Sentencia 37253 de junio 9 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Sentencia 37253

Acta 19

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López

Bogotá, D.C., nueve de junio de dos mil diez.

EXTRACTOS: ‹‹V. Recurso de casación

La parte actora, según lo manifestó en el alcance de la impugnación, pretende que se case totalmente la sentencia del tribunal, y en sede de instancia, la Corte revoque el fallo absolutorio de primer grado, para que en su lugar, se le condene a la entidad accionada a las pretensiones tanto principales como subsidiarias incoadas en la demanda inicial, y se provea lo que corresponda por costas.

Con tal propósito invocó la causal primera de casación laboral contemplada en el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por los artículos 60 del Decreto 528 de 1964, 23 de la Ley 16 de 1968 y 7º de la Ley 16 de 1969, y formuló dos cargos que no fueron objeto de réplica, los cuales se estudiarán conjuntamente por estar orientados por la misma vía, denunciar similares preceptos legales, contener una sustentación que se complementa, perseguir idéntico fin, y porque la solución que a éstos corresponde es igual para ambos.

VI. Primer cargo

Acusó la sentencia recurrida de violar por la vía directa, en la modalidad que denominó “error en la interpretación jurídica”, respecto de los artículos 23 del Decreto 1703 de 2002 y 13 del Decreto 1295 de 1994, en relación con la pensión de sobrevivientes prevista en los artículos 49 y 50 de este último Decreto, lo que condujo a la trasgresión de los artículos “1º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 16, 21, 56, 59, 64, 66, 67, 91 del Decreto 1295 de 1994. Así como también se violaron los artículos 1º, 2º, 3º. 40, 23, 26, 28 y 50 de la Ley 80 de 1993; del Decreto 679 de 1994 se violaron los artículos 8º, 17 y 19. Se violaron los artículos 2341, 2343, 2344, 2347, 2349, 2356 de la responsabilidad por actividad peligrosa, el 2351, 1603, del Código Civil. De la Ley 100 de 1993 se violaron los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 8º, 10, 11 Modificado Ley 797 de 2003 artículo 1º, 13 modificado Ley 797 de 2003, artículo 2º... 3º... 22, 31, 32, 36, 46 modificado Ley 797 de 2003 artículo 2º, el 47, 279 parágrafo 3º, el artículo 281 y 288. Además los artículos 1º, 9º, 10, 12, 13, 14, 16 numeral 2º, 21, los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 13, 25, 42, 48, 53, 90 y 228 de la Constitución Política de Colombia; los convenios internacionales 87 de 1948 (L. 26/76), el convenio 98 de 1949 (L. 27/76), convenio 151178 aprobado Ley 411 de 1997; los artículos 1º, 26, 34, del Decreto 2127 de 1945 artículos 18, 34, el artículo 1º, 12 referente a la indemnizaciones por accidente de trabajo, y el 49 de la Ley 6ª de 1945”.

Para su demostración la censura comenzó por decir que cualquiera que sea la forma de vinculación del causante con la entidad demandada, esto es, mediante un contrato de trabajo o uno de prestación de servicios, tenía derecho a la seguridad social y en especial a la protección por riesgos profesionales, entre ellos que sus beneficiarios o causahabientes puedan acceder a la pensión de sobrevivientes, para lo cual se refirió a lo estipulado en el artículo 48 de la Constitución Política, al igual que a los artículos 1º, 3º, 4º y 56 del Decreto 1295 de 1994 sobre la responsabilidad del empleador.

Señaló que a partir de la entrada en vigencia de la Carta Política de 1991 y de la Ley 100 de 1993, cualquier persona que preste personalmente un servicio al Estado, así sea a través de un vínculo diferente al laboral, puede sufrir un accidente de trabajo y tener derecho a las prestaciones e indemnizaciones contempladas en el citado Decreto 1295 de 1994, y a reglón seguido planteó la siguiente argumentación:

“(...) Como la gobernación del Caquetá, era la beneficiaria de la obra objeto del contrato de interventoría, es a ella a quien le correspondía en principio afiliar al ingeniero Ignacio Betancourt a la ARP, como no lo hizo y permitió la ejecución del contrato sin la protección adecuada, asume la gobernación el riesgo dejado de cubrir por la ARP, para en consecuencia asumir directamente la prestación que los artívulos 49 y 50 del Decreto 1295 de 1994 denomina pensión por muerte en accidente de trabajo.

(...).

