Sentencia 37 de abril 29 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Expediente 037

Magistrado Ponente:

Dr. Edgardo Villamil Portilla

Bogotá, D.C., veintinueve de abril de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El punto focal de la censura radica en que el tribunal consideró que el estado de embriaguez del asegurado había coadyuvado a su propio daño, y que por lo tanto, la aseguradora únicamente debía responder hasta el 70% del valor señalado en la póliza de seguro por muerte accidental, todo de conformidad con el artículo 2357 del Código Civil; que tampoco procedía la condena al pago de intereses de mora, dado que el derecho solamente se adquiere desde la propia sentencia.

A su vez el recurrente adujo en el primer cargo de la demanda de casación, que en materia de seguros no es aplicable el artículo 2357 del Código Civil por estar totalmente regida la situación al amparo de las normas comerciales, que por ser especiales, tienen aplicación preferente sobre las generales de la responsabilidad civil. En el cargo quinto señaló que el tribunal incurrió en error de hecho manifiesto en la apreciación de las pruebas, a consecuencia de lo cual, no condenó a la demandada al pago de los intereses moratorios, como lo prescribe el artículo 1080 del Código de Comercio, a pesar de que la beneficiaria del seguro acreditó extrajudicial y oportunamente su derecho.

Sea lo primero advertir que el tribunal dejó sin fundamento alguno la exclusión alegada por la aseguradora, decisión que no viene cuestionada en casación y que por tanto resulta intangible para la Corte, pues revisar de nuevo la pertinencia de tal exclusión comportaría revivir un debate clausurado, en desmedro del demandante en casación que viene favorecido con la declaración judicial que reconoció improcedente la exclusión por embriaguez, ante lo cual la demandada fue impasible. Con otras palabras, lo que a la Corte corresponde definir es, si desechada definitivamente la exclusión por embriaguez, podría reducirse lícitamente la responsabilidad de la aseguradora bajo el pretexto de que el asegurado se expuso al riesgo y si cabe en este caso por tanto, la compensación de culpas prevista en el artículo 2357 del Código Civil.

2. La ley comercial colombiana divide en dos grandes grupos los seguros individuales: de daños y de personas. El primero, implica un daño patrimonial, en el que el interés asegurable es susceptible de estimación en dinero, siendo de su naturaleza el principio de la indemnización que excluye el enriquecimiento y tiene como consecuencia natural la correlatividad entre la obligación que asume el asegurador y el valor del perjuicio sufrido por el asegurado.

En el seguro de personas, que por supuesto comprende el de vida, por el contrario, se garantiza el pago de un capital previamente acordado entre las partes, que será su límite, cuando se produzca el hecho que afecta la supervivencia o salud del asegurado; el interés asegurable, según el artículo 1137 del Código de Comercio, lo tiene la persona en su propia vida, en la de las personas a quienes les pueda reclamar alimentos, y en la de aquellas por cuya muerte o incapacidad reciba un perjuicio económico, aunque este perjuicio no sea factible de evaluar de manera cierta, es decir, el objeto de ese interés es la existencia física misma. En el seguro de vida, el riesgo que asume el asegurador es la muerte del asegurado, en el que, se reitera, a diferencia del de daños, que tiene naturaleza indemnizatoria, las partes pueden libremente pactar la suma asegurada, que propiamente no responde al concepto de indemnización, sino al de prestación a cargo del asegurador por la ocurrencia del hecho que según la póliza da origen a la obligación de pagar la cantidad estipulada. Por lo tanto, con la sola ocurrencia del siniestro, debidamente acreditada, por regla general nace la obligación del asegurador de pagar el valor del seguro en la cantidad estipulada en el contrato.

Ahora bien, el ámbito de aplicación del artículo 2357 del Código Civil se circunscribe a los casos en que la incidencia causal colectiva se tiene en cuenta para determinar el grado de imputabilidad subjetiva de los autores del daño, en particular la víctima, a efecto de que ella asuma una parte de la pérdida. No obstante, el artículo 2357 del Código Civil resulta notoriamente inaplicable a los seguros de vida, en primer lugar, por estar regidos ellos por normas especiales del estatuto mercantil, y en segundo, por no ser de carácter indemnizatorio.

De otro lado, la propia naturaleza de las cosas, denotada perfectamente por el lenguaje que las define, enseña que las exclusiones no admiten estados intermedios, pues el antagonismo semántico entre inclusión y exclusión impide tonalidades y zonas grises. Con otras palabras, la exclusión es o no es, por lo que, como sucedió en el presente caso, si la exclusión propuesta fue desestimada por el sentenciador, lo fue de manera total, con lo que operó plenamente la obligación del asegurador de pagar la suma acordada por ambas partes en el contrato de seguro, sin que pudiera reducirse parcialmente bajo el criterio de que hubo un cierto grado de participación del asegurado en la producción del resultado.

