Sentencia 36929 de febrero 15 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 40

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Bogotá, D.C., quince de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Cargo primero. Violación directa de la norma de derecho sustancial por aplicación indebida del artículo 222 del Decreto 100 de 1980, en razón a que la conducta investigada encuentra adecuación típica en la falsedad personal.

Para la actora la validez de la tarjeta profesional de abogado entregada a Gómez Cabezas, la cual tuvo vigencia hasta su cancelación, excluye la conducta de uso de documento público falso, bajo el entendido que su expedición por la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, mostraría su autenticidad.

En esas circunstancias, considera que la falsedad material así como la ideológica jamás fueron probadas, luego al aducir el procesado la calidad de abogado sin tenerla, incurrió en el delito de falsedad personal.

En principio, mientras no se establezca la condición espuria de un documento público, éste se presume auténtico(4), sin que por razón de esta presunción, el comportamiento de quien haga uso del mismo con el conocimiento de su falsedad, sea indiferente al derecho penal.

Del mismo modo, la vigencia del documento no constituye prueba irrebatible de su autenticidad como parece entenderlo la demandante, porque cuando el mismo no es genuino o veraz, la validez que pudiera entrañar será formal o aparente.

Por eso, la tarjeta profesional de abogado puede ser cancelada en cualquier tiempo, cuando de su revisión se comprueba que fue expedida sin el lleno de los requisitos legales, como ocurrió en el caso del acusado, al establecerse que el acta de grado aportada a su solicitud no había sido otorgada por la Universidad la Gran Colombia.

Por lo demás, la vigencia del documento público no legitima la conducta de usarlo conociendo su falsedad, hasta el momento de su descubrimiento, toda vez que la validez y vigencia del documento de esa índole, no siempre constituyen prueba de su autenticidad como lo sugiere la recurrente.

De otro lado, la casacionista aduce la falta de tipicidad de la conducta, en el entendido que la tarjeta profesional 81.657 usada por Gómez Cabezas era auténtica.

Es pertinente recordar que la falsedad del documento público, puede ser material o ideológica. La primera, se configura con la creación total del documento público, la imitación de uno existente o la alteración del contenido de uno auténtico. La segunda, con la consignación de una falsedad o callar parcial o totalmente la verdad, al extender el documento público.

De manera que si la Unidad de Registro Nacional de Abogados, constató que el acta de grado presentada para la inscripción de abogado de Gómez Cabezas no era de la universidad certificadora, comportamiento que como lo anota el delegado no fue objeto de investigación en este proceso, la tarjeta profesional expedida al acusado con fundamento en ella consigna hechos contrarios a la verdad.

En efecto, si de acuerdo con el artículo 16 del Decreto 196 de 1971, la tarjeta profesional menciona la universidad que otorgó el título de abogado, ninguna duda puede quedar acerca de su condición espuria, de manera que su utilización por Gómez Cabezas configura el tipo penal del uso de documento falso y no el de falsedad personal como se sostiene en la demanda.

De un lado, la falsedad personal reprocha la atribución de una calidad que no se tiene; del otro, el uso de documento público falso sanciona a quien lo utiliza sin haber intervenido en su falsedad; mientras en la primera el autor participa en la conducta falsaria, en la segunda al ser ajeno se vale de ella.

En la conducta de uso se reprocha la atribución mediante documento, en este caso público, de la calidad que no se tiene; la falsedad personal sanciona la simple atribución como su nombre lo indica de la calidad, sin acudir a ningún otro medio.

Esa diferencia y el carácter subsidiario del tipo penal, en lo que interesa a este asunto, resulta suficiente para señalar que no hubo un error de interpretación de la ley, cuando se condenó a Gómez Cabezas como autor del delito de uso de documento falso en lugar de falsedad personal.

El cargo no prospera.

Cargo segundo. Violación indirecta de la ley por un error de hecho por falso juicio de identidad.

El problema planteado por la casacionista, tiene que ver más con el valor probatorio de la Resolución 2750 del 20 de septiembre de 2005, mediante la cual la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia canceló la inscripción de abogado y la tarjeta profesional expedida a Gómez Cabezas, que con su tergiversación o distorsión de su contenido material, por parte de los falladores.

Ciertamente, las exigencias relacionadas con la incorporación de los oficios cursados entre esa oficina con la Universidad La Gran Colombia, la copia de la diligencia practicada en dicho centro educativo por la citada unidad de registro y la pericia echada de menos en la censura, eran y son innecesarias en este proceso.

De acuerdo con la resolución que canceló la inscripción en el registro de abogados y la tarjeta profesional expedida a Gómez Cabezas, para su obtención fue presentada autenticada el acta de grado 171-89 del 14 de abril de 1989 de la Universidad La Gran Colombia, centro educativo que a su vez certificó que en los archivos académicos, no encontró que aquél hubiera cursado estudios y obtenido su grado, en la sede de esta ciudad o en la de Armenia.

Así mismo, dicha información fue verificada por funcionarios de la unidad de registro en diligencia practicada al centro de educación superior, razón por la cual con sustento en las disposiciones legales, procedió a la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Abogados de Gómez Cabezas y de la tarjeta profesional de abogado 81.657 expedida a su nombre.

