Sentencia 36889 de agosto 21 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 269.

Magistrado Ponente:

Dr. Javier Zapata Ortiz

Bogotá, D.C., veintiuno de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La Corte advierte que al haber sido admitida la demanda de casación en lo atinente al cargo referido, superó los defectos lógicos argumentativos exhibidos en él, con el exclusivo propósito de analizarlo a fondo y entrever posibles falencias a las garantías constitucionales materializadas por las instancias.

2. Como el problema jurídico planteado se relaciona con la dosificación punitiva plasmada en los fallos condenatorios cuestionados, será allí donde se detendrá la Sala para corroborar o descartar lo afirmado por el demandante.

2.1. El juzgado de primera instancia con jurisdicción y competencia en Santiago de Cali, adjunto al Departamento de Policía Metropolitana, condenó a la subintendente Enelia Mongragón Bravo, vinculada laboralmente a ese cuerpo colegiado, sobre la base de la siguiente dosimetría:

Determinó la lesión más grave sobrellevada por el herido a fin de identificar el precepto sustancial penal a aplicar, a tono con el canon 117 de la Ley 599 de 2000, con base en el dictamen de medicina legal, donde se explicó que Fernando Landazury Mosquera, presentó deformidad permanente que afectó el cuerpo, por tal razón, se ubicó en el artículo 113, inciso 2º de la normatividad sustancial aludida, disminuyendo la sanción de las (4/5) a las (3/4) partes por atender el punible la modalidad culposa.

Bajo tales parámetros, se centró en el proceso de individualización de la pena con base en artículo 60 ibídem (mínimos-máximos); acto seguido, explicó:

Como la pena guía del artículo 113, inciso 2º, es de prisión de treinta y dos (32) a ciento veintiséis (126) meses y multa de treinta y cuatro punto sesenta y seis (34.66) a cincuenta y cuatro (54) salarios mínimos legales mensuales vigentes; la que disminuida bajo las reglas del artículo 60, queda en prisión de seis punto cuatro (6.4) a treinta y uno punto cinco meses y multa de seis punto noventa y tres (6.93) a trece punto cinco (13.5) SMLMV.

Partiendo del hecho innegable, que no existe ninguna circunstancia de agravación o mayor punibilidad en la conducta juzgada y desplegada por la señora SI. Enelia Mongragón Bravo, partiremos del mínimo correspondiente, toda vez que por el contrario no posee antecedente alguno y su ejercicio policial es destacado según el folio de vida obrante en el expediente.

Por lo expresado, la pena principal a imponer a la señora Subintendente… será de prisión de seis punto cuatro meses y multa de seis punto noventa y tres SMLMV; esta último equivalente a dos millones cuatrocientos ochenta mil novecientos cuarenta pesos m/cte… como accesoria privación del derecho a la tenencia de porte de arma, por dieciséis (16) meses(7).

2.2. Por su parte, el Tribunal Superior Militar, confirmó el proveído con los yerros de dosimetría punitiva denunciados por la defensa técnica, sin hacer ninguna referencia a las penas principales impuestas y, de paso, convalidó la omisión respecto a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por la que no fue sancionada en la instancia inferior.

3. Lo precedente informa que le asiste razón al demandante y al aval de la Procuradora —pues aunque cada uno, no hubiese detallado puntualmente el desafuero en el libelo y en el concepto, como corresponde—, la funcionaria de primer nivel determinó los límites punitivos entre 32 y 126 meses, lo cual, como es obvio, no se compadece con la descripción típica del artículo 113, inciso 2, de la Ley 599 de 2000, que aplicó al caso, toda vez que las grafías numéricas allí previstas enseñan un guarismo distinto, esto es, 24 a 84 meses (2 a 7 años): aumentó de pena que ni siquiera fue motivado por la juzgadora, menos aún, determinó la causa legal del citado aumento, como era su deber.

Se colige de lo precedente, que los juzgadores aplicaron el aumento punitivo descrito en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, el cual, les era prohibido acoplar al caso, en tanto, los hechos culposos producto del acto antijurídico se consumaron bajo el marco jurídico procesal de la justicia castrense (L. 522/99) que se articula por su filosofía, naturaleza, recursos, términos, criterio de valoración probatoria, entre otros institutos, al previsto en la Ley 600 de 2000, que de contera excluye la aplicación del canon 14 de la Ley 890 de 2004, según el pensamiento jurisprudencial varias veces reiterado por esta Sala sobre el particular, por cuanto, tal incremento punitivo regula en conexidad procesal con la Ley 906 de 2004, todo lo relacionado con la justicia premial, motivo suficiente, con el que se corrobora el vilipendio material al principio de legalidad de la pena.

Por manera que es dable atender una nueva dosificación punitiva, la cual, respetando los parámetros determinados por las instancias, pero con la exclusión del incremento tantas veces aludido, quedará en 4.8 equivalente a 4 meses 24 días de prisión y multa de 5.2 salarios mínimos legales vigentes, tal y como se ordenará en la parte pertinente del presente proveído, sin hacer énfasis en la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por vigencia del principio de prohibición de reforma en peor, toda vez que los falladores no la condenaron por este factor.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Casar parcialmente el fallo proferido por el Tribunal Superior Militar, con base en la prosperidad del cargo elevado por violación al principio de legalidad de la pena, en consecuencia, el nuevo quantum punitivo que debe purgar Enelia Mondragón Bravo, es de 4 meses, 24 días de prisión y multa de 5.2 salarios mínimos legales vigentes, tal y como se puntualizó en la parte pertinente del presente proveído.

2. En todo lo demás, el fallo atacado permanece incólume.

3. Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.»

(7) Ver folio 570, c.o. 1.