Sentencia 37285 de marzo 13 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 78

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Bogotá, D.C, trece de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS « Consideraciones de la Corte

Cargo quinto. Nulidad por anfibología de la sentencia de segunda instancia

Según el censor, la sentencia se encuentra viciada de nulidad al entremezclar diversas y disímiles instituciones jurídicas atinentes a la responsabilidad civil extracontractual, sin concretar por cuál de ellas se condena a su representada, lo cual quebranta el derecho de defensa, al dificultar su contradicción.

De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala, la motivación se considera anfibológica cuando la sentencia se cimienta en razones contradictorias y excluyentes que impiden conocer su verdadero sentido(1).

Antes de entrar al análisis de las motivaciones del fallo, se recuerda que la empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A., fue vinculada como tercero civilmente responsable, para efectos indemnizatorios, en virtud de petición elevada en la demanda de constitución de parte civil presentada a nombre del lesionado Jorge Fernández, como aquella obligada a reparar el daño en forma solidaria, por la conducta culposa atribuida al procesado Célimo Hernán Martínez Dueñas.

Tampoco hay discusión sobre la existencia de prueba demostrativa de que el taxi de placas VCF-288, con el cual se ocasionaron las lesiones sufridas por Jorge Fernández, se encontraba afiliado, para la fecha de los hechos, a la mencionada empresa de taxis, de donde su vinculación al proceso emerge del contrato de afiliación suscrito con el propietario del vehículo, relación jurídica que, dígase de una vez, avala la responsabilidad civil extracontractual que se predica en cabeza de la misma.

En efecto, al estudiar la responsabilidad de los vinculados como terceros civilmente responsables, el fallo impugnado parte de las siguientes consideraciones:

“En este proceso se vinculó como tercero civilmente responsable al señor Jorge Garzón Londoño, como propietario del vehículo marca Chevrolet, Taxi de placa VCF 288, el cual conducía el infractor, y a la empresa “Radio Taxi Aeropuerto S.A.”, pues el primero como propietario del automóvil, y el segundo como la empresa de trasporte a la cual está afiliado, tenían la vigilancia del mismo, y como tal confiaron el desarrollo de esa actividad peligrosa de la conducción de autos a Célimo Hernán Martínez Dueñas y en ejercicio de esa actividad riesgosa es que generan las lesiones.

“Por ello, tanto Jorge Garzón Londoño como la empresa “Radio taxi Aeropuerto S.A.”, deben responder en forma solidaria por el pago de los perjuicios ocasionados, pues se trata de una responsabilidad civil extracontractual por un hecho ajeno...”.

Ninguna contradicción o conclusión anfibológica en la enunciación de los fundamentos centrales de atribución de responsabilidad civil a la empresa “Radio Taxi Aeropuerto S.A.” se advierte en el apartado trascrito, fundamentos que, contrario a lo alegado, se mantienen en el contexto de la decisión, independientemente de algunas impresiones secundarias que no descalifican el aspecto toral de la responsabilidad que se predica en cabeza de la demandante en casación.

En efecto, la decisión acoge el criterio jurisprudencial de esta Corte, en sus Salas de Casación Civil y Penal, que al dilucidar qué personas deben ser llamadas a responder por las secuelas de un daño ocasionado por el ejercicio de una actividad peligrosa, advierte que ha de acudirse a la noción del “guardián” de la misma, o sea, “todas aquellas de quienes pueda predicarse potestad de mando y control de la misma en cuanto detentan ‘un poder efectivo de uso, control y aprovechamiento respecto del artefacto mediante el cual se realiza aquella actividad’”(2).

Bajo la concepción de “guardián” de la actividad con la cual se produce la lesión, la misma jurisprudencia civil tiene decantado que será responsable “la persona física o moral que, al momento del percance, tuviere sobre el instrumento generador del daño un poder efectivo e independiente de dirección, gobierno o control, sea o no dueño, y siempre que en virtud de alguna circunstancia de hecho no se encontrare imposibilitada para ejercitar ese poder”(3).

En esa lógica, resulta acertado sostener, como se hace en la sentencia, que las empresas transportadoras, en cuanto afiliadoras para la prestación regular del servicio a su cargo, independientemente de que no tengan la propiedad del vehículo respectivo, ostentan el calificativo de guardianas de las cosas con las cuales se ejecutan las actividades propias de su objeto social, “no solo porque obtienen aprovechamiento económico como consecuencia del servicio que prestan con los automotores así vinculados sino debido a que, por la misma autorización que le confiere el Estado para operar la actividad, pública por demás, son quienes de ordinario ejercen sobre el automotor un poder efectivo de dirección y control, dada la calidad que de tenedoras legítimas adquieren a raíz de la afiliación convenida con el propietario o poseedor del bien, al punto que, por ese mismo poder que desarrollan, son las que determinan las líneas o rutas que debe servir cada uno de sus vehículos, así como las sanciones a imponer ante el incumplimiento o la prestación irregular del servicio, al tiempo que asumen la tarea de verificar que la actividad se ejecute previa la reunión integral de los distintos documentos que para el efecto exige el ordenamiento jurídico y las condiciones mecánicas y técnicas mediante las cuales el parque automotor a su cargo debe disponerse al mercado”(4) (destacado de la Sala).

Oponiéndose a la aplicación de esos conceptos, el censor califica de equivocadas las conclusiones del fallador cuando sostiene que la sociedad Radio Taxi Aeropuerto S.A. es guardiana de la cosa o de la actividad que generó el peligro, cuando la realidad enseña que la empresa no tenía ni el gobierno ni el control del vehículo, prerrogativas que solo ejercían el propietario y el conductor, equivocación que, dice, surgió tras aludir a la reglamentación contenida en el Decreto 171 de 2001, que hace referencia al servicio público de trasporte terrestre colectivo y no el individual de pasajeros en taxi, regulado en el Decreto 172 de 2001.

Es cierto que el juzgador incurrió en la última imprecisión que destaca el censor, pero ello no lo llevó a conclusión equivocada alguna.

En primer lugar, porque cuando en el fallo demandado se alude al Decreto 171 de 2001, lo fue para destacar dos aspectos que no modifican el punto central de la atribución de responsabilidad a la empresa de taxis. Así, se hace alusión al artículo 18 de dicha normatividad para destacar la obligación que tienen las empresas trasportadