Sentencia 37050 de marzo 3 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 37050

Acta 06

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López

Bogotá, D.C., tres de marzo de dos mil diez.

Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandada, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 25 de abril de 2008, en el proceso ordinario adelantado por Orfidia Ived Salazar Eusse a nombre propio y en representación de su hija menor María Yuliana Tabares Salazar, contra el Instituto de Seguros Sociales.

I. Antecedentes

Con la demanda inicial solicita la parte actora, que se condene a la entidad accionada al reconocimiento y pago en su favor de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de César de Jesús Tabares Hernández, a partir del 16 de noviembre de 2005, a los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre las mesadas causadas, o en subsidio la indexación de las mismas, y a las costas del proceso.

Como fundamento de esos pedimentos argumentó, que el 16 de noviembre de 2005, falleció por causas de origen común César de Jesús Tabares Hernández; que el ISS por Resolución 13539 del 21 de junio de 2006, les negó el reconocimiento pensional, con el argumento, de que si bien el asegurado cotizó 56 semanas dentro de los tres años anteriores a su muerte, no satisface la exigencia atinente a la fidelidad al sistema, pues entre la fecha en cumplió 20 años de edad y la de su deceso, solo sufragó 75 semanas, cuando debió acreditar 311 semanas cotizadas, lo que violenta el principio de la condición más beneficiosa, según el cual debe aplicársele la normatividad más favorable, esto es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, que exige que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiese sufragado por lo menos 26 semanas al momento de la muerte.

II. Respuesta a la demanda

La parte accionada al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones. De sus hechos admitió la muerte del afiliado, la solicitud que le hicieron las demandantes de la pensión de sobrevivientes y su negativa a reconocérsela, por las razones expuestas en la Resolución 13539 del 21 de junio de 2006; de los demás dijo que eran apreciaciones de la parte actora. Propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación por falta de requisitos legales para el reconocimiento de la pensión, e imposibilidad de condena en costas.

III. Sentencia de primera instancia

Conoció de la primera instancia el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, quien en sentencia del 18 de septiembre de 2007, condenó al ISS a pagar a las demandantes la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de César de Jesús Tabares Hernández, a partir del 16 de noviembre de 2005, en cuantía de un salario mínimo legal, con sus mesadas adicionales de junio y diciembre, en un 50% para cada una; a la suma de $ 10.569.050, por mesadas causadas, y de $ 698.930 por indexación de las mismas, y a las costas del proceso; así mismo la autorizó para descontar de las condenas impuestas, la cantidad de $ 746.928, que les canceló como indemnización sustitutiva.

IV. Sentencia de segunda instancia

Apelaron ambas partes, y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante la sentencia recurrida en casación, revocó la decisión de primera instancia, en cuanto absolvió a la entidad demandada de los intereses moratorios, para en su lugar condenar a la demandada al pago de los mismos; revocó la condena por indexación, y la confirmó en lo demás.

Para ello consideró, que le asiste derecho a la parte demandante a la pensión de sobrevivientes deprecada, por cuanto se satisfacen las exigencias del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, sin la modificación introducida por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa.

En lo que concierne al recurso extraordinario, expresó:

“(...).

Por asunto metodológico se iniciará el análisis con las inquietudes de la parte demandada y específicamente con el reparo por la aplicación en este evento del postulado de la condición más beneficiosa.

Huelga anotar que en la Resolución 13539 del 21 de junio de 2006, mediante la cual el Instituto de Seguros Sociales, negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada por las demandantes, reseñó que “El artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el literal b) del numeral 2º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, establece que el asegurado mayor de 20 años de edad que fallezca por accidente de origen común - por enfermedad de origen común, deja acreditado el derecho a la pensión de sobrevivientes cuando haya cotizado un mínimo de 50 semanas en los 3 años anteriores al momento del fallecimiento y acredite un mínimo de cotizaciones equivalentes al 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que el asegurado cumplió 20 años de edad y la fecha de la muerte... se establece que el asegurado cotizó a este instituto 56 semanas en los 3 años anteriores al momento del fallecimiento y que acreditó un total de 75 semanas de fidelidad de cotización al sistema de pensiones, entre le fecha en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la muerte, cuando para ese mismo periodo debió acreditar un total de 311 semanas cotizadas; así mismo acredita un total de 75 semanas cotizadas en toda su vida laboral...” (fls. 5-6).

