Sentencia 37120 de mayo 25 de 2010

 

Sentencia 37120 de mayo 25 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 37120

Acta Nº 17

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo López Villegas

Bogotá, D.C., veinticinco de mayo de dos mil diez.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de Gladys Margarita Albarracín Arias contra la sentencia de 10 de abril de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en el proceso ordinario promovido por la recurrente contra el Instituto de Seguros Sociales.

I. Antecedentes

1. La citada demandante convocó a proceso al instituto con el fin en lo que interesa a la casación, de que se declare la existencia de relación laboral entre el 1º de marzo de 1995 y el 30 de junio de 2003, sin solución de continuidad, en el cargo de auxiliar de servicios asistenciales de enfermería clínica IPS - ISS. En consecuencia, pidió en forma principal condenar al reintegro y al pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, y en subsidio, a la indemnización por despido sin justa causa, cesantías, intereses a las cesantías, primas e indemnización moratoria entre otras.

Como apoyo de su pedimento indicó que se desempeñó en el lapso referenciado como auxiliar de servicios asistenciales enfermería clínica y que fue desvinculada por el empleador sin justa causa. Al momento del retiro devengaba $ 972.020; cumplía turnos de 8 horas diurnas y 8 horas nocturnas, en sábados, domingos y festivos, y estuvo siempre bajo subordinación. Nunca se le cancelaron las acreencias laborales a que tenía derecho.

2. El ISS admitió unos hechos y negó otros, se opuso a las pretensiones, y adujo en su defensa que celebró contratos de prestación de servicios regidos por la Ley 80 de 1993 y la demandante los suscribió a sabiendas de la clase de contrato que se estaba realizando. Propuso las excepciones de carencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido, falta de causa, prescripción, buena fe, entre otras.

3. Mediante fallo de 1º de noviembre de 2007, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, condenó al instituto al pago de varias acreencias laborales por el contrato de trabajo entre el 18 de diciembre de 2001 y el 30 de junio de 2003, como cesantías, intereses a las mismas, prima de servicios, vacaciones. Absolvió de lo demás.

II. Sentencia del tribunal

En virtud de la apelación interpuesta por la demandante, conoció el Tribunal Superior de Cúcuta, que mediante fallo de 10 de abril de 2008, confirmó el del juzgado en su integridad.

En lo que interesa a la casación, el juzgador de segundo grado de pruebas aportadas al proceso como las continuadas órdenes de prestación de servicio, constancias, los testimonios de Gloria Estella Castilla Pérez y Gloria Estella Prato Beltrán dedujo que la actora prestó servicios como auxiliar de servicios asistenciales enfermería clínica IPS y que tenía que cumplir horarios, bajo la continuada subordinación de quienes tenían a cargo la jefatura de la entidad y que se encargaban de supervisar el cumplimiento de sus funciones, del horario, que recibía órdenes de la jefe del servicio y de la coordinadora de enfermería, que celebró varios contratos con interrupciones, evidenciándose continuidad entre el 18 de diciembre de 2001 y el 30 de junio de 2003. Dijo que esto era suficiente para considerar que “entre las partes existió una verdadera relación laboral, desechándose por completo que el vínculo se realizó a través de contratos de prestación de servicios”.

En cuanto a la pretensión de indemnización moratoria aseveró que la decisión absolutoria del juzgado se encuentra ajustada a las directrices establecidas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y citó una sentencia de 20 de noviembre de 2007.

III. Recurso de casación

Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso extraordinario, el cual concedido por el tribunal y admitido por la Corte se procede a resolver, previo estudio de la demanda de casación y su réplica.

Pretende el impugnante que la Corte case parcialmente el fallo acusado, en cuanto confirmó la absolución por indemnización moratoria, y en sede de instancia, modifique el del juzgado condenando por ese concepto.

Con tal propósito formula un único cargo, así:

CARGO ÚNICO. Acusa la sentencia por la vía indirecta, por aplicación indebida de “los artículos 1º, 2º, 3º, 11, 20, 26 numeral 9º, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 de la Ley 6ª de 1945; Decreto 2127 de 1945, artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 11, 19, 20, 37, 40, 43; artículos 1502, 1508 y 1513, 1514 del Código Civil, además los artículos 1º, 16, 21, 19, 57 numeral 4º; 65, 140, 249, 260, 435, 467, 468, 469, y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 194, 195, 197, de la Ley 100 de 1993, Ley 90 de 1946, Decreto 1650 de 1977, 1248 de 1992, artículo 275 de la Ley 100 de 1993, Decreto 1876 de 1994, artículos 1º, 2º, 3º, 4º; Decreto 1045 de 1978, artículos 40, 45, 25, 29, 17; Decreto 916 de 2005, artículo 14; D.L. 1042 de 1978, artículos 42, 45, 58, 59; D.L. 3135 de 1968, artículos 5º, 11; D. R. 2127 de 1945, artículos 1º, 2º, 3º, 17, 18, 26 numeral 9º; 47, 48, 49, 50, 51; D. R.1950 de 1974, artículo 7º; Decreto 3135 de 1968, artículos 5º, 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo; el artículo 53 C.N.; y D.L. 797 de 1949, artículo 1º”.

