Sentencia 37 de abril 2 de 1986 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

PENSIÓN DE JUBILACIÓN VOLUNTARIA NO VITALICIA SINO TEMPORAL DERECHO A REAJUSTES ANUALES

La pensión voluntaria goza de todas las prerrogativas concedidas por la ley a los jubilados, entre ellas el derecho a los ajustes anuales ordenados por la Ley 4ª de 1976, claro está que por el lapso de vigencia de la dicha pensión extralegal y luego de haber cumplido una anualidad en la situación jurídica de pensionado al comenzar el año civil o del calendario en que, conforme a la ley, haya de hacerse el reajuste de las mensualidades pensionales

TESTIMONIOS

Los testimonios no son prueba calificada para el ataque en casación, por impedirlo el artículo 7º de la Ley 16 de 1969

Magistrado Ponente:

Dr. Juan Hernández Sáenz

Ref.: Expediente 37

Acta Nº 9

Bogotá, D.E., dos de abril de mil novecientos ochenta y seis.

La firma “Industrias Metalúrgicas Apolo S.A.”, fue condena en ambas instancias a reajustarle al señor Jairo Trujillo Cárdenas la pensión que de antemano le había reconocido y a pagársela en forma vitalicia, con los ajustes legales pertinentes.

Recurrió entonces la empresa contra el fallo de segundo grado, que pronunció el Tribunal Superior de Medellín el 14 de junio de 1985, para pedir que la Corte lo case en cuanto mantuvo aquellas condenas y que, luego de revocarlas, la deje libre de tales pretensiones del demandante. O que, en subsidio, limite los ajustes pensionales a los que corresponden a 1983 y 1984, conforme a la Ley 4ª de 1976.

Así lo impetró al sustentar su recurso (fls. 9 a 29 de este cuaderno) y propone dos cargos contra el fallo acusado, que procede a estudiar la sala.

Primer cargo

Dice: “Acuso la sentencia por la causal primera de casación prevista en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, esto es, por ser violatoria de la ley sustancial a causa de la aplicación indebida de los artículos 260 del Código Sustantivo del Trabajo y 1º de la Ley 4ª de 1976, en relación con los artículos 13, 15 del Código Sustantivo del Trabajo, 5º de la Ley 4ª de 1976, 193 y 259 del Código Sustantivo del Trabajo, 9º, 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, 11, 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966 del consejo directivo del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, aprobado por el artículo 1º del Decreto 3041 de 1966, 14 de la Ley 171 de 1961, y 1º del Decreto Reglamentario 2218 de 1966.

El quebranto de las anteriores disposiciones se produjo en forma directa independientemente de la cuestión de hecho y de las pruebas aducidas al proceso.

Demostración del cargo

Señala el ad quem que la controversia “se reduce a dejar establecido si el peticionario reúne el status de jubilado frente a la demandada, o si por el contrario goza de una bonificación periódica hasta cuando el Instituto de Seguros Sociales asuma el pago de la pensión de vejez” ... (fl. 57).

Después de analizar las pruebas aportadas, especialmente las documentales visibles a folios 6, 7, 8, 27 y 31 y 32 y la testifical, concluye que “... desde el mismo momento de la desvinculación del actor se le reconoció el status de jubilado con todas las consecuencias jurídicas como es el pago de la mesada adicional por el mes de diciembre, así se denomine prima; y el pago de la prima por jubilación, a que se hizo relación anteriormente” (fl. 61).

Reconoce el sentenciador que por no haber completado el acto diez años de servicios el 1º de enero de 1967, solamente le corresponde la pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales como lo tiene admitido la jurisprudencia de esa honorable sala a partir de la sentencia del 8 de noviembre de 1979 (Exp. 6508, con ponencia del honorable magistrado doctor Juan Manuel Gutiérrez L.).

Para los efectos de este cargo se acepta la conclusión (sic) fáctica del sentenciador mencionado en el párrafo anterior, o sea que el señor Trujillo Cárdenas no llevaba diez años el 1º de enero de 1967 y que el acuerdo celebrado con la empresa el 30 de abril de 1981 (fls. 7 y 31) le otorgó el status de jubilado a partir del 4 de mayo del mismo año.

Pero las anteriores circunstancias de hecho que no se controvierten en esta primera censura no conllevan la necesaria aplicación del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo a un caso no regulado por dicha norma, ya que ella alude a los eventos en que la pensión jubilatoria es por cuenta del empleador y no a aquéllos en que por haber sido este último sustituido en el riesgo por el sistema de seguridad social, como ocurre en el caso sub judice, otorga voluntariamente un reconocimiento extralegal, pues en ese evento la regla sustantiva citada no es aplicable y debe el juzgador atenerse a los términos del convenio celebrado entre las partes.

