Sentencia 36936 de julio 17 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 36936

Acta Nº 21

Magistrado Ponente

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

SL 452 - 2013

Bogotá, D. C., diecisiete de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Los tres cargos se analizan de manera conjunta, en vista de que persiguen el mismo objetivo, se encaminan por la misma vía y, en lo fundamental, comparten una similar argumentación.

Antes de examinar las acusaciones planteadas, la Sala tiene en cuenta como supuestos de hecho indiscutidos en el proceso, que el actor recibe del Instituto de Seguros Sociales una pensión de vejez a partir del 25 de noviembre de 1991, otorgada por medio de la Resolución 04669 del 9 de junio de 1992, teniendo en cuenta 694 semanas cotizadas y como último empleador al Club Campestre el Rodeo. Asimismo, que le prestó sus servicios al municipio de Medellín, desde el 29 de noviembre de 1982 hasta el 25 de junio de 2002, y al Ministerio de Guerra, desde el 26 de marzo de 1953 al 1º de febrero de 1959, por lo que reunió más de 20 años de servicio al Estado.

Igualmente, de acuerdo con lo precisado por el Instituto de Seguros Sociales en las resoluciones 14750 del 25 de noviembre de 1999 (fls. 19 a 21) y 17082 del 18 de diciembre de 2000 (fls. 30 a 35), la pensión de vejez reconocida al actor se fundamentó en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, y no se tuvieron en cuenta los tiempos servidos al municipio de Medellín ni al Ministerio de Guerra, por cuanto sus reglamentos le impedían acumular tiempos del sector público y privado. En ese sentido, las pensiones de jubilación y de vejez se derivan de tiempos de servicio y cotizaciones diferentes.

En esencia, el censor reprocha al tribunal por haber concluido que la pensión de vejez que le fue reconocida al actor por el Instituto de Seguros Sociales, resulta incompatible con la pensión de jubilación que se pretende en el presente proceso y que encuentra su fuente en la Ley 33 de 1985. Para tales efectos, arguye que: i) del artículo 49 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, no puede derivarse una prohibición para recibir las dos asignaciones, entre otras porque no emanan las dos del tesoro público; ii) que el literal j del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 tampoco consagra esa incompatibilidad, sino otra diferente entre pensiones de vejez y de invalidez; iii) y que dicha deducción resulta contraria a los derechos adquiridos con arreglo a un justo título, pues las dos pensiones tienen una reglamentación autónoma, además de que se basan en tiempos y fuentes de financiación diferentes.

La razón fundamental del tribunal para inferir que las dos prestaciones resultaban incompatibles estuvo dada en que el artículo 49 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, así lo preveía. Dicha corporación sostuvo, en ese sentido:

“(…) Sin embargo, sucede que mediante Resolución 4669 del 9 de junio de 1992 el Instituto de Seguros Sociales le reconoció al demandante la pensión de vejez a partir del 25 de noviembre de 1991 (fl. 100). Y aunque en el texto de la resolución no se indicó con base en qué norma fue reconocido el derecho pensional, es entendido que se hizo con base en los reglamentos del ISS vigentes en ese momento (Acdo. 049/90 aprobado por el D. 758 del mismo año), y por haber acreditado los requisitos en cuanto a edad y número de semanas cotizadas exigidos en esa normatividad.

El artículo 49 del mencionado acuerdo es del siguiente tenor literal:

“Incompatibilidad. Las pensiones e indemnizaciones sustitutivas que cubre el ISS, son incompatibles: a) entre sí, b) con las demás pensiones y asignaciones del sector público y c) con las pensiones de jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988. Sin embargo el beneficiario podrá optar por la más favorable, cuando haya concurrencia entre ellas”.

Como puede verse, por disposición legal, la pensión de vejez que actualmente recibe el demandante y que le fue reconocida en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, es incompatible con la pensión de jubilación del sector público, que ahora solicita con base en la Ley 33 de 1985.

Y son incompatibles precisamente porque amparan el mismo riesgo, de la misma persona y como contraprestación de unos servicios personales, independientemente de los recursos con se financie una u otra”.

