a desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas, homicidios por razones políticas, etc., y como dichos punibles se entienden comprendidos dentro de la calificación de delitos de lesa humanidad, tal valoración se debe extender al denominado concierto para delinquir agravado en tanto el acuerdo criminal se perfeccionó con tales propósitos.

Destaca la Sala que el Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional ha tenido en cuenta no sólo la conducta del autor o de los partícipes sino que también ha considerado en especial la existencia de propósitos dirigidos a cometer delitos de lesa humanidad, lo cual significa que también deben ser castigadas en igual medida aquellas conductas preparatorias para la comisión de los delitos que incluyen tanto el acuerdo como el tomar parte en una actividad dirigida a ese fin, como ocurre con el concierto para delinquir agravado.

Para llegar a considerar a los responsables de concierto para delinquir como autores de delitos de lesa humanidad deben estar presentes los siguientes elementos:

(i) Que las actividades públicas de la organización incluyan algunos de los crímenes contra la humanidad;

(ii) Que sus integrantes sean voluntarios; y

(iii) Que la mayoría de los miembros de la organización debieron haber tenido conocimiento o ser conscientes de la naturaleza criminal de la actividad de la organización,

Bases a partir de las cuales varios tribunales internacionales y nacionales consideran que el concierto para cometer delitos de lesa humanidad también debe ser calificado como punible de la misma naturaleza, como lo determina la Corte en este momento para el caso colombiano y con todas las consecuencias que ello implica.

Ha de agregarse que al ordenamiento jurídico nacional han sido incorporados diferentes tratados y convenciones, bien por anexión expresa o por vía del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Constitución Política), que permiten constatar que el concierto para delinquir sí hace parte de los crímenes de lesa humanidad. (CSJ AP, 10 abr. 2008, rad. 29.472)

En ese sentido, no se puede perder de vista que la incorporación jurisprudencial del concierto para delinquir en la categoría de delitos de lesa humanidad no es el único parámetro para definirlo como tal, sino que en cada caso se debe analizar el designio o finalidad criminal de la asociación ilícita. Así lo concluyó en pasada oportunidad la Corte (CSJ AP, 7 nov. 2012, rad. 39.665):

Corresponde precisar que la taxatividad o la expresa mención del delito de concierto o asociación para delinquir en el catálogo de delitos de lesa humanidad, no puede ser el único criterio determinante para reputarlo o excluirlo como tal, sino que en tal ejercicio deben concurrir el estudio de las finalidades y propósitos de dicho concierto o de dicha asociación ilícita, nótese que el artículo 7 del Estatuto de Roma, condiciona siempre la susodicha cualificación a los objetivos o finalidades de las conductas ilícitas, esto es, que sean “parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil” . De manera que sobre tal punto debe girar el calificativo que se le de (sic) al delito de concierto para delinquir como de lesa humanidad, lo que impone el estudio de las circunstancias de cada caso en concreto. En términos generales puede concluirse que el delito referido será de lesa humanidad, cuando los hechos punibles que se cometan por motivo o con ocasión de la ilícita asociación, comprendan ataques generalizados o sistemáticos a la población civil.

1.3.2.3. Todas estas precisiones se ofrecen necesarias, inicialmente, para reiterar, como consistentemente lo ha venido haciendo la jurisprudencia (CSJ AP, 24 ene. 2006, rad. 24.812), que el delito de pertenencia, a cualquier título, a grupos de justicia privada, tiene su análogo en el de concierto para delinquir, agravado, consagrado en el artículo 340 del Código Penal (incisos 2º y 3º), pues la asociación criminal paramilitar regularmente ha tenido por fin la comisión de los injustos relacionados en el inciso 2º y, según se trate de directivos o de los encargados de financiarla, las conductas descritas en el inciso 3º.

1.3.2.4. Dicho lo anterior, es indispensable recordar que el punible en estudio demanda una concurrencia de voluntades en pos de alcanzar un propósito delictivo que, en todo caso, no requiere, para su consumación, la realización de acto ejecutivo alguno sino el simple designio común de varias personas para la comisión de conductas punibles —en abstracto—, acuerdo que de cualquier manera involucra, entonces, una suerte de manifestaciones de la conducta que han de conservar la misma finalidad.

Tal postura corresponde a la línea jurisprudencial invariable de la Corte, según la cual, “(…) de la manera como se concibe el concierto para delinquir, su vocación de permanencia y su lesividad, se explica en la necesidad de conjugar como unidad los distintos momentos que como expresión de la voluntad del acuerdo ilegal se revelan en el expediente, y no cada episodio como un estanco de la acción por fuera del contexto en el cual la conducta se inscribe.” (CSJ AP, 8 nov. 2007, rad. 26.942).

Por ello, “el examen de la relevancia típica de la conducta no puede hacerse a partir del examen de episodios a los cuales se les confiere una autonomía que no permite captar su finalidad y su sentido. (…)” (CSJ SP, 25 nov, 2008, rad. 26.942).

En similar orientación argumentativa, la Sala insistió (CSJ SP, 9 sep. 2009, 26942, reiterado en CSJ SP, 9 sep. 2009, rad. 31.943):

El delito de concierto para delinquir es una conducta en la que se encuentran inmersas variadas manifestaciones de comportamiento, pero todas ellas relacionadas con el fin común, que deben ser analizadas de manera integral, como ya en pasada oportunidad lo ha expuesto la Sala:

Es necesario aclarar, con el fin de despejar cualquier duda al respecto, que sólo por razones metodológicas la Sala estudió por separado las distintas manifestaciones del acuerdo ilegal, sin que eso signifique escindir la conducta o valorar cada episodio para conferirle una tipicidad autónoma. En efecto, en la resolución de acusación se expresó la necesidad de ‘conjurar los distintos momentos que como expresión de la voluntad del acuerdo ilegal se revelan en el expediente y no cada episodio como estanco de la acción por fuera del contexto histórico en el cual la conducta se inscribe’, dando origen a una imputación única por el delito de concierto para delinquir, de manera que guardando la congruencia entre la acusación como acto condición y la sentencia como acto final, la Sala condenará al procesado por un único delito(44).

Y agregó frente a la finalidad y continuidad del propósito como notas características de un único delito de concierto para delinquir, que este punible “(…) es de aquellos denominados de “conducta permanente”, no es de ejecución instantánea, es decir, tal como lo ha expresado la jurisprudencia de la Corte, su realización no es ocasional o momentánea, por el contrario, debe evidenciar continuidad y permanencia en el propósito delictivo, mientras perdure esa asociación para delinquir y por ello el tipo no requiere un término específico, sino la proyección en el tiempo del propósito en el cual se persiste para la comisión (…).” (CSJ SP, 15 sep. 2010, rad. 28.835).

Ahora, para descartar la posibilidad de un doble enjuiciamiento por actos que resultaren conglobados por un mismo acuerdo criminal común, la Corte ha sido consistente en señalar que todas aquellas actividades propias del convenio ilegal, no conocidas para el momento de elevar pliego de cargos por el delito de concierto para delinquir, pero que respondan a un designio específico delincuencial, concebido por los miembros de la organización durante igual espacio temporal al que rigió los hechos investigados o juzgados, y que se perciban como la manifestación de la persistencia de sus integrantes en la asociación ilícita, deben ser tratados bajo la concepción de unidad de conducta y, por consiguiente, no podrán ser objeto de nueva instrucción o juzgamiento (CSJ SP, 25 mayo 2011, rad. 32.792).

En esa orilla, la corporación ha insistido en que, como las manifestaciones del acuerdo ilícito se orientan a una finalidad específica y no se agotan en un mismo acto, dado el carácter permanente de su ejecución, no merecen un reproche penal independiente sino una valoración al momento de ponderar la intensidad de la lesión al bien jurídico; esto, para evitar que desde el punto de vista ontológico se disgregue la acción, el sentido y la teleología de la conducta, por fuera del contexto histórico en el cual el comportamiento se expresa (CSJ SP, 11 abr. 2012, rad. 28.439).

