Sentencia 37077 de diciembre 12 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta Nº 458

Magistrado Ponente

Dr. José Luis Barceló Camacho

Bogotá, D.C., doce de diciembre dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

La Sala de Casación Penal observa que, al margen de las falencias en que incurren las dos demandas por la incompleta configuración de la proposición jurídica y la poco afortunada denominación de las modalidades de violación directa e indirecta de la ley sustancial alegadas, lo cierto es que los reproches formulados dejan al descubierto con nitidez un conjunto de errores de hecho en la apreciación de la prueba en el fallo de segundo grado, en particular por exclusión evidente de unos medios de convicción, cercenamiento de otros e indebida apreciación de uno más, los cuales tuvieron clara incidencia en el resultado de la sentencia, como así mismo lo apreció en su concepto la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal.

Así las cosas, debido a la similitud de los argumentos que los sustentan, la Corte se ocupará inicialmente y de manera conjunta de los primeros cargos formulados en ambas demandas, los cuales contienen críticas de falsos juicios de existencia, identidad y falso raciocinio. Enseguida, abordará el segundo cargo de la demanda presentada a nombre de Víctor Modesto Falla Cambero. Por último, desarrollará el segundo cargo del escrito presentado a nombre de las víctimas Doris Pimentel Pimentel y Diego Acevedo Pimentel y fijará el alcance de la decisión de reemplazo.

1. Primer cargo de las demandas presentadas por los apoderados de Doris Pimentel Pimentel y Víctor Modesto Falla Cambero.

1.1. Los demandantes argumentan, en esencia, que el tribunal dejó de lado algunos elementos de convicción y cercenó otros, pruebas testimoniales y documentales, que demostraban que en realidad el conductor del vehículo era empleado del colegio, razón por la cual Fabiola Londoño de Carvajal y Graciela Carvajal Londoño, propietaria y representante legal, respectivamente, del mencionado establecimiento, están llamadas a responder civilmente, de manera solidaria con el procesado Álvarez Trujillo, por los daños causados, sin que el contrato de arrendamiento celebrado sobre el automotor, el cual fue apreciado en contra de las “normas de la crítica”, permita una conclusión diferente.

El Tribunal Superior de Neiva argumentó que en verdad aparece acreditado que el Colegio Rafael Pombo, del que son propietaria y representante legal Fabiola Londoño de Carvajal y Graciela Carvajal Londoño, es el dueño del vehículo que provocó el siniestro.

No obstante lo anterior, consideró que por virtud del contrato de arrendamiento del microbús, celebrado entre Londoño de Carvajal y Karla Liseth Botero Fernández, para la fecha de los hechos dicho automotor había sido cedido a la última, “trasladándose así la condición de presunto guardián del dueño de la cosa utilizada en actividades peligrosas a la arrendataria”. Y añadió, al efecto de reforzar su apreciación sobre la veracidad del contenido del contrato, que cualquier situación referente a su existencia, validez y alcance debe ser fijado por las partes, que su condición de ficticio declarada por una decisión judicial y que la ausencia de vinculación entre el conductor y el colegio, demostrada en el informe del investigador judicial, surge del hecho de que aquél no figura en la nómina de este.

1.2. Pues bien, ante el contenido probatorio del proceso, el cual ponen de presente los impugnantes en sus demandas, la anterior apreciación del sentenciador se torna claramente incompleta y superficial, lo que configura falsos juicios de identidad en la apreciación del testimonio de Karla Botero Fernández y falso raciocinio al ponderar el contrato de arrendamiento.

Dicho aserto encuentra fundamento en que habiendo versado el recurso de apelación contra la decisión del a quo sobre la existencia de la dependencia entre el conductor y el colegio, como presupuesto de la responsabilidad del tercero civilmente responsable, el fallador ha debido ocuparse de todos y no solamente de unos pocos elementos de juicio para confirmar o descartar esa precisa circunstancia.

Es allí, entonces, donde cobran relevancia los razonamientos de los recurrentes, en la medida en que hacen ver que, en este caso particular, la prueba del presupuesto de la responsabilidad del tercero civilmente responsable no puede limitarse a la existencia y los términos del contrato, sino que esa discusión está rodeada de una pluralidad de aristas que obligan necesariamente a considerar otros elementos de juicio que, ponderados en conjunto, a las claras ponen en entredicho el contenido de la supuesta obligación, ejercicio argumentativo que el tribunal no realizó.