De lo anterior se sigue que aun aceptando que la demandada reconoció un status jubilatorio en favor del accionante a partir de la fecha de su desvinculación, no lo fue en los términos del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, cuya aplicación precisamente negó por causa de la asunción del riesgo de invalidez, vejez y muerte por parte del instituto de los Seguros Sociales, sino en los términos y con los alcances a que alude el acuerdo visible a folios 7 y 31, esto es, en forma temporal hasta cuando el demandante cumpliera los 60 años de edad, y en cuantía fija e inmodificable de $ 11.000 mensuales.

No podía entonces aplicar el sentenciador el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, a una situación no regulada por él, cual es la de un status de pensionado surgido de la libre voluntad del empleado y el empleador y no del cumplimiento de unos requisitos legales, pues lo demostrado en el plenario y admitido por los juzgadores de instancia fue lo primero y no lo segundo.

Tal aplicación indebida condujo a dar el carácter de vitalicia a una pensión de naturaleza eminentemente temporal y a disponer que su monto fuera reajustado al 75% del promedio de los salarios devengados por el actor en el último año de servicios, cuando ninguno de esos dos extremos había sido convenido por las partes. E igualmente, lo llevó a aplicar indebidamente el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976 al disponer el reajuste de esa pensión voluntaria, por los años 1982 (cuando ni siquiera el demandante había disfrutado un año de la pensión) 1983 y 1984, siendo así que la voluntad de las partes fue la de mantener una suma única e invariable de $ 11.000 mensuales hasta cuando el actor adquiriera el derecho a la pensión de vejez del Instituto de los Seguros Sociales, una vez cumplidos los sesenta años de edad.

El caso que aquí se examina no es similar al que tuvo oportunidad de estudiar esa honorable sala en la sentencia del 22 de junio de 1983, citada por el ad quem, ni tampoco al que le sirvió de antecedente —fallo del 9 de marzo de 1978— con ponencia del mismo honorable magistrado que ahora conoce de este recurso, ambos proferidos en procesos contra la empresa The National Cash Register Company.

En tales procesos se trató el caso de pensiones de jubilación vitalicias a cargo del patrono, pero respecto de las cuales éste hizo reconocimiento anticipado a cambio de plasmar en conciliación la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo.

Aquí no existía ninguna obligación pensional a cargo de mi representada, por encontrarse ésta totalmente subrogada por el Instituto de Seguros Sociales que tiene contemplado en su reglamento requisitos diferentes para adquirir el derecho a la pensión de vejez. Además, al actor se le reconoció exclusivamente un pago mensual de $ 11.000 en forma temporal y hasta cuando cumpliera los 60 años de edad.

Pero si eventualmente se llegare a aceptar el derecho del actor a percibir los reajustes previstos en el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, con apoyo en las doctrinas citadas, de ninguna manera ellas pueden conducir a que la pensión temporal fuese convertida en vitalicia y que su cuantía inicial fuese también elevada de $ 11.000 a $ 14.200.65 para ajustarla al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios, quebrantando con ello el sentenciador el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, al aplicarlo de manera indebida.

No respetó el tribunal ni siquiera la voluntad del demandante, expresada en el hecho 4º de la demanda (fl. 1) y reiterada en el escrito visible a folios 69 y 70 por intermedio de su apoderado, pues conforme se desprende de esas manifestaciones lo pretendido fue únicamente el pago temporal de los reajustes pensionales hasta el 18 de noviembre de 1985, fecha a partir de la cual el Instituto de Seguros Sociales se hará cargo de la totalidad de la pensión de vejez del actor.

En los términos expresados dejo sustentado esta primera acusación contra la sentencia.

Se considera

No es de la esencia de las pensiones reconocidas voluntariamente que sean de carácter vitalicio. Bien puede suceder que empresario y empleado convengan pacíficamente que aquél le pague a éste una cantidad mensual mientras ocurre un determinado evento, por ejemplo, que el Instituto de Seguros Sociales le satisfaga al ex trabajador pensión de vejez o de invalidez, sin que ese acuerdo mutuo, que puede ser móvil para que el asalariado se retire del servicio, sea calificable como contrario a la ley o antijurídico por el hecho de que el beneficio para el trabajador sea temporal y no permanente o vitalicio.