Refrendando esta idea, la Sala también sostuvo que “resulta posible que en determinados casos surjan actos que no fueron considerados al momento de resolverse la situación jurídica de un ciudadano, sin que ello derive en la necesidad de un nuevo procesamiento penal, dado que la teleología de la conducta y su expresión en el tiempo indicarían que se trata de manifestaciones no conocidas del mismo injusto” (CSJ AP, 22 ago. 2012, rad. 34.592).

1.3.2.5. Lo anterior permite clarificar que, en tratándose de la aplicación del postulado non bis in idem, de cara al delito de concierto para delinquir, es forzoso establecer si el sujeto de la acción penal es la misma persona en los dos procesos aspecto subjetivo—, si comparten, en ambas actuaciones el interés jurídico tutelado de la seguridad pública paridad de causa— y si el acto reprochado es igual en ambos diligenciamientos, atendiendo la finalidad del comportamiento, el espacio temporal e histórico en que se desarrolló y las particularidades dogmáticas del injusto identidad de objeto—.

No basta la equivalencia personal y de causa para dar alcance a la prohibición de doble incriminación, es necesario, en esencia, constatar la univocidad en el designio criminal en punto de cada una de las manifestaciones de la conducta, o sea, el ánimo de permanencia en el desarrollo de las actividades al margen de la ley constitutivas de igual fin, así como su circunscripción a un determinado ámbito temporal.

Y es que si no existe coincidencia en la finalidad trazada en el acuerdo delincuencial o en el espacio de tiempo durante el cual se desarrolló ese propósito porque sobrevino el fenómeno de la reincidencia del infractor en el comportamiento objeto del juicio de desvalor, no será viable, bajo ningún punto de vista, alegar una doble imputación.

En verdad, si la protección constitucional que irradia a las sentencias y las decisiones que ponen fin a un proceso y cursan ejecutoria, depende de la identidad personal, de objeto y de causa con el asunto sometido a nueva consideración, es nítido que todas aquellas conductas que, correspondiendo a una misma adecuación típica ejecutada por un sujeto, no guarden sincronía con las circunstancias modales y de tiempo y espacio, no podrán estar gobernadas por la prohibición de la doble incriminación.

Este predicado resulta ser de fácil comprensión lógica si se habla de comportamientos de ejecución instantánea, pero reviste cierta complejidad, en tratándose de delitos de ejecución permanente.

Ciertamente, cuando la acción típica se agota en un solo momento, fácil es establecer, si la prohibición de doble imputación se ha vulnerado al perseguir dos veces un solo acto antijurídico; no así, cuando la conducta se desarrolla sucesivamente en el tiempo, pues, en este caso, corresponde verificar el instante específico en que se consumó la conducta, que para el caso de los reatos de ejecución permanente, lo será cuando no se realice más la acción ilícita, o, si es el caso, hasta la ejecutoria del cierre de la investigación, si es que perdura más allá de ese acto procesal, por virtud de una ficción legal, de orden jurisprudencial (CSJ AP 04 dic. 2013, rad. 42552) propia de esta clase de infracciones penales.

En realidad, si se comprueba que no se trata de la ininterrumpida y constante realización del tipo penal sino de la reincidencia en el delito, debido a que éste se desplegó luego de que alcanzara su consumación, bien porque existe evidencia de un último episodio realizado por el agente o porque quedó en firme la clausura del sumario, no podría operar el principio non bis in idem, habida cuenta la necesidad de investigar la nueva manifestación del reato.

2. El caso concreto.

2.1. Con miras a establecer si en el asunto de la especie es viable predicar la vulneración del postulado non bis in idem, por cuenta de la condena que por el delito de concierto para delinquir, agravado, impartió el juez décimo penal del circuito especializado de Bogotá y confirmó el tribunal Superior, contra el procesado, es indispensable determinar, de una parte, si, como lo admitió el ad quem y lo negó el delegado del Ministerio Público, se encuentran satisfechos los presupuestos de identidad subjetiva, de causa y de objeto entre la resolución de preclusión del 23 de septiembre de 2002 de la fiscalía tercera especializada de Buga y la sentencia que nos ocupa y, de otra parte, de ser afirmativa la respuesta a este interrogante, si, a pesar de ello, es posible limitar el efecto de cosa juzgada y el alcance de la prohibición de doble incriminación alegando, como lo hiciera el juez plural, la calidad de lesa humanidad del punible en estudio.

2.2. Frente al primer aspecto, inicialmente, se tiene que obra en el expediente copia íntegra de la actuación iniciada contra Ramiro Rengifo Rodríguez por el punible de pertenencia, a cualquier título, a grupos de justicia privada, en la que se advierte que, en la orden de captura(45) emitida para que compareciera al proceso, fue identificado con la cédula de ciudadanía 6.511.711 de Trujillo (Valle del Cauca).

De igual modo, tanto en la injurada rendida por el enjuiciado dentro del proceso que nos ocupa, como en la sentencia de primer nivel, consta que él se identifica con igual nombre y documento de identificación(46), lo que permite concluir que la persona que fue favorecida con preclusión de la investigación por el delito de pertenencia, a cualquier título, a grupos de justicia privada es la misma que aquí fue condenada por las instancias por el de concierto para delinquir, agravado.

2.3. Así también, es nítido que existe identidad de causa entre las dos imputaciones realizadas, toda vez que, no solo ambas conductas lesionan el bien jurídico de la seguridad pública, sino que, como se resaltó en el acápite anterior, la Corte ha reconocido que el antecedente inmediato del concierto para delinquir, con fines de paramilitarismo, fue el de pertenencia, a cualquier título, a grupos de justicia privada, tanto así que tras ser adoptada la norma que regulaba esta conducta como legislación permanente, bajo el nomen iuris de concierto para delinquir, su descripción también fue incorporada a la legislación especial —Código Penal—.

2.4. La inquietud surge al establecer si los hechos investigados en un lado e instruidos y juzgados en el otro convergen en igual objeto, al punto que, para el representante de la sociedad, la identidad entre los dos comportamientos está definitivamente descartada debido a que el primero de los injustos se imputó al procesado por la labor de informante de las autodefensas en relación con los homicidios de Orlando Crespo y Robert Cañarte, mientras que el segundo por la misma tarea pero en función del desplazamiento forzado de Freddy Ocoro Otero.

No obstante, tal dificultad es apenas aparente, como pasa a verse.

En verdad, examinados los supuestos de hecho que dieron lugar a la primera investigación por el reato de pertenencia, a cualquier título, a grupos de justicia privada, se advierte que, si el entendimiento de la conducta reprochada se realiza bajo la óptica de la Corte, según la cual el delito de concierto para delinquir, agravado, tiene que ser analizado en un contexto de unidad de acción, siempre que la asociación criminal involucre una misma finalidad y sea desplegada en idéntico espacio temporal, es claro que aquellos coinciden, en esencia, con los endilgados al acusado en esta actuación, exclusivamente, por el reato contra la seguridad pública(47).

Ciertamente, la resolución de preclusión que favoreció a Rengifo Rodríguez da cuenta de las incriminaciones que varios habitantes del municipio de Bugalagrande Valle del Cauca— hicieron en su contra por el auxilio que éste le habría prestado a los grupos de autodefensa, asentados en la región desde mediados del año 1999, mientras laboró para dicha entidad territorial.

Esa ayuda, según los testigos Luis Hernando Amaya, William Leyes, Jorge Alberto Varela Rascón, Miguel Cañarte Montealegre, Gloria Patricia Jiménez, Juan Carlos Oliveros Corrales, y Freddy Ocoro Otero—, se concretó en el recaudo y posterior suministro de información acerca de los supuestos colaboradores de la guerrilla dentro del sindicato de dicha localidad, identificación que le permitió a la organización ilegal incluir a estas personas, entre ellas, a Orlando Crespo, Robert Cañarte y Freddy Ocoro, en una lista de objetivos militares, que luego le sirvió a la agrupación para asesinar a los dos primeros y perseguir con tal fin al último.