Así las cosas, como bien lo plasma la Procuraduría en el concepto que la Sala comparte, no cabe duda que el ad quem pasó por alto, omitió del todo, los testimonios de Heriberto Caquimbo, Rumid Reyes, Pedro Luis Méndez, César Augusto Amaya y la indagatoria de Carlos Arturo Álvarez Trujillo, quienes indicaron que este último laboraba como conductor de un colectivo que prestaba el servicio de transporte al colegio Rafael Pombo y reconocía como su empleadora a su rectora, Fabiola Londoño de Carvajal.

Lo anterior quedó claramente evidenciado en los escritos presentados por los recurrentes, los cuales se ocupan en detalle y trascriben los apartes de las pruebas que sustentan dicha postura.

Así mismo, el tribunal cercenó y, por consiguiente, dejó de apreciar en toda su extensión la declaración de la arrendataria Botero Fernández, pues solamente consideró aquella parte en la que expresó que el vehículo arrendado estaba bajo su responsabilidad, que era la encargada de su mantenimiento y de contratar a su conductor. En contraste, el ad quem pasó por alto las vagas explicaciones que adujo Botero Fernández sobre los motivos para tomar en arriendo el vehículo, las cuales resultan claramente infundadas, pues, lejos de apoyar su explicación, no dejan ver la imperiosa necesidad de recibir una ayuda económica por parte de la rectora.

Tampoco el tribunal se ocupó de resolver las ostensibles inconsistencias que se derivan del propio dicho de la supuesta arrendataria, como cuando admitió que no contaba con permiso oficial alguno para prestar el servicio de transporte, omisión incomprensible de quien pretende realizar dicha labor, o bien cuando expresó que “en ocasiones le colaboro a doña Fabiola allá en el colegio, pero sin ningún vínculo laboral ni nada”, afirmación que niega la prestación del servicio de transporte para el establecimiento educativo a través del contrato de arrendamiento, ni la clara lesión patrimonial que le representaba la celebración del contrato, dado que, sin necesidad de complicados cálculos, lo que la arrendataria deja plasmado en su declaración es que los 55.000 pesos que mensualmente pagaba cada uno de los 12 estudiantes transportados por ninguna parte le compensaban los 700.000 que, según dice, le pagaba a la arrendadora por el valor del contrato, los aproximadamente $ 700.000 que afirma le representaba el mantenimiento del carro ni los $ 75.000 semanales que adujo le pagaba al conductor Álvarez Trujillo.

Todas estas afirmaciones de Botero Fernández, de las cuales hizo caso omiso el fallador de segundo grado, de manera objetiva dejan en entredicho la veracidad de la realidad histórica; aún así, de ellas el juzgador nada dijo, las recortó, limitándose a apreciar solamente una parte de su dicho.

Menos aún abordó el tribunal las inconsecuencias externas y la apreciación en conjunto de las atestaciones de la supuesta arrendataria, pues omitió confrontar sus de por sí débiles explicaciones sobre la celebración y ejecución del supuesto contrato con la prueba testifical y documental que se opone frontalmente a sus conclusiones: dígase, entonces, que resulta ser el propio procesado, como lo evidencia el argumento de los demandantes, el que niega las aseveraciones de la arrendataria, pues por una parte desconoce el contrato entre Londoño de Carvajal y Botero Fernández y, además, reconoce como su empleadora no a la última de las mencionadas, como ella lo asegura, sino a la primera, esto es, a la rectora del Colegio Rafael Pombo.

Por si lo anterior fuera poco, la realidad que pretenden defender las dos declarantes antes mencionadas sobre la existencia y los efectos del contrato de arrendamiento, la que sin mayor reparo compartió la corporación de instancia, termina por derrumbarse frente a la prueba documental proveniente de servidores públicos; es así que el Ministerio de Transporte, dirección territorial del Huila y Caquetá, comunicó que si el vehículo es de propiedad del establecimiento educativo solamente puede prestar el servicio de transporte al mismo, y si el colegio arrienda el vehículo a una persona ajena a la institución “no puede prestar el servicio de transporte a los estudiantes del colegio, porque se configura la calidad de servicio público, y este solo es posible prestarlo a través de una empresa de transporte debidamente autorizada por el Ministerio de Transporte…”.

