Sentencia 3692 de marzo 14 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

Magistrado Ponente:

Dr. José Fernando Ramírez Gómez

Ref.: Expediente 3692

Santafé de Bogotá, D.C., 14 de marzo de 1997.

EXTRACTOS. «A decir verdad, la posición que en este proceso asumió el señor Álvaro Orjuela, fácticamente no armoniza con los casos que han dado origen a la directriz jurisprudencial antes señalada, porque si bien es cierto que en las múltiples sentencias que al respecto existen, incluyendo las referenciadas en esta providencia, se ha sostenido que “cuando el demandado en acción de dominio, al contestar la demanda judicial del proceso, confiesa ser el poseedor del inmueble en litigio, esa confesión tiene virtualidad suficiente para demostrar a la vez la posesión del demandado y la identidad del bien que es materia del pleito”, quedando relevado el “demandante de toda prueba sobre esos extremos de la acción” y exonerado el juzgador “de analizar otras probanzas tendientes a demostrar la posesión”, lo claro es que esa consecuencia probatoria de confesión y hecho admitido, respectivamente, y por ende excluido de la carga de la prueba del demandante, sólo se puede pregonar en cualquier caso del hecho posesorio, sobre un bien cuya propiedad disputa con el demandante, pero no de la identidad del bien, pues como aquí sucede, cuando el demandado afirma una posesión derivada de su dominio, implícitamente está negando la identidad, ya que ésta sólo se puede entender admitida, como con claridad lo dice la propia Corte en las providencias invocadas, cuando “el demandado confiesa ser poseedor del inmueble en litigio”. Pero además, esa misma jurisprudencia advierte las consecuencias que de la conducta procesal del demandado deben colegirse por principio en la medida en que se cumplan los señalados requisitos, consecuencias éstas en las que no se verifica que faltando uno o alguno de estos el juzgador quede relevado de examinar el conjunto de pruebas restantes para definir si está o no demostrado el elemento de la identidad.

Si en abstracto se analiza la doctrina de la Corte, se nota que ella se estructura a partir de las siguientes premisas: si con ocasión de la acción reivindicatoria el demandado confiesa ser poseedor del bien perseguido por el demandante o alega la prescripción adquisitiva respecto de él, esa confesión apareja dos consecuencias probatorias: a) el demandante queda exonerado de demostrar la posesión y la identidad del bien, porque el primer elemento resulta confesado y el segundo admitido, b) el juzgador queda relevado de analizar otras probanzas tendientes a demostrar la posesión.

Ahora, como en el caso examinado el demandado confesó ser poseedor anteponiendo la calidad de propietario del inmueble, la consecuencia probatoria no trascendía más allá del fenómeno posesorio, porque la admisión del presupuesto de la identidad suponía que la confesión de la posesión estuviera referida al “inmueble en litigio” según la tradicional doctrina de la Corte. Desde luego, que aún bajo el segundo supuesto, es decir, referida la posesión confesada al mismo inmueble en litigio, nada obsta para que el juzgador en el momento en que encuentre elementos de juicio que justifique hacerlo para decidir el litigio con arreglo a derecho, en acatamiento del principio consagrado por el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución Política, proceda a analizar el hecho admitido de la identidad en conjunto con el resto del acervo probatorio, y así definir su prueba en el respectivo proceso».

___________________________________