Sentencia 36948 de julio 27 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo López Villegas

Ref.: Expediente 36948

Acta 26

Bogotá, D.C., veintisiete de julio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

Basta con la enunciación de una norma de carácter sustancial que se considere transgredida para que el cargo pueda ser estudiado, lo anterior en virtud de la facultad que otorgan la Ley 16 de 1968 y el Decreto Extraordinario 2651 de 1991; lo anterior se reitera aún se echen de menos normas procesales que en aras de una formulación precisa y completa deberían ser invocadas en el sub lite, dado el desarrollo del cargo a partir de la individualización de las pruebas y del señalamiento de los errores en que pudo haber incurrido el fallador de segunda instancia.

Se duele el censor de la decisión recurrida en cuanto consideró que: a) no se acreditó la calidad de cónyuge de la actora según la tarifa legal y b) En desconocer que la demandada ya que le había reconocido la condición de beneficiaria.

No halla error la Sala en la consideración que hizo el ad quem consistente en que la calidad de cónyuge se ha de probar según la tarifa legal; pero si en estimar que in casus debía exigirse la prueba de la condición de beneficiaria.

Observa la Sala a folio 5 la Resolución 11798 de 1998, en la que se le negó a la actora la pensión de sobrevivientes, por no cumplir con los presupuestos consignados en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, no obstante lo anterior, en la misma resolución la entidad concedió la indemnización sustitutiva; por tanto si la entidad demandada ya había reconocido la calidad de beneficiaria, este aspecto esta por fuera de controversia.

Al respecto esta Sala se ha pronunciado en un caso similar al del sub lite en sentencia con radicado 35463, así:

“Para resolver el fondo de los cargos resulta necesario precisar, por ser además puntos sin discusión, que Luis Hernando Vélez Pulgarín, al momento del fallecimiento (ago. 9/99) no era pensionado; que cotizó al ISS 751 semanas, anteriores al 1º de abril de 1994 y que, por no reunir el mínimo de 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior al fallecimiento, el Instituto accionado le negó, a la demandante, la pensión de sobrevivientes, pero le reconoció la indemnización sustitutiva.

Lo anterior es lo que registra, además, la Resolución del ISS 10137 de 2000 (fl. 10), que la censura señala como erróneamente apreciada, en la que si bien no se puntualizó expresamente lo relativo a la convivencia, en tanto que el único argumento utilizado para negarle la pensión de sobrevivientes fue no demostrar el mínimo de 26 semanas en el último año de vida del otrora afiliado, sí concluyó que la actora tenía derecho, por tener el carácter de beneficiaria, “a recibir una indemnización sustitutiva de la misma”, pues explicó “Que según lo dispuesto en el artículo 47 de la misma ley y luego de estudiar la solicitud presentada, se establece que es procedente reconocer la indemnización a quienes acreditan su calidad de beneficiarios” (lo resaltado no pertenece al texto). Esta fue la lectura que de dicho medio de prueba hizo el ad quem en su providencia, respecto de que la accionante era beneficiaria del fallecido y en ese sentido no se equivocó en su estimación.

Bajo esas circunstancias, el juzgador, podía estimar sin equivocarse, que el tema de la calidad de beneficiaria de la actora no había sido discutido por el ISS, al contrario, la reconoció expresamente, según se subrayó, de tal modo que, al partir de ese hecho, no tenía que exigir una prueba en concreto, sobre la reseñada condición, que sirvió de fundamento para que la entidad reconociera la referida indemnización sustitutiva.

Esta Sala de la Corte, sobre el particular tema, en proceso de similares contornos, inclusive contra el mismo instituto demandado, en sentencia del 12 de diciembre de 2007, Rad. 31055 precisó, que “los beneficiarios de la indemnización sustitutiva a que hace referencia el artículo 49 de la Ley 100 de 1993, son los mismos a los que se remite el artículo 47 ibídem, que señala quienes, “son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes”, entre los cuales está la cónyuge superstite en este caso, del afiliado o pensionado. A renglón seguido también puntualizó: “Por lo tanto, si los requisitos para la pensión de vejez no estaban satisfechos para la fecha del fallecimiento, los eventuales beneficiarios de la pensión de sobrevivientes son los mismos de la indemnización sustitutiva, lo que quiere decir que quienes no tuvieren la condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, tampoco lo serán para la referida indemnización”.

Así, el tribunal entendió en forma razonada, que como ya estaba definida la condición de beneficiaria de la cónyuge, no era necesario que demostrara la convivencia con el afiliado fallecido.

Es conveniente reseñar que la jurisprudencia tiene definido que el requisito de la convivencia, es exigible por igual al o a la cónyuge, compañero/a sobreviviente del “pensionado” o del “afiliado”, entre otras, en sentencias del 5 de mayo y 25 de octubre de 2005, radicados 22560 y 24235 respectivamente. No obstante, este punto estaba por fuera de debate, por lo antes explicado.

El tribunal no incurrió en los errores de hecho que se le endilgan en el segundo cargo, ni en la infracción a que se alude en el primero”.

En consecuencia, prospera el cargo.

En sede de instancia se da indicar que, al no haber discusión en cuanto a la calidad de beneficiaria de la actora, la Sala entra a estudiar lo referente a la aplicación de la condición más beneficiosa, al sub lite.