Además, la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Neiva informó, por una parte, que Karla Botero Fernández y el vehículo objeto del arriendo no registran permiso para prestar servicio de transporte escolar y, por la otra, explicó que los vehículos de propiedad de una institución educativa, destinados a prestar esa clase de servicio, solo podrán cumplir dicha actividad con estudiantes de esa misma institución y bajo la responsabilidad de la misma. Y si se presenta el caso de que el vehículo sea arrendado a un tercero debe ser destinado a prestar el servicio de transporte a estudiantes de ese establecimiento “y, en todo caso, la institución educativa será solidariamente responsable en todas las acciones inherentes a este servicio de transporte escolar, es decir, no exime su responsabilidad…”.

En contraste, el tribunal no consideró por ninguna parte la anterior prueba documental; en cambio, limitó su apreciación probatoria a inferir que el vínculo laboral entre el colegio y el conductor no existía porque este último no figuraba en la nómina de la institución educativa, argumento deleznable que carece de idoneidad para oponerse a la realidad de los hechos, tal como estos se evidencian del cúmulo probatorio que enuncian los impugnantes, del cual, insiste la Sala, el tribunal hizo caso omiso.

Entonces, los medios de convicción reseñados, de no haber sido omitidos unos, dejados de contemplar en su exacta dimensión otros y apreciado en conjunto y según las máximas de la sana crítica uno más, conducirían razonablemente a adoptar una decisión diferente, pues ante la fuerza de lo omitido, cercenado y erróneamente apreciado, el argumento que sustenta la postura del fallador de segunda instancia se ofrece manifiestamente débil, debido precisamente a la incompleta ponderación de la prueba.

1.3. Ahora bien, dicha conclusión no pierde vigencia frente al argumento del ad quem, según el cual la condición de ficticio del contrato debe ser declarada por la autoridad judicial. Esta circunstancia no le impide al funcionario judicial penal apreciarlo dentro del proceso y contrastarlo con la realidad de los hechos que se deriven del conjunto probatorio, pues “es claro que dentro del proceso penal, la competencia de funcionario se extiende a las cuestiones extrapenales que surjan de la actuación, con el propósito de que las cosas vuelvan al estado anterior a la comisión del hecho punible”(2).

Una postura contraria conduciría a limitar indebidamente las facultades del juez penal y a privilegiar lo formal sobre lo material, toda vez que se vería enfrentado a hacer prevalecer la voluntad de los particulares encaminada a sustraerse de las obligaciones que les corresponden, aún cuando esa voluntad desconozca la realidad demostrada en el proceso.

Así pues, el argumento de los impugnantes acredita el yerro valorativo que recayó en el contrato de arrendamiento del vehículo conducido por el procesado, pues aún cuando el tribunal se ocupó de su contenido literal no elaboró reflexión alguna encaminada a pasar por el tamiz de la sana crítica el tenor del documento, para así evidenciar que el sentido común y la experiencia permiten inferir que el contrato de arrendamiento nunca estuvo llamado a producir sus particulares efectos, pues solamente le acarreaba pérdidas a la arrendataria, quien, por demás, carecía de toda autorización oficial para desarrollar el objeto del contrato.

1.4. Adicionalmente, dígase que una vez declarada la responsabilidad penal, es deber del funcionario judicial pronunciarse sobre la civil, incluso acerca de la situación de quienes están legalmente llamados a responder patrimonialmente. Así lo ha dicho la Sala de Casación Penal:

“… adelantado el proceso penal, coetáneamente con la definición de la responsabilidad penal mediante sentencia, el juez está obligado a determinar en la misma la responsabilidad de orden civil por los daños ocasionados con la conducta punible no solamente del procesado sino de aquellos que hubieren sido vinculados legalmente, como llamados a responder por los daños generados por la conducta punible, y se les haya comprobado su responsabilidad, como así lo prevé el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal (tanto el anterior como el vigente).