Dicha decisión sostiene que los deponentes aseveraron que Ramiro Rengifo i) “se desplazaba sin contratiempo por todos los lados del municipio y sus alrededores(48), ii) fue visto hablando con los paramilitares familiarmente iii) ayudaba a transportar a sus heridos hacia y desde el Hospital y iv) tras la muerte de Roberth Cañarte, Rengifo no solo le suministró, al comandante de la Estación de Policía del lugar, el número telefónico de alias “Carlos” para que indagara sobre la suerte del hasta ese momento desaparecido sino que afirmó que había dialogado con el grupo ilegal pero le dijeron que no lo tenían y tampoco sabían quién se lo había llevado.

Para descartar estas acusaciones, la Fiscal hizo las siguientes consideraciones, que se transcriben en extenso en tanto son pertinentes:

Al señor RAMIRO RENGIFO RODRÍGUEZ se lo cita, por cuanto éste, de igual modo, según el testigo FREDDY OCORO OTERO, MIGUEL CAÑARTE MONTEALEGRE, JORGE ALBERTO VARELA TASCON y WILLIAM LEYES LOZANO, es persona que le colabora a los Paramilitares, puesto que es el único que deambula tranquilamente, además, porque también dijo haber hablado con ellos [es decir, con el grupo armado] respecto de la desaparición del señor ROBERTH CAÑARTE. Esa postura, es igual que la de todos los que han declarado, toleraron la presencia del grupo armado y no es de extrañar que el sindicado como cualquiera en el pueblo, como lo dijo el defensor, haya tenido que verse forzado a admitir su presencia y hasta colaborar con ellos. Pero eso no lo convierte en un colaborador de voluntad, más bien de (sic) un trabajador que se ve forzado a realizar tareas contrarias a su (sic) buenas costumbres, como cualquiera en esa población.

(…)

Ahora, que se diga o afirme que el sindicado RAMIRO RENGIFO RODRÍGUEZ, se mostró complaciente o muy amistoso con los paramilitares y hasta se prestó a transportar heridos, esto último no está demostrado, no hay evidencia cierta o clara, de que éste se hizo enemigo de algún miembro de la población o informante activo del grupo armado, acusando a personas inocentes de hechos falsos, para que este grupo los ajusticiara o algo parecido. Lo que se aprecia en el proceder de él, es el mismo de una población inerme, frente a personas fuertemente armadas y calladas por temor de perder sus vidas.

Tampoco milita dentro de la investigación un hecho indicador lo suficientemente serio, tal como lo asegura la Defensa, que comprometa a RENGIFO RODRÍGUEZ, en actividades propias de ese grupo armado, ni mucho menos que se haya concertado con estos a cometer delitos contra la población de Bugalagrande. Por el contrario, se han presentado certificaciones y demás documentos con los que se demuestra que éste ha ejercido como empleado oficial desde hace muchos años y su traslado a ese municipio fue como cualquier otro que ha tenido, a lo largo de su servicio. El arribo del grupo paramilitar y su actuación no es otra cosa diferente a que estos escogieron esa zona como de presencia, sin que ello comprometa a los administradores públicos de ese municipio. Estos como está visto y como nos lo ha enseñado la experiencia, hacen contactos con los grupos armados, hasta el Gobierno Nacional, para evitar incluso se cometan crímenes, esta ha sido la constante en los últimos tiempos. No nos parece entonces nada extraño que esos miembros del municipio hayan intercedido ante las exigencias del sindicato de conocer el paradero y suerte de unos de sus miembros, ante el grupo armado, aunque esa intervención era inútil ya que ROBERTH, había sido ajusticiado.

Pues bien, dentro de las afirmaciones, lo único que puede ser cierto y ha sido corroborado por todos los declarantes, es que quien hizo la llamada de su propio teléfono celular al presunto comandante del grupo armado, fue el señor ex alcalde de ese municipio y respecto de RAMIRO RENGIFO RODRÍGUEZ, lo único que se dijo fue que él habló con ellos y les preguntó por la suerte de este ciudadano, obteniendo la misma respuesta que le comunicaron al burgomaestre. En consecuencia, se lo censura por ello y por el hecho de que éste fue visto dialogando con los mismos en tono muy amistoso y no se metían con él, según los testigos. Esa actitud puede tener mil y una explicación puesto que, como lo dijimos, a veces los pobladores deben soportar las exigencias del grupo y como ovejas que llevan al matadero, se vuelven complacientes y tolerantes de ese constreñimiento.

(…)

Y es más, si se aprecia el testimonio del señor LUIS FERNANDO AMAYA, se puede apreciar que quienes concurrieron, subsidiaron y mantuvieron al grupo armado, fueron los propios ganaderos o hacendados de la zona. Dónde se dice por el testigo estrella que RAMIRO RENGIFO RODRÍGUEZ, concurrió a esas reuniones o que el grupo armado lo identificada (sic) como propio o su intermediario? (…).

(…)

En ese orden de ideas y como se insinuó desde el comienzo, la única conducta que se le endilgó al sindicado, fue la de PERTENECER al grupo armado lo ubicó dentro del artículo 2º del Decreto Legislativo 1194 de 1989, porque aparentemente pertenecía a cualquier título, por los contactos que se dijo mantuvo con ese grupo armado, sin que se haya demostrado a lo largo de este proceso, que éste promovió, financió, organizó, dirigió, fomentó o ejecutó actos propios de guerra o de terrorismo del grupo paramilitar. De modo pues que su conducta no puede ser otra diferente a la que se le endilgó o presumió por su probable contacto con el grupo armado; (…)

Así las cosas, encuentra el despacho que en este evento no se reúnen las exigencias necesarias para proferir en contra del señor RAMIRO RENGIFO RODRÍGUEZ, resolución de acusación por el hecho de PERTENECER a cualquier título, a un grupo armado, toda vez que no se encuentra acreditado que el (sic) hubiese concertado, por lo menos hasta donde está demostrado, con los miembros del grupo armado ni los financió, ni hay evidencia de que les pasara información o utilizara ese grupo para eliminar personas.

(…)

El despacho con el mayor respeto que merece el señor Agente del Ministerio Público, adscrito a la Procuraduría General de la Nación, disiente de su posición respecto de los hechos, ya que si bien es cierto de manera circunstancial los testimonios señalan que el sindicado RAMIRO RENGIFO RODRÍGUEZ, dialogó con el grupo armado o pudo haber sido tratado de manera diferente, ello no lo convertía en un colaborador de voluntad del grupo armado, puesto que hay que detenerse es a evaluar la situación general de esa población. Muchos como el sindicado, tuvieron que acceder a los constreñimientos de este grupo y de sus miembros, estos deambulaban tranquilamente por las calles, sin que la policía o ninguna otra autoridad los frenara. Censurar entonces a quien está en medio de ese conflicto, no es fácil, puesto que el temor hace doblegar a cualquiera y no hay evidencia que indique que el sindicado se inscribió o predicó como válida la existencia de ese grupo armado, por el contrario, del propio testimonio de LUIS FERNANDO AMAYA, se desprende que fueron otras las personas que les dieron vida y apoyo, incluso hasta el mismo declarante, pues el grupo armado, llega es a convencer a los potentados y así se van apoderado de los pobladores, quienes deben acceder a esa violencia, so pena de ser ajusticiados. En ese orden, como (sic) criticarle al sindicado, si fue cierto que transportó heridos o cruzó palabras con ellos, si esa misma situación a no dudarlo se presentaba con el señor alcalde y otros miembros de ese gobierno, quienes como todos en el municipio estaban a merced del grupo armado. Se podría decir que los comerciantes y todos aquellos quienes atendieron a sus miembros, porque los pobladores los conocían, pudieron hacer parte a ese título del grupo armado? No, porque esos pobladores, los más indefensos, estaban asustados, temían por sus vidas y si no es por la ayuda de los ricos o hacendados que menciona el testigo, ese grupo paramilitar no incursiona.

