Sentencia 37235 de marzo 24 de 2010

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 37235

Acta 9

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López

Bogotá, D.C., veinticuatro de marzo de dos mil diez.

Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandante, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 11 de junio de 2008, en el proceso ordinario adelantado por JOSÉ DOMINGO ARANGO PÉREZ contra CERVECERÍA UNIÓN S.A.

I. Antecedentes

Con la demanda inicial solicita el actor, de manera principal, que se condene a la demandada a reintegrarlo al mismo cargo que desempeñaba al momento de su desvinculación o a otro de igual o superior categoría; al reconocimiento y pago del valor de los salarios, prestaciones sociales legales y extralegales, con sus respectivos incrementos, dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el momento del reintegro efectivo; a los correspondientes aportes al sistema de seguridad social, en pensiones y salud, conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y a la indemnización de perjuicios morales causados por el incumplimiento del contrato de trabajo. Subsidiariamente, pretende el pago de la indemnización legal o convencional que le sea más favorable, por despido injusto e ilegal, y la adicional de 180 días consagrada en la Ley 361 de 1997; a la indemnización por perjuicios morales causados por el incumplimiento del contrato; condenas que deben ser indexadas, teniendo en cuenta el incremento del IPC, y a las costas del proceso.

Como fundamento de esos pedimentos, en lo que interesa al recurso, argumenta que prestó servicios a la sociedad demandada mediante contrato de trabajo a término indefinido, a partir del 15 de febrero de 1988, realizándole todos los exámenes de ingreso sin hallar ninguna limitación; que el 24 de junio de 2003, la empresa a través de su Departamento de Salud Ocupacional, lo revisó reconociendo su padecimiento de enfermedad mental, y el tratamiento; que periódicamente se le hicieron valoraciones médicas, entre otras causas, por esa enfermedad, la cual se le diagnosticó como trastorno sicótico de tipo bipolar afectivo TAB, por la que fue tratado y hospitalizado por la EPS COMFAMA y la IPS Clínica SAMEIN; que debido a su enfermedad empezó a presentar reiteradas incapacidades, ingresos a urgencias y ausentismos laborales, consignados en su historia individual de salud ocupacional; que la citada clínica en su historia médica informó el 1º de febrero de 2005, sobre las consultas que la empleadora había elevado en procura de conocer los riesgos en su trabajo; que el 18 de febrero del mismo año, cuando finalizó su disfrute de vacaciones le fue terminado el contrato de trabajo, en razón de su enfermedad mental, sin que para ello se hubiera solicitado autorización del Ministerio de la Protección Social, violando la protección consagrada constitucional y legalmente, en cuanto a la estabilidad reforzada para las personas en estado de debilidad síquica manifiesta; que el último salario que devengó fue de $ 1’713.000; que era beneficiario de la convención colectiva vigente al momento de la desvinculación; que al quedar sin empleo, afrontando sus dolencias mentales y sintiéndose improductivo, entró en un estado de estrés que contribuyó a acelerar su enfermedad mental e incrementar los períodos de hospitalización para su tratamiento.

II. Respuesta a la demanda

La accionada al dar contestación a la demanda se opuso a las pretensiones. De sus hechos aceptó los siguientes: la relación laboral entre las partes; sus extremos temporales; las revisiones médicas que se le hicieron al demandante, aclarando que son permanentes los exámenes preventivos que se practican a sus trabajadores, dentro de una política de bienestar laboral; que a éste se le diagnosticó un “trastorno de tipo bipolar afectivo”; que presentó incapacidades y ausentismos que constan en su historia clínica; la consulta que ella le solicitó a la Clínica de Salud Mental SAMEIN, advirtiendo que solo tenía por objeto, saber si el mencionado trastorno implicaba algún riesgo o impedimento para que él laborara en jornada nocturna, por lo que no encuentra ningún nexo entre esa consulta y lo interpretado por el demandante; que no solicitó autorización al Ministerio de la Protección Social para dar por terminado su contrato, por cuanto éste no presentaba discapacidad, ya que la enfermedad común que padecía, no le generaba ninguna limitación, y debidamente tratada no conlleva a ningún nivel de invalidez; el examen médico de egreso que se le practicó, pero puso de presente que éste no define ni califica que el actor estuviera limitado o incapacitado para trabajar, por lo que deberá demostrar dónde se le calificó de limitado o discapacitado para laborar, y si esa calificación se la notificó a ella debidamente; que se beneficiaba de la convención colectiva de trabajo, vigente al momento de su desvinculación; del último salario dijo que no era cierta la suma indicada, toda vez que devengó $ 1’183.140, y negó tajantemente que la terminación del contrato se hubiese presentado en razón a su enfermedad mental, dado que ninguna connotación tuvo ella en tal decisión, pues hasta ese momento no había sido calificado como discapacitado, ni ninguna EPS lo había invalidado ni indemnizado por pérdida de capacidad laboral. Propuso como excepciones las de inexistencia del derecho pretendido, pago, prescripción, y buena fe.

