Sentencia 37024 de abril 13 de 2010

 

Sentencia 37024 de abril 13 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López

Rad.: 37024

Acta 11

Bogotá D.C, trece abril de dos mil diez.

EXTRACTOS: «IX. Se considera

Los tres cargos se estudian conjuntamente, por las precisiones que la Corte hace a continuación.

En la demanda inicial de este proceso se solicita el pago de las mesadas pensionales por invalidez que le correspondían al señor Juan Crisóstomo Tamayo Betancur entre el 4 de noviembre de 1999, fecha en que le fue estructurado su condición de invalidez y el 10 de marzo de 2005, fecha anterior a su fallecimiento, ocurrida al día siguiente, y la pensión de sobrevivientes para la demandante desde el 11 de marzo de 2005, cuando falleció el citado Tamayo Betancur.

Indica lo anterior que frente al señor Tamayo Betancur se predicó su condición de pensionado desde el 4 de noviembre de 1999, cuando se le declaró su estado de invalidez, con fundamento en que tenía reunidas la densidad de cotizaciones requeridas por el Acuerdo 49 de 1990 para acceder a la pensión de invalidez.

La precisión anterior se hace indispensable, pues sabido es que son distintas las hipótesis reguladas por la ley en tratándose de pensiones de sobrevivientes derivadas de un pensionado que fallece o del afiliado que igualmente fallece, pues si lo primero, es decir el fallecimiento de un pensionado, automáticamente acceden a la prestación de sobrevivientes el grupo familiar según lo establecido en la ley, y si lo segundo, o sea el fallecimiento de un afiliado, si bien ese grupo de familia también puede acceder a la referida prestación, los requisitos son sustancialmente diferentes en tanto se requiere una determinada densidad de cotizaciones ocurridas en un lapso indicado por la ley.

Así las cosas, la historia laboral de cotizaciones del señor Juan Crisóstomo Tamayo Betancur, visible al folio 21, acredita un total de 440 semanas cotizadas entre el 27 de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1994.

A su turno, la Resolución 12933 del 14 de septiembre de 2000, mediante la cual el ISS negó la pensión de invalidez al señor Tamayo Betancur, obrante en los folios 25 a 27, expresa que el solicitante tenía cotizadas 412 semanas, las cuales corresponden al período anteriormente descrito.

Tales presupuestos los dejó consignados el tribunal sin error alguno de su parte.

Ahora, bien sean 440 0 412 las semanas cotizadas, lo cierto es que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en materia de pensiones, que fue el 1º de abril de 1994 para los trabajadores particulares,  el señor Tamayo Betancur tenía cotizadas más de trescientas (300) semanas.

Esclarecido el marco probatorio que se ha reseñado, es necesario dilucidar cuál es la normatividad aplicable para decidir si había lugar a la pensión de invalidez, puesto que para el tribunal era el Acuerdo 49 de 1990, mientras que para la censura era el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su original redacción.

Por tanto, no habiendo duda en el sentido de tener el señor Tamayo Betancur más de trescientas semanas cotizadas a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en la controversia presentada la razón está del lado del tribunal, al aplicar el Acuerdo 49 de 1990.

En efecto, el sentenciador de la alzada reprodujo en la forma que sigue, los siguientes apartes de la sentencia de casación del 26 de septiembre de 2006, radicación 29042:

“Sobre el primer supuesto (300 semanas en cualquier tiempo) se ha pronunciado de manera reiterada señalando que la reseñada densidad de cotizaciones debe estar satisfecha para el momento en que empezó a regir la Ley 100 de 1993 (sic), que hasta ahora no ha hecho distinción alguna entre los dos supuestos.

En primer lugar, para que el derecho a la pensión de sobrevivientes se gobierne por el Acuerdo 49 de 1990 es necesario que al momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993 el afiliado haya cotizado 150 semanas.

En segundo lugar, es menester que también registre 150 semanas dentro de los seis años anteriores a su fallecimiento...”.

Y luego razonó así:

“Como lo podemos apreciar, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa no opera por el solo hecho de que el fallecido hubiera cotizado 300 semanas en cualquiera época, sino que se precisa que las hubiera cotizado antes de que entrara a regir el nuevo régimen pensional o que hubiere cotizado 150 semanas antes de ese momento y otras 150 en los 6 años anteriores a la invalidez.

Por lo tanto, demostrado que el señor Juan Crisóstomo Tamayo Betancur se encontraba en esta situación jurídica, tiene derecho a que se le reconozca la pensión de sobrevivientes en cuantía igual al salario mínimo legal, tal como lo dedujo al (sic) señora jueza de instancia”.