Esa fue la razón nodal de la decisión del tribunal, pues, como lo reclama la réplica en la oposición al segundo cargo, la cita del literal j del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 fue marginal y tuvo como objetivo primordial el de construir un argumento a fortiori, pero siempre con la asimilación de que dicha disposición se refiere “(…) únicamente a las pensiones de invalidez y de vejez”. Por lo mismo, no tiene razón la censura en acusar una aplicación indebida de dicha norma.

Decantado lo anterior, la Sala debe advertir que el tribunal sí incurrió en una infracción jurídica al aplicar a la presente controversia el literal b) del artículo 49 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, que, aunque no está lo suficientemente precisada en la estructuración del ataque en casación, sí puede encontrarse denunciada en la demostración de los cargos.

Ello es así porque el tribunal definió la incompatibilidad entre las dos pensiones de jubilación y de vejez con fundamento en una norma que, como se verá más adelante, resultaba inaplicable y porque, tras ello, dejó de tener en cuenta que, como se reclama en los cargos, dichas asignaciones encuentran causas, reglamentaciones y fuentes de financiación diferentes, de manera que resultan compatibles.

Lo primero que debe tenerse en cuenta es que, entre otros, el literal b) del artículo 49 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, fue declarado nulo por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 3 de abril de 1995 (exps. acum. 5708, 5833, 5937). En dicha decisión, entre otras cosas, esa corporación acogió la postura defendida por esta Sala de la Corte, en la cual se apoya la censura, con fundamento en la cual no puede sostenerse que los dineros administrados por el Instituto de Seguros Sociales provengan del tesoro público, en tanto se conforman con los aportes de empleadores y trabajadores.

Por lo anterior, para el momento en el que se pretendía aplicar la incompatibilidad establecida en el literal b) del artículo 49 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, dicha disposición carecía de efectos y no podía gobernar válidamente la situación, por haber sido expulsada del ordenamiento jurídico. (Así lo ha sostenido la Sala en decisiones como la del 15 de diciembre de 1999, Rad. 12699, 23 de junio de 2006, Rad. 27489, 3 de octubre de 2006, Rad. 28823, entre otras).

De otro lado, al margen de lo anterior, la Sala no encuentra algún otro fundamento jurídico válido que ampare la incompatibilidad de las pensiones, que encontró demostrada el tribunal. Contrario a ello, en situaciones similares a la que se analiza, ha concluido que no existen razones suficientes para negar la coexistencia de derechos pensionales, como la que se reclama en este proceso.

En efecto, aunque esta Sala de la Corte ha sido especialmente enfática en sostener que, en principio, dentro de la estructura y principios del sistema integral de seguridad social no resulta posible que una persona perciba más de una pensión, por cuanto existe una tendencia a lograr unidad y universalidad en el aseguramiento de los riesgos, lo cierto es que tal regla ha sido aplicada en situaciones en las que la incompatibilidad está prevista expresamente en la ley o en aquellas en las cuales resulta razonable definirlo, porque, por ejemplo, las dos prestaciones se fundamentan en un mismo tiempo de servicio. (Ver en tal sentido la sentencia del 23 de junio de 2006, Rad. 27489).

En ese orden de ideas, en hipótesis como la que aquí se analiza, en donde la pensión de vejez es reconocida con base en los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales, como el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, y por tiempos de servicio privado, a la vez que la pensión de jubilación se fundamenta en la Ley 33 de 1985, por tiempos de servicio al Estado, diferentes a los de la pensión de vejez, la Sala ha concluido que las dos prestaciones resultan compatibles. Esa orientación puede verse reflejada en sentencias como la del 27 de enero de 1995, Radicado 7109, en la que se dijo:

“Con base en todas las reflexiones que se han dejado expuestas, se tiene que en el sub-exámine, estamos en presencia de dos pensiones completamente diferentes, la que recibe el demandante de la Caja Nacional de Previsión Social y la que reclama ahora del Seguro Social, las que igualmente tienen un origen o concepto distinto, pues la una obedece a servicios prestados al Estado colombiano y la que reclama del ISS es por haber prestado servicios laborales a otra entidad, cotizando a dicho ente para el riesgo de vejez y los fondos con los que se pagan esas pensiones, son igualmente opuestos, todo lo cual hace que las dos pensiones sean compatibles.