Un convenio semejante no demerita o disminuye las prerrogativas mínimas que la ley les concede a los trabajadores. Antes bien, mejora la situación de quien se halla en trance de posesionarse por cuenta del sistema de la seguridad social pero, al hacer dejación voluntaria del empleo, no ha cumplido aún todos los requisitos para que aquel sistema comience a pagarle su pensión.

Sin embargo, la circunstancia de que el reconocimiento voluntario por parte de la empresa de una pensión a quien dejó de servirle no sea vitalicio sino temporal no implica que tal pensión deje de ser jubilatoria, ya que jubilación equivale a retiro del trabajo cumplido largamente y, entonces, una prestación que ampare a quien ya no labora, es pensión de retiro o de jubilación y merece, por lo tanto, todas aquellas ventajas que la ley les concede a los jubilados, entre ellas los ajustes de sus pensiones, claro está que sólo hasta el momento en que tenga vigencia la pensión voluntaria, de acuerdo con lo pactado expresamente por empresario y empleado.

No cabe duda pues, de acuerdo con lo expuesto, que tiene razón el cargo en cuanto afirma que el simple reconocimiento que hizo Apolo en favor de Trujillo de satisfacerle voluntariamente una pensión mientras el Instituto de Seguros Sociales comenzara a pagarle la de vejez, no le dio el carácter de vitalicia a esa pensión empresarial. Y también la tiene cuando sostiene que el valor inicial de la pensión no es ajustable de inmediato al mínimo señalado para las pensiones consagradas por la ley, ya que su origen es un acto voluntario y no un mandato del legislador.

Pero no le asiste la razón al ataque al argüir que las mensualidades pensionales de Trujillo deben conservar un monto constante hasta la expiración del beneficio que voluntariamente le otorgó la empresa, desde luego que, así fuera de modo temporal, Industrias Metalúrgicas Apolo pensionó por jubilación a su antiguo servidor y, en consecuencia, la pensión goza de todas las prerrogativas concedidas por la ley a los jubilados, entre ellas, el derecho a los ajustes anuales ordenados por la Ley 4ª de 1976, claro está que por el lapso de vigencia de la dicha pensión extralegal y luego de haber cumplido una anualidad en la situación jurídica de pensionado al comenzar el año civil o del calendario en que, conforme a la ley, haya de hacerse el reajuste de las mensualidades pensionales.

Todas las reflexiones anteriores llevan a concluir que el cargo analizado debe triunfar parcialmente, con las consecuencias que más adelante se expondrán.

Segundo cargo

Dice: “Acuso la sentencia por la causal primera de casación prevista en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, esto es, por ser violatoria de la ley sustancial a causa de la aplicación indebida de los artículos 260 del Código Sustantivo del Trabajo, y 1º de la Ley 4ª de 1976, en relación con los artículos 13 y 15 del Código Sustantivo del Trabajo, 5º de la Ley 4ª de 1976, 193 y 259 del Código Sustantivo del Trabajo; 9º, 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; 11, 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966 del consejo directivo del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, aprobado por el artículo 1º del Decreto 3041 de 1966; 14 de la Ley 171 de 1961; 1º del Decreto Reglamentario 2218 de 1966 y 50 del Código Procesal Laboral.

El quebranto de las anteriores normas se produjo en forma indirecta, por haberlas aplicado indebidamente el ad quem al caso sub judice, pues con fundamento en ellas confirmó las condenas impuestas por el juzgador de primer grado, siendo así que su correcta aplicación ha debido conducirlo a revocarlas, para absolver a la demandada de las pretensiones de al demanda.

En la violación de la ley incurrió el sentenciador a causa de los errores de hecho ostensibles que aparecen de modo manifiesto en la sentencia que son los siguientes:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que en la demanda inicial del proceso se solicitó el reconocimiento de una pensión vitalicia de jubilación.

2. No dar por demostrado, estándolo, que lo pedido en la demanda fue el reconocimiento de unos ajustes pensionales hasta el 18 de noviembre de 1985, fecha en la cual el actor comenzará a disfrutar de la pensión de vejez del Instituto de Seguros Sociales.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que al momento del retiro del demandante la sociedad demandada le reconoció el status legal de jubilado para todos los efectos previstos en las disposiciones vigentes.

4. No dar por demostrado, estándolo, que las partes únicamente acordaron que la demandada otorgaría al actor una prestación consistente en una bonificación periódica y temporal de $ 11.000 mensuales desde el 4 de mayo de 1981 y hasta el 18 de noviembre de 1985.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que el acuerdo suscrito entre las partes el día 30 de abril de 1985 es inválido y nunca se cumplió”.