Aun cuando el tribunal no precisó en cual de las situaciones jurídicas se encontraba Tamayo Betancur de acuerdo con las hipótesis planteadas por la Corte Suprema en la sentencia memorada, no hay duda que la encajó dentro de la primera de tales hipótesis, pues no hay discrepancia en cuanto a que el inválido tenía cotizadas más de trescientas (300) semanas a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Así se afirma por cuanto el juez de la apelación expresamente manifestó que el principio de la condición más beneficiosa no operaba por el simple hecho de tener trescientas semanas en cualquier época, sino que era menester que las hubiera cotizado antes de que entrara a regir el nuevo sistema pensional, o también, utilizando la o como disyuntiva, que hubiere cotizado ciento cincuenta semanas antes de ese momento de vigencia y otras ciento cincuenta en los seis años anteriores a la invalidez. Y sin equívoco, es claro que la situación de Tamayo Betancur se enmarca dentro de la hipótesis de las trescientas (300) semanas cotizadas a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Por tanto, no incurrió en error fáctico o jurídico alguno el tribunal cuando consideró que la norma aplicable para resolver si Tamayo Betancur tenía derecho a la pensión de invalidez, era el Acuerdo 49 de 1990 en las hipótesis reseñadas por la Corte Suprema en la sentencia traída a colación por el tribunal y que han sido reiteradas con posterioridad, siendo en ese punto la jurisprudencia actualmente vigente.

Y en  las condiciones anotadas, se sigue de bulto que tampoco incurrió en error alguno cuando reconoció la pensión de sobrevivientes a la demandante desde el día en que falleció su cónyuge, que tenía derecho a la pensión de invalidez, por lo que la prestación de sobrevivientes la causó el deceso de un pensionado y no el de un afiliado como insistentemente lo ha planteado la censura.

En cuanto al hecho, de haber dispuesto el juzgador de primer grado que la condena al ISS por las mesadas que le correspondían a Juan Crisóstomo Tamayo Betancur por la pensión de invalidez a que tenía legítimo derecho, eran para la sucesión del pensionado fallecido, decisión que fue confirmada por el Tribunal, ningún pronunciamiento puede hacer la Corte frente a este aspecto, en tanto ese punto no fue materia de inconformidad en la apelación que contra la sentencia de primer grado interpuso el Instituto recurrente, razón por la cual no se dieron las previsiones del artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que dispone que la sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con los puntos materia de la apelación.

Como ese tema específico, fue también el fundamento del quinto cargo formulado por la censura, las precedentes consideraciones son aplicables a esa acusación.

Por todo lo anterior, no prosperan los cargos primero, segundo, tercero y quinto.

X. Cuarto cargo

Por la vía directa, acusa la infracción directa de los artículos 29 de la Constitución Política y 84 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y como consecuencia la aplicación indebida de los artículos 41 de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.

La demostración la desarrolla así:

“El artículo 29 de la Constitución Política consagra el debido proceso judicial como un derecho fundamental y establece que “es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

Basta leer la sentencia impugnada en casación para advertir que la prueba tomada en cuenta para fundar la decisión de condenar al Instituto de Seguros Sociales a pagar la pensión de sobrevivientes a María Ángela Posada Jiménez es nula, de pleno derecho, por cuanto fue obtenida con violación del debido proceso, pues en la parte motiva del fallo se explicaron las razones por las que “la reapertura del proceso a pruebas resultaba improcedente” (fl. 235), conforme está dicho en la providencia en la que se concluyó que debido a la improcedencia de reabrir el debate probatorio “las pruebas recepcionadas no las podía tener en cuenta la señora Jueza” (ibídem), sin embargo, a pesar de su atinado raciocinio, inexplicablemente el juez de alzada subsanó el desafuero de la juez que conoció en primera instancia invocando “la facultad concedida por el artículo 83 del CPL” .

El artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social fue modificado por el artículo 41 de la Ley 712 de 2001. La norma vigente, además de establecer los casos en que el tribunal puede ordenar y practicar pruebas, le prohíbe a las partes solicitar ‘la práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en primera instancia”, pero permite que el tribunal ‘a petición de parte” ordene la práctica de pruebas que habiendo sido decretadas en primera instancia, no fueron practicadas sin que mediara culpa de la parte interesada.

En este caso las pruebas tomadas en cuenta por el tribunal para formar su convencimiento fueron decretadas en primera instancia, pero no se practicaron por culpa de la parte demandante, interesada en su práctica, y por ello dichas pruebas, por haber sido obtenidas con violación del debido proceso, son nulas de pleno derecho, pues aun cuando las declaraciones de María Yadira González, Noelia Castaño Morales y Amparo del Socorro Vélez hubieran podido ser “rendidas con la respectiva contradicción” (fl. 235), conforme está dicho en el fallo, se practicaron después de haber sido reabierto a prueba el proceso de manera improcedente, como lo reconoce expresamente la sentencia; y no podía ordenarse su práctica, por la elemental razón de haber sido ya practicadas y. además, porque fue por culpa de la parte interesada, en este caso la demandante María Ángela Posada Jiménez, que no se practicó la prueba de su interrogatorio ni fueron oídos los testigos.