III. Sentencia de primera instancia

Conoció de la primera instancia el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí, quien en sentencia del 13 de julio de 2007, absolvió a la sociedad llamada a juicio de todas las pretensiones de la demanda, y condenó en costas al actor.

IV. Sentencia de segunda instancia

Apeló la parte demandante, y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante la sentencia recurrida en casación, confirmó la decisión de primer grado, y se abstuvo de imponerle costas en la alzada.

Para ello consideró, que aunque no se desconoce que el demandante efectivamente sufre una enfermedad mental, según la historia clínica aportada se le viene tratando de tiempo atrás con medicamentos, los cuales le proporcionan estabilidad en su comportamiento; que de acuerdo con la evaluación que se le efectuó el 1º de febrero de 2005, es decir pocos días antes del despido, no presentaba síntomas psicóticos, se encontraba muy aliviado y con una funcionalidad laboral adecuada; y que conforme a los certificados de incapacidad laboral que obran en el proceso, durante el año 2005 no fue incapacitado, lo que descarta que la razón de la terminación de la relación laboral estuviera originada en su enfermedad.

En lo que interesa al recurso extraordinario, precisó:

“(…).

Pues bien, la a quo fundamentó la decisión absolutoria que impartió, en que no era dable tener como real motivo de la desvinculación del actor su enfermedad mental, teniendo en cuenta que no se demostró qué grado de incapacidad le genera la enfermedad que fue descrita por el perito nombrado como una esquizofrenia.

Para la Sala esta decisión se considera ajustada a derecho, pues aunque no se desconoce que el demandante efectivamente sufre una enfermedad mental, ésta según la historia clínica aportada se viene tratando de tiempo atrás con medicamentos, los cuales le proporcionan al actor estabilidad en su comportamiento.

Además, a folios 29 vto. obra copia de una evaluación que se le efectuó al actor en la Clínica Samein el 1º de febrero de 2005 (pocos días antes del despido), y allí se anotó por parte del Doctor Juan Fernando Muñoz R., psiquiatra que: “...actualmente al examen mental no presenta síntomas psicóticos...”, ordenó seguir con el mismo tratamiento y que la nueva cita fuera en diez (10) semanas. Se lee además en dicho examen, que como se dijo antes fue efectuado días antes de que la empresa tomara la decisión de prescindir de los servicios del señor Arango Pérez, que éste se encontraba “…muy aliviado...” como él mismo se lo expresó al psiquiatra, y con una “…funcionalidad laboral adecuada...”.

De otro lado, conforme a los certificados de incapacidad laboral que obran de folios 138 a 142 del expediente, el actor durante el año 2005 (año del despido) no fue incapacitado, y siendo así, se desdibuja que la razón de la terminación de la relación laboral estuviera originada en la enfermedad del actor, quien pese a estar en un tratamiento psiquiátrico —gracias a los medicamentos que se le suministraban— presentaba una relativa normalidad laboral.

Así pues, para la Sala no se vislumbra que la decisión tomada por la sociedad demandada de terminar el contrato laboral que tenía suscrito con el demandante, haya tenido como causa la enfermedad mental sufrida por éste, máxime que, como se dijo en acápite anterior, durante los últimos meses de vigencia de la relación, el señor Arango Pérez no presentó ninguna disfuncionalidad o trastorno que le impidiera la prestación personal del servicio.

Consecuentemente, la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo se entiende como la materialización de la potestad que le asiste al empleador —y al trabajador- de dar por terminado el contrato de trabajo sin justa causa, previo pago de la correspondiente indemnización (cuando lo finiquita el empleador).

(...)”.

V. El recurso de casación

Lo interpuso la parte demandante, con fundamento en la causal primera de casación establecida en el artículo 87 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, con el cual pretende, según el alcance de la impugnación, que se CASE la sentencia recurrida y en sede de instancia se revoque el fallo de primer grado, y en su lugar se condene a la demandada a las pretensiones de la demanda inicial, proveyendo sobre costas como corresponda.

Con tal objeto formuló un cargo que fue replicado.

VI. Cargo único

Acusa la sentencia impugnada por vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de “…los artículos 1º, 2º, 3º, 5º y 26 de la ley 361 de 1997; 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Política y sentencia de exequibilidad condicionada C-531 de 2000 de la Honorable Corte Constitucional; lo cual condujo igualmente a la aplicación indebida de los artículos 127, 140, 186, 249, 306 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo, 28 de la Ley 789 de 2002 en relación con los artículos 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; y, 177 y 187 del Código de Procedimiento Civil”.