3. Acontece entonces que ubicar la contienda en el campo de la culpa, supondría erradamente que la indemnización a cargo del asegurador podría tener como fuente algún error de conducta de su parte, lo cual resulta ser absolutamente inapropiado si se toma en cuenta que la fuente de la obligación en este caso es el contrato y no la responsabilidad civil extracontractual del asegurador.

En consecuencia, al aplicar el tribunal el artículo 2357 del Código Civil, y con fundamento en él decidir que como la muerte se produjo por intoxicación con monóxido de carbono, en concomitancia con la embriaguez, la indemnización a cargo de la aseguradora debía reducirse en un 30%, incurrió en la violación de la ley sustancial denunciada por el recurrente, pues hizo actuar en el litigio una norma absolutamente inaplicable, por lo cual la censura se abre paso.

2. En relación con el cargo quinto, relativo a la negación de reconocimiento de intereses, tiene dicho la Corte que “a la luz de los principios generales relativos al retardo en el cumplimiento de las obligaciones, principios en los que claramente se sustenta el precepto contenido en el artículo 1080 del Código de Comercio, desde el momento en que de acuerdo con este precepto ha de entenderse que comienza la mora del asegurador, es decir desde el día en que la deuda a su cargo es líquida y exigible, o mejor, lo habría sido racionalmente si no hubiere diferido sin motivo legítimo la liquidación de la indemnización y el consiguiente pago, dicho asegurador, además de realizar la prestación asegurada, está obligado al resarcimiento de los daños...” (Sent. Cas. Civ. sustitutiva de ago. 12/98, exp. 4894).

La comprobación acerca del advenimiento del riesgo asegurado, a cargo del beneficiario en el caso de los seguros de vida, puede verificarse aun extrajudicialmente, como expresamente lo autoriza el artículo 1080 del Código de Comercio, y una vez cumplida esta carga por parte del beneficiario, el asegurador dispone de un mes para ejecutar la prestación prometida en el contrato, de modo que, si ese término transcurre sin que este la cumpla, queda de manera inmediata, constituido en mora y obligado a pagar, no solamente la prestación asegurada, sino los intereses moratorios sobre esa suma, a la tasa legalmente fijada, o a la indemnización de los perjuicios causados por la mora en el pago, a elección del reclamante.

En el caso de ahora, en el que se persigue el pago de la suma asegurada en caso de muerte accidental, el tribunal negó la condena al pago de los intereses moratorios solicitados, porque consideró que “el derecho tan solo obtiene acreditación en esta sentencia”, conclusión que derivó “de las peculiares cuestiones que rodearon la controversia”.

Analizado el expediente y las pruebas señaladas por el recurrente en la sustentación del cargo, en las cuales hace residir el yerro de valoración probatoria, se observa que en la demanda, luego de reseñar los aspectos relacionados con la celebración del contrato de seguro, así como la ocurrencia del siniestro amparado, esto es, la muerte del asegurado, se afirma que la demandada aceptó pagar el amparo básico pero, en la misma comunicación, de fecha 17 de marzo de 1997, objetó el pago de la doble indemnización por muerte accidental, con el argumento de que al momento de morir el asegurado se encontraba en estado de embriaguez, y este constituía una causal de exclusión, según la interpretación dada en ese momento por la compañía aseguradora a las cláusulas del contrato.

Con la demanda se acompañaron copias de la comunicación enviada a la aseguradora demandada informándole el fallecimiento accidental del asegurado Camilo José Aguirre Sanín y solicitando información acerca de los trámites a seguir para efectos de la correspondiente indemnización; del certificado de defunción del asegurado, de la carta enviada a Real Seguros S.A. adjuntando la documentación necesaria para el trámite del pago de la indemnización y de la comunicación de 17 de marzo de 1997 por la cual la demandada objetó el pago de la doble indemnización. También se acompañó con el libelo copia de la carta de 25 de febrero de 1997, adjunta a la cual la parte demandante envió a la demandada el resultado de la necropsia en la que se concluyó que la muerte del asegurado fue consecuencia natural y directa de la “anoxia histotóxica por intoxicación por monóxido de carbono”, lesiones que según ese estudio, “tienen una naturaleza simplemente mortal”.