Entonces, ninguna razón asiste a la casacionista, cuando aduce que las conductas imputadas carecen de sustento probatorio, alegación que como puede verse no guarda relación alguna con la clase de error reprochado, al dejar de mostrar en qué consistió la supuesta tergiversación o distorsión de la prueba documental citada en él.

Por lo demás, resulta conveniente recordar que en virtud del sistema de persuasión racional o de sana crítica imperante en el sistema procesal penal, rige el principio de libertad probatoria, de acuerdo con el cual, los elementos del delito pueden demostrarse con cualquier medio de prueba, salvo que la ley exija prueba especial.

Luego si al proceso se aportó la Resolución 2750 de septiembre 20 de 2005, documento público cuyo contenido no fue ni ha sido puesto en duda, debido a la presunción de autenticidad que lo ampara, era conducente con fundamento en ella dar por demostrada la falsedad de la tarjeta profesional de abogado 81.657 expedida a Gómez Cabezas.

Tratándose de la falsedad ideológica y no material de la tarjeta profesional, además de no exigir la ley un determinado medio de prueba para demostrar la falsedad documentaria, la pericia por su naturaleza se mostraba impertinente como inútil en este asunto, ya que no se requería de pruebas técnico científicas para establecer su condición espuria.

La expedición de la tarjeta profesional de abogado, una vez agotado el procedimiento legal, sin que nadie hubiera objetado en su momento la solicitud de inscripción como abogado de Gómez Cabezas, como ya se advirtió, era fuente de validez formal y no material, desde el momento mismo que el acusado sabía que no había cursado estudios de derecho.

Conforme con esas consideraciones, el tribunal no incurrió en el error denunciado, cuando con sustento en la citada resolución califica de apócrifa la tarjeta profesional usada por Gómez Cabezas, para ejercer la defensa de Pablo Antonio Ramírez y compañeros de causa penal.

Por último, si lo investigado fue el uso del documento público falso y no su falsificación, el hecho de no haberse averiguado bajo esta misma cuerda procesal la falsedad de los documentos que dieron lugar a la inscripción en el Registro Nacional de Abogados de Gómez Cabezas y la expedición de la tarjeta profesional, no imposibilita según lo dicho, dar por demostrada su falta de veracidad.

El cargo no prospera.

Cargo tercero. Violación directa de la norma sustancial por interpretación errónea de los artículos 26, 182 y 222 del Decreto 100 de 1980.

A juicio de la casacionista, existe un concurso aparente de tipos penales al considerar que el fraude procesal subsume el uso de documento falso, el cual debe ser resuelto con aplicación del principio de consunción. Acude también a la unidad de acción, para indicar que la conducta es una sola: el fraude procesal por su mayor riqueza descriptiva.

A pesar de aducir dos principios, subsunción y especialidad, bajo los cuales suele resolverse los conflictos de normas penales o el llamado concurso aparente de tipos penales, referirse a los actos posteriores impunes y al hecho típico acompañante, categorías del primero de los principios enunciados, no logra demostrar que el tribunal negara el concurso efectivo de tipos penales y considerara la propuesta presentada en la demanda.

Inicialmente, no tuvo en cuenta que el bien jurídico protegido por las conductas punibles imputadas al procesado no es el mismo; olvida que mientras el uso de documento falso tutela la fe pública, el fraude procesal la administración de justicia, luego la falta de identidad en el objeto de protección de la norma penal, descarta la colisión de normas penales.

De otro lado, la comunidad de medios fraudulentos propios de cada delito por sí sola, tampoco permite su resolución como un caso de concurso aparente, ya que el contenido de injusto de una no es inferior al de la otra, sino que por el contrario el uso de documento falso al igual que el fraude procesal tienen su contenido de injusto propio.

En razón a ese contenido material de la prohibición de ambas conductas, su concurrencia no es aparente o de simple colisión de normas penales sino efectivo, ya que el uso que identifica al comportamiento contra la fe pública ni es acto copenado como tampoco hecho típico acompañante del fraude, porque aquel por sí solo constituye infracción, sin que sea “consumido” o “absorbido” en la maniobra fraudulenta, y su configuración típica es independiente a él, por su contenido de injusto propio.

Además, en este asunto las dos acciones son diferenciables. El fraude procesal está configurado por la inducción en error al servidor público, pues mediante el acta espuria obtuvo una resolución contraria a la ley, la cual dispuso su inscripción como abogado sin serlo; el uso de documento falso, por la utilización de la tarjeta para asumir la defensa de las personas mencionadas.

Luego la afirmación según la cual, al tratarse de una acción y en razón del principio de especialidad, el fraude procesal por su mayor riqueza descriptiva abarca el uso de documento público falso, carece de fundamento fáctico, toda vez que son varias las acciones y no un supuesto de unidad de acción.

Finalmente, los cuestionamientos relacionados con la supuesta falta de demostración de la existencia del medio engañoso por no estar probada la falsedad, referidos exclusivamente al tema probatorio, deben ser desestimados porque riñen con la naturaleza del cargo propuesto.

El reparo no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR el fallo de origen, naturaleza y contenido indicados de acuerdo a los cargos propuestos en la demanda.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.»

(4) Artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 26 de la Ley 794 de 2003.