Pues bien, asuntos como el presente ya han sido resueltos por las distintas Salas de este Tribunal; reconociendo la pensión de sobrevivientes, con fundamento en el principio de la condición más beneficiosa, que dice no compartir el recurrente, pero reconocido por la jurisprudencia adoctrinada de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en la que se ha sostenido que en aplicación de dicho principio previsto en el artículo 53 de la Constitución Política, no se le pueden desconocer a los beneficiarios de la pensión, las semanas cotizadas por el asegurado, si con ellas hubiera podido obtener una pensión con arreglo a los reglamentos del ISS, a una persona que ha fallecido en vigencia de ley posterior, que hubiera hecho más gravosos los requisitos, como ocurre en este evento, en el cual el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, que originalmente exigía 26 semanas cotizadas durante el último año de vida, al ser modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, ya exige además de las 50 semanas dentro de los últimos tres años anteriores al deceso, una fidelidad de cotización al sistema de pensiones, entre le fecha en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la muerte, y el causante no acreditó este último requisito, como lo admite el instituto demandado”.

Seguidamente sobre el tema, citó y copió en extenso apartes de una sentencia proferida por esa misma corporación el 10 de octubre de 2003, sin especificar su radicación y continuó diciendo:

“Si la jurisprudencia ha reconocido el principio de la condición más beneficiosa, en la aplicación de una regulación anterior más favorable, aun tratándose de una normatividad independiente de la Ley 100 de 1993, como es el Acuerdo 049 de 1990, que rige a los Seguros Sociales, con mayor razón tiene que acogerse ese postulado en el presente caso que se regularía por una ley, la 797 de 2003, cuyo artículo 12 modificó más severamente el requisito de la densidad de semanas de aquella otra, pues de acuerdo con la resolución mencionada, se tiene que el asegurado dejó cotizadas en toda su vida laboral un total de 75 semanas conforme a la historia laboral allegada al proceso (fls. 10-11), de ellas fueron cotizadas 36 semanas durante el último año de vida.

Y, los criterios jurisprudenciales, son plenamente aplicables al caso en estudio, y resultan vinculantes, pues de acuerdo con la ley, uno de los fines del recurso de casación laboral es el de unificar la jurisprudencia, tal como lo contempla el artículo 86 del CPT que dice: “... Con el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional del trabajo, habrá lugar al recurso de casación...”, sin que en ello tenga que ver con una mezcla de sistemas, ya que lo principal es que el asegurado con sus aportes al sistema, cumplió con una fidelidad, para dejar protegida su familia, por lo cual no se le puede dar la razón el impugnante por pasiva en su planteamiento, y corolario de ello será mantener la decisión del a quo”.

V. El recurso de casación

Lo interpuso la parte demandada con fundamento en la causal primera de casación consagrada en el artículo 87 del CPL y de la S.S. modificado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, con el cual pretende, según lo dijo en el alcance de la impugnación, que se CASE la sentencia recurrida y en sede de instancia esta Sala revoque la decisión de primer grado y en su lugar la absuelva de las pretensiones de la demanda inicial, y provea sobre costas como corresponda.

Con tal objeto formuló un cargo que mereció réplica.

VI. Cargo único

Acusa la sentencia impugnada por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida “... de los artículos 53 de la Constitución Política; 46 de la Ley 100 de 1993 (antes de la reforma de la Ley 797 de 2003), 141 de la Ley 100 de 1993; 12 de la Ley 797 de 2003 y 14 del Código Sustantivo de Trabajo”.

Como errores evidentes de hecho en que incurrió el Tribunal, señala:

“1. No dar por demostrado, estándolo, que el causante, señor Tabares Hernández, cotizó durante la vigencia de la Ley 100 de 1993 (antes de la reforma de la Ley 797) 19.14 semanas.