“Por consiguiente, la definición de estos dos aspectos en la sentencia se convierten en una cuestión inescindible, de tal suerte que definido el carácter del fallo respecto del procesado deberá corresponder una definición puntual sobre la forma como deben ser reparados los perjuicios, si hay lugar a ello…

“Afirmación ésta que se encuentra, por demás, reafirmada en el hecho de que siendo el delito fuente de obligaciones, el afectado o la víctima pueden pretender el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por dos vías, mediante el ejercicio autónomo de la acción civil a través de un proceso de responsabilidad civil extracontractual, o bien, al interior del proceso penal, quedando, entonces, supeditado su ejercicio a las condiciones establecidas en las normas del proceso penal, y en lo que éste no regule, se integrarán las normas del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de una acción de carácter accesorio, por lo que corre la suerte en su desarrollo y resultados de la definición de la acción penal”(3).

1.5. En consecuencia, una vez corregido el dislate lo que se aprecia es que, como así lo concluyó el a quo y lo argumenta la procuradora delegada en su concepto, el contrato de arrendamiento sobre el que se funda la defensa de los terceros civilmente responsables no fue más que un mecanismo para evadir la responsabilidad patrimonial ante eventos como el que aquí se concretó en varios resultados dañosos.

En contraste, lo que demuestra la prueba que los impugnantes estiman omitida, cercenada e indebidamente apreciada, es que se cumple el presupuesto de la existencia de un vínculo entre el agente que causó el daño y los llamados a responder patrimonialmente, así como la disposición y guarda por parte de estos últimos respecto del automotor. Lo anterior no fue advertido por el ad quem, como consecuencia de los yerros de apreciación descritos.

En conclusión, el cargo primero de las demandas de casación prosperan. En tal virtud, la sentencia impugnada será casada parcialmente y, en consecuencia, la Corte, luego de analizar los cargos restantes, formulará los alcances del fallo en acápite posterior.

2. Segundo cargo de la demanda presentada por el apoderado de Víctor Modesto Falla Cambero: violación directa de la ley sustancial.

2.1. Dice el censor en el escrito de demanda que el tantas veces mencionado contrato es nulo, por cuanto desconoce la obligación consagrada en el artículo 68 del Decreto 174 de 2001, según el cual la arrendataria del vehículo que presta el servicio de transporte escolar debe estar afiliada a una cooperativa.

2.2. Al respecto, es necesario precisar que no existe la ilegalidad pregonada, porque las normas que el casacionista estima violadas(4) no consagran la obligación que alega el demandante. Tampoco existe la violación de la Ley 333 de 1996 que igualmente denuncia el recurrente, pues dicha norma fue derogada por la Ley 793 de 2002 y, además, regulaba el tema de la extinción del derecho de dominio respecto de bienes adquiridos de forma ilícita, lo que ninguna relación tiene con el caso presente.

En todo caso, al margen de la obligación de la arrendataria del vehículo de transporte escolar de afiliarse a una cooperativa, lo cierto es que la pretensión del censor es que el juzgador no se sustraiga de la apreciación del contenido del contrato y, en consecuencia, lo aprecie junto a los demás elementos de prueba, para así verificar si su cumplimiento se acompasa con la realidad de los hechos. De este particular reproche la Sala se ocupó en el acápite anterior, de manera que ahora solamente puede insistir en que el pronunciamiento que sobre la validez y alcance del contrato se realice por la vía judicial, no le impide al juez penal apreciar las cuestiones extrapenales que de aquel se deriven, como así mismo lo enseña la agente del Ministerio Público.

El cargo no prospera.

3. Segundo cargo de la demanda formulada por el representante de las víctimas Doris Pimentel Pimentel y Diego Acevedo Pimentel.

3.1. El demandante sostiene que el contrato de arrendamiento del vehículo no fue legalmente incorporado a la actuación, comoquiera que fue allegado en copia simple y no en original o copia certificada. Por lo tanto, no podía ser “convocado a valoración probatoria”.