(…)

En las condiciones en que operaba ese grupo, excepto las personas que sí los financiaron y los que menciona el testigo como finqueros y hacendados de la región, lo hicieron por voluntad, porque aquellos que no lo aceptaron, dejaron abandonadas sus tierras y los que se quedaron, sin conocer de su presencia, sino hasta cuando empezaron a accionar en la zona, debieron aceptarlos. Ni la policía podía con ellos, entonces cómo esperar que un simple empleado oficial o un ciudadano del montón, pudieran combatirlos u oponerse a colaborarles cuando estos le solicitaban cualquier servicio?, si lo hacían, los mataban, entonces allí operaba la ley de la sobrevivencia, que los obligaba aceptarlos y prestarse ayudarlos, como se dice en el argot popular, a la brava.

El despacho no puede en esas condiciones admitir que el sindicado fue un líder o participe de los crímenes cometidos por ese grupo, cuando éste no participó en su financiación, sino que se convirtió, como todos los pobladores, en una víctima más de ese grupo armado, porque muchos, de una u otra forma, los ayudaron y eso explica que incursionaran y mantuvieran tanto tiempo en esa población(49) (subrayas de la Sala).

Por su parte, en la acusación y en las sentencias de instancia proferidas en la actuación que hoy se revisa, a Ramiro Rengifo Rodríguez se le atribuyeron similares hechos, concretamente, la colaboración prestada al grupo armado al margen de la ley, puntualmente, en el suministro de información sobre los directivos del sindicato de Bugalagrande a quienes se les achacó ser auxiliadores de la guerrilla —particularmente a Orlando Crespo, Robert Cañarte y Freddy Ocoro— y se les incluyó en una lista de exterminio, la cual se ejecutó en relación con los dos primeros, y se intentó, sin éxito, frente al segundo, que terminó siendo forzadamente desplazado fuera del país.

Es así que la sinopsis de los hechos traída por la resolución de acusación de primera instancia fue del siguiente tenor:

En el caso sub examine consta que un grupo armado al margen de la ley conocido como Autodefensas Unidas de Colombia Bloque Calima, llegaron al municipio de Bugalagrande a mediados del año 1999, y desde ese momento comenzaron a ejecutar homicidios, desplazamientos forzado (sic) de la población civil, amenazas de muerte, torturas, etc., y en el caso del señor ORLANDO CRESPO y ROBERT CAÑARTE, ambos pertenecientes a la directiva del sindicato del municipio-Sintramunicipio, este grupo les dio muerte, debiendo sufrir el señor FREDDY OCORO la misma suerte, otro de los miembros de la directiva del sindicato, pero logró escapar a esta sentencia de muerte, gracias a que tuvo conocimiento por terceras persona (sic) que estaba en la lista de las AUC, lo que significaba que lo iban a ejecutar, por tanto, para proteger su vida, no tuvo otra salida que desplazarse forzadamente hacia el exterior, en calidad de asilado, así que desde el año 2000. Hasta la fecha esta (sic) en esa calidad en Francia.(50)

Así mismo, la fiscalía de segundo nivel, al confirmar el pliego de cargos dictado por su inferior concretó la atribución fáctica de la forma como sigue:

Se remontan hacia el año 1999, cuando llegó al municipio de Bugalagrande (V), un grupo armado al margen de la ley, conocido como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), más concretamente el “Bloque Calima”, quienes se dieron a la tarea de desplegar toda una actividad delincuencial contra lideres (sic) sindicales, o de izquierda, el (sic) decir, que habían integrantes de la población civil a favor de la guerrilla, iniciándose una persecución contra algunas de estas personas e integrantes del sindicato del municipio, algunos de ellos fueron asesinados, como el caso de los señores ROBERT CAÑARTE y ORLANDO CRESPO, que en la actualidad cursan investigaciones en contra de ese grupo por estos hechos, otros recibieron amenazas que originaron su desplazamiento forzado, como el caso del señor FREDDY OCORO, quien tuvo que abandonar el país debido al peligro que representaba para su vida continuar en la dirección del sindicado (sic).

Hechos en los que resulta implicado RAMIRO RENGIFO RIDRIGUEZ (sic), de quien se asegura que inicialmente simpatizaba y era informante de la guerrilla, pero cuando se instala en la región las AUC, se integra a ellas suministrando todo tipo de información, originándose las muertes selectivas de los personajes ya reseñados, y el desplazamiento forzado del ciudadano OCORO, quien debido a las amenazas de muerte se tuvo que asilar en el país europeo.(51)

De similar modo, el fallo de segundo grado convergente, en esencia, con el de primer nivel—, relató la cuestión fáctica así:

En el año 1999 y con el propósito de finalizar la presencia que tenían en el departamento del Valle del Cauca los grupos guerrilleros, incursionó en el sector, concretamente, en jurisdicción del municipio de Bugalagrande, el Bloque Calima de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, comandado por Hebert Veloza García, alias “HH” y Elkin Casarrubia Posada, apodado “El Cura”; sin embargo, sus integrantes muy pronto se dedicaron a la consumación de los delitos de homicidio y desplazamiento forzado, entre otros, que ejecutaron en contra de las personas señaladas de auxiliar o colaborar con el VI frente de las autoproclamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

De este exterminio selectivo fueron víctimas algunos de los miembros del Sindicato de trabajadores oficiales del municipio de Bugalagrande, Sintramunicipio, pues fueron incorporados a una lista de “objetivos militares” elaborada por la comandancia del grupo al margen de la ley antes referido y que respecto de algunos de ellos alcanzó incluso ese ilícito cometido.

En efecto, el 31 de enero de 2000 fue abatido Jesús Orlando Crespo Cárdenas. Posteriormente, el 29 de junio siguiente, integrantes de las autodefensas interceptaron y dieron muerte a Roberth Cañarte Montealegre, miembro de la comisión de reclamaciones de la asociación sindical. Finalmente, en cuanto interesa reseñar, Fredy Ocoro Otero (sic), fiscal de Sintramunicipio, fue víctima de intimidaciones, seguimientos y amenazas de muerte por razón de las cuales el 26 de julio del mismo año fue favorecido con medidas cautelares dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; acoso que al proseguir a pesar del esquema de seguridad al que accedió por vía de tutela, lo determinó a solicitar y obtener asilo político del gobierno de Francia, país en el que se radicó junto con su núcleo familiar en el año 2002”.

A la actuación fue vinculado RAMIRO RENGIFO RODRÍGUEZ, para la época de los sucesos operario de maquinaria pesada de propiedad del municipio de Buga, pues se le atribuyó no sólo la vinculación con el grupo organizado al margen de la ley, sino también que brindaba al grupo de autodefensa informaciones sobre los trabajadores sindicalizados(52) (resaltado propio).

De manera acorde con esta imputación, el a quo construyó el juicio de reproche por el delito de concierto para delinquir, agravado, partiendo por recordar que Orlando Crespo, Roberth Cañarte y Freddy Ocoro fueron incluidos por las AUC, en una lista de personas declaradas objetivo militar, cuestión de la que se enteró el último porque se lo contó Luz Dery Sepúlveda y a raíz de la muerte violenta de los últimos a manos del grupo armado ilegal.

Resaltó, asimismo, el juzgador que sobre la participación del procesado en tales hechos, dicho testigo contó que Ramiro Rengifo no solo fue quien suministró el número del teléfono para llamar al comandante paramilitar a fin de indagar sobre la suerte de Roberth, sino el que aseguró que ya les había preguntado sobre el particular obteniendo como respuesta que no lo tenían.

Siguiendo con la evaluación de las pruebas testimoniales, el juez unipersonal valoró los dichos de Jorge Alberto Salcedo y Fabiola González Parra, quienes, en su orden, narraron, de oídas, que del procesado se decía que se mantenía con los “paracos” y que tuvo un altercado con Ocoro debido a la incriminación que éste le hiciera sobre sus vínculos con ese grupo.

De este modo, asevera enseguida el juzgador:

Se denota de los testimonios de estas personas que el señor RAMIRO RENGIFO tenía serios vínculos con los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia pues conocía su ubicación así como los números telefónicos de los mismos, entablando comunicación directa para saber de los hechos ocurridos en el municipio de Bugalagrande. Además a través de los testimonios del doctor JULIO CESSAR (sic) ROJAS, médico del Hospital y GLORIA PATRICIA JIMÉNEZ, secretaria del mismo, se predica que el aquí acusado no solo llevaba pacientes la (sic) hospital, sino que también los transportaba otros (sic) centros médicos para recibir la atención necesaria.