La gobernación del Caquetá estaba al tanto de los altos riesgos que se corrían por las personas que ejecutaban la obra objeto del contrato de interventoría, es decir el mantenimiento de las vías. Sin embargo no asumió responsablemente el cuidado de las personas encargadas de ejecutar la obra. Se violaron en consecuencia los artículos 64 y 65 del Decreto 1295 de 1994.

El hecho de que el contrato de prestación de servicios haya sido de tres meses no significa que desde el punto de vista legal el empleador o contratista no este obligado a responder por los daños antijurídicos provenientes del accidente de trabajo, ya que de conformidad con el artículo 56 del Decreto 1295 de 1994 la Prevención de Riesgos profesionales es responsabilidad de los empleadores.

El artículo 50 de la Ley 80 de 1993 habla de responsabilidad contractual de las entidades estatales, en el presente caso el Ingeniero Ignacio Betancourt en su condición de interventor de la obra, realizando actos de ejecución de sus labores, fue asesinado previas amenazas de las FARC, y la rama ejecutiva del Estado colombiano, representado en la gobernación por un lado y la rama judicial representada por el juez y el tribunal, dicen que no existe responsabilidad de pago de indemnización alguna por parte del estado.

Esta situación de ser cierta, para mi particularmente, pone en duda la existencia del Estado social de derecho y de solidaridad que pregonan los artículos 1º y 2º de la Constitución Nacional.

El incumplimiento de la afiliación por parte de la gobernación genera el pago de la prestación por muerte en accidente de trabajo (D. 1295/94, art. 91).

En efecto mediante el artículo 1º de la Ley 100 de 1993 el Estado tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la seguridad social para todos los colombianos, para tener una calidad de vida acorde a la dignidad humana.

Aplicable por principio de favorabilidad, ya que estamos en presencia de normas de carácter social, también contrario a lo expresado por los juzgadores de primera y segunda instancia, tenemos que el artículo 11 modificado Ley 797 de 2003 artículo 1º, 13 modificado Ley 797 de 2003, artículo 2º <la afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes>.

Y de igual forma el artículo 15 modificado Ley 797 de 2003 artículo 3º la que dice: <serán afiliados al sistema general de pensiones 1. En forma obligatoria todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos. Así mismo, las personas naturales que prestan directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten>.

Y es que la obligación de reparar los daños a los trabajadores, es de origen casi natural, mejor dicho es legal, desde el código civil (por favor ver arts. 2341, 2343, 2344, 2347, 2349, 2356 de la responsabilidad por actividad peligrosa, el 2351 y 16031) , desde el comercial, en lo laboral (por favor ver los arts. 1º, 12 referente a la indemnizaciones por accidente de trabajo, y el 49 de la L. 68/45) y Constitucional (por favor ver art. 90 de la C.N.), luego no se entiende como los juzgadores han llegado a la conclusión de negar el derecho a la pensión de sobreviviente por muerte en accidente de trabajo del Ingeniero Ignacio Betancourt, cuando está plenamente demostrado en el plenario que fue asesinado por las FARC dentro del conflicto armado que mantiene con el Estado, cuando ejecutaba el objeto del contrato de interventoría, por el solo hecho de no estar afiliado el causante.

Luego entonces, siendo la gobernación el beneficiario de la obra, el ente que mantiene el conflicto armado con las FARC, el ente que contrato los servicios del Ingeniero Ignacio Betancourt, el ente que omitió y permitió la ejecución del contrato sin afiliación a una ARP, y que por su negligencia en brindar la seguridad necesaria para evitar el asesinato de las personas que le prestan sus servicios en forma personal, lo menos que pueden hacer para reparar y rescatar la dignidad de la familia del occiso, es casar la sentencia objeto de este recurso y condenar al pago de la pensión de sobreviviente en la forma solicitada o la que en derecho corresponda.

Sin duda alguna se viola por los juzgadores el derecho a la igualdad en materia de seguridad social, cuando se discrimina al Ingeniero, por el solo hecho de que su contrato no sea de trabajo con la demandada, dado que la seguridad social es igual para todas las personas que brindan sus servicios como persona natural, tal y como hoy se ha demostrado.

Las consecuencias o los perjuicios que sufren las personas con ocasión de la prestación de servicios en forma personal son y han sido siempre obligaciones del patrono o empleador beneficiario de las labores. Luego la sentencia objeto del recurso viola este principio universal, que en derecho se denomina <teoría del riesgo creado> en la cual quien se beneficia de la obra responde por los daños que se ocasionan en su ejecución.