Violaciones derivadas de la comisión de los siguientes errores evidentes de hecho en que incurrió el Tribunal:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor durante los últimos meses de vigencia de la relación laboral no presentaba ninguna disfuncionalidad o trastorno que le impidiera la prestación personal del servicio y que antes del despido no presentaba síntomas psicóticos y se encontraba muy aliviado.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el actor durante los últimos meses de vigencia de la relación laboral se encontraba incapacitado, en estado de ausentismo y finalmente en vacaciones que le impedían la prestación normal del servicio y que en el momento del despido requería funcionalidad laboral y tratamiento médico adecuado.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor no demostró el grado de incapacidad que le generó la enfermedad mental diagnosticada: Trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia indiferenciada, y, trastorno esquizofrénico, que padece el demandante le genera estrés, lo que le impide la prestación normal del servicio.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la enfermedad mental denominada Trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia indiferenciada, y, trastorno esquizofrénico, que padece el demandante le genera estrés, lo que le impide la prestación normal del servicio.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que la causa o motivo de la desvinculación del actor, no fue la enfermedad mental que padecía sino la materialización de la potestad que le asiste al empleador.

6. No dar por demostrado, estándolo, que la causa o motivo de la desvinculación del actor, fue precisamente la enfermedad mental que padecía denominada Trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia indiferenciada, y, trastorno esquizofrénico, la cual no es curable y es progresiva”.

Como pruebas erróneamente apreciadas, señala:

“1. Historia clínica expedida por la IPS Clínica Samein, folios 23 in fine, iterada a los folios 262 in fine.

2. Historia clínica expedida por la IPS Comfama, folios 31 in fine, iterada a los folios 143 in fine.

3. Historia Individual expedida por Salud Ocupacional de Cervecería Unión S.A., folios 52 in fine.

4. Dictamen pericial con su aclaración, folios 376 in fine y 383 in fine.

5. Incapacidades expedidas por la EPS SUSALUD, folios 138 a 142.

6. Liquidación definitiva del contrato de trabajo, folio 19 iterado al folio 100”.

Y como dejadas de apreciar, indica:

1. Confesión contenida en las respuestas a las preguntas quinta y séptima del interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la sociedad demandada, folio 121.

2. Comunicación suscrita el 27 de enero de 2005 por Salud Ocupacional de la sociedad demandada, folio 135.

3. Oficio GERS121-07 de fecha marzo 26 de 2007, suscrito por la IPS SAMEIN, folio 134.

4. Oficio 000000805 de fecha 9 de mayo de 2007 suscrito por la ESE —Hospital Mental de Antioquia— Homo, folio 277”.

De su demostración se destacan los siguientes planteamientos:

“(…).

En efecto, el departamento Salud Ocupacional dirigido por el Doctor Jorge Oswaldo Restrepo Villa de Cervecería Unión S.A., mediante comunicación de enero 27 de 2005, folio 135, que no apreció el ad quem, dirigida a psiquiatría de la Clínica Samein, solicitó: “Encarecidamente solicito su concepto de riesgos en la operación de equipos dada su situación patológica”.

La IPS Clínica Samein, al respecto, el 1º de febrero de 2005, folio 29 vuelto, iterado al folio 272 vuelto, conceptuó: “Requiere funcionalidad laboral adecuada. Sueño normal en las noches y cuando estoy ocupado no me da sueño, cuando estoy inactivo me da sueño en la tarde y siento que estoy aliviado. Es muy vulnerable al estrés en situaciones interpersonales y laborales. En la empresa en que trabaja le proponen un “arreglo” en razón al tratamiento que lleva a cabo solicitan (la entrega - Dr. Jorge Oswaldo Restrepo Villa) concepto al respecto al Dr. Luis Ochoa. Actual/ (sic) al examen mental no presenta síntomas psicóticos”.

El anterior concepto fue erróneamente apreciado por el ad quem al considerar que el actor se encontraba “muy aliviado” y con una “...funcionalidad laboral adecuada…”, cuando textualmente lo que dice el concepto es que el actor “Requiere funcionalidad laboral adecuada” y que “...cuando estoy inactivo me da sueño en la tarde y “siento que estoy muy aliviado”. La frase debe analizarse en su contexto integral y no simplemente extrayendo “...muy aliviado...” y “...funcionalidad laboral adecuada...”. Además ese concepto médico reza que: “En la empresa en que trabaja le proponen un arreglo en razón al tratamiento que lleva a cabo...”.