Complementa estas versiones el trabajo de campo efectuado por ADALGIZA MURILLO B., investigador criminalística II, en su informe, dando cuenta de la existencia de los actos terroristas perpetuados en la ciudad de Bugalagrande por parte de las “Autodefensas Unidas de Colombia”, corroborando a través de las entrevistas de LUZ DERY SEPÚLVEDA, FABIOLA GONZALEZ, JORGE SALCEDO, entre otros, la conexidad en las autoridades y el señor RAMIRO RENGIFO con el grupo armado ilegal, al señalar: “ El señor alcalde trae a RAMIRO RENGIFO y lo incorpora a su gobierno y esa persona precisamente es quien ejerce una oposición frente a los demás compañeros realizando una labor prácticamente de informante pues todos los movimientos que hacia el sindicato, se daba cuenta la alcaldía, en todas las escenas criminales cometidas en el pueblo, esta persona estuvo presente en el homicidio de Orlando Crespo, también estuvo allí, andaba con los paramilitares”. Demuestra ello que RAMIRO tenía contacto directo con el grupo ilegal acantonado en Bugalagrande y directos responsables de los actos criminales que allí se presentaron(53).

Por su parte el señor LUIS FERNANDO AMAYA, agricultor del corregimiento de Galicia, (…) relata que “En Bugalagrande hay un señor que se llama RAMIRO no sé el apellido, trabaja con el municipio, les esta (sic) informando sobre el movimiento de la tropa y se dice que cuando los soldados dejan el sector, ellos vuelve (sic) a ajustar cuentas con los que les informaron a la fiscalía, como el caso mío. Luego no cabe duda frente a la integración de RAMIRO RENGIFO con las Autodefensas Unidas de Colombia.

(…)

No resulta admisible la posición de la defensa en el sentido de afirmar que el nombre de RAMIRO RENGIFO RODRÍGUEZ no aparece en las órdenes de batalla del grupo alzado en armas conocido como “Autodefensas Unidas de Colombia” para concluir que se es miembro de la organización y por ende concertado para cometer delitos, pues bien se sabe que la labor que cumplía al interior del grupo armado ilegal era la de informante, es decir de comunicar a los comandantes de los paramilitares los movimientos que ejecutaban los miembros del sindicato del municipio, los sitios de desplazamiento, las labores a realizar, esto con el fin de neutralizarlos, pues eran considerados auxiliadores de la guerrilla.

Determina la labor de RAMIRO RENGIFO simpatía con los paramilitares pues, nótese que tenia (sic) los números de los teléfonos de los comandantes, lo que de suyo aclara la estrecha amistad que los unía; además a través de las declaraciones de GLORIA PATRICIA JIMÉNEZ(54), WILLIAM LEYES LOZANO, el médico del hospital doctor JULIO CÉSAR ROJAS(55), se obtiene información acerca del ingreso de pacientes al hospital por parte del aquí procesado, llegando incluso a cubrir los costos de la atención médica, y de realizar el traslado a otros hospitales, lo que permite aun (sic) más clarificar la condición de informante y/o colaborados (sic) de las Autodefensas Unidas de Colombia y sin que su nombre aparezca en las órdenes de batalla, cumplía labores propias de un integrante de la organización delictiva, tanto en la zona urbana como en la rural, pues contaba con un vehículo de la alcaldía para su desplazamiento.(56)

Y más adelante reiteró:

Claro resulta para esta funcionaria que RAMIRO RENGIFO RODRÍGUEZ tenía vínculos con los comandantes del Bloque Calima de las autodefensas, siendo su misión dentro de la organización la de informar los actos de los miembros del sindicato del municipio, y por eso su afán de formar parte integral como sindicalizado, esto con el fin de tener una percepción directa de lo acontecido al interior del gremio y de esta manera conocer de sus actividades, afirmación que encuentra respaldo en las pruebas testimoniales y documentales arrimadas a plenario así como versiones rendidas en otras investigaciones que se le adelantan, y de las cuales se establece el pleno conocimiento que tenia (sic) acerca de la ofensiva dirigida contra los sindicalistas, y como trabajador del municipio, presto (sic) su colaboración para que la organización al margen de la ley adelantara las labores propias para intimidad a FREDY OCORO, logrando su cometido, pues ante tales arremetidas no tuvo otra alternativa que abandonar el país, información que igual afectó la vida de dos dirigentes más del movimiento obrero del municipio, fuera de los atentados cumplidos con muchos otros personajes de la población.

(…)

El proceder de RAMIRO RENGIFO RODRÍGUEZ estuvo encaminado a llevar toda la información acerca de la población, y en especial, los integrantes de la junta directiva del sindicato de trabajadores del municipio de Bugalagrande, quienes al no acudir al llamado de la organización armada al margen de la ley, fueron declarados objetivo militar, adelantando acciones para atentar contra la vida de FREDY OCORO (…).

Si bien es cierto RAMIRO RENGIFO RODRÍGUEZ, no ha sido identificado dentro de las órdenes de batalla como integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque Calima, emerge con claridad meridiana de las declaraciones de FREDY OCORO, LUIS FERNANDO AMAYA, FABIOLA GONZÁLEZ, JORGE ALBERTO SALCEDO, EDILSON DE JESUS CADAVID, MIGUEL CAÑARTE, JULIO CÉSAR ROJAS TRUJILLO, GLORIA PATRICIA JIMÉNEZ, entre otros, si prestó colaboración eficaz para lograr menguar la fuerza del sindicato y de quienes se decía pertenecían o auxiliaban a la guerrilla, y por eso su persecución frontal, tanto es así que fueron asesinados dos miembros de la junta directiva del sindicato, antes de producirse el cambio de domicilio forzado de FREDY OCORO. (…).

Vale destacar que si bien es cierto se aduce por el procesado RAMIRO RENGIFO su comportamiento laboral, su conducta y la carencia de antecedentes, situación que no desconoce el despacho, ello no implica de contera que en determinado momento de su vida incurra en actos contrarios a la normatividad penal, pues nótese que en la región fue reconocido como simpatizante de las Autodefensas Unidas de Colombia, al punto de contar con los números telefónicos de sus comandantes, conocer la clase de vehículos con los que contaba el grupo, además de abogar por los enfermos de la organización al margen de la ley(57) (subrayas no originales).

En el mismo sentido, el tribunal concretó, desde el punto de vista fáctico, la atribución de responsabilidad por el punible de concierto para delinquir, agravado, en cabeza de Rengifo Rodríguez en la “pertenencia o vinculación al grupo organizado al margen de la ley que tenía su nefasta incidencia en jurisdicción de Bugalagrande, no otro que el Bloque Calima de la (sic) Autodefensas Unidas de Colombia(58) en el período comprendido entre el 1º de mayo de 1999 cuando el procesado se vinculó a la alcaldía— y noviembre de 2000 fecha hasta la que vivió en el municipio de Bugalagrande—.

Para acreditarlo, el ad quem se valió de los siguientes argumentos:

Por otra parte, en esta actuación está igualmente demostrado, con no menor contundencia además, que a ese grupo organizado al margen de la ley se vinculó el acusado RENGIFO RODRÍGUEZ, que en cuanto interesa resaltar, intervino además en forma activa en los actos coercitivos desplegados en detrimento de los dirigentes del sindicado (sic) mencionado, uno de estos últimos, Fredy Ocoro Otero, quien por causa de tales intimidaciones finalmente se asiló en Francia como quedó reseñado en anterior acápite. (…)

(…)

En cambio, del contexto de las versiones de Casarrubia Posada surgen tres hechos de especial significación para atestar que de su dicho tampoco se descarta el vínculo del acusado RENGIFO RODRÍGUEZ con el grupo armado al margen de la ley, por consiguiente, el compromiso en los delitos cometidos en desarrollo de la finalidad común e indeterminada que inspiraba a sus integrantes, uno de ellos, el desplazamiento forzado del cual fue víctima el denunciante Ocoro Otero.