Los errores fácticos apuntados se produjeron a causa de la equivocada apreciación de las siguientes pruebas:

“a) La demanda inicial del proceso en cuanto a la confesión que ella puede contener (fls. 1 a 4);

b) Liquidación final de prestaciones sociales (fl 6);

c) Acta de acuerdo del 30 de abril de 1981 (fls. 7 y 31);

d) Recibos de pagos efectuados al demandante (fls. 8 y 9);

e) Carta de renuncia presentada por el demandante (fl. 32);

f) Informe rendido por la empresa demandada al juzgado de conocimiento (fls. 27 y 28), y

g) Declaración de Juan de Jesús Cano Congote (fl 20)”.

Respecto de esta última probanza, se demostrarán en primer término los yerros en relación con las pruebas calificadas y luego en relación con el testimonio, como lo tiene admitido la jurisprudencia de esa honorable sala al interpretar el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.

Demostración del cargo

El tribunal confirma en su integridad el fallo de primer grado que ordenó el pago de $ 144.722.93 por reajuste “de la pensión vitalicia (subrayo) de jubilación que le paga la demandada”, agregando luego que la misma queda en $ 16.956.13 mensuales a partir del 15 de abril de 1984, mientras no haya variación en el salario mínimo legal a que se refiere la Ley 4ª de 1976.

Lo anterior constituye una errónea apreciación de la demanda, pues en parte alguna del libelo se pidió que se declarara que la susodicha bonificación o pensión debería tener carácter vitalicio, ni esto se debatió en el curso del proceso. Por el contrario, del hecho 4º de la demanda se infiere con claridad que la inconformidad del accionante que llevó a debate judicial, fue la de que se ajustara la suma de $ 11.000 mensuales convenida con la demandada, pero sólo hasta el 18 de noviembre de 1985, pues en esa fecha “... podrá empezar a devengar la pensión de vejez del Instituto de Seguros Sociales” (fl 1). Y este razonamiento resulta tan cierto que en él insiste la misma apoderada del demandante en el escrito que allegó al tribunal y que obra a folios 69 y 70, en cuyo numeral segundo se expresa lo siguiente:

“En el hecho 4º del libelo demandatorio claramente se expresa que el actor pretende su reclamo, sólo, en el intervalo comprendido entre la fecha de concesión voluntaria de la pensión de jubilación por parte de la empresa y el 18 de noviembre de 1985, ya que en esta última por cumplir los 60 años y la empresa haber seguido cotizando por él para el riesgo de vejez, será el Instituto de Seguros Sociales quien del 19 de noviembre de 1985 en adelante, se hará cargo en su totalidad de la pensión de vejez del actor”.

O sea que los juzgadores de instancia fueron más allá de lo pedido en la demanda y condenaron al pago de una pensión vitalicia no demandada, sin invocar siquiera la aplicación del principio de extra y ultra petita conforme al artículo 50 del Código Procesal Laboral, norma ésta que también resultó infringida de medio, por indebida aplicación, puesto que la aplicación de ese principio por el juez de primera instancia únicamente es permisible, de acuerdo a nuestro ordenamiento procesal laboral, cuando “los hechos que los originen hayan sido discutidos en el juicio”.

Desconoce el sentenciador el convenio suscrito el 30 de abril de 1981, pues a su criterio existen elementos de juicio. “Para descartarlo como válido” (fl. 61), aduciendo además que en el documentos que se analiza “... las partes plasmaron un arreglo, el cual quedó en el tenor literal mas nunca se cumplió”, y quedó sustituido por la liquidación de prestaciones sociales de mayo 8 de 1981, que prima sobre todos los documentos anteriores (fl. 59).

No puede resultar más desafortunado el desacierto del ad quem en la valoración de las pruebas. En la carta de renuncia visible a folio 32 es el mismo demandante quien advierte que no tiene ningún derecho pensional para reclamarle a su empleadora y es plenamente consciente que debe esperarse a la pensión del Instituto de Seguros Sociales cuando cumpla los 60 años de edad, no obstante lo cual le pide aquélla estudiar “la posibilidad de reconocerme alguna suma de dinero mensualmente”.