Igualmente, debe anotarse que esta Sala de la Corte se ha pronunciado en asuntos, en los cuales se ha expresado que no existe incompatibilidad de carácter institucional entre la pensión de jubilación reconocida por una entidad oficial con la sustitución pensional o pensión de viudez otorgada por la misma u otra entidad oficial, lo cual también puede predicarse cuando el Instituto de Seguros Sociales reconoce una pensión de sobrevivientes a favor de la viuda y por otra parte otorga directamente a la trabajadora la pensión de vejez originada en un riesgo diferente, por la prestación de sus propios servicios. Entre otras, pueden citarse, la del 21 de mayo de 1991; 3 de marzo de 1994; 2 de noviembre de 1994 y 24 de enero de 1995”.

De igual forma, en vigencia de la Ley 100 de 1993, en reciente decisión del 4 de julio de 2012, Radicado 40413, la Sala adoctrinó al respecto:

“Para el recurrente, del aparte de la disposición que se ha subrayado se desprende que el actor no puede aspirar a, simultáneamente, contar con la pensión de jubilación prevista por la Ley 33 de 1985, por haber prestado el término de servicios exigido por esta en el sector público, y con la de vejez contemplada en los acuerdos que regulan las prestaciones otorgadas por el demandado, por contar con el número de cotizaciones allí exigido, así estas provengan de servicios prestados a empleadores particulares y fueren anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993. Lo dicho, sencillamente, porque los aportes de los afiliados a la seguridad social constituyen un fondo común de naturaleza pública y las dos prestaciones cubren un mismo riesgo, que es el de vejez.

“Para la Corte, no asiste razón alguna al Instituto recurrente en su alegación, habida cuenta de la claridad del mentado inciso del artículo 17 en cuanto a que los tiempos oficiales laborados o cotizados que no se incluyan para el reconocimiento de la pensión, vale decir, que no se hayan requerido para tal efecto o que hayan sido excluidos de su cómputo y que, por ende, no debieron ser parte del cálculo del bono pensional o no procedió su expedición, deben ser entregados al fondo de pensiones que reconoció la respectiva pensión en valor equivalente al de las cotizaciones para pensión de vejez que se hubieren efectuado o debido efectuarse a un régimen como el administrado por el ISS, actualizado con el DTF pensional de que trata la misma norma.

“Por manera que la referida disposición alude a la imposibilidad de accederse al derecho pensional otorgado por el ISS, cuando el trabajador en transición ha cumplido las exigencias de número de semanas de cotización y la edad que preveían sus acuerdos, con independencia, ahí sí puede decirse sin hesitación alguna, de que contare con el derecho pensional de orden oficial por haber prestado el tiempo de servicios y la edad allí requeridos.

“Es que, como lo dijera la Corte Constitucional en la sentencia en que apoya el demandado infructuosamente su argumentación, y de la cual se hace pleno eco en esta decisión, que es contraria en su entendimiento a la que la censura propone, la normativa examinada alude es al ‘traslado’ de los excedentes de tiempo de servicios cumplidos sin cotización o de cotizaciones efectuadas por los trabajadores de los entes territoriales a los cuales se refiere en su contexto la Ley 549 de 1999, es decir, de los obtenidos ‘después’ de contabilizarse los exigidos por las normas pensionales, que no hacen parte de los bonos pensionales que conforman capital de la pensión del trabajador pero sí del pasivo pensional del ente territorial —objeto de regulación de la ley en general—, con la finalidad de engrosar los fondos comunes de naturaleza pública que se constituyen como capital de las administradoras de riesgos pensionales para el reconocimiento de los derechos de sus afiliados, no de una fórmula mediante la cual se pierden dichos tiempos de servicio no cotizados o de las cotizaciones que durante ellos se hubieren efectuado, que es lo propuesto por el recurrente, pues esos no son recursos de libre destinación del fondo de pensiones, ni de propiedad el Estado, sino recursos mediante los cuales se desarrolla el valor jurídico de la solidaridad dentro del régimen de prima media con prestación definida que administran fondos de pensiones como el demandado.