Cita como errores manifiestos de hecho:

“1º No dar por demostrado, estándolo, con la prueba documental aportada con la demanda y no desvirtuada por la demandada, donde se demuestra que la demandada sí tenía conocimiento de la existencia una relación laboral entre las partes, demostrado con los turnos que realizaba la demandante como aparece al folio 67 del expediente y la ley reconoce esta prueba documental como idónea donde se demuestra que la trabajadora estaba sometida a turnos semanales y que eran programados por la misma demandada.

“2º No dar por demostrado, estándolo, al pasar inadvertido que en los contratos de prestación de servicios pactados entre la demandante y la demandada se encontraba acordado la subordinación cuando en ella se pactó en la cláusula segunda, Obligaciones del contratista: 2º ... respetará las normas y reglamentos del instituto 3º Responder y velar por el buen uso y mantenimiento de los bienes y elementos entregados 5) Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, con lo cual se demuestra que la demandada conocía que la actora cumplía un contrato de trabajo.

“3º No dar por demostrado estándolo, que en los estatutos de la demandada viene clara y específica la vinculación de la demandante como trabajadora oficial, vinculada mediante un contrato de trabajo, excluyendo a los empleados públicos, cargo que no ostentaba la demandante (fls. 168 a 170).

“4º No dar por demostrado, estándolo, que en los testimonios y el interrogatorio de parte se establece que la demandada conocía que la demandante venía cumpliendo un contrato de trabajo y no uno de prestación de servicios y al no ser tachados ni controvertidas, por lo tanto, se deslumbra la mala fe del empleador”.

Las anteriores equivocaciones ocurrieron por haber ponderado equivocadamente los siguientes elementos de convicción calificados, “pruebas no apreciadas o inadvertidas, o erróneamente apreciadas”.

Los turnos para el personal (fl. 67), constancia de trabajo (fls. 171 a 176), el contrato de prestación de servicios (fls. 3 a 7), estatutos de la demandada (fls. 168 a 170), los testimonios de Gloria Stella Castilla Pérez (fl. 149), Gloria Prado de Beltrán (fl. 150), interrogatorio de parte de Gladis Albarracín Arias (fl. 322).

En el desarrollo el impugnante pone un título de “pruebas apreciadas en indebida forma” las relaciona nuevamente y sostiene que con la demanda se allegó prueba de los turnos que realizaba la trabajadora en igualdad de condiciones con el personal de planta, “con lo cual queda probado que la demandada conocía que la actora laboraba bajo un contrato de trabajo realidad” y que tenía conocimiento de dicha circunstancia.

Agregó que en los contratos de prestación de servicios pactados entre la demandante y la demandada se encontraba acordada la subordinación en la cláusula segunda sobre las obligaciones del contratista, a saber: “3) Responder y velar por el buen uso y mantenimiento de los bienes y elementos entregados 5) Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, con lo cual se demuestra que la demandada conocía que la actora cumplía un contrato de trabajo”.

Más adelante señaló que no es válido que la demandada, conociendo por los estatutos que el cargo o actividad ejecutada por la actora era de trabajadora oficial, en igual de condiciones que los trabajadores oficiales que ejercían el mismo cargo de auxiliar de enfermería que la trabajadora demandante, ilícitamente desconozca ese hecho.

En cuanto a los testimonios y al interrogatorio de parte, aseveró que establecen que la demandada conocía que la demandante venía cumpliendo un contrato de trabajo y no uno de prestación de servicios; por lo tanto, se vislumbra la mala fe del empleador.

Concluyó diciendo que “la actora cumplía un contrato de trabajo para la demandada y que la demandada conocía dicho hecho, por cuanto los jefes inmediatos eran los mismos para los de planta como para los de contrato de prestación deservicios, de lo cual se concluye fácilmente que la demandada conocía estas circunstancias, en razón a que los jefes inmediatos como representantes del empleador le impartían ordenes, los mandaban en todo, es decir estaba subordinada, en consecuencia se desvirtúa la buena fe que alega el empleador en su defensa”.

El opositor por su parte sostuvo que en la proposición jurídica no se incluyó el precepto fundamental que supuestamente se aplicó indebidamente, es decir, el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, modificado por el artículo 1º del Decreto 797 de 1949. Por lo demás, no existe error evidente de hecho porque el juzgador tiene la facultad de poder apreciar en forma racional, los elementos de convicción de conformidad con las reglas de la sana crítica, y luego de esa valoración encontró en este caso que el instituto actuó con buena fe simple, ya que la no cancelación de las acreencias de carácter laboral se debió a que estaba plenamente convencido de que la vinculación existente entre las partes no era de carácter laboral.

