Sentencia 37061 de septiembre 7 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 37061

Acta Nº 32

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá, D.C., siete de septiembre de dos mil diez.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, el 27 de mayo de 2008, en el juicio que le promovió José Eduardo Torres Galvis a la recurrente.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Previamente a resolver el recurso de casación, esta corporación aclara que no le asiste razón a la réplica respecto de la falta de interés para recurrir de la demandada, pues atendiendo el valor de la diferencia pensional ordenada por el tribunal y la vida probable del pensionado, se encuentra que existe interés económico para recurrir, ya que con la sola incidencia futura del reajuste pensional que corresponde a la suma de $ 62.080.949,28 se superan los 120 salarios mínimos legales vigentes, como se puede observar en el siguiente cuadro:

Fecha de nacimiento = 21/03/1954
Fecha de pensión = 16/11/2002
Valor inicial de la pensión = $ 1.625.880,00
Valor reclamado de pensión = $ 1.808.514,00
Diferencia = $ 182.634,00
   
Fecha fallo de 2ª instancia = 27/05/2008
Edad = 54,18
Exp. de vida - hombre = 24,28
Nº mesadas = 339,92
Incidencia futura  $ 62.080.949,28
   

 

Una vez efectuada la anterior explicación, esta Sala procede a pronunciarse sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada.

En este caso la litis gira en torno a la interpretación de dos cláusulas convencionales. Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que no es misión de la Corte fijar el sentido que las convenciones colectivas tienen como normas jurídicas, toda vez que no participan de las características de las normas sustanciales de alcance nacional, por lo que, en principio, son las partes celebrantes las llamadas a establecer su sentido y alcance.

Dado su carácter probatorio, solo es posible a la Corte, como máximo tribunal de casación, corregir su equivocada valoración, siempre y cuando sea manifiesta la disociación entre la aprehensión del juez y el texto convencional observado, pues solo frente a un yerro de estas características es que puede esta corporación infirmar la decisión, ya que es función propia de los jueces de las instancias la valoración de las pruebas legalmente aducidas en juicio, de modo que si estas admiten más de una apreciación lógica de acuerdo con los postulados de la sana crítica, son ellos a los que corresponde determinar la que más se acomode al caso, sin que se pueda entrar a suplir su criterio con uno diferente, así este se estime igualmente apropiado.

Así se pronunció la Sala en la sentencia proferida el 2 de julio del 2008, en proceso radicado bajo el número 31436:

“5. La Corte ha insistido en que no constituye una finalidad del recurso de casación fijar el sentido que las convenciones colectivas de trabajo tienen como normas jurídicas, puesto que, no obstante su gran importancia en las relaciones obrero-patronales y en la formación del derecho del trabajo, jamás pueden participar de las características de las normas legales de alcance nacional y, por esa misma razón, son las partes que las celebran quienes están llamadas, en primer término, a establecer su sentido y alcance”.

“Precisamente, en atención al origen y finalidad de la convención colectiva de trabajo, carece ella del alcance nacional que tienen las leyes del trabajo sobre las cuales sí le corresponde a la Corte interpretar y sentar criterios jurisprudenciales, por lo que, en tanto actúa como tribunal de casación, lo único que puede hacer, y ello siempre y cuando las características del desatino sean de tal envergadura que puedan considerarse un error de hecho manifiesto, es corregir la equivocada valoración como prueba de tales convenios normativos de condiciones generales de trabajo”.

“También cabe recordar que por imperativo legal los contratos y convenios entre particulares —y la convención no es otra cosa diferente a un acuerdo de voluntades sui generis— deben interpretarse ateniéndose más a la intención que tuvieron quienes lo celebraron, si dicha intención es claramente conocida, que a las palabras de que se hayan servido los contratantes. Esta regla de interpretación está expresada en el artículo 1618 del Código Civil y aun cuando referida en principio a los contratos de derecho común, también debe ser tomada en consideración por los jueces del trabajo; y dado que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social faculta a los jueces laborales para que en las instancias aprecien libremente la prueba, es un deber de la Corte, en su condición de tribunal de casación y en todos los casos en que no se configure error de hecho manifiesto, respetar las apreciaciones razonadas que de la convención colectiva de trabajo —mirada ella como prueba de las obligaciones que contiene— haga el tribunal fallador”.