3.2. El reproche anterior corresponde al denominado falso juicio de legalidad, el cual constituye, junto al escasamente procedente falso juicio de convicción, una de las modalidades en que se plasma el error de derecho; el falso juicio de legalidad, ha dicho la jurisprudencia de la Sala, se materializa cuando el sentenciador aprecia, con incidencia en el sentido del fallo, una prueba que se incorporó a la actuación, sin el cumplimiento de las normas que condicionan su validez.

Al respecto, es necesario recordar que el artículo 259 del Código de Procedimiento Penal establece que los documentos, de ser posible, se aportarán en original o copia auténtica; en caso contrario se “reconocerán en inspección judicial dentro de la cual se obtendrá copia”.

Esto último fue lo que aconteció en el caso que ocupa la atención de la Sala, pues de la actuación surtida se observa que el mencionado contrato fue aportado en copia simple por Fabiola Londoño de Carvajal y Karla Botero Fernández con ocasión de sus testimonios. No obstante lo anterior, se tiene que así mismo fue obtenido el 11 de mayo de 2006, a través de inspección judicial realizada al Colegio Rafael Pombo por la funcionaria del CTI Sandra Rocío Rocha Tello, la cual dejó constancia en el acta de haber examinado personalmente el original del aludido contrato celebrado el 10 de febrero de 2004 y de haber recibido una copia del mismo.

Por lo tanto, el documento fue reconocido y aducido en debida forma, motivo por el cual no se configura el yerro pregonado.

3.3. En lo demás, el cargo reitera los argumentos de omisión probatoria y su incidencia en la sentencia, los cuales fueron absueltos al ocuparse la corporación de los cargos anteriores.

La censura no prospera

Decisión de reemplazo

Como consecuencia de la prosperidad de los cargos primeros de las demandas, la Sala habrá de casar parcialmente el fallo recurrido. En tal virtud condenará a Fabiola Londoño de Carvajal y Graciela Carvajal Londoño, como terceros civilmente responsables, al pago solidario de los perjuicios civiles de toda índole derivados de la ejecución de las conductas punibles por las que fue declarado penalmente responsable y sentenciado Carlos Arturo Álvarez Trujillo, por las sumas fijadas en el fallo de primer grado.

Así mismo, revocará el numeral segundo de la providencia impugnada y, en consecuencia, mantendrá la vigencia de las medidas cautelares ordenadas por el Juzgado 5º Penal del Circuito de Neiva en autos del 7 de julio y 22 de octubre de 2008 (fls. 7 y 20 del cdno. de medidas cautelares).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR PARCIALMENTE la sentencia impugnada por los apoderados de las víctimas Doris Pimentel Pimentel, Diego Acevedo Pimentel y Víctor Modesto Falla Cambero, conforme el cargo primero de las demandas de casación formuladas.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a Fabiola Londoño de Carvajal y Graciela Carvajal Londoño, en su condición de terceros civilmente responsables, al pago solidario de los perjuicios materiales y morales, derivados de la comisión de las conductas punibles de lesiones personales culposas y homicidio culposo, por las cuales Carlos Arturo Álvarez Trujillo fue declarado penalmente responsable.

3. REVOCAR el numeral segundo de la sentencia del 15 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Superior de Neiva. En consecuencia, se mantiene la vigencia de las medidas cautelares allí mencionadas.

4. En lo demás, el fallo de primera grado se mantiene incólume.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase».

(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 14 de agosto de 2000, Radicación 13349.

(3) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 11 de abril de 2012, Radicación 33085.

(4) “ART. 68.—Transporte escolar privado. En cumplimiento del artículo quinto de la Ley 336, dentro del ámbito del transporte privado, los establecimientos educativos podrán continuar prestando el servicio de transporte exclusivamente a sus alumnos, siempre que los equipos sean propiedad del establecimiento educativo.

PAR.—En todo caso es obligación del establecimiento educativo mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad y cumplir con los distintivos y requisitos especiales establecidos en los artículos 61, 62 y 63 de este decreto.

Los vehículos de propiedad del establecimiento educativo, destinados al transporte privado de sus estudiantes, deberán efectuar su revisión técnico- mecánica anualmente, de acuerdo con la programación que para tal fin establezcan las autoridades de transporte competentes”.