“En sus palabras, así refirió esa corporación el anterior entendimiento en la sentencia de que se ha hecho cita:

“Ahora bien: que los aportes que no se incluyan en el bono pensional o aquellos en los que no procede la expedición del bono, deban entregarse a quien reconozca la pensión y no al trabajador que los hubiera hecho, no infringe el ordenamiento superior, pues los aportes para pensión, efectuados por los servidores públicos pertenecientes al régimen de prima media con prestación definida, administrado por el ISS y las cajas o fondos del sector público existentes antes de expedirse la Ley 100 de 1993, son recursos de carácter público que ingresan a un fondo común de naturaleza pública, según lo dispuesto en el artículo 32-b) de la Ley 100 de 1993, y están destinados al pago de las prestaciones pensionales. En consecuencia, dichos recursos no se podrán destinar ni utilizar para fines diferentes a la seguridad social, como expresamente se establece en el penúltimo inciso del artículo 48 de la Constitución, al estatuir que “No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella”.

“Esta la razón para que la Corte haya afirmado, al declarar la constitucionalidad del aparte citado del artículo 32-b), que la naturaleza misma de los aportes que conforman el fondo común “en ningún momento puede implicar que la Nación pueda apropiarse de estos recursos ni mucho menos, que puedan recibir el tratamiento que se da a los ingresos ordinarios del Estado. La Corte entiende que la definición que el inciso acusado hace del fondo común en el régimen de prima media con prestación definida como de naturaleza pública, es para denotar su contraposición con el régimen de ahorro individual, donde cada afiliado posee su cuenta de ahorro individual y como tal, su aporte no es utilizado para garantizar las pensiones de otros afiliados”.

“Luego, en ningún yerro jurídico incurrió el tribunal al considerar que por cumplir el actor, por estar amparado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, los requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año, para acceder a la pensión de vejez, dado que reunió el número de semanas de cotización provenientes de empleadores particulares en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, y sin lugar a reproche alguno por contar con la pensión oficial por cuanto, a su vez, había prestado el tiempo de servicios contemplado por la Ley 33 de 1985 al servicio del Estado, tenía derecho a la reclamada pensión de vejez.

“Ahora bien, en relación con las alegaciones concernientes a la imposibilidad de contar el actor con dos pensiones, una del sector público y otra del régimen común administrado por el Instituto de Seguros Sociales, con argumentos relativos al objeto de cada prestación e, inclusive, a la de su financiación, basta decir que son cuestionamientos más que superados por la jurisprudencia, pues de data bastante anterior se ha entendido por esta que si la primera fue reconocida por servicios prestados al sector público con o sin aportes a las anteriormente llamadas ‘cajas de previsión’; en tanto la segunda fue otorgada, a su vez, por prestarlos a empleadores particulares y con aportes al instituto aquí demandado, las dos prestaciones emergen compatibles en favor del trabajador, pues en modo alguno su razón de ser, su objeto y su financiación se pueden confundir. Predicamento que continúa vigente para quienes, siendo beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, prestaron sus servicios a empleadores públicos con anterioridad a su vigencia, e igualmente lo hicieron a particulares siendo afiliados a la entidad demandada por estos desde aquella época, pero que por razón del requisito de edad apenas vienen a acceder al derecho pensional, en uno o los dos casos, en vigencia de esta nueva normatividad.

“En similares términos asentó la Corte en fallo de 12 de agosto de 2009 (Rad. 35.374) lo siguiente:

“Importa anotar que sobre el tema de la compatibilidad de pensiones de vejez del Seguro Social y de jubilación del sector oficial, antes de la vigencia del sistema pensional consagrado en la Ley 100 de 1993, esta Sala de la Corte, en sentencia de 27 de enero de 1995, Radicación 7109, expresó lo que a continuación se transcribe:

““Es asunto aceptado por las partes que el demandante viene pensionado por la Caja Nacional de Previsión, Resolución 6373 de octubre de 1967, por haber laborado más de 20 años al servicio del Estado colombiano (hecho 7 de la demanda inicial, fl. 2 y respuesta al mismo, fl. 21). Igualmente aceptan que el reclamante solicitó al ISS el reconocimiento de su pensión de vejez por haber cumplido la edad de 60 años y haber cotizado al citado Instituto más de 500 semanas, el 30 de julio de 1985, la que le fue negada (demanda principal, fls. 1 a 3 y su respuesta, fl. 21).