“Ahora bien, como lo asentara la Corte en sentencia de 11 de febrero de 1994 (Rad. 6.043), el ‘error evidente, ostensible o manifiesto de hecho’ es aquel que “se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida…”.

Se dice lo anterior, porque a juicio de esta corporación, la interpretación que hizo el tribunal de las cláusulas 57 y 102 de la convención colectiva de trabajo no aparece descabellada y es admisible.

Seguidamente, es necesario transcribir la parte pertinente del artículo 57 de la convención colectiva de trabajo, el cual señala “PAR. 1º—(…) El suministro de carne será de doscientos cincuenta (250) gramos diarios por persona mayor de un (1) año de edad, que forme parte de la familia inscrita del trabajador, durante seis (6) días en la semana (...)”.

Al examinar el contenido del precitado artículo 57, que consagra el suministro de carne, su tenor literal admite más de una interpretación, pues al no referirse expresamente a si dicho suministro constituye o no factor salarial es lógico entender que este pueda constituir factor salarial, como lo coligió el tribunal después de efectuar el análisis de la cláusula 9ª del contrato de trabajo y el artículo 128 del CST, conclusión que no se torna desproporcionada e irracional.

La sola admisibilidad de la apreciación efectuada por el tribunal, así existan otras posibles, como las que plantea el censor, o así ella no se comparta, de por sí excluyen la evidencia del error, necesario para proceder al quiebre de la decisión.

De otro lado, el ad quem adujo que el antecitado artículo 128 contemplaba que las partes pueden pactar que algunos beneficios habituales entregados al trabajador, no constituyan factor salarial para efectos prestacionales, que tal pacto debía ser expreso, y no debía quedar la menor duda de que fue voluntad de las partes excluirlos; que la cláusula novena del contrato es norma general e indeterminada, la cual estableció una actividad probatoria por parte del empleador.

En relación con lo anterior, encuentra la Sala, que el recurrente en la demostración del cargo alude a la cláusula novena del contrato, sin embargo no precisa si esta prueba fue apreciada erróneamente o no fue estimada, ni individualiza los errores de hecho o de derecho que constituyeron la causa de violación a la ley que se le imputa al tribunal ni señala cómo ellos influyeron en la decisión.

Aclara la Sala, que cuando el ataque se orienta por la vía de los hechos, el recurrente tiene la carga de acreditar de manera razonada la equivocación en que ha incurrido el ad quem en el análisis y valoración de los medios de convicción, que lo lleva a dar por probado lo que no está demostrado y a negarle evidencia o crédito a lo que en verdad está acreditado en los autos, lo que surge a raíz de la falta de apreciación o errónea valoración de la prueba calificada, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, lo cual no se cumplió en cuanto al contrato de trabajo.

Al respecto la Sala ha expresado:

“... Debe la Sala insistir nuevamente en que cuando se propone un cargo aduciendo falta de apreciación de las pruebas, no basta con relacionarlas, sino que es necesario explicar, de manera precisa, frente a cada una de ellas, qué es lo que en verdad acreditan, de qué manera incidió su falta de valoración en la decisión acusada, y en qué consistió el error de hecho, pues este es el presupuesto de la aplicación indebida que enrostra a la decisión y lo que permite a la Corte establecer la magnitud del desatino, que debe ser ostensible y trascendente, so pena de no lograr el objetivo de desquiciar la presunción de acierto y legalidad que ampara toda sentencia objeto de este recurso extraordinario” (Rad. 16406; ago. 2/2001)”.

“Es obvio que dicha carga es predicable también respecto de cuando se alega aplicación indebida de la ley sustancial por errónea estimación de determinadas pruebas como acá aconteció” (Sent. nov. 10/2004, rad. 22193).