No apreció la comunicación GERS 021-07 de la IPS Salud Mental Integral S.A. - SAMEIN de fecha marzo 26 de 2007, folio 134, y con respecto a la pregunta sobre limitaciones que presenta el actor respondió: “El diagnóstico en estudio no era TAB el diagnóstico era Trastorno Esquizofrénico y Esquizofrenia Indiferenciada”. “Para precisar las limitaciones derivadas de dicho diagnostico se requeriría una Evaluación Neuropsicológica”.

La evaluación, que echa de menos el ad quem, aparece acreditada plenamente con el oficio 000000805 de fecha 9 de mayo de 2007, folio 277, de la ESE —Hospital Mental de Antioquia— HOMO. Los cuatros psiquiatras diferentes encontraron al paciente demandante con: ..., un trastorno afectivo bipolar en fase depresiva”; y, que “El Trastorno Afectivo Bipolar es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento de por vida.”.

En el examen médico de egreso practicado por Salud Ocupacional de Cervecería Unión S.A., folio 52, iterado al folio 102, que hace parte de la historia individual, apreciada erróneamente, se diagnosticó que a la terminación del contrato de trabajo el demandante presentaba “Trastorno Afectivo Bipolar en Tratamiento por Psiquiatría”.

En la historia Clínica remitida por la IPS COMFAMA, al folio 40, iterado al folio 158, analizada erróneamente, aparece la remisión para valoración a la Clínica Samein con base en el diagnóstico TAB Primera fase mixta.

Igualmente, no apreció la confesión contenida en las respuestas 5 y 7ª del interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la sociedad demandada, folio 121, consistentes. PREGUNTADO 5º. Dígale al despacho, si Cervunión S.A., consultó a la EPS del señor José Domingo sobre su enfermedad mental? CONTESTO. No tengo conocimiento, lo que sé es que la empresa tenía conocimiento de que el empleado presentaba un trastorno bipolar afectivo y estaba permanentemente pendiente a través de la dependencia de salud ocupacional, de los controles del paciente y de hacer directamente las revisiones del caso, como todos los demás empleados. PREGUNTADO 7º. Dígale al despacho, si el departamento de salud ocupacional de Cervunión frente al siguiente que usted, aduce hacía de la enfermedad del demandante, informó sobre la posibilidad de limitación de labores de José Domingo? CONTESTO. Por el conocimiento que tengo; el demandante presentaba una enfermedad común que no le generaba ninguna incapacidad ni limitación para realizar sus labores, salvo sugerencia recibida, según tengo entendido del médico tratante del paciente, no recuerdo el nombre, sobre la conveniencia de que el empleado no trabajara en horas nocturnas.

El dictamen médico pericial, folios 376 in fine y su aclaración folio 383 in fine, en íntima relación con las historias clínicas de las IPS Clínica SAMEIN, IPS — CONFAMA Historia Individual de Salud Ocupacional y oficios GERS 121-07 de SAMEIN y 000000805 de HOMO, diagnosticó la enfermedad que padece el demandante como: “Trastorno afectivo bipolar esquizofrenia indiferenciada y trastorno esquizofrénico”; que: “Para este caso en particular y luego de la evaluación del paciente es claro que han aumentado los sentimiento de minusvalía, traducidos como sensación de menoscabo en su vida productiva y sensación de tristeza.”; concluye que : “Por lo anteriormente expuesto se concluye que el trabajador José Domingo Arango Pérez, es un paciente siquiátrico cuya enfermedad está claramente diagnosticada y tratada con medicación prescrita por facultativos idóneos, en institución idónea y a dosis correctas”.; que la enfermedad: “No es curable; que: “El curso natural de la enfermedad es la tendencia de ser progresiva y deteriorante. Acerca de las limitaciones familiares, sociales, laborales y personales, informa que: “Su condición clínica le ha causado dificultades notorias en sus relaciones laborales, sociales y afectivas; en primer lugar en su trabajo ha disminuido su eficiencia, la relación con los compañeros con tendencia al aislamiento, los sentimiento de minusvalía y de tristeza le han dificultado su labor; y, que: “Está claro que existe una limitación en éste paciente, lo cual genera una minusvalía como consecuencia de su enfermedad”.

Las incapacidades de folios 138 a 142, expedidas por la EPS SUSALUD a partir del 13 de febrero de 2004 hasta el 31 de agosto del mismo año, todas por enfermedad general, teniendo como diagnóstico: “Trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo” en armonía con la liquidación definitiva del contrato de trabajo, folio 19, iterado al folio 100, donde aparece que el demandante del 1º de enero al 18 de febrero de 2005, no laboró por cuanto se encontraba en vacaciones, debido a la enfermedad mental, hasta tal punto que no tenía un solo día de vacaciones.