Alude la corporación, en primer término, al reconocimiento de que la intimidación en su contra de aquél estuvo cimentada en las noticias recibidas en el sentido de que los dirigentes de Sintramunicipio, uno de ellos el nombrado, tenían nexos con la guerrilla, en consecuencia, citado para que rindiera explicaciones, fue en últimas declarado objetivo militar” por desatender dicha convocatoria (fl. 200, c. 1). En segundo lugar, que de manera expresa reconoció que el personal de la Armada Nacional y de la administración municipal le colaboraba a las autodefensas; y, finalmente, en contradicción de lo alegado por la defensa, que las informaciones sobre los nexos de algunas personas con el grupo rebelde se obtenían, no sólo de desertores de la guerrilla como lo atesta la defensa con alusión a tres que supuestamente les habría entregado la Fuerza Pública, sino también de la población del sector (fl. 108, c. 1), que destaca el tribunal, era una condición susceptible de aseverarse del procesado.

En contraste, el punto de partida en la demostración de la concurrencia del acusado RENGIFO RODRÍGUEZ al concierto para delinquir agravado por su específica modalidad, como también a la perpetración del desplazamiento forzado del ofendido Ocoro Botero, radica en la ampliación de la indagatoria de Edilson de Jesús Cadavid Marín, trasladada como prueba, quien si bien negó la vinculación que se le atribuía con el grupo de autodefensa, señaló no sólo que observaba al primero citado “hablar con las de las AUC”, sino también y, primordialmente, que escuchó que se refería en esas conversaciones a Crespo, no otro conforme fue establecido en autos, que Jesús Orlando Crespo (fl. 292, c. 1), dirigente sindical que como quedó asentado en precedente acápite y se insiste ahora, fue abatido por miembros del Bloque Calima como lo confesó Veloza García.

El testigo de cargo fue aún más específico, diluyendo la credibilidad que el apelante reclama para la retractación posterior respecto de la cual no brindó una justificación plausible para el cambio del relato. En efecto, en total y absoluta coherencia con esa acusación, narró también, producto de una percepción propia, “que el señor que manejaba...la motoniveladora del municipio”, cargo y función que el mismo procesado admite tenía para la época de los sucesos, conviene destacar, del que brinda en todo caso una descripción física coincidente con la fisonomía de aquél, “era el que cuadraba todo con la gente de las AUC’ inclusive, haber escuchado luego de las muertes violentas de Cañarte Montealegre y Crespo Cárdenas, que había sido ese servidor público quien los “había ensuciado” (fl. 292, c. 1).

Ahora bien, esta colegida pertenencia del procesado a las autodefensas y el merito (sic) otorgado a la prueba referida en los acápites anteriores se afianza al encontrar demostrado en las presentes diligencias que los declarantes en forma directa o de oídas, según fuere el caso, le atribuyeron a RENGIFO RODRÍGUEZ al unísono y contundentemente exteriorizaciones que descartan la posibilidad de que la contribución de aquél a las actividades del grupo fuera determinada por la intimidación o la coacción propia de la nefasta influencia del Bloque Calima en el municipio donde residía, pues los actos sobre los cuales atestiguan evidencian una camaradería, un conocimiento y una relación que sólo se explica ante la comunidad en el designio criminal.

(…)

Esta connotación se deriva, en primer término, del relato de la víctima Ocoro Otero sobre lo percibido durante las gestiones desplegadas para establecer el paradero de Roberth Cañarte Montealegre luego de su desaparición. En esa ocasión el declarante, según narra, presenció que suboficial (sic) por ese entonces encargado de la estación de Policía Nacional averiguó con RENGIFO RODRÍGUEZ el teléfono de las “autodefensas” con el propósito de establecer si éstas habían retenido al citado; más aún, expuso que el procesado entabló comunicación con aquéllas y se declararon ajenas a lo sucedido, inclusive, tuvo la iniciativa de conducir al padre de la víctima a un encuentro con el paramilitar apodado “El Costeño” para indagar sobre la suerte del hijo (fls. 13 a 15).

El testigo también reseñó que Basilides Quiroga lo previno del enjuiciado, de quien le refirió que arribaba al corregimiento de Galicia, se transportaba en los vehículos de los “paras” y después “llegaba a tomar con ellos” (fl. 16, c. 1). (…)

(…)

La misma ineficacia predica el tribunal de las constancias que dan cuenta del desempeño de RENGIFO RODRÍGUEZ como conductor del municipio, al igual que de la nota de agradecimiento proveniente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Chorreras, pues en la actuación está demostrado que las labores cumplidas por aquél para los fines del grupo armado no era la de combatiente, menos aún, con exclusividad en dicho ámbito, sino brindar informaciones sobre la dirigencia del sindicato de trabajadores oficiales, de manera que el ejercicio de esa actividad lícita le era posible en forma simultánea con la ilícita.

(…)

En todo caso, esas revelaciones de Ocoro Botero permisivas de asentar la conexión del enjuiciado con el grupo, fueron confirmadas en cuanto al episodio de la mediación en la localización del desparecido Cañarte Montealegre mediante las declaraciones de Miguel y Álvaro Cañarte, familiares de la víctima nombrada, así como también a través de las obtenidas de Jorge Alberto Varela y Daniel Alberto Moreno Arias (fl. 183, c. 2; 107, c. 3; 95, c. 5; fl. 192, c. 2; 77, c. 5; 52, 89, c. 5).

Por otra parte, los señalamientos comentados se afianzan además a través del testimonio de Fabiola González de Vivas, quien sin ánimo de sospecha y mediante relato coherente e hilvanado, producto además de sus percepciones personales, aseveró que el procesado “mantenía con los paracos”, más aún, que les arregló la carretera para Chicoral” (fl. 46, c. 1). Así mismo, con el obtenido de Luis Fernando Amaya, pues además de que confirmó el nexo de “Ramiro” del que afirmó trabajaba “con el municipio de Bugalagrande” esto es, de quien brindó datos permisivos de colegir que se trataba del acusado, sostuvo que informaba a los paramilitares “sobre el movimiento de la tropa” (fl. 120, c. 1).

La misma orientación argumentativa se atribuye a la deponente Gloria Patricia Jiménez López, quien para la data de los sucesos laboraba en el área de atención al cliente del hospital San Bernabé de la población de Bugalagrande, que en una oportunidad RENGIFO RODRÍGUEZ, que un paciente de quien supo por intermedio de Teresa Salas que se trataba de un “paramilitar herido”, fue transportado por aquél en un vehículo del municipio al Hospital Tomás Uribe con sede en Tuluá (fl. 112, c. 3)(59).

El anterior recuento permite concluir, sin remisión a duda, contrario al criterio del delegado del Ministerio Público, que también existe identidad de objeto entre los hechos por los que se dictó resolución de preclusión de la investigación a favor de Ramiro Rengifo Rodríguez y los que sirven de base a la condena que hoy se revisa.

En efecto, si bien, en esta oportunidad, se ahondó, por razón de la atribución autónoma pero coetánea concursal material— del delito de desplazamiento forzado, en una de las manifestaciones del convenio criminal, esto es, en las amenazas y persecución con fines de homicidio sufridas por Freddy Ocoro, que llevaron a este ciudadano a refugiarse forzadamente en un país extranjero, es lo cierto que, como quedó visto, el pliego de cargos y las sentencias de instancia se ocuparon de auscultar de manera integradora los actos reflejo del acuerdo ilícito para concretar ese desplazamiento y asesinar a la dirigencia sindical de Bugalagrande.

Además, en el convenio criminal, propio del concierto para delinquir con fines de paramilitarismo de la manera como está representado en el contexto histórico reseñado—, aparecen involucradas aquellas actividades tendientes a ejecutar delitos de homicidio, tortura, desaparición y desplazamiento forzados, entre otros crímenes comunes y de lesa humanidad, sobre todo, porque, enteramente se realizaron en un período específico como una unidad de conducta, con el exclusivo propósito ilícito de diezmar la agremiación sindical, etiquetada por el Bloque Calima de las AUC como auxiliadora de la guerrilla.