La ausencia de derecho del actor a la pensión de jubilación aparece en el primer párrafo del acuerdo del 30 de abril de 1981, suscrito por ambas partes y cuya validez, sin respaldo probatorio alguno, coloca la sala falladora en tela de juicio. Pero además, Trujillo Cárdenas acepta el reconocimiento de $ 11.000 mensuales hasta el 18 de noviembre de 1985 que le hace la empresa por su tiempo de servicios y su eficiente labor y de ninguna manera por haber cumplido requisitos para adquirir derecho a la pensión jubilatoria, pues el escrito señala precisamente lo contrario, esto es, que aquélla corresponde exclusivamente al Seguro Social pues el 1º de enero de 1967 llevaba menos de diez años al servicio de la demandada, ya que ingresó a la misma el 25 de julio de 1960.

No hubo pues aceptación alguna de status legal de pensionado en favor del actor, sino precisamente la declaración contraria, esto es, que carecía del mimo y ello fue precisamente lo que motivó ese reconocimiento voluntario y temporal que le hizo mi representada, sin afectar ningún derecho cierto e indiscutible, transacción plenamente válida en cuanto supera las garantías mínimas consagradas en el estatuto sustantivo laboral, como lo explica ampliamente el distinguido colega que me antecedió en el ejercicio del poder en el alegato presentado para sustentar el recurso de alzada y cuyas atinadas consideraciones jurídicas me permito remitirme (fls. 44 a 47).

Tal situación no se modifica por hechos circunstanciales a los cuales el sentenciador pretende otorgarle un valor del cual carecen. Si para algunos efectos como pago de una prima por jubilación (fl. 6), reconocimiento de una mesada adicional de Navidad, de un aguinaldo convencional y descuento de cuotas para la asociación de jubilados de la empresa (fl. 27), el actor fue asimilado a los demás pensionados de la empresa, en manera alguna ello modifica el carácter especial del reconocimiento extralegal, cuyos precisos términos aparecen plasmados en la documental que ambas partes suscribieron el 30 de abril de 1981.

También resulta errónea la afirmación ligera que trae la sentencia, según la cual el acuerdo nunca se cumplió, cuando en la misma demanda se confiesa que “desde el 4 de mayo de 1981 y mes a mes, se me viene pagando una mesada pensional de $ 11.000 que según los volantes de la empresa obedecen a esta condición no a otro motivo (hecho 7, lit. a, fl. 2). Y si los referidos desprendibles visibles a folios 8 y 9 aluden a “jubilaciones” y “aguinaldo jubilados”, para efectos puramente internos de carácter contable, tampoco desvirtúan el texto claro y expreso contenido en el acuerdo tantas veces mencionado.

Demostrados los errores respecto de las pruebas calificadas, me es permitido analizar el testimonio del señor Juan de Jesús Cano Congote, al cual alude la sentencia tangencialmente y sólo para encontrar demostrado con el dicho del declarante que el actor pertenece a la asociación de pensionados y se le descuenta la cuota respectiva, cuestión que por lo demás ni se ha discutido y aparece ratificada por la misma empresa en el informe enviado al juzgado el 19 de octubre de 1983 (fl. 27). Sólo que, como ya se explicó, ese aspecto carece de incidencia en la cuestión debatida, pues de ninguna manera la adhesión voluntaria del demandante como socio de la mencionada institución gremial significa ni puede conllevar que la empresa le hubiese reconocido el status legal de pensionado.

Se sigue de todo lo expuesto que el tribunal quebrantó las disposiciones señaladas en el encabezamiento de la censura y que su decisión habrá de ser quebrantada, con incidencia directa en la parte resolutiva de la misma. Una vez producida la casación del fallo impugnado y en sede de instancia, esa honorable corporación se servirá atender las peticiones formuladas en el alcance de la impugnación.

Se considera

El estudio de las pruebas en que el cargo funda la existencia de los errores de hecho que denuncia, muestra lo siguiente:

a) En la demanda inicial del juicio (fls. 1 a 4, C. 1), se reclama de la empresa el ajuste de la pensión del actor hasta el equivalente del 75% de su última remuneración mensual, el reajuste de las mensualidades pensionales a partir del primer año de estar jubilado y la indemnización moratoria prevista por el artículo 8º de la Ley 10 de 1972. Pero ni del texto de las dichas peticiones ni de los hechos en que se sustentan, resulta nítido que Trujillo hubiese impetrado al incremento de su pensión temporal y no su pago vitalicio. Luego de allí no se ostenta ninguno de los yerros fácticos alegados;