Lo que ha sucedido es que la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1295/94 ha previsto y calculado los perjuicios que sufren las persona naturales en la ejecución de sus labores con ocasión del accidente de trabajo y se optó por dichas normas que estos perjuicios sean indemnizados con pensión de sobreviviente en caso de muerte.

Las consecuencias del accidente de trabajo las asume el empleador o patrono, a quien por razones de conveniencia para los trabajadores se les ha permitido que trasladen ese riesgos a una ARP, de allí nace el cuento de la Afiliación, la que repito se hizo para trasladar el riesgo de los accidentes de trabajo que corrían por cuenta del patrón o empleador o contratante o beneficiario de la obra o como se haga llamar.

Luego entonces queda demostrado el error en la interpretación jurídica en que se incurrió por parte del tribunal y del juzgado laboral”.

VII. Segundo cargo

Atacó la sentencia del tribunal de violar por la vía directa, en el mismo concepto de violación enunciado en el cargo anterior, y con relación a igual conjunto normativo adicionando el artículo 1º de la Ley 126 de 1985.

En la sustentación de la acusación repitió el planteamiento esbozado en el primer ataque, y agregó que en el presente asunto además se cumplen las exigencias previstas en el artículo 1º de la Ley 126 de 1985 para poder acceder a lo pretendido, en virtud de que también se está solicitando la pensión de sobrevivientes por el asesinato y homicidio voluntario que le causó la muerte al ingeniero Ignacio Betancourt Rivera, al haberse producido tal infortunio durante el desempeño del cargo u oficio, cuando se encontraba prestando servicios profesionales al Estado colombiano y concretamente a la Gobernación del Caquetá, en ejecución del contrato de interventoría que para tal efecto se suscribió, independiente de que exista o no afiliación a la seguridad social “por no ser requisito exigido por la norma” y que al demandado se le denomine “patrón o empleador o contratante o beneficiario de la obra o como se haga llamar”.

Y para reforzar su tesis reprodujo lo dicho por la Corte Constitucional en sentencias C-134 de 1993, T-011, T-116 y T-356, referentes al derecho a la seguridad social.

VIII. Se considera

Según se puede observar, los cargos propuestos se encaminan a que se determine jurídicamente, como primera medida que la pensión de sobrevivientes derivada de un accidente de trabajo, contemplada en los artículos 49 y 50 del Decreto 1295 de 1994, debe ser asumida por la entidad demandada como empleadora, contratante o beneficiaria de la obra objeto del contrato de interventoría suscrito con el causante Ignacio Betancourt Rivera, por haber omitido afiliar a éste a riesgos profesionales en una ARP; y en segundo lugar que de no accederse a lo anterior, la pensión especial por homicidio voluntario durante el desempeño del cargo, consagrada en la Ley 126 de 1985, ha de reconocerse por parte de la accionada a las beneficiarias demandantes, al reunirse el presupuesto del asesinato voluntario ocurrido cuando el mencionado Betancourt Rivera ejecutaba el aludido contrato en el sitio de trabajo, independiente de que exista o no afiliación a la seguridad social por no ser un requisito previsto en esta norma; resultando en ambos casos equivocado lo inferido por el tribunal, en el sentido de que no hay lugar al pago de las pensiones de sobrevivientes en los términos demandados, lo que conlleva a la interpretación erróneade las normas denunciadas que integran la proposición jurídica.

Planteadas así las cosas, debe comenzar la Sala por advertir, que aunque la censura solicita en el alcance de la impugnación que una vez quebrada la sentencia del tribunal, en sede de instancia se revoque el fallo absolutorio de primer grado para en su lugar acceder a la totalidad de las pretensiones incoadas en la demanda con que se dio apertura a la presente controversia; la verdad es que, en la sustentación del ataque solo se hizo referencia a las dos pensiones arriba reseñadas, sin que al recurrente le mereciera algún reparo la absolución de las pensiones de sobrevivientes reclamadas en subsidio, con base en el Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de igual año, y el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003; lo que no permite a la Corte abordar el estudio de estas últimas súplicas, al quedar incólume los razonamientos en que se funda su improcedencia.

Del mismo modo, es de anotar, que al no cuestionarse en sede de casación la conclusión a la que arribó el tribunal sobre la inexistencia del contrato de trabajo para con el occiso, por obedecer la prestación de los servicios al ente territorial a la ejecución de un contrato de interventoría, ajeno por completo a un vínculo de naturaleza laboral; en definitiva no puede tener prosperidad la acusación que gire en tornó a la responsabilidad del departamento del Caquetá en calidad de “empleador”, pues queda descartada de plano cualquier relación de causalidad directa o indirecta, del suceso de la muerte del señor Betancourt Rivera generador del daño, con un eventual nexo subordinado o dependiente dentro del ámbito laboral que no se acreditó en esta litis, bien sea por causa del trabajo o con ocasión a este.