Obra a folio 6 copia del registro civil de defunción del señor León Antonio Suaza Builes, cónyuge de la actora, en el que se encuentra consignado como fecha de su fallecimiento el 11 de junio de 1998; obran a folios 67 a 73 los reportes de las semanas cotizadas, de los que se extracta que el causante cotizó un total de 495.1429 semanas entre el 1º de junio de 1976 y el 15 de marzo de 1989.

El principio de la condición más beneficiosa en materia pensional ha tenido extensa aplicación por parte de la jurisprudencia, respecto a aquellas personas que habiendo cumplido con un nivel elevado de cotizaciones antes de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, (150 semanas de cotización dentro de los 6 años anteriores a la fecha del estado de invalidez, ó 300 semanas en cualquier época con anterioridad a ese estado) tal como lo determinaba el artículo 6° del Acuerdo 49 de 1990 del ISS, no cumplían con las 26 semanas para el momento de la invalidez o de la muerte exigidas por la Ley 100 de 1993, pero en razón a que se consideró que la nueva legislación traía una exigencia menor en número de cotizaciones respecto de la legislación anterior.

Esta corporación en asuntos semejantes, en relación con el punto de derecho que se discute, ha dejado claro, que pese a haber fallecido el afiliado en vigencia de la Ley 100 de 1993, son aplicables, por virtud del principio de la condición más beneficiosa, las disposiciones contenidas en el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, si para el momento de entrar en vigencia la citada ley, se daba el supuesto del número de semanas cotizadas para que sus beneficiarios pudiesen acceder a la pensión de sobrevivientes, en sentencia con radicación 21639, del 15 de junio de 2004, se pronunció así:

“...Y de esto lo que se colige y, por consiguiente, se destaca y precisa, es que con dicha pauta jurisprudencial lo que se quiso y quiere es proteger a aquellos afiliados que para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 en materia de pensiones: 1º de abril de 1994, ya habían satisfecho el mínimo de cotizaciones que la normatividad vigente hasta esta data les exigía para tener derecho a la pensión de sobrevivientes, como era, al tenor del artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, 300 semanas en cualquier tiempo.

“Lo antes afirmado significa que la Ley 100 de 1993, como se expresa en el fallo que trae a colación el recurrente, no quedaron abolidas las prerrogativas de los derechohabientes originadas por afiliados que durante su vinculación como sujetos activos habían cumplido todas las cotizaciones exigidas en el reglamento aplicable y antes de entrar a regir la nueva ley se desafiliaron del sistema al considerar fundadamente que por faltarles únicamente el requisito del fallecimiento, sus familiares podrían reclamar la respectiva prestación al momento del deceso. Predicamento que también lógicamente es extensivo a quienes siguieron afiliados al sistema y para la época en que entró a regir el mismo tenía las 300 semanas cotizadas en la normatividad vigente para esa data”.

En cuanto a la pretensión encaminada a obtener la condena por intereses moratorios que consagra el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, son procedentes por cuanto esta Sala en reiteradas oportunidades, se ha referido a su causación, entre ellas en la sentencia con radicado 33164, del 25 de noviembre de 2008, así:

“La jurisprudencia de esta Sala ha entendido que bajo la expresión ‘en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley’ contenida en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, quedan comprendidas las pensiones que se forman dentro del sistema ya como pensiones de vejez, de invalidez ora de sobrevivientes.

“Y no solamente las que se concedan cumpliendo con los requerimientos de los artículos 31, 33, 39 y 46 de la citada normatividad, sino también aquellas que se formaron en los regímenes anteriores administrados por el Instituto de Seguros Sociales, esto es, las de vejez que quedaron a cargo del Sistema de Seguridad Social Integral que se conceden regidas por las reglas del artículo 36 de la Ley 100 o régimen de transición, por satisfacer los requisitos previstos en los artículos 12 y 25 del Acuerdo 49 de 1990 y causadas en vigencia de la Ley 100 de 1993, y las que por interpretación jurisprudencial también quedaron incorporadas al sistema con el cumplimiento de estas exigencias, dentro de las cuales están comprendidas las pensiones de sobrevivientes como la que se reclama en el sub lite.

“Esta corporación ha tenido la oportunidad de aplicar este criterio, en otras ocasiones en que también se han concedido pensiones de sobrevivientes con invocación del principio de la condición más beneficiosa y se ha declarado procedente la condena a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, entre ellas las de 21 de marzo de 2007 radicado 27549 y de 11 de septiembre de 2007 radicado 29818. En esta última se dijo textualmente:

‘De los primeros (intereses moratorios establecidos en el art. 141 de la L. 100/93) se tiene que son procedentes, habida consideración que la pensión de sobrevivientes es una prestación consagrada en dicha normatividad y en el presente caso esta se causó durante su vigencia, pues el señor Libardo de Jesús Ríos de quien la actora deriva el derecho a la misma, falleció el 15 de feb./2000)’”.

Para mejor proveer por Secretaria ofíciese al Instituto de Seguros Sociales, a fin de que remita a ésta corporación la historia laboral del causante León Antonio Suaza Builes.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 16 de mayo de 2008, en el proceso ordinario laboral seguido por Ruth Cecilia García Ospina contra el Instituto de Seguros Sociales.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».