b) En la liquidación final de prestaciones sociales de Trujillo (fl. 6, C. 1) se indica como causa de su retiro el reconocimiento de pensión de jubilación. Pero de esto no se desprende con evidencia que la pensión fuera temporal y no vitalicia, como lo cree el ataque ni, menos aún, que fuera una simple merced de Apolo y no una pensión de jubilación. Lo mismo acontece con los documentos que obran a folios 8, 9 y 27 a 28 del mencionado cuaderno;

c) En la carta de renuncia del actor (fl. 32, C. 1) solamente alude a que el Instituto de Seguros Sociales comienza a pagar pensión de vejez a los 60 años de edad y a que él tiene apenas 55 años; por lo cual le pide a Apolo que le reconozca alguna suma mensual de dinero hasta la fecha en que reúna cabalmente los requisitos para percibir la pensión aludida. Ello no pone en evidencia, sin embargo, ninguno de tales desatinos fácticos, desde luego que el documento analizado no es una demanda sino una prueba del juicio, apenas valorable para resolver sobre la suerte de lo reclamado por Trujillo en el texto de su libelo”;

d) En el documento del 30 de abril de 1981, suscrito por la empresa y el demandante Trujillo Cárdenas (fls. 7 y 31, C. 1), se lee que aquélla le reconoce a éste la suma de $ 11.000 mensuales desde el 4 de mayo de 1981 y hasta el 18 de noviembre de 1983, fecha en la cual el Instituto de Seguros Sociales debe comenzar a pagarle al actor pensión de vejez. Pero de allí no brota de bulto que lo reconocido por Apolo a Trujillo fuese una “bonificación” temporal y no una verdadera pensión de jubilación voluntaria, como lo asevera el cargo. Se anota, por último, que lo referente a la validez o invalidez del acuerdo contenido en el susodicho documento es tema jurídico y no planteable, por ende, como configurativo en un error de hecho, y

e) Como del análisis de las pruebas hábiles en casación no resultaron patentes los referidos yerros, resulta improcedente estudiar el testimonio de Juan de Jesús Cano Congote, a que también alude el ataque, por impedirlo el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.

De todo lo anterior se concluye que este cargo no merece prosperidad.

En cambio, el triunfo parcial del primer ataque conduce a casar el fallo impugnado en cuanto confirma integralmente el del juez, que condenó a la empresa a pagarle al actor una pensión vitalicia de jubilación con reajuste en su valor inicial y también por el lapso comprendido entre el 5 de mayo y el 31 de diciembre de 1982, siendo así, respecto a este último ajuste, que el 1º de enero de 1982 el señor Trujillo no tenía aún la calidad jurídica de pensionado con un año de antelación, como lo exige la ley para que haya lugar al ajuste pensional, y la condenó también al pago de reajustes anuales sucesivos y perennes de la pensión.

Y, para decidir en instancia, la sala encuentra suficientes las razones expuestas hasta ahora para motivar las siguientes reformas al fallo del juzgado:

a) Revocar la condena al pago de la pensión vitalicia de jubilación al demandante Trujillo, que le fue impuesta a la empresa demandada;

b) Revocar las condenas al pago de reajuste inicial en el monto de la pensión del actor y de reajuste por el tiempo comprendido entre el 4 de mayo de 1981 y el 31 de diciembre de 1982;

c) Disponer, en cambio, que Industrias Metalúrgicas Apolo debe reajustarle al señor Trujillo su pensión inicial de $ 11.000 al mes, dentro de los parámetros ordenados por el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, y, sucesivamente, por los años completos de 1983 y de 1984 y por el lapso comprendido entre el 1º de enero y el 18 de noviembre de 1985, fecha esta última en que expira la pensión de jubilación reconocida voluntariamente por la empresa a su dicho ex trabajador, según el documento que obra al folio 7 del primer cuaderno.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA el fallo recurrido y reforma el de la primera instancia así:

1. Condénase a la firma “Industrias Metalúrgicas Apolo S.A.” a reajustarle al señor Jairo Trujillo Cárdenas su pensión de jubilación, cuyo valor inicial fue de $ 11.000 mensuales, de acuerdo con los parámetros establecidos por el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, por los años de 1983 y 1984 y por el tiempo comprendido entre el 1º de enero y el 18 de noviembre de 1985.

2. Absuélvese a la misma empresa de las demás peticiones del demandante.

3. Condénase a la parte demandada al pago de la mitad de las costas de la primera instancia.

Sin costas en la segunda instancia ni en el casación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Rafael Baquero Herrera—Germán Valdés Sánchez—Juan Hernández Sáenz. 

Bertha Salazar Velasco, Secretaria.

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