2. No dar por demostrado, estándolo, que de las 36 semanas cotizadas por el demandante en su último año de vida, ninguna de ellas fue acreditada antes de la modificación introducida por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el causante no alcanzó en vigencia de la Ley 100 de 1993, a realizar las cotizaciones necesarias para que sus beneficiarios accedieran a la prestación de sobrevivientes”.

Aduce que dichos errores los cometió, por haber apreciado erróneamente la historia laboral obrante de folios 10 a 11 y la Resolución 13539 del 21 de junio de 2006.

En su demostración transcribe en parte las consideraciones de la sentencia recurrida, y a continuación expresamente plantea lo siguiente:

“El ad quem apreció de manera equivocada la referida historia laboral, por cuanto, aunque la documental obrante de folios 10 a 11 (cdno. ppal.) da cuenta de 36 semanas cotizadas en el año anterior a la muerte del señor Tabares Hernández, omitió el Tribunal observar de ellas cuántas fueron cotizadas durante la vigencia del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, antes de la reforma introducida por la Ley 797 de 2003.

Si hubiese valorado correctamente la aludida documental, habría encontrado que durante la vigencia del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, antes de ser reformado por la Ley 797 de 2003, el causante realizó las siguientes cotizaciones:

CicloTrib.
1995044
19950530
19950630
19950730
19950830
19950910

De lo anterior, se colige que el señor César de Jesús Tabares Hernández, en vigencia de la Ley 100 de 1993, solo alcanzó a cotizar 134 días, lo que equivale a 19.14 semanas, insuficientes para acceder a una pensión, aun en el régimen anterior a la Ley 797 de 2003.

La misma historia laboral da cuenta que de las 36 semanas que dice el ad quem cotizó el causante en su último año de vida, ninguna de ellas fue acreditada cuando estaba en vigencia el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, sino en vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

En lo que respecta a la Resolución 13539 del 21 de junio de 2006, si bien, es cierto que el mencionado acto administrativo deja constancia que el extrabajador había cotizado en toda su vida laboral un total de 75 semanas, tal documento debía valorarse de manera armónica con la historia laboral, debiendo concluir, que de las 75 semanas cotizadas en toda la vida del extrabajador, solo 19.14 lo fueron en vigencia de la Ley 100 de 1993, las cuales eran insuficientes para la pensión a la que erróneamente condenó el Tribunal.

Por lo expuesto, de haber valorado el Tribunal correctamente las aludidas documentales habría absuelto al ISS por cuanto en vigencia de la Ley 100 de 1993, el demandante no cotizó sino 19.14 semanas, por ello el cargo tiene vocación de prosperidad conforme con el alcance de la impugnación”.

VII. La réplica

A su turno la oposición manifiesta, que los argumentos del ad quem son de orden estrictamente jurídicos, consistentes en que el sub lite lo gobierna el principio de la condición más beneficiosa, por lo que se le aplican las normas de la Ley 100 de 1993, específicamente el artículo 46 antes de la modificación que introdujo la Ley 797 de 2003, y por ello lo primero que debió hacer el ataque fue derruir la conclusión de que la pensión deprecada no tiene amparo en el citado principio constitucional, siendo ésta razón suficiente para rechazar el cargo.

Expresa, que de aceptarse el cargo por el sendero escogido, lo esbozado como errores ostensibles de hecho, en realidad son planteamientos de índole jurídico, consistentes en la imposibilidad de sumar semanas en vigencia de un régimen actual y uno precedente, para poder acceder a una pensión de sobrevivientes cuando se aplica el postulado de la condición más beneficiosa.

Agrega, que resulta intrascendente que se analice la historia laboral, para determinar si el asegurado tenía o no semanas cotizadas antes de la Ley 797 de 2003, pues la inferencia jurídica del Tribunal, dada la vía escogida, se mantiene incólume; siendo lo pertinente que el ataque derrumbara la posibilidad de sumar semanas aportadas en el régimen precedente —L. 100/93—, y en el actual —L. 797/2003—, para efectos de dar aplicación al principio de la condición más beneficiosa; y luego sí, por la vía indirecta, proceder a cuestionar la densidad de cotizaciones.