En efecto, ambos trámites revelan que la función acordada por el procesado con la agrupación delincuencial consistió en suministrarle información que permitiera identificar a los dirigentes sindicales que comulgaban con los intereses insurgentes de la guerrilla para incluirlos en una lista de objetivos militares de homicidio, tortura, desplazamiento y desaparición forzados, entre otras conductas.

En ese orden, no es posible escindir del designio común trazado por la organización al margen de la ley, una de las manifestaciones propias del convenio, desplegado durante un mismo período de tiempo (1999-2000), esto es, la dirigida a amenazar, perseguir, desplazar y asesinar a Ocoro Otero, propósito este último que no se consolidó porque la víctima oportunamente enterada de que su vida corría peligro logró huir de la escena de los acontecimientos.

Nótese cómo esta conclusión no fue de ningún modo ajena al juez de segundo grado.

Ciertamente, tras verificar la existencia de equivalencia personal y de causa entre los dos asuntos sometidos a cotejo, el tribunal admitió que también debía predicarse la identidad de objeto respecto del punible de concierto para delinquir investigado y juzgado en esta causa(60) y el que conoció la fiscalía tercera especializada de Buga, no obstante el disímil nomen iuris de la conducta en uno y otro trámite, no así en punto del reato de desplazamiento forzado. Estas fueron sus consideraciones:

(…) ninguna razón le asiste la (sic) defensa al sostener que la investigación y el juicio por razón del desplazamiento forzado agravado del cual fue víctima Fredy Ocoro Otero comportaron la violación de la prohibición comentada [non bis in idem] (…).

En cambio, del todo diferente es la situación tratándose del punible de concierto para delinquir, porque en la investigación a cargo de la fiscalía 3ª especializada de Buga, como se verifica a través del escrutinio de la decisión proferida por aquélla (fls. 133 a 145, c. 2), al igual que acontece en estas diligencias, la imputación en el ámbito fáctico consistió y consiste, respectivamente, en la vinculación atribuida a RENGIFO RODRÍGUEZ al grupo de autodefensa, mal llamado paramilitar, que operaba para la época de los sucesos en jurisdicción del municipio de Bugalagrande, Valle del Cauca, esto es, por hacer parte de él; imputación soportada incluso en buena medida en ambas actuaciones con unos mismos testimonios, concretamente, en los obtenidos de Fredy Ocoro Otero, Miguel Cañarte y Jorge Alberto Varela Tascón, desde luego, complementados en el presente asunto con otros cuya apreciación abordará la Sala en su oportunidad.

Por ahora baste atestar entonces, ante la incontrastable verificación y en el entendimiento además de que la regla que gobierna el principio del non bis in idem es “impedir que la imputación concreta, como atribución de un comportamiento determinado históricamente, se repita, cualquiera que sea el significado jurídico que se le haya otorgado, en una y otra ocasión, al nomen iuris empleado para calificar la imputación o designar el hecho”(61), que ninguna duda ofrece la existencia de la identidad de objeto en las dos actuaciones cotejadas; conclusión que se afianzada (sic), incluso, a pesar de la disímil calificación jurídica predicada para esa misma conducta en el ámbito fáctico(62).

Ahora, pese a la acreditación de todos los presupuestos normativos que habilitan la aplicación del principio non bis in idem, el fallador optó por negar la consecuencia jurídica de rigor, acudiendo para el efecto a la categorización del delito de concierto para delinquir agravado con fines de paramilitarismo— como punible de lesa humanidad, desconociendo con esto que, si bien el estado del arte actual reconoce que dicha conducta alcanza esa connotación, ello, per se, no habilita de forma automática la posibilidad de remover el efecto de cosa juzgada de una decisión de fondo que ha cursado ejecutoria, sin acudir, antes, a la acción extraordinaria de revisión, tal y como se explicó al inicio de estas reflexiones.

En verdad, como en extenso se señaló atrás, aunque, con el juzgador plural, la Corte es del criterio que, a fin de maximizar altísimos valores como la justicia y la paz, el principio non bis in idem no tiene carácter absoluto, sino relativo, igualmente, es imposible inadvertir que, en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro, la afectación o limitación de dicha garantía fundamental no puede estar sometida a criterios de arbitrariedad, represión a ultranza o subjetivismo por más que la decisión que habría de ser derruida parezca desafortunada, subsista la sensación de injusticia material, involucre severas lesiones a los derechos humanos o incluso la providencia tenga la apariencia de ser producto de un delito, verbi gratia de prevaricato—, sino que debe ajustarse a los ritos prescritos por el debido proceso, que, para el caso, son los reglados en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000.

En realidad, tal como lo aseveró el casacionista y lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte, es palmario que, sin la existencia previa de una providencia judicial que rescinda, por invocación de alguno de los motivos taxativos de revisión consagrados en la ley instrumental, el valor de la cosa juzgada de la decisión preclusoria o absolutoria en firme que no satisfaga criterios de justicia material, no es viable, de facto, desconocer su efecto vinculante, por cuanto ella se presume legal y vigente, no obstante que pudiera resultar contraria a otra verdad que pudiere haber aflorado con posterioridad.

Y es que, trasladando estas consideraciones al caso objeto de estudio, tendría que concluirse que la única posibilidad de desatender el efecto vinculante de la cosa juzgada sería a través de la acción de revisión, bien, porque con fundamento en una decisión interna o de algún organismo de justicia internacional reconocido en nuestro país se compruebe la violación del principio de investigación imparcial o, por ejemplo, tras la compulsa de copias ordenada por el tribunal contra la entonces titular de la fiscalía 31 seccional de Buga, se acredite, mediante decisión en firme, que la decisión preclusoria fue determinada por una conducta típica de dicha funcionaria.

Un proceder en contrario de la autoridad judicial, supondría una clara violación al ordenamiento legal que tornaría inanes las causales de revisión expresamente consagradas en la ley adjetiva penal, contrayendo una clara suplantación del legislador e incluso de la doctrina de la Corte Constitucional acerca de los requisitos necesarios para derruir la res iudicata en asuntos relativos a conductas punibles de lesa humanidad o contra el derecho internacional humanitario.

En este orden de ideas, se impone concluir que el tribunal incurrió en violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación de los artículos 29 superior, 8º de la Ley 599 de 2000 y 19 de la Ley 600 del mismo año, defecto que ha de ser corregido por esta corporación casando parcialmente el fallo impugnado para, por virtud del reconocimiento del efecto vinculante del principio non bis in idem, declarar su nulidad parcial, exclusivamente, en relación con el delito de concierto para delinquir, agravado, cuestión que, como es obvio, deberá verse reflejada en la declaración de cesación de procedimiento por el citado punible y en el monto de pena impuesto al procesado.

3. La consecuencia jurídica de la conducta punible subsistente.

El fallo de primera instancia revela que el acusado fue condenado a ciento treinta y dos (132) meses de prisión, mil trescientos (1300) salarios mínimos legales mensuales vigentes e “interdicción de derechos y funciones públicas”(63) por un lapso de noventa y seis (96) meses, en calidad de determinador responsable del punible de desplazamiento forzado y coautor del de concierto para delinquir, ambos agravados.

Para restablecer la garantía conculcada al procesado, habría sido suficiente con descontar el quantum correspondiente al segundo de los punibles imputados en concurso heterogéneo.

No obstante, la Corte advierte que el juzgador de primer nivel vulneró el principio de legalidad de la pena porque al dosificar la sanción para el delito base desplazamiento forzado, agravado—, incurrió en una infracción directa de la ley sustancial en la modalidad de interpretación errónea del artículo 60.2 del Código Penal, habida cuenta que, al efectuar el incremento punitivo de hasta la tercera parte, por razón de la circunstancia de agravación específica, consagrada en el artículo 181.3 del Código Penal, lo hizo en los dos extremos de la pena prevista en el canon 180 ejusdem, siendo que el referido precepto 60.2 establece que “ [s]i la pena se aumenta hasta en una proporción, ésta se aplicará al máximo de la infracción básica”.

En ese orden, antes de suprimir los montos de pena deducidos por el punible de concierto para delinquir, agravado, se impone redosificar oficiosamente las correspondientes al de desplazamiento forzado, agravado.