Como hubo culpa de la demandante María Ángela Posada Jiménez, parte interesada en que se oyeran los testimonios de María Yadira González, Noelia Castaño Morales y Amparo del Socorro Vélez, legalmente no podía el tribunal ordenar la practica de esos mismos testimonios, menos aún convalidar la nulidad de las pruebas dándole validez a unas declaraciones que ya habían sido rendidas, pues lo autorizado por el artículo 41 de la Ley 712 de 2001 es ordenar la práctica de las pruebas que habiendo sido decretadas hubieran dejado de practicarse, sin culpa de a parte interesada. Exigiéndose por la norma que modificó el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que medie “petición de parte”, o sea, el tribunal de oficio no puede ordenar la práctica de la prueba.

Tampoco cabe considerar que en este juicio se hubiera presentado la situación hipotéticamente prevista en el artículo 84 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por no tratarse del caso de pruebas agregadas inoportunamente, sino de pruebas practicadas dentro de la reapertura a prueba del proceso que el tribunal calificó de “improcedente” y que consideró se trataba de pruebas ilegalmente practicadas que “no las podía tener en cuenta” la juez de primera instancia.

Como las pruebas que tomó en cuenta el tribunal para formar su convencimiento se produjeron con violación del debido proceso en lo que hace a los casos en los que legalmente el tribunal puede ordenar y practicar pruebas y tomar en consideración pruebas agregadas inoportunamente, se impone concluir que dichas pruebas son nulas de pleno derecho, por haber sido obtenidas con violación del debido proceso, vale decir, no se requiere decisión judicial que las anule.

Mas como es apenas obvio y elemental entender que ningún juez está facultado para formar el convencimiento tornando en consideración pruebas obtenidas con violación de debido proceso, por ser ellas nulas de pleno derecho, y toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regularmente allegadas al proceso, conforme lo ordena el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, norma que es aplicable en el procedimiento del trabajo en virtud de lo ordenado por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la única conclusión a la que forzosa y necesariamente debe llegarse es a la que debe ser casada la sentencia recurrida en casación, revocada la de primera instancia y, en su lugar, debe absolverse al Instituto de Seguros Sociales”.

XI. Se considera

El artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social sienta inicialmente una regla general en cuanto prohíbe a las partes solicitar la práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en primera instancia. Sin embargo, cuando en el trámite de la primera instancia se hayan dejado de practicar pruebas  sin culpa de la parte interesada y que fueron decretadas, puede el tribunal, a petición de parte, ordenar la práctica de dichas pruebas, así como la de las demás que considere necesarias para resolver la apelación o la consulta.

En consecuencia, dos situaciones completamente distintas regula el citado precepto.

La primera, cuando en el período probatorio ante el juez de conocimiento se dejan de practicar pruebas decretadas sin culpa de la parte interesada, evento en el cual, el tribunal, a su arbitrio y mediando petición de parte, puede ordenar su práctica.

La segunda, cuando el tribunal ordena las pruebas que estime necesarias para resolver la apelación o la consulta, decisión que simplemente puede adoptar de manera unilateral sin tener en cuenta a las partes enfrentadas.

En sentencia de casación del 22 de enero de 1960, citada por el Régimen Laboral Colombiano de Editorial Legis, la Corte preciso lo que sigue:

“Esta norma —refiriéndose al artículo 83 del estatuto procesal laboral— contempla dos facultades en lo relativo a la práctica de pruebas: una, cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se dejaron de practicar pruebas que fueron decretadas y, otra, cuando el tribunal ordena su práctica porque las considera necesarias para resolver la apelación o la consulta. En el primer caso, la iniciativa la tienen las partes; en el segundo, las pruebas las decreta de oficio el ad quem”.

En el asunto que se examina, el tribunal expresamente decretó de oficio las pruebas cuya práctica había ordenado, en su sentir de manera ilegal, el juzgado de conocimiento y también expresamente manifestó que de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, había ordenado tener como pruebas los medios que singularizó en su providencia.

Es decir, que dentro de las hipótesis anteriormente mencionadas, el tribunal se ubicó en la segunda de ellas, con lo cual no aparece que hubiera aplicado indebidamente el citado artículo 83 procesal laboral ni tampoco violado las demás disposiciones denunciadas por la censura, puesto que hizo uso de la potestad legal que le permite decretar las pruebas que consideraba necesarias para resolver la apelación o la consulta.

Y dado el camino de la violación directa de la ley que escogió la censura, se admite que el tribunal, previamente a dictar la sentencia, decretó como pruebas los elementos que individualizó en la providencia recurrida extraordinariamente.

Así las cosas, consecuente con lo anterior no prospera el cargo.

No obstante el fracaso del recurso, no hay lugar a costas por cuanto la demanda de casación no fue replicada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el  21 de mayo de 2008 por el Tribunal Superior de Medellín, dentro del proceso ordinario adelantado por María Ángela Posada Jiménez contra el Instituto de Seguros Sociales.

Sin costas.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».