““Es innegable que el artículo 64 de la Constitución de 1886, reformado por el artículo 23 del Acto Legislativo 1 de 1936 y hoy con el artículo 128 de la Carta Política, a nadie le permite recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas e instituciones en la que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. En la constitución anterior se entendió como tesoro público el de la Nación, los departamentos y los municipios; en la de 1991 se agrega el de los entes descentralizados.

““La filosofía del precepto constitucional que no permite la percepción de dos asignaciones del tesoro público o que provengan de empresas o de instituciones en que la participación estatal sea principal o mayoritaria, no es otra que la de impedir, por razones de moralidad y decoro administrativos, que los empleados oficiales puedan valerse de su influencia para obtener del Estado una remuneración diferente o adicional a la que perciben como sueldo, sea que tal asignación adicional revista el carácter de honorario, dieta o comoquiera denominarse. Pero debe observarse que esa prohibición constitucional no puede extenderse a aquellos casos en los cuales no se vulnera esa norma, que tiende —se repite— a preservar la moral en el servicio público.

““El artículo 47 del D.-L. 1650 de 1977 calificó al ISS como establecimiento público (hoy empresa industrial y comercial del Estado, art. 1º D.-L. 2148/92). El ISS fue creado por la Ley 90 de 1946. En el artículo 16 de la citada ley, se adoptó un sistema de financiación tripartita; trabajadores, empleadores y Estado. Dicha forma de financiación se varió con el Decreto-Ley 433 de 1971, en cuanto a los aportes del Estado, por un “aporte anual que se señalará en los presupuestos de rentas y gastos de la Nación” (lit. e ibíd.). Posteriormente se dictó el Decreto-Ley 1650 de 1977, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 12 de ese mismo año, estableciéndose en el artículo 22 lo siguiente: “De los aportes de patronos y trabajadores. En los seguros de enfermedad en general, maternidad, invalidez, vejez y muerte, los patronos o empleadores aportarán el sesenta y siete por ciento de la cotización total y los trabajadores el treinta y tres por ciento.

““La cotización para el seguro de accidente de trabajo y de enfermedad profesional estará exclusivamente a cargo del patrono o empleador”. Puede verse con facilidad, que el aporte del Estado desapareció de la seguridad social (hasta antes de la L. 100/93, expedida en desarrollo del art. 48 de la Constitución Política).

““Puede decirse, entonces, que el ISS se convirtió en un mero administrador de los dineros que aportaran asalariados y empleadores, con el compromiso de manejarlos; y por consiguiente no puede afirmarse que las pensiones que este otorgue provinieron del tesoro público.

““El Consejo de Estado, en fallo del 24 de marzo de 1983 expuso sobre el particular: “... Lo anterior exonera a la Sala de hacer el estudio sobre la naturaleza jurídica de las pensiones de jubilación acordadas por el Instituto de Seguros Sociales, que aunque últimamente configurado por establecimiento público, pagan las jubilaciones con recursos de origen privado, como son las cuotas obrero patronales, pues su financiación tripartita desapareció ante la peregrina tesis de que la mora en el pago extingue la obligación legal. Y no solo los fondos son de derecho privado sino que los beneficiarios por lo menos en principio son trabajadores particulares”.

““Con base en todas las reflexiones que se han dejado expuestas, se tiene que en el sub-exámine, estamos en presencia de dos pensiones completamente diferentes, la que recibe el demandante de la Caja Nacional de Previsión Social y la que reclama ahora del Seguro Social, las que igualmente tienen un origen o concepto distinto, pues la una obedece a servicios prestados al Estado colombiano y la que reclama del ISS es por haber prestado servicios laborales a otra entidad, cotizando a dicho ente para el riesgo de vejez y los fondos con los que se pagan esas pensiones, son igualmente opuestos, todo lo cual hace que las dos pensiones sean compatibles.