De lo expuesto anteriormente se deduce que la beneficiaria del seguro cumplió extrajudicialmente la carga impuesta por el artículo 1077 del Código de Comercio, por cuanto, con el objeto de obtener el pago del siniestro, presentó a la aseguradora las pruebas que acreditaban su acaecimiento, esto es, la copia del registro civil de defunción del asegurado y los documentos que probaban el fallecimiento por intoxicación con monóxido de carbono, documentos expedidos por las autoridades competentes, el notario 27 de Medellín y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, regional noroccidente de Medellín.

La aseguradora no satisfizo la obligación en ese momento, sino que objetó la reclamación, pretextando una exclusión que el tribunal descalificó en su sentencia.

Acontece entonces que el asegurador demandado no solo objetó la reclamación, sino que además opuso resistencia a las pretensiones bajo la contundente afirmación de que la muerte no fue accidental. No obstante, el tribunal desatendió el fundamento conceptual de la objeción, que es el mismo de la excepción, y concluyó que la muerte sí fue accidental. Esa calificación del tribunal, que se infiere de que haya juzgado infundada la excepción de la demanda, no fue combatida en casación, circunstancia que la hace intangible para la Corte. Síguese de lo anterior que si el debate sobre el carácter accidental de la muerte quedó clausurado en el tribunal, esa sola circunstancia apareja la improcedencia de la objeción hecha en su momento y como secuela que el asegurador deba pagar los intereses moratorios desde cuando debió atenderse el reclamo del beneficiario, y no desde la sentencia, pues no corresponde a la Corte revivir el debate sobre la naturaleza de la muerte, en tanto el tribunal determinó positivamente que esa muerte fue accidental y la aseguradora declinó la resistencia que hasta ahí había mantenido al respecto.

Dicho en breve, si la obligación de pagar la suma asegurada viene de que el tribunal desestimó la objeción y si tal determinación no fue recurrida en casación, al tema de los intereses debe aplicarse idéntico criterio, pues no podría la Corte decidir que el asegurador debe pagar lo principal, porque la objeción fue infundada, pero que no debe pagar los intereses porque sí fue justa. El asegurador asintió en que la muerte fue accidental, porque no recurrió la sentencia del tribunal que así lo decidió, de manera que tal asentimiento se comunica al pago de los intereses moratorios, pues por una secuela de índole procesal, el silencio del asegurador, para todos los efectos debe tomarse como accidental la muerte, e infundada la objeción, en atención a que el demandado se resignó en casación, pues no combatió esa conclusión del tribunal.

En consecuencia, considera la Corte que el tribunal incurrió en el yerro de apreciación probatoria señalado en la demanda cuando concluyó que el derecho al pago de intereses consagrado en el artículo 1080 del Código de Comercio, “tan solo obtiene acreditación en esta sentencia”, pues las pruebas señaladas anteriormente demuestran que la beneficiaria del seguro de vida demostró extrajudicialmente ante la aseguradora la ocurrencia del siniestro, como lo impone el artículo 1077 ibídem, mientras que la demandada sin fundamento plausible —a juicio del ad quem, no protestado en casación— decidió objetar la reclamación. Por todo lo dicho, se juzga que desde allá surgió el derecho del beneficiario a ser indemnizado por la tardanza, pues, repítese, el tribunal calificó como infundada la objeción basada en el alegato de exclusión, ante lo cual la demandada cesó en la protesta.

El error del tribunal no solamente es manifiesto, sino trascendente, porque al cometerlo se abstuvo de condenar a la aseguradora al pago de los intereses sobre la suma debida, con lo cual quebrantó indirectamente el artículo 1080 del Código de Comercio por falta de aplicación.

Por tanto, el cargo resulta próspero y conduce a la casación del fallo, circunstancia que impone a la Corte el deber de proferir la sentencia sustitutiva que ha de reemplazarlo.

Sentencia sustitutiva

Como se explicó anteriormente, el tribunal y el juzgado coincidieron en que la exclusión alegada por la parte demandada era improcedente y esta consintió lo decidido pues no recurrió en casación; de ello se sigue que la responsabilidad tolerada por la compañía de seguros demandada limita la labor de la Corte a excluir aquella parte de la sentencia que causa el agravio al demandante en casación, para así lograr el restablecimiento del derecho. Ello supone entonces eliminar la reducción dispuesta por el tribunal en cuanto disminuyó en un 30% la prestación a favor de la demandante, al amparo de la aplicación del artículo 2357 del Código Civil.

Con soporte en las consideraciones efectuadas al resolver favorablemente los cargos en casación, a lo cual se suma que la aseguradora no cuestionó la decisión del tribunal que desechó la exclusión, deberán acogerse las pretensiones de manera integral y sin la reducción dispuesta por el tribunal.