De este modo, se tiene que este injusto, en su forma simple, está sancionado con las penas principales de 6 a 12 años de prisión, 600 a 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y 6 a 12 años de “interdicción de derechos y funciones públicas”.

Como en el caso de la especie, concurre un agravante el relativo a la calidad sindical del sujeto pasivo de la infracción— se impone efectuar un incremento de hasta la tercera parte, que debe ser aplicado al máximo previsto para el reato, es decir, a 12 años, 1500 smlmv y 12 años respectivamente, de suerte tal que la modalidad agravada del punible está penada con 6 a 16 años de prisión e “interdicción de derechos y funciones públicas” y 600 a 1500 smlmv de multa.

Ahora, si se impuso el mínimo punitivo concebido para la infracción que con los límites erróneamente concebidos por el juzgador fue de 8 años de prisión y de interdicción y 800 smlmv de multa—, la Corte no tiene otro camino que acatar tal criterio y deducir, asimismo, el mínimo legalmente previsto, o sea, seis (6) años de prisión e interdicción y seiscientos (600) smlmv por el delito de desplazamiento forzado, agravado.

Dichos montos, corresponden, en definitiva, a las penas que Rengifo Rodríguez debe descontar, en cambio de los ciento treinta y dos (132) meses de prisión e “interdicción de derechos y funciones públicas”(64) y mil trescientos (1300) smlmv de multa, habida cuenta que, con ocasión de la aplicación del principio non bis in idem, el valor adicional de 36 meses de prisión y 500 smlmv de multa— que por motivo del concurso con el punible de concierto para delinquir, agravado, había sido agregado, hoy debe ser eliminado.

4. Sobre los mecanismos sustitutivos de la prisión.

Como quiera que el monto de pena impuesto al sentenciado varió con ocasión de la redosificación punitiva confeccionada por la Corte, se impone revisar de nuevo si él podría tener derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena o a la prisión domiciliaria.

4.1. Al respecto, en punto del subrogado, es necesario concluir que, de acuerdo con el artículo 68 del Decreto 100 de 1980, vigente al tiempo de los hechos —1999-2000— y el canon 63 del Código Penal actual —con o sin las modificaciones introducidas por la Ley 1709 de 2014— (aplicables por virtud del principio de favorabilidad), no es viable su concesión, pues el factor objetivo lo impide, toda vez que dichos preceptos exigen que la pena de prisión impuesta no exceda de 3 y 4 años, respectivamente y, en el asunto de la especie, se tiene que Ramiro Rengifo Rodríguez fue condenado a 6 años de sanción aflictiva de la libertad, cuestión que, entonces, torna innecesario avanzar en la evaluación de los demás requisitos.

4.2. Y en cuanto se refiere a la prisión domiciliaria, inicialmente es del caso destacar que el examen de los presupuestos que rigen este sustituto, consagrado en el artículo 38 de la Ley 599 de 2000, es posible debido a que resulta ser más benigno que la prisión intramural establecida, para la fecha de comisión de los hechos, en el canon 45 del Decreto 100 de 1980.

Sin embargo, no hay lugar a reconocerla, habida cuenta que, de un lado, el presupuesto objetivo no se satisface conforme a la norma en cita del Código Penal actual porque la pena mínima prevista en la ley para el delito de desplazamiento forzado agravado no es inferior a cinco años de prisión, sino que está fijada en 6 años y, de otro, si bien el artículo 38B del estatuto sustantivo penal adicionado mediante el canon 23 de la Ley 1709 de 2014— flexibilizó el monto para acceder a este beneficio, ubicándolo en 8 años, con lo cual, en principio, podría tenerse por satisfecho dicho requisito, lo cierto es que el artículo 68A ejusdem —agregado por el precepto 32 de la Ley 1709- excluyó, expresamente, de tal posibilidad al punible de desplazamiento forzado.

En mérito de lo expuesto, la Sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR PARCIALMENTE la Sentencia del 23 de febrero de 2011 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con ocasión del cargo admitido, para, por virtud del reconocimiento del efecto vinculante del principio non bis in idem, DECLARAR la nulidad parcial de dicho fallo, exclusivamente, en relación con el delito de concierto para delinquir, agravado.

2. Por consiguiente, DECLARAR la cesación de procedimiento por el punible de concierto para delinquir, agravado.

3. CASAR parcial y oficiosamente el fallo impugnado respecto de las penas impuestas a Rengifo Rodríguez por el punible de desplazamiento forzado, agravado.

En consecuencia, FIJAR las sanciones principales por dicha conducta punible en seis (6) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y multa en cuantía de seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. NEGAR a Ramiro Rengifo Rodríguez la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

5. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

6. DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(39) Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.

(40) El inculpado absuelto por sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

(41) El tribunal constitucional español señala que la identidad debe constatarse en punto del sujeto, el hecho y el fundamento. Cobo del Rosal, M.; Vives Antón, T. Derecho Penal. Parte General. 3ª edición. Valencia. Tirant lo Blanch. 1991. p. 75.

(42) Igual se reguló en la Ley 906 de 2004, artículo 192.4.

(43) No todas las legislaciones foráneas admiten este criterio en sentido radical. Por ejemplo, en España, el doble castigo penal y administrativo por un mismo hecho, es considerado inconstitucional, de tal suerte que la jurisdicción penal es preferente en la investigación y juzgamiento de una conducta con raíces en ambos ámbitos. Quiroga, Luis Ortiz; Arévalo Cunich Javier. Las consecuencias jurídicas del delito. Editorial jurídica de Chile. Santiago. 2013. pp. 90-91.

(44) Corte Suprema de Justicia. Sala de casación penal, Sentencia de 25 de noviembre de 2008. radicado 26.942.

(45) Cfr. folio 216 del cuaderno original 2.

(46) Cfr. folio 77 ibídem.

(47) Se precisa en este punto, que este razonamiento no abarca el delito autónomo de desplazamiento forzado.

(48) Cfr. folio 3 de la resolución de preclusión a folio 40 del cuaderno original 4.

(49) Cfr. folios 8-13 de la resolución de preclusión a folios 45-50 ibídem.

(50) Cfr. folio 167 del cuaderno original 6.

(51) Cfr. folios 283-284 ibídem.

(52) Cfr. folios 2 y 3 de la sentencia de segunda instancia a folios 16-17 del cuaderno del tribunal.

(53) Folios 38 a 45, Cuaderno original Nº 1. El alcalde de esa época el señor HÉCTOR FABIO CORREA, tenia (sic) nexos con las autodefensas que para la época operaban en Bugalagrande, ...el señor alcalde trae a RAMIRO RENGIFO y lo incorpora al gobierno y esa persona es precisamente quien ejerce oposición frente a los demás compañeros realizando una labor prácticamente de informante pues todos los movimientos que hacia el sindicato,.., andaba con los paramilitares.., las amenazas se gestaron arriba en el comando de los paramilitares...”.

(54) Folio 187 cuasderno (sic) original Nº 2. Declaración de GLORIA PATRICIA JIMÉNEZ.

(55) Folios 219 y siguientes cuaderno original Nº 3. Declaración de JULIO CÉSAR ROJAS, medico (sic).

(56) Cfr. folios 32-35 de la sentencia de primera instancia a folios 237-240 del cuaderno original 7.

(57) Cfr. folios 47, 49, 51 y 52 de la sentencia de primera instancia a folios 252, 254, 256 y 257 del cuaderno original 7.

(58) Cfr. folio 27 de la sentencia de segunda instancia a folio 41 del cuaderno del tribunal.

(59) Cfr. folios 51-57 del cuaderno del tribunal.

(60) Junto con el punible de desplazamiento forzado.

(61) MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal. I. Fundamentos. Op. Cit., pp. 606 y 607.

(62) Cfr. folios 22-23 de la sentencia de segunda instancia a folios 36-37 del cuaderno del tribunal.

(63) Cfr. folio 67 de la sentencia de primera instancia a folio 272 del cuaderno original 7.

(64) Cfr. folio 67 de la sentencia de primera instancia a folio 272 del cuaderno 7.