De ahí que, bajo esta órbita y concerniente a las dos pensiones que se mencionaron en un comienzo, tomando como punto de partida la condición del causante de contratista independiente, consultor externo o interventor, conforme lo establecieron los jueces de instancia y que se insiste no fue materia de inconformidad en la esfera casacional, se tiene que le asiste entera razón al tribunal de que a los causahabientes demandantes no les asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes de marras a cargo de la entidad demandada, soportada en los ordenamientos jurídicos puestos de presente por el censor, por lo siguiente:

1. Pensión de sobrevivientes consagrada en los artículos 49 y 50 del Decreto-Ley 1295 de 1994.

Primeramente cabe decir, que es un hecho indiscutido que el ingeniero Ignacio Betancourt Rivera falleció el 15 de octubre de 2002, según consta en el registro civil de defunción obrante a folio 97 del cuaderno del juzgado.

Igualmente es sabido que en materia de riesgos profesionales, el artículo 13 del Decreto 1295 de 1994 no traía como obligatoria la afiliación de los “trabajadores independientes”, puesto que de acuerdo con su literal b) lo era “en forma voluntaria”, ello en los términos vigentes antes de la declaratoria de inexiquibilidad contenida en la Sentencia C-858 del 18 de octubre de 2006 con efectos diferidos para su aplicación hasta el 20 de junio de 2007.

Ahora, el artículo 3º de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 modificatorio del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, que consagró como obligatoria la inserción del contingente de “trabajadores independientes” al sistema general de pensiones, y en el cual se apoya la censura, no tiene aplicación en el sub lite, habida consideración que para la data de la muerte del citado contratista aún no se encontraba en vigor, como tampoco su Decreto Reglamentario 510 del 5 de marzo de 2003.

Igualmente el artículo 3º del Decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003, que reglamentó parcialmente el literal b) del artículo 13 del Decreto-Ley 1295 de 1994 y que reguló lo atinente a la afiliación de los “trabajadores independientes” al sistema general de riesgos profesionales, imponiendo la obligación del contratante de afiliar al contratista a la ARP una vez aquél le manifieste su deseo de afiliarse, no tiene tampoco aplicación en el asunto a juzgar, por ser también su expedición posterior al fallecimiento del interventor Ignacio Betancourt Rivera.

Así las cosas, no se equivocó el tribunal cuando acogió lo decidido por el a quo, y determinó que no le asistía ningún deber al ente demandado como “contratante” de afiliar a la seguridad social y específicamente a riesgos profesionales al contratista independiente referido, pues para la época año 2002, no existía norma alguna que impusiera la obligación de afiliación al sistema de quien presta un servicio independiente por su cuenta y riesgo, a través de contratos de carácter civil, comercial o administrativo, distintos al vínculo laboral.

A lo expresado se suma, que conforme a la modalidad de violación escogida, en rigor el recurrente no atacó debidamente la conclusión del tribunal de que entre otras razones no le correspondía a la entidad demandada afiliar al ingeniero Betancourt Rivera a la seguridad social ni siquiera en salud, por cuanto el contrato de interventoría celebrado no superó los tres (3) meses, pues el artículo 23 del Decreto 1703 del 2 de agosto de 2002, vigente para la data de la muerte de dicho contratista dispone en su parte pertinente:

“ART. 23.—Cotizaciones en contratación no laboral. Para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o jurídica de derecho público o privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento de servicios, de prestación de servicios, consultoría, asesoría y cuya duración sea superior a tres (3) meses, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al sistema general de seguridad social en salud...” (resalta la Sala).

En efecto, el censor en el desarrollo de los dos cargos, no cumplió con la carga de explicar a la Corte en que consistió la errada intelección que le pudo imprimir el juez de apelaciones al citado precepto legal, esto es, cuál fue el desvío interpretativo que va en contravía de la verdadera inteligencia de la norma, y cuál sería el correcto entendimiento o alcance que se le debió haber dado a la misma.