De las pruebas analizadas se concluye de manera evidente que el demandante durante los últimos meses de vigencia de la relación laboral se encontraba incapacitado, en estado de ausentismo y finalmente en vacaciones debido a la enfermedad mental que padecía, lo cual le impedía la prestación normal del servicio, que requería funcionalidad laboral y tratamiento médico adecuado. La enfermedad mental diagnosticada como: trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia indiferenciada, y, trastorno esquizofrénico, es una enfermedad crónica, no curable, progresiva, que requiere de tratamiento de por vida, con limitaciones sociales, laborales y personales y sentimientos de minusvalía y que debido a esa enfermedad, la sociedad demandada solicitó la evaluación, encontrándolo no apto para laborar en las horas de la noche, por lo que inicialmente le propuso un arreglo y finalmente decidió darle por terminado el contrato de trabajo sin justa causa.

En ese orden de ideas, si el Honorable Tribunal hubiera apreciado correctamente las pruebas y las dejadas de apreciar, naturalmente hubiera concluido que el demandante en el momento de la terminación del contrato de trabajo se encontraba limitado para la prestación normal de sus servidos, que la sociedad demandada precisamente por esa limitación le dio por terminado el contrato de trabajo sin justa causa.

(…)”.

VII. La réplica

Por su parte la réplica manifiesta, que el soporte fundamental del fallo cuestionado, es que el demandante no estaba incapacitado para la fecha de terminación del contrato de trabajo, afirmación que la censura no destruye, porque si se observan las incapacidades que obran a folios 138 a 142, se encuentra que ellas se refieren a episodios ocurridos en los años 2003 y 2004.

Así mismo afirma, que la enfermedad mental sufrida por el actor, y que tenía diversas manifestaciones centradas básicamente en el estrés, no supone su discapacidad para el momento de la terminación de la relación de trabajo.

Dice también, que aunque el ataque incluye el tema de la intencionalidad del empleador en la terminación del contrato y la consecuente causalidad entre la situación del demandante y la decisión de aquél, lo que desarrolla el recurrente son unos esfuerzos indiciarios para demostrarlo, que como tales no tienen cabida en el recurso extraordinario.

Y agrega, que la censura pretende, que por el hecho de aceptarse que el actor estaba enfermo y con episodios de trastornos mentales, se tenga que concluir que esa fue la razón de la demandada para proceder al despido, pero que en rigor no hay, como lo sostuvo el Tribunal, una sola prueba que respalde ese elemento intencional, el cual se diluye aún más con la circunstancia de no estar impedido el actor para trabajar al momento del despido.

VIII. Se considera

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, el error de hecho para que se configure es necesario que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y a más de esto, como lo ha dicho la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta, y provenga de la falta de apreciación o errada valoración de pruebas calificadas como el documento auténtico, la confesión judicial o la inspección ocular, hoy judicial según el artículo 52 Ley 712 de 2001.

Del análisis objetivo de las pruebas, todas obrantes en el cuaderno de las instancias, denunciadas por la censura como erróneamente apreciadas unas e inapreciadas otras, siguiendo en lo posible el orden en que aparecen mencionadas en la demostración del cargo, se tiene lo siguiente:

En el documento de folio 135, fechado el 27 de enero de 2005, suscrito por Jorge Oswaldo Restrepo Villa, emanado de salud ocupacional de la accionada y dirigido al Dr. Carlos Muñoz, siquiatra de la Clínica SAMEIN, que contiene la solicitud de un “concepto de riesgos en la operación de equipos dada su situación patológica”, no aparece por parte alguna el nombre del demandante, pero admitiendo en gracia de discusión que se trata de él, su falta de apreciación para nada incidiría en la conclusión a que llegó el Tribunal, quien no desconoció la enfermedad mental sufrida por éste.

El documento de folio 29 vto., del cual también aparece copia a folio 272 vto., que hace parte de la historia clínica del actor que reposa en la Clínica SAMEIN, se da cuenta de una evaluación efectuada el 1º de febrero de 2005,por el médico Juan Fernando Muñoz R., y en ella puede leerse:

“Requiere funcionalidad laboral adecuada.

Sueño normal en la noche y “cuando estoy cansado no me da sueño”. “cuando estoy inactivo me da sueño en las tardes”.

“siento que estoy muy aliviado”.

Es muy vulnerable al estrés, en situaciones interpersonales y laborales.

En la empresa en que trabaja le proponen un “arreglo” en razón del tratamiento que lleva a cabo.

Solicitan (la entrega - Dr. Jorge Oswaldo Restrepo Villa) concepto de riesgos en la operación de maquinaria.

