Sentencia 36999 de julio 7 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo López Villegas

Ref.: Radicación 36999

Acta No. 23

Bogotá D.C., siete de julio de dos mil diez.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de Edis Elena Londoño Jaramillo contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 11 de abril de 2007, en el proceso promovido por la recurrente contra el Instituto de Seguros Sociales, y donde actuaron como intervinientes ad excludendum Balvanera de Jesús Diossa Quiroz, en representación de Wyndy Marcela, Andrés Felipe y Jhon Jairo Agudelo Diossa y María Cecilia Zabala Miranda en representación de Daniela Agudelo Zabala.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Corte

1. Para dar respuesta al opositor, se ha de indicar que la Corte tiene establecido el criterio de que si no obstante la extemporaneidad o falta de la apelación, la segunda instancia se da por razón de la consulta prevista en la ley, la persona a favor de quien se surte ese grado jurisdiccional queda habilitada para cuestionar la sentencia de segundo grado en casación, a pesar de su inactividad frente a la decisión de primer grado que le fue totalmente desfavorable, en virtud de la tutela especial que se busca con esa figura.

2. En ningún yerro hermenéutico incurrió el tribunal respecto del artículo 10 del Decreto 1889 de 1994, pues nada distinto de lo indica su texto derivó el tribunal al entender que según ese precepto, para efectos de la pensión de sobrevivientes dentro del ámbito de la normatividad vigente, ostentaría la calidad de compañero (a) permanente la última persona, de sexo diferente al del causante, que haya hecho vida marital con él, durante un lapso no inferior a dos años.

Lo que sucede es que con fundamento en prueba documental, concretamente la indagatoria rendida por el causante ante la Fiscalía el 21 de julio de 2001, infirió que la recurrente no cumplía con la exigencia de convivencia con el afiliado fallecido de mínimo dos años continuos con anterioridad a la muerte; es decir, no se trató de una inteligencia equivocada del precepto, sino que no halló satisfechos los requisitos en ella previstos, inferencia fáctica que dada la orientación jurídica del cargo se entiende admitida por el censor.

Ahora bien, el precepto en comento ni siquiera entendido en armonía con el artículo 11 del mismo Decreto 1189, dicen lo que pretende el impugnante, pues esta última disposición lo que consagra es una presunción de la condición de compañero (a) permanente, frente a quien haya sido inscrito como tal por el causante en la respectiva entidad administradora, pero esto debe ser entendido frente a la administradora respeto de la cual se reclama la prestación, y de todas maneras admite prueba en contrario. Y como se acaba de indicar, el análisis probatorio llevó al tribunal a la convicción de que la pareja integrada por el de cujus y la recurrente en casación, convivió por un término que no alcanzó los dos años.

Ahora bien, se impone precisar que la condición de compañero (a) permanente, tratándose de una situación que se origina en un conjunto de circunstancias que permiten determinar la decisión responsable de conformar un grupo familiar con vocación de estabilidad, sólo se puede dar por establecida en la realidad misma, sin que se pueda acudir como sí acontece con el matrimonio, a una formalidad, o a la mera inscripción como beneficiaria de una persona a la seguridad social.

Se ha de acreditar esa decisión responsable de conformar una familia, con el conglomerado de comportamientos que permitan establecer la seriedad de la intención, que se traduce en los actos objetivos tendientes a realizarla como lo es la convivencia común.

Pero hay que indicar que una cosa es la determinación de cuando se es compañero (a) permanente por estar presente la vocación de constituir un núcleo familiar con intención de permanencia y estabilidad, y otra muy distinta, el cumplimiento de los requisitos para acceder en esa condición como beneficiario de las prestaciones de la seguridad social según de la que se trate, esto es, para efectos de la pensión de sobrevivientes la convivencia al momento de la muerte y dos años continuos con anterioridad a ésta en la redacción original del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y cinco años en la reforma de la Ley 797 de 2003.

Por las razones anteriores, se desestima la acusación.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente y a favor del Instituto, único que presentó oposición.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, no casa la sentencia de once (11) de abril de dos mil siete (2007) proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso seguido por Edis Elena Londoño Jaramillo contra el Instituto de Seguros Sociales, y donde actuaron como intervinientes ad excludendum Balvanera de Jesús Diossa Quiroz, en representación de Wyndy Marcela, Andrés Felipe y Jhon Jairo Agudelo Diossa y María Cecilia Zabala Miranda en representación de Daniela Agudelo Zabala.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».