VIII. Se considera

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, el error de hecho para que se configure es necesario que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y a más de esto, como lo ha dicho la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta, y provenga de la falta de apreciación o errada valoración de pruebas calificadas como el documento auténtico, la confesión judicial o la inspección ocular, hoy judicial según el artículo 52 Ley 712 de 2001.

Del análisis de las pruebas denunciadas en el cargo como erróneamente apreciadas, se encuentra objetivamente lo siguiente:

La historia laboral obrante a folios 10 a 11 del cuaderno del juzgado, muestra como lo indica la censura, que en vigor del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, antes de la modificación que le introdujo el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, vigente a partir del 29 de enero del mismo año, el afiliado César de Jesús Tabares Hernández, solo había cotizado al sistema 19.14 semanas, y que de las 36 semanas que este sufragó en el año inmediatamente anterior a su muerte, ocurrida el 16 de noviembre de 2005, ninguna de ellas fue efectuada, antes de tal reforma. 

Pese a lo anterior, el Tribunal no apreció erróneamente tal documento, pues en ningún momento desconoció su real contenido; siendo muy diferente, que para dar aplicación al principio constitucional y legal de la condición más beneficiosa, hubiese considerado que las 26 semanas a que hace alusión el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, antes de la reforma que le introdujo el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, se podían haber cotizado por el afiliado durante al año inmediatamente anterior a su muerte acaecida el 16 de noviembre de 2005, es decir cuando ya aquel ordenamiento había perdido su vigencia, pues así lo dio a entender al afirmar: 

“Si la jurisprudencia ha reconocido el principio de la condición más beneficiosa, en la aplicación de una regulación anterior más favorable, aun tratándose de una normatividad independiente de la Ley 100 de 1993, como es el Acuerdo 049 de 1990, que rige a los Seguros Sociales, con mayor razón tiene que acogerse ese postulado en el presente caso que se regularía por una ley, la 797 de 2003, cuyo artículo 12 modificó más severamente el requisito de la densidad de semanas de aquella otra, pues de acuerdo con la resolución mencionada, se tiene que el asegurado dejó cotizadas en toda su vida laboral un total de 75 semanas conforme a la historia laboral allegada al proceso (fls. 10-11), de ellas fueron cotizadas 36 semanas durante el último año de vida” (Resalta la Sala).

Además la Resolución 13539 del 21 de junio de 2006, por medio de la cual el ISS negó a las demandantes la pensión de sobrevivientes, visible a folios 5 y 6, en el aspecto que interesa al recurso de casación, acredita que el asegurado César de Jesús Tabares Hernández, cotizó a dicha entidad durante toda su vida laboral 75 semanas, de las cuales 56 corresponden a los 3 años anteriores al momento de su muerte, y ello fue lo que dedujo el ad quem de ese documento, por lo que no incurrió en ningún error fáctico al apreciarlo; siendo intrascendente para el ataque por el sendero de los hechos, que se haya determinado o no, si de las referidas semanas, solo 19.14 fueron efectuadas en vigencia del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, antes la modificación que le introdujo el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pues se reitera, que para dar aplicación al principio constitucional y legal de la condición más beneficiosa la colegiatura, consideró jurídicamente que las semanas a que hace alusión el mencionado artículo 46 en su versión original, se podían haber cotizado por el afiliado durante el año inmediatamente anterior a su muerte, esto es, en vigencia de la citada Ley 797, lo cual en rigor no se atacó por la vía adecuada, no siendo posible abordar el estudio de este punto por la senda escogida. 

Así las cosas, como el juez colegiado no incurrió en los errores de hecho que se le enrostran en el cargo, este no prospera.

Costas en el recurso extraordinario, a cargo de la parte demandada por cuanto la demanda de casación no salió avante y fue replicada.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 25 de abril de 2008, en el proceso ordinario adelantado por Orfidia Ived Salazar Eusse a nombre propio y en representación de su hija menor María Yuliana Tabares Salazar, contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese.

Magistrados: Luis Javier Osorio López—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas Francisco—Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.