““Igualmente, debe anotarse que esta Sala de la Corte se ha pronunciado en asuntos, en los cuales se ha expresado que no existe incompatibilidad de carácter institucional entre la pensión de jubilación reconocida por una entidad oficial con la sustitución pensional o pensión de viudez otorgada por la misma u otra entidad oficial, lo cual también puede predicarse cuando el Instituto de Seguros Sociales reconoce una pensión de sobrevivientes a favor de la viuda y por otra parte otorga directamente a la trabajadora la pensión de vejez originada en un riesgo diferente, por la prestación de sus propios servicios. Entre otras, pueden citarse, la del 21 de mayo de 1991; 3 de marzo de 1994; 2 de noviembre de 1994 y 24 de enero de 1995”.

“De manera que el juzgador de segundo grado se equivocó al concluir que en este caso no procedía la condena por dicha pensión, en razón de que el trabajador tenía una pensión de jubilación reconocida por el sector estatal, por sus servicios como docente dado que para esa época el empleador no se eximía de cotizar al Instituto de Seguros Sociales cuando el trabajador prestaba, además, sus servicios en el sector público; ello hasta el punto de que la jurisprudencia laboral, como se ha visto, determinó que era compatible la pensión de vejez, que otorga ese Instituto, con las de origen público o estatal”.

Así las cosas, se repite, el juez de la alzada en modo alguno incurrió en los desafueros jurídico que le atribuye la censura” (negrillas fuera de texto).

Así lo ha concluido también el Consejo de Estado, en sentencias en las que, apoyado en la doctrina con fundamento en la cual los recursos administrados por el Instituto de Seguros Sociales no provienen del tesoro público, ha sostenido por ejemplo que, “(…) es innegable que la pensión de retiro por vejez reconocida, puede ser compatible con la que el Instituto de los Seguros Sociales reconozca o pueda reconocer, en virtud de que a la primera se hizo acreedor el demandante por una previsión especial de la ley, y la segunda proviene de cotizaciones hechas al Seguro” (ver sentencia del 20 de enero de 2000, Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Rad. 1086-99.)

Tras lo anterior, se debe concluir que la pensión de vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, que encuentra su fuente en los reglamentos de dicha institución y se causa por las cotizaciones allí efectuadas, es compatible con la pensión de jubilación que se funda en la Ley 33 de 1985 y se deriva de tiempos de servicio al Estado, diferentes a los tenidos en cuenta para reconocer la pensión de vejez. Y ello es así por virtud de que las dos prestaciones, como lo reclama la censura, encuentra reglamentaciones, causas y fuentes de financiación diferentes.

Como corolario, el tribunal incurrió en las infracciones jurídicas denunciadas por la censura, al encontrar probada una incompatibilidad entre las dos prestaciones teniendo en cuenta una norma anulada —literal b) del artículo 49 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año—, y al desconocer que las dos pensiones son autónomas y no se excluyen entre sí.

El cargo es fundado y se casará completamente la sentencia recurrida.

En sede instancia y para mejor proveer respecto de los recursos de apelación interpuestos, se oficiará al Instituto de Seguros Sociales con el fin de que remita al presente proceso copia de la historia laboral del señor Héctor Antonio Yepes Álvarez, en la que se precisen las semanas cotizadas por el municipio de Medellín, así como el ingreso base de cotización que fue tenido en cuenta para tales efectos.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 30 de abril de 2008 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por el señor Héctor Antonio Yepes Álvarez contra el Instituto de Seguros Sociales y el municipio de Medellín.

Para mejor proveer, antes de proferir la decisión de instancia que corresponda en este punto, se oficiará al Instituto de Seguros Sociales con el fin de que remita al proceso copia de la historia laboral del señor Héctor Antonio Yepes Álvarez identificado con cédula de ciudadanía 547.607 de Medellín, en la que se precisen las semanas cotizadas por el municipio de Medellín, así como el ingreso base de cotización que fue tenido en cuenta para tales efectos.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».