De otro lado, como la firma Real Seguros S.A. no se avino al pago de la indemnización dentro del término concedido por el artículo 1080 del Código de Comercio, dicha aseguradora deberá pagar a la beneficiaria del seguro, de una parte, el valor total pactado para el caso de muerte accidental del asegurado, esto es, la suma complementaria de $ 50.000.000, junto con los intereses punitivos a la tasa prevista en el precepto citado, desde el mes siguiente a aquel en que recibió la información y la documentación requeridas para cumplir la obligación, así lo dispuso el a quo, y su decisión en el punto deberá confirmarse.

Para el cómputo de la condena al pago de intereses moratorios, ha de tomarse en cuenta que en el período de causación de ellos estuvieron vigentes las leyes 45 de 1990 (art. 83) y 510 de 1999 (art. 111), lo que significa, siguiendo precedentes de la Sala, que se aplicará cada una de ellas en el tracto que estuvieron vigentes, con las oscilaciones de la tasa de interés acaecidas en cada período. Lo anterior significa que, como lo ha dicho la Corte “Para la liquidación de la referida condena, hasta la fecha del pago, debe tenerse en cuenta que la tasa de interés moratorio fijada en el artículo 1080 del Código de Comercio, fue modificada por el parágrafo del artículo 111 de la Ley 510 de 1999, que entró a regir el 4 de agosto de 1999 y por tal razón, como el incumplimiento de la obligación a cargo de la demandada se ha venido prolongando durante su vigencia, tal variación debe tenerse en cuenta para el respectivo cálculo, pues si bien es cierto el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 prescribe que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, también lo es que de tal previsión se exceptúan, por mandato del mismo precepto —num. 2º—, entre otras, las leyes que ‘... señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado’, por manera que, la violación contractual perpetrada durante la vigencia de la normatividad últimamente mencionada, debe sancionarse con arreglo a lo dispuesto en ella, por resultar de aplicación inmediata (Sent. Cas. Civ. nov. 29/2004, exp. 9730-0351).

De conformidad con lo expuesto, la aseguradora demandada deberá satisfacer a la demandante, sobre el importe de la prestación asegurada, las siguientes tasas de intereses moratorios: desde el 18 de abril de 1997, día siguiente a aquel en que venció el mes de que disponía la empresa demandada para pagar el valor de la totalidad de la indemnización, según la fecha en que negó el pago de esta por muerte accidental, y hasta el 3 de agosto de 1999, que precede a la fecha en que empezó a regir la Ley 511(sic) de 1999 (ago. 4), a la tasa máxima vigente para ese período, respetando las variaciones en las tasas de interés que ocurrieron durante él, según lo preceptuado en el artículo 83 de la Ley 45 de 1990; y desde el 4 de agosto de 1999 y hasta cuando se verifique el pago definitivo de la obligación, de conformidad con lo ordenado en el parágrafo del artículo 111 de la Ley 510 de 1999, a la tasa del interés bancario corriente aumentado en la mitad, respetando igualmente las fluctuaciones que tuvieron lugar durante este último período.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el fallo apelado se confirmará, adicionándolo con la anterior precisión sobre el monto de los intereses debidos.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 30 de noviembre de 1999 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por María Claudia Martínez Berdugo contra Real Seguros S.A., y actuando en sede de instancia,

RESUELVE:

1. Confirmar la sentencia apelada proferida por el Juzgado 16 Civil del Circuito de Medellín el 23 de agosto de 1999.

2. Adicionar dicha providencia en el sentido de ordenar que los intereses moratorios a cuyo pago fue condenada la aseguradora demandada sobre la suma de $ 50.000.000, se liquiden así: desde el 18 de abril de 1997, día siguiente a aquel en que venció el mes de que disponía la empresa demandada para pagar el valor de la totalidad de la indemnización, según la fecha en que negaron el pago de la indemnización por muerte accidental, y hasta el 3 de agosto de 1999, que precede a la fecha en que empezó a regir la Ley 510 de 1999 (ago. 4), a la tasa máxima vigente para ese período, respetando las fluctuaciones que tuvieron lugar durante él, según lo preceptuado en el artículo 83 de la Ley 45 de 1990; y desde el 4 de agosto de 1999 y hasta cuando se verifique el pago definitivo de la obligación de conformidad con lo ordenado en el parágrafo del artículo 111 de la Ley 510 de 1999, a la tasa del interés bancario corriente aumentado en la mitad, consultando igualmente las oscilaciones que hubo en este último período, evitando en todo caso que se excedan los límites que imponen las normas de orden público.

3. Condénase a la apelante al pago de las costas del recurso.

4. Sin costas en el recurso de casación dada su prosperidad.

Notifíquese y oportunamente devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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