Si se pasara por alto lo anterior, encontraría la Sala, que del contenido de la cláusula novena del contrato de trabajo, no es dable deducir con certeza que el suministro de carne no constituye salario en especie, pues dicha cláusula solo se limita a indicar “También declaran las partes expresamente que para efectos de la liquidación de prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, no constituye salario las sumas que ocasionalmente reciba el trabajador por mera liberalidad, tales como primas, bonificaciones y gratificaciones ocasionales y lo que reciba en dinero o en especie no para su beneficio, ni como retribución de servicios, ni para subvenir a sus necesidades, ni enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, o como facilidades, en determinadas zonas de trabajo, tales como campamentos, casa de habitación, vehículos y alimentos u otros rubros semejantes (…)” (fl. 108 v.), por tanto no resulta desatinada la conclusión a la que arribó el tribunal “a falta de pruebas concretas de la forma como tal entrega podría contribuir al desempeño a cabalidad de las funciones del trabajador, es que la Sala debe entender, al menos en la solución de este conflicto jurídico, que tal suministro es salario en especie y factor prestacional (...)”. (fl. 299), esta no constituye un error y mucho menos con las características de ostensible o manifiesto como se exige en el recurso extraordinario de casación.

Por otra parte, la cláusula 102 de la convención colectiva de trabajo dice:

“(...) Adicionalmente, la empresa reconocerá al trabajador una bonificación en dinero de acuerdo con el siguiente plan:

a) Por cinco (5) años de antigüedad, continuos o discontinuos, recibirá el equivalente a nueve (9) días del salario básico que este devengando al momento de cumplir dicha antigüedad. (…)

d) Por veinte (20) años de antigüedad, continuos o discontinuos, recibirá bajo las mismas condiciones del literal a) el equivalente a veinticuatro (24) días.

e) Por veinticinco (25) años de antigüedad, continuos o discontinuos, recibirá bajo las mismas condiciones del literal a) el equivalente a veintinueve (29) días. (…)

La prima establecida en los literales d) y e) será reconocida en forma proporcional al momento de la jubilación”.

Al respecto, encuentra la Sala, que la exégesis que hizo el tribunal del referido texto convencional, en el sentido que el “reconocimiento se hace por tiempo total de antigüedad, tal como lo dispone la norma convencional transcrita y no por el tiempo adicional a los veinte (20) años (...)” (fl. 307), conclusión que lo llevó a determinar que si a “25 años de antigüedad corresponden 29 días de salario básico, a 24,1 años (24 años, 1 mes y 4 días —cf. fl. 116—), le corresponden entonces 28 días (...)” (fl. 307), es admisible, así existan otras posibles, lo que descarta la evidencia de error.

En tales circunstancias, es procedente reiterar el criterio de esta corporación, según el cual el sentenciador de instancia no incurre en error evidente de hecho cuando otorga a una norma convencional uno de sus posibles alcances, pues en este caso no hace cosa diferente que hacer uso de la facultad consagrada en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, para formar libremente su convencimiento. Actividad que no es susceptible de ser desquiciada por vía del recurso de casación.

Por último, aclara la Sala, que en el alcance de la impugnación se alude al reajuste de la prima de antigüedad, sin embargo, en la decisión de primer grado, no se ordenó reajustar dicha prima por cuanto la “demandada pagó un mayor valor” (fl. 234), es decir, el fallo en cuanto a este aspecto le fue favorable a la aquí recurrente.

Por las anteriores razones el cargo no prospera.

Segundo cargo

Acusa la providencia impugnada de violar, por la vía directa, las mismas disposiciones de la acusación anterior pero en la modalidad de interpretación errónea.

La argumentación de esta acusación es similar a la esbozada en el primer cargo, además, la censura indica que:

“(...) El tribunal interpreta en forma errónea el artículo 57 convencional mencionado, pues no lo entiende en su verdadero sentido, sino en otro que no corresponde a su contenido exacto y que hacen derivar de este consecuencias que no se deducen lógicamente, al considerar que el suministro de carne constituye salario en especie cuando en realidad no lo es.