IV. Consideraciones de la Corte

Para la Corte se equivocó el tribunal al confirmar la absolución dispuesta por el juzgado por indemnización moratoria, en cuanto las pruebas que denuncia el cargo como los contratos de prestación de servicios y las constancias sobre los turnos cumplidos por la demandante, muestran la conducta injustificada del instituto de acudir a la ley de contratación administrativa para simular lo que en realidad son vínculos laborales, y así eludir el pago de derechos de esa naturaleza en perjuicio del trabajador.

Y es que existen múltiples pronunciamientos judiciales en situaciones muy similares a la aquí analizada en que esa clase de vinculaciones realizadas por la demandada han sido calificadas como contrarias a la ley laboral y sin embargo, persiste en acudir a una forma de contratación impertinente para regular verdaderas relaciones de trabajo subordinado donde van a operar signos distintivos de contratación laboral como se evidencia en el sub lite, con los elementos probatorios acusados donde emerge la subordinación a que fue sometida la demandante en el cumplimiento de sus funciones.

Esta situación inocultable ha llevado a la Corte a fijar una posición en el sentido de que el instituto demandado abusó de otras formas de contratación como la prevista en la Ley 80 de 1993, para refugiarse en esa aparente legalidad, con el fin de evadir el reconocimiento de derechos y prerrogativas que la ley reconoce a quienes están amparados por la normatividad que regula el trabajo humano subordinado, y que le resultaban económicamente más gravosas.

En sentencia de 23 de febrero de 2010, Radicado 36506, expuso esta Sala:

“Y en lo que tiene que ver con los varios pronunciamientos por parte de esta corporación en otros asuntos análogos, donde se consideró en más de un centenar de ocasiones, que los contratos de prestación de servicios celebrados por el Instituto de Seguros Sociales bajo el amparo de la Ley 80 de 1993 eran en realidad laborales y a los que alude la censura en el ataque, la verdad es que, el ISS ha hecho caso omiso a ellos y persiste en continuar utilizando esta forma de contratación para situaciones como la que ocupa la atención a la Sala, en la cual como atrás se explicó, conforme al acopio probatorio examinado, está plenamente acreditado que el vínculo del demandante de la manera como se desarrolló, en definitiva no encaja dentro de los presupuestos de la citada preceptiva, lo que sumado al conocimiento que tenía la demandada sobre lo que aflora de la realidad en el manejo de esas relaciones, conlleva a considerar bajo estas directrices, que el actuar sistemático del Instituto demandado se constituye en burla de derechos fundamentales del operario.

“…

“Así las cosas, y sin hesitación alguna, el material probatorio recaudado deja al descubierto, que el instituto demandado no logró acreditar una conducta tendiente a mitigar o conjurar el incumplimiento en el reconocimiento de las prestaciones sociales al actor, que haga derivar la buena fe y que permita eximirlo en calidad de empleador de la consiguiente indemnización moratoria, convirtiéndose en insostenible la posición asumida de tiempo atrás por dicho accionado y expresada nuevamente en este asunto en la respuesta al libelo demandatorio, esto es, de creer entender que el vínculo se regía por un contrato de prestación de servicios”.

Por las razones anteriores, prospera el cargo, y la sentencia del tribunal será parcialmente casada en cuanto confirmó la absolución por concepto de indemnización moratoria.

En instancia, de conformidad con el monto del salario mensual devengado por la demandante de $ 972.020 y que no fue cuestionado por las partes, se condenará al instituto por concepto de indemnización moratoria al pago de una suma de $ 32.400,66 diarios a partir del 10 de noviembre de 2003 y hasta que se verifique el pago. Esto teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, modificado por el artículo 1º del Decreto-Ley 797 de 1949, que da al empleador oficial un término de 90 días para el pago de la liquidación definitiva de prestaciones sociales, salarios o indemnizaciones antes de que opere la sanción por el no pago o retardo cuando haya mala fe, y que en el sub lite la relación laboral finalizó el 30 de junio de 2003.

En consecuencia, el fallo de primer grado será modificado en el sentido anotado.

Sin costas en casación dada la prosperidad del recurso. Las de la segunda instancia a cargo de la demandada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 10 de abril de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en el proceso promovido por Gladys Margarita Albarracín Arias contra el Instituto de Seguros Sociales, en cuanto confirmó la absolución por concepto de indemnización moratoria. No la casa en lo demás. En sede de instancia ADICIONA la sentencia de 1º de noviembre de 2007, del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, en el sentido de imponer condena al pago de la suma de $ 32.400,66 diarios a partir del 10 de noviembre de 2003 y hasta que se verifique el pago de las acreencias laborales, a título de indemnización moratoria.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal.

Magistrados: Eduardo López Villegas—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.