Se comenta al respecto y Dr. Luis Ochoa

Actual/ (sic) al examen mental no presenta síntomas psicóticos”.

De dicha prueba, en lo que interesa, el juez colegiado extrajo que en ese momento el actor no presentaba síntomas psicóticos, y se encontraba muy aliviado, según su propia manifestación, lo que coincide con su contenido, por lo que en tales aspectos no incurrió en ningún yerro al apreciarla. Sin embargo, agregó que presentaba una funcionalidad laboral adecuada, cuando lo que allí se dice es que requiere de ésta; pero pese a ello ese error resulta intrascendente, toda vez que el solo hecho de necesitar dicha funcionalidad, no lo convertía en discapacitado.

La comunicación denominada GERS 021-07 de la IPS Salud Mental Integral S.A. —SAMEIN— calendada el 26 de marzo de 2007, visible a folio 134, y dirigida al juzgado del conocimiento, muestra, refiriéndose al demandante, que “La medicación recetada fue CLAZAPINA de 100 Mg”, en cuanto a efectos colaterales y secundarios el paciente manifiesta “cuando estoy inactivo me da sueño en las tardes”. “El examen mental fue normal en la última consulta febrero 1º de 2005”; y en cuanto a las limitaciones que le genera el padecimiento de la enfermedad TAB, que “El diagnóstico en estudio no era TAB el diagnóstico era Trastorno Esquizofrénico y Esquizofrenia indiferenciada.

Para precisar las limitaciones derivadas de dicho diagnóstico se requeriría una Evaluación Neuropsicológica”; por lo tanto, ese medio de convicción no hace más que ratificar lo concluido por el ad quem, avalando lo dicho por el a quo, en el sentido de que no se demostró cuál era el grado de incapacidad que le generaba al actor la enfermedad mental que tenía, y que pese a estar en tratamiento psiquiátrico, más gracias a los medicamentos que se le suministraban, presentaba una relativa normalidad laboral; por lo que de haberlo apreciado, para nada hubiese influido en su decisión.

La información suministrada por la ESE Hospital Mental de Antioquia —HOMO—, fechada el 9 de mayo de 2007, obrante a folio 277, corresponde a evaluaciones que se le hicieron al demandante, a partir del 6 de abril de 2006, cuando consultó por primera vez a dicha entidad, las cuales no pueden dar certeza de su estado de salud para el momento de la terminación del contrato, del que no se discute fue el 18 de febrero de 2005, y por ende de haber sido tenido en cuenta por la Colegiatura, tampoco hubiera variado su conclusión.

El examen médico de egreso, practicado al actor por la demandada, visible a folio 52, no fue apreciado erróneamente por el Tribunal, pues de él se desprende, en el aspecto que interesa, que a la terminación del contrato aquél presentaba un trastorno afectivo bipolar en tratamiento por psiquiatría, lo cual no fue desconocido por el juez de apelaciones, quien puso de presente que éste efectivamente sufre una enfermedad mental, que se le viene tratando de tiempo atrás con medicamentos, lo cual le proporciona estabilidad en su comportamiento.

Igual ocurre con la historia clínica remitida a la Clínica Samein, por la IPS COFAMA - folios 40 y 158, del 4 de agosto de 2004, en la que solo le informa el diagnóstico de la enfermedad mental del demandante.

En el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada, que obra folio 121, éste únicamente admite que la empresa tenía conocimiento de que el actor presentaba un trastorno bipolar afectivo, y estaba pendiente, a través de la dependencia de salud ocupacional, de los controles del paciente y de hacer directamente las revisiones del caso, como a todos los demás empleados, y que por el conocimiento que tenía, éste presentaba una enfermedad común que no le generaba ninguna incapacidad ni limitación para realizar sus labores; prueba que como puede verse no constituye ninguna confesión en contra de la accionada, por lo que de haber sido apreciada por el sentenciador de segundo grado, ninguna incidencia hubiera tenido en su decisión, pues se reitera que no ignoró la enfermedad sufrida por aquél.

Las incapacidades que aparecen a folios 138 a 142, expedidas por la EPS SUSALUD, todas por enfermedad general, acreditan que al demandante se le diagnóstico un trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo, lo que le impidió laborar durante los días 20 de junio a 4 de julio de 2003; 13 a 23 de febrero, 2 a 6, 9 a 13 y 27 a 31 de agosto de 2004, es decir por espacio de 41 días; las que por sí solas no acreditan que éste tuviera una limitación, minusvalía o invalidez; y en consecuencia no se presentan las deficiencias probatorias endilgadas.