El recurrente en este punto se limitó a contraponer a lo inferido por el tribunal, la alegación de que así la contratación que se presentó en este asunto tuviera una duración no superior a tres (3) meses, debía la entidad demandada de todos modos responder por los daños antijurídicos provenientes del accidente de trabajo en que perdió la vida el cónyuge y padre de las demandantes, “ya que de conformidad con el artículo 56 del decreto 1295 de 1994 la prevención de riesgos profesionales es responsabilidad de los empleadores” (lo resaltado es de la Sala), con lo cual no cumple con el ejercicio hermenéutico que tenía que efectuar a fin de demostrar la violación del artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, además que esa argumentación resulta infundada, por virtud de que como atrás se dejó sentado, la accionada no tuvo la condición de empleadora del causante.

En lo demás, valga decir, lo concerniente a lo manifestado por la censura sobre la responsabilidad contractual de las entidades estatales prevista en el artículo 50 de la Ley 80 de 1993, los principios del sistema de seguridad social integral, el principio de favorabilidad, el derecho a la igualdad, y la teoría del riesgo creado, son más “alegatos de instancia” que la sustentación de un recurso de casación bajo la modalidad de violación seleccionada, los cuales están proscritos de conformidad con lo señalado en el artículo 91 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Por todo lo dicho, no se dan los presupuestos legales para que las actoras como beneficiarias del causante, tengan derecho a la pensión de sobrevivientes derivada de un accidente de trabajo consagrada en el Decreto-Ley 1295 de 1994.

2. Pensión especial por homicidio voluntario durante el desempeño del cargo prevista en la Ley 126 de 1985.

En relación a esta súplica, el tribunal hizo suyos los razonamientos esbozados por el Juez de primera instancia, consistentes en que la pensión especial de que trata la Ley 126 de 1985, no era aplicable para la causa que ocupa la atención a la Sala, dado que su ámbito de aplicación está contraído a los servidores públicos, calidad que no posee el occiso.

Para desechar esta parte de la acusación, basta con señalar, que la anterior conclusión el censor la dejó libre de ataque, es así que en ningún pasaje de la sustentación se refirió a los destinatarios de dicha pensión en condiciones especiales, a consecuencia del homicidio voluntario durante el desempeño de un cargo, que implementó la citada ley; habida consideración que dedicó su discurso a sostener que las accionantes tenían derecho a su reconocimiento, porque el grupo guerrillero de las FARC habían asesinado al Ingeniero Betancourt Rivera “por estar laborando o prestando servicios profesionales a la Gobernación... sin que exista o no afiliación, por no ser requisito exigido por la norma”; lo que mantiene inmodificable lo decidido por los falladores de instancia.

De tal modo que, ese razonamiento inatacado, independiente de su acierto, conserva en pie la sentencia censurada, la cual goza de la presunción de legalidad que la caracteriza, siendo insuficiente cualquier acusación parcial que se realice.

Al margen de lo anterior, conviene aclarar, que la Ley 126 de 1985 creó una pensión vitalicia especial en cuantía equivalente al 75% de lo devengado al momento de la muerte del servidor público, cuya estructura es distinta a la de sobrevivientes regulada por la Ley 100 de 1993, pues aquella procede conforme se lee en los artículos 1º y 4º de la citada Ley 126, cuando el servidor fallezca a causa de un homicidio voluntario en ejercicio de su cargo, sin sujeción al número de semanas cotizadas al sistema general de pensiones, estando a cargo su pago de la Caja Nacional de Previsión Social; siendo por consiguiente esta prestación de características y orígenes específicos, que hace parte del régimen de excepciones del sistema integral de seguridad social como lo registra el parágrafo 3º del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y cuyo campo de aplicación de tal pensión especial quedó restringido a los beneficiarios de los funcionarios o empleados de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Publico que fallezcan “sin haber cumplido el tiempo de servicio requerido por la ley para adquirir el derecho a la pensión de jubilación”; condición que obviamente no la ostenta el causante Betancourt Sierra, si se tiene por establecido como en efecto ocurrió, que su calidad es la de un contratista independiente, consultor externo o interventor de una entidad territorial.

Por consiguiente, en esta litis no se satisfacen los presupuestos de la Ley 126 de 1985, para acceder los causahabientes demandantes a la prestación pensional en comento.

Colofón a todo lo anterior, el tribunal no pudo incurrir en los yerros jurídicos que la censura le atribuye, y por ende los cargos no prosperan.

De las costas del recurso de casación, no hay lugar a ellas por cuanto no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 20 de junio de 2008, por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, en el proceso adelantado por Deyanira Giraldo Ortega y María Camila Betancourt Giraldo contra el departamento del Caquetá.

Sin costas en el recurso de casación.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen».