Sentencia 36967  junio 16 de 2010

 

Sentencia 36967  junio 16 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 36967

Acta Nº: 20

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D.C., dieciséis de junio de dos mil diez.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por Graciela Esther Castro Martínez, contra la sentencia de 15 de mayo de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el proceso ordinario promovido por la recurrente contra la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Marta Telesantamarta S.A. E.S.P., en liquidación.

EXTRACTOS: «Se considera

No obstante que los cargos se formulan por diferente vía, existe identidad en la proposición jurídica denunciada, similitud en sus argumentaciones y en el objetivo propuesto, además de la complementariedad que se refleja en ellos. En tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, la Sala analizará conjuntamente las acusaciones.

La incoherencia en las motivaciones del fallo cuestionado, es sólo aparente, puesto que, una reposada lectura de su texto, permite entender que aunque el Tribunal dedujo que el despido había sido injusto, con el pago de la indemnización prevista en la ley, quedaban cubiertos los perjuicios causados a la demandante, por el hecho del despido. En ese orden, el problema jurídico consiste en dilucidar si la indemnización por despido injusto que la accionada reconoció a Graciela Esther Castro, debió liquidarse con base en la convención colectiva de trabajo y no en la ley, como lo hizo la empleadora, y lo avaló el sentenciador de alzada.

Conviene, en primer lugar, reiterar que la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador, con fundamento en el Decreto 1773 de 2004, expedido por el Gobierno Nacional, que dispuso la disolución, liquidación, y supresión de la empresa demandada, aunque legal, es incuestionablemente injusta, que como tal, amerita la reparación de los perjuicios, por la vía de la indemnización tarifada, toda vez que pese a estar precedida de autorización legal, es claro que el ejercicio de esa opción, no se encuentra erigida como una justa causa de despido. Así se desprende de la literalidad de los artículos 61 y 466 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogados por los  artículos 5º y 66, respectivamente, de la Ley 50 de 1990.

Recurrentemente, la Corte ha establecido la notoria diferencia que existe entre el despido autorizado legalmente y el despido con justa causa, en la medida en que no siempre el primero obedece a uno de esos motivos específicos que, en el orden de la justicia, sirven de fundamento a la extinción unilateral del contrato y que se denominan “justas causas”, como, para el caso del trabajador oficial, son las que establecen los artículos 16, 48, y 49 del Decreto 2127 de 1945, y para el privado el artículo 62, subrogado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, pues a los demás modos de terminación del contrato de trabajo no les da la ley esa especial denominación.

Así las cosas, el despido sin causa justa no necesariamente excluye al que opera por decisión unilateral del empleador, con autorización legal, porque de todos modos ésta es distinta a las establecidas como justas causas legales de despido, porque no se puede equiparar la legalidad de la terminación del vínculo, con el despido precedido de justa causa.

Ahora bien, si el Decreto 1773 de 2004, dispuso paladina y  perentoriamente en su artículo 26, que a los trabajadores a quienes se les terminara el contrato de trabajo, con motivo de la supresión de la empresa se les debe reconocer una “indemnización de acuerdo con el régimen que le sea aplicable”, resulta inexplicable que el Tribunal haya dejado de lado la aplicación de tal normativa, de contera infringiendo el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, porque convencionalmente se había pactado una tarifa indemnizatoria superior a la que la ley prevé para los despidos sin justa causa, obviamente favorable a los trabajadores, en términos económicos. En el precedente jurisprudencial invocado por la censura, que corresponde a supuestos fácticos similares, por no decir idénticos, a los que se dejaron descritos, se dejó dicho que:

“En efecto, la convención Colectiva de Trabajo, suscrita el 24 de enero de 2002, entre la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Marta “Telesantamarta” S.A. E.S.P. y su sindicato de trabajadores, con vigencia entre el 1º de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2004, visible a folios 14 a 32 del expediente, y de la cual era beneficiario el demandante, conforme dan cuenta los documentos que obran a folios 60 y 80 del expediente, establece en su artículo quincuagésimo octavo: “Indemnización: Telesantamarta pagará previo fallo favorable judicial a los trabajadores que sin justa causa hallan (sic) sido despedidos una indemnización del cien por ciento (100%) adicional de la tabla establecida por ley”.

En las condiciones anteriores, el régimen indemnizatorio aplicable para el caso del demandante, era precisamente el que prevé la convención colectiva de trabajo, que inclusive le resulta mucho más favorable para sus intereses, y no el que a la postre le canceló la empresa demandada, con fundamento en el artículo 6º de la Ley 50 de 1990”.

En consecuencia, al omitir la aplicación de la cláusula convencional trascrita en la reproducción anterior, el tribunal infringió el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, en tanto se rebeló contra el claro mandato allí contenido, que pregona la obligatoriedad de lo acordado en un convenio colectivo de trabajo.

Por lo visto, el cargo prospera y se casará la sentencia gravada, por lo cual, no hay lugar a imponer costas por el recurso extraordinario.

Lo discurrido para despachar los cargos, es suficiente para confirmar la decisión del juzgador de primer grado. Costas, como se dispuso en las instancias.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 15 de mayo de 2008, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el proceso promovido por Graciela Esther Castro Martínez contra la Empresa de Telecomunciaciones de Santa Marta S.A. E.S.P., en liquidación, en cuanto revocó la condena por indemnización convencional por despido injusto. En sede de instancia, confirma la proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta, el 14 de noviembre de 2007.

En las instancias, las costas se mantienen en los términos allí definidos. En casación no hay lugar a ellas.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».