La liquidación definitiva del contrato de trabajo —folios 19 y 100, no fue mal apreciada por el ad quem, pues ella lo único que muestra es una relación de lo debido al demandante por concepto de cesantías, intereses sobre las mismas, primas de junio y de antigüedad, salarios pendientes e indemnización por despido; pero no como lo afirma la censura, períodos dejados de laborar por el actor, debido a que se encontraba en vacaciones por enfermedad mental.

De otro lado, no es posible que la Sala aborde el estudio del dictamen pericial y su aclaración, por no haberse acreditado previamente alguno de los yerros fácticos enrostrados con cualquiera de las tres pruebas calificadas en casación, valga decir, el documento auténtico, la confesión judicial o la inspección judicial, conforme a la restricción legal contenida en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.

Finalmente valga recordar, que esta Sala ya ha tenido oportunidad de analizar y definir el tema relacionado con la aplicación de la Ley 361 de 1997, fijando su criterio al respecto, en el sentido de que ella está diseñada para garantizar la asistencia y protección necesaria de las personas con limitaciones severas y profundas, pues así lo contempla su artículo 1º, al referirse a los principios que la inspiran y al señalar sus destinatarios, de modo que delimita el campo de su aplicación a quienes por ley son consideradas discapacitadas, es decir, todas aquellas que tengan un grado de minusvalía o invalidez superior a la limitación moderada, pues la sola circunstancia de que el trabajador sufra alguna enfermedad que lo haya incapacitado temporalmente para laborar, no acredita que tenga una limitación física, requiriéndose por tanto para su comprobación de una prueba científica como sería el respectivo dictamen o calificación. 

En sentencia del 25 de marzo de 2009 radicado 35606, esta Corporación sobre dicha temática puntualizó: 

“(…) antes de entrar a analizar el elenco probatorio denunciado en los cargos, es pertinente traer a colación la sentencia de 15 de julio de 2008, radicación 32532, en la cual, y en ejercicio del proceso hermenéutico del artículo 26 del Ley 371 de 1997, la Corte Suprema de Justicia, razonó:  

“La protección con la que cuentan las personas limitadas en lo concerniente a que no pueden ser despedidas o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie la autorización de la Oficina de Trabajo se encuentra regulada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, de manera que la minusvalía a que se refiere esta disposición debe ser buscada, en primer lugar, en el contexto de este articulado y, sólo en ausencia de disposición que lo determine, es dable acudir a la aplicación supletoria de otras normas, conforme lo prevé el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo. 

Al respecto conviene precisar que la Ley 361 de 1997 contiene un régimen de carácter especial, que trasciende el campo del Sistema de Seguridad Social Integral, dado que su protección va más allá de las garantías que este régimen cubre, pues su propósito es la protección de los derechos fundamentales de las personas con limitaciones, previendo para quienes las padecen en los grados de “severas y profundas” la asistencia y protección necesarias. En este sentido la Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse en sentencia de 7 de febrero de 2006, radicada con el número 25130, lo siguiente: 

“cumple observar que la Ley 361 de 1997 es un estatuto especial que estableció “...mecanismos de integración social de las personas con limitación...” y que según su primer artículo los principios que la fundamentan están en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Política. Se trata de una ley que según la exposición de motivos tuvo por objeto la integración social de los discapacitados (Gaceta del Congreso Nº 364, oct. 30/95). Los capítulos que la integran consagran garantías que asumen el Estado y la Sociedad para facilitar al antes señalado grupo de personas un modo de vida digno que les permita la rehabilitación, bienestar social, el acceso preferente a la educación, a los bienes y al espacio de uso público, al trabajo, etc.”. 

Aclarado lo anterior, se observa que la Ley 361 de 1997 está dirigida de manera general a garantizar la asistencia y protección necesaria de las personas con limitaciones severas y profundas, pues así lo contempla su artículo 1º; al referirse a los principios que la inspiran y al señalar sus destinatarios, de modo que delimita el campo de su aplicación, como ya se anotó, a quienes padecen una minusvalía significativa. 

Es en desarrollo de esta preceptiva y particularmente en lo que tiene que ver con las personas a que está orientada la protección especial que consagra, según el grado de su limitación, que se dispone en el artículo 5º que las personas con limitaciones deberán aparecer como tales en los carné de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, correspondiendo a las empresas promotoras de salud consignar, en tal documento, la existencia de la respectiva limitación, con la especificación del grado de limitación que presenta su portador, en las escalas de moderada, severa y profunda, con el fin de que puedan identificarse como titulares de los derechos previstos en la ley comentada. No se trató entonces de una previsión caprichosa del legislador al aludir, en esta disposición, a los distintos grados de minusvalía que pueden afectar a las personas según la limitación que padezcan, por el contrario, la razón está de parte de aquellas que padecen mayores grados de limitación, naturalmente con el propósito de lograr su integración social en todos los ámbitos de la vida en comunidad en que se desenvuelven los seres humanos. Obviamente que el amparo es menor o inexistente para las personas con limitaciones de menor intensidad que no se les dificulta su inserción en el sistema competitivo laboral. 

