Sentencia 37252 de septiembre 7 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 37252

Acta 32

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo López Villegas

Bogotá, D.C., siete de septiembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

Como acertadamente lo anota el opositor, la proposición jurídica del único cargo que se eleva contra el fallo del tribunal, acusa la equivocada hermenéutica de normas que ni siquiera fueron tenidas en cuenta por el tribunal y que de todos modos no consagran los derechos sustantivos reclamados en la demanda. Por el contrario, se echan de menos, las que aluden a las reglas de subrogación del riesgo de pensiones a cargo del Instituto de Seguros Sociales.

En forma inapropiada pretende el impugnante modificar el pleito en casación, trayendo a colación normas sobre pretensiones que no fueron planteadas en la demanda inicial, como lo sería la pensión de jubilación a cargo del patrono y conforme a las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo. De aceptarse a estas alturas semejante variación de la causa, se incurría en violación del debido proceso y del derecho de defensa del banco demandado que compareció al proceso bajo supuestos distintos.

Por lo demás, se ha de precisar que esta Sala de la Corte ha fijado el criterio de que no existía obligación a cargo de los patronos de afiliar a los seguros sociales a los trabajadores que prestaran sus servicios en sitios en donde no se hubiere extendido la cobertura del instituto, y en esa medida, tampoco está a su cargo el pago de las cotizaciones en esos eventos, siempre y cuando se trate de trabajadores cuyo contrato no hubiere estado vigente para cuando inició su vigencia el sistema general de pensiones.

En sentencia de 18 de abril de 1996, radicación 8453, reiterada en la de 12 de diciembre de 1996, radicación 9216; 24 de febrero de 1998, radicación 10339; y en la de 31 de enero de 2003, radicación 18999, expuso la Sala textualmente:

“Ese marco conceptual, histórico y legislativo dentro del cual ha venido operando la asunción de los citados riesgos por parte del Instituto de Seguros Sociales, contiene enunciados generales sucesivos que sirven de pauta para una mejor comprensión de ese mecanismo en cuanto se refiere a los trabajadores dependientes. Por tanto, puede entenderse que la obligación del ISS de pagar los riesgos que cubre —y específicamente para el presente caso los referentes a invalidez, vejez y muerte— empieza en el momento en que los asume, vale decir, cuando dispone iniciar la cobertura de tales riesgos en las zonas geográficas del territorio nacional donde aún no lo ha hecho y en ese mismo momento nace la obligación del empleador de afiliar a su trabajador con la advertencia de que la afiliación debe darse de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos del instituto. Así mismo en tal oportunidad surge la obligación conjunta de los sujetos del contrato de trabajo de pagar los respectivos aportes o cotizaciones. En presencia de esos eventos puede decirse, en principio, que el empleador queda exonerado del pago de dichas contingencias.

“Lo anterior permite colegir que la afiliación al ISS de un trabajador que labora en un lugar en el cual la entidad de previsión social no ha extendido su cobertura resulta indebida, porque de un lado el empleador no tiene la obligación legal de hacerlo y de otro, porque el instituto no ha asumido el cubrimiento de las contingencias correspondientes. Tan es así que el reglamento general de sanciones, cobranzas y procedimientos del Instituto de Seguros Sociales, adoptado por el Decreto 2665 de 1989 estableció en el artículo 20, literal c) como una de las causales de cancelación parcial o total de la afiliación de un trabajador el que no se encuentre comprendido entre los grupos de población o en la zona geográfica llamada a inscripción, lo cual, si bien es aplicable desde la expedición del decreto, brinda un valioso elemento de juicio frente al caso bajo estudio para cuya definición debe procurarse la aplicación de las normas en forma que produzcan el efecto de brindar el cubrimiento del riesgo correspondiente, en este caso el de vejez, pues no se estima viable una aplicación en sentido que conduzca a que el afectado por el riesgo termine a la postre careciendo de pensión.

“El tema propuesto en el asunto bajo examen no ha sido extraño a la Corte, pues en la sentencia del 15 de julio de 1994, radicación 6681, lo abordó aunque de manera tangencial en razón a que propiamente ese punto no era materia de controversia, y dijo sobre el particular que ‘determinarán el régimen aplicable y el grado de responsabilidad del empleador la zona geográfica en la que se ejecuta el contrato de trabajo, pues en ella puede no haber sido establecido el sistema del seguro social (...)’”.

Como fue un supuesto fáctico del fallo acusado no controvertido en el recurso, que el demandante prestó servicios al banco demandado en el municipio de Sahagún, donde la cobertura de los seguros sociales se inició el 19 de mayo de 1976, la decisión del tribunal de exonerar al empleador del pago de los aportes por los periodos reclamados anteriores a esa fecha, resulta razonable, de conformidad con la jurisprudencia reseñada, y habida consideración de haber sido prestados los servicios hasta antes del 1º de abril de 1994 fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones.

Por las razones primeramente indicadas, se desestima la acusación.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente y a favor de Bancolombia, quien fue el único que presentó oposición.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 19 de junio de 2008, proferida por la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, en el proceso promovido por Álvaro Enrique Muskus González contra Bancolombia S.A. y el Instituto de Seguros Sociales.

Costas a cargo de la parte recurrente y a favor de Bancolombia S.A.. Fija agencias en derecho en la suma de $ 2’500.000. Por secretaría tásense las demás costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».