(...) Existe entonces una abierta interpretación errónea de la norma convencional, lo que genera un alcance distinto al real, es decir que el suministro de carne realizado, no constituye salario en especie, ni se debe tener en cuenta para efectos de la liquidación de prestaciones legales y extralegales, concluyendo abiertamente lo contrario.

(...) Si el ad quem en la providencia atacada no hubiese realizado la interpretación errónea de la norma, hubiese resuelto en favor de mí(sic) representada, y no hubiese reconocido incidencia salarial al suministro de carne realizado y por lo tanto no hubiese fulminado las condenas impuestas. Así, si no hubiese concluido en la providencia que el demandante recibió salario en especie representado en el suministro de carne no hubiese condenado al reajuste del auxilio de cesantías en cuantía de $ 7.665.772.00, (...); ni confirmaría la condena por reajuste de prima de servicios; ni hubiese condenado al reajuste de la pensión de jubilación (...), y no hubiese condenado a la indexación modificando el monto de la condena impuesta.

Adicionalmente el h. tribunal se equivoca abiertamente al interpretar en forma indebida el artículo 102 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre Ecopetrol y la USO para los años 2001 - 2002, en cuanto a la aplicación del plan que para el efecto del reconocimiento de este beneficio se establece en el mencionado artículo, y al absolver por todo concepto a Ecopetrol S.A. hubiese absuelto a mí(sic) representada de las costas impuestas en primera instancia.

De aplicar el plan, teniendo en cuenta que el trabajador demandante laboró 24 años, 1 mes y 4 días; con un tiempo perdido de 101 días y que el próximo quinquenio a cumplir sería a los 25 años que según el plan correspondería a 29 días, el valor a pagar por esta corresponde al equivalente de 23.75 días, es decir $ 977.079 como efecto pagó la empresa y no $ 1.152.032.oo como lo indica el tribunal.

Si el h. tribunal no hubiese interpretado en forma errónea las normas convencionales no hubiera condenado a mí(sic) representada al pago del reajuste del denominado plan quinquenal y por lo tanto no abría (sic) condenado a la indexación sobre la suma que resulto reliquidada por este concepto y hubiese revocado la condena en costas a la demandada impuesta en primera instancia” (fls. 33 a 36).

La réplica

Expresa que no existe error en la interpretación del artículo 57 de la convención colectiva de trabajo, pues este es muy claro en su contenido; no hay una demostración evidente, clara y contundente de la demandada para demostrar la aplicación indebida del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo.

Consideraciones de la Corte

Frente al segundo cargo, es preciso señalar que dada la vía de puro derecho escogida por la censura, se presume su conformidad con los fundamentos fácticos del fallo, de tal manera que si el recurrente pretende que la Corte examine cláusulas del convenio colectivo, que no son normas sustanciales con alcance nacional sino una prueba en casación, ha debido orientar su ataque por la vía indirecta.

De tiempo atrás se encuentra unificada la jurisprudencia en el sentido de señalar que el contenido de una convención no es equiparable a una ley para los efectos del recurso de casación, sino que en realidad frente al mismo tiene la condición de prueba y por tanto, su acusación solo es viable por la vía indirecta y bajo la afirmación de no haber sido apreciada o haber sido mal estimada por el sentenciador.

Así las cosas, se equivocó la orientación del ataque porque tal análisis solo puede ser abordado por el sendero fáctico.

Además, observa la Sala, que el tribunal en su fallo no hizo ninguna exégesis sobre el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, por tanto, al no existir ninguna disquisición jurídica sobre la citada disposición legal, resulta evidente que el cargo está fundamentado sobre soportes inexistentes.

Son suficientes las anteriores razones para desestimar el cargo.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho a su cargo se fija la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000,oo) moneda corriente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 27 de mayo de 2008, proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro del proceso ordinario laboral promovido por José Eduardo Torres Galvis, contra la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol S.A.

Costas conforme se indicó en la parte motiva. Como agencias en derecho a su cargo se fija la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000,oo) moneda corriente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»