En el articulado de la Ley 361 de 1997 se toman como parámetros los diferentes grados de minusvalías a que se hecho alusión para establecer condiciones que garanticen su incursión en el ámbito laboral o que los haga merecedores de la protección del Estado, entre otros, en el campo de vivienda, seguridad social y educación. Así por ejemplo en el 24 se garantiza a los empleadores que vinculen laboralmente a personas con limitación que sean preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de licitaciones, adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o privados, si tienen en sus nóminas un mínimo del 10% de sus empleados, en las condiciones de discapacidad enunciadas en ese mismo ordenamiento; en el 31 se dispone que los empleadores que ocupen trabajadores con limitación no inferior al 25% comprobada y que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales, pagados durante el año o período gravable a los trabajadores con limitación, y el 37 prevé que el Gobierno, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y en cooperación con las organizaciones de personas con limitación, apropiará los recursos para crear una red nacional de residencias, hogares comunitarios y escuela de trabajo para atender las personas con limitaciones severas. 

Es claro entonces que la precipitada Ley se ocupa esencialmente del amparo de las personas con los grados de limitación a que se refieren sus artículos 1º y 5º; de manera que quienes para efectos de esta ley no tienen la condición de limitados por su grado de discapacidad, esto es para aquellos que su minusvalía está comprendida en el grado menor de moderada, no gozan de la protección y asistencia prevista en su primer artículo. 

Ahora, como la ley examinada no determina los extremos en que se encuentra la limitación moderada, debe recurrirse al Decreto 2463 de 2001 que sí lo hace, aclarando que en su artículo 1º de manera expresa indica que su aplicación comprende, entre otras, a las personas con derecho a las prestaciones y beneficios contemplados en las Leyes 21 de 1982, 100 de 1993, 361 de 1997 y 418 de 1997. Luego, el contenido de este Decreto en lo que tiene que ver con la citada Ley 361, es norma expresa en aquellos asuntos de que se ocupa y por tal razón no es dable acudir a preceptos que regulan de manera concreta otras materias. 

Pues bien, el artículo 7º del Decreto 2463 de 2001 señala los parámetros de severidad de las limitaciones en los términos del artículo 5º de la Ley 361 de 1997; define que la limitación “moderada” es aquella en la que la pérdida de la capacidad laboral oscila entre el 15% y el 25%; “severa”, la que es mayor al 25% pero inferior al 50% de la pérdida de la capacidad laboral y “profunda” cuando el grado de minusvalía supera el 50%.

(...).

Surge de lo expuesto que la prohibición que contiene el artículo 26 de la citada Ley 361, relativa a que ninguna persona con discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su minusvalía, salvo que medie autorización de la Oficina de Trabajo, se refiere a las personas consideradas por esta ley como limitadas, es decir, todas aquellas que tienen un grado de invalidez superior a la limitación moderada. Situación en la que no se encuentra el demandante, pues su incapacidad permanente parcial tan sólo es del 7.41%, es decir, inferior al 15% del extremo mínimo de la limitación modera, que es el grado menor de discapacidad respecto del cual operan las garantías de asistencia y protección que regula esa ley, conforme con su artículo 1º”.

De acuerdo con la sentencia en precedencia para que un trabajador acceda a la indemnización estatuida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, se requiere: (i) que se encuentre en una de las siguientes hipótesis: a) con una limitación “moderada”, que corresponde a la pérdida de la capacidad laboral entre el 15% y el 25%, b) “severa”, mayor al 25% pero inferior al 50% de la pérdida de la capacidad labora, o c) “profunda” cuando el grado de minusvalía supera el 50%; (ii) que el empleador conozca de dicho estado de salud; y (iii) que termine la relación laboral “por razón de su limitación física” y sin previa autorización del Ministerio de la Protección Social.

(…)”.

En definitiva, encuentra la Sala que el Tribunal no pudo incurrir en ninguno de los dislates fácticos que le atribuyó la acusación, y en consecuencia el cargo no prospera.

Costas en el recurso extraordinario a cargo del actor por cuanto la demanda de casación no tuvo éxito y fue replicada.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 11 de junio de 2008, en el proceso ordinario adelantado por JOSÉ DOMINGO ARANGO PÉREZ contra CERVECERÍA UNIÓN S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese.

Magistrados: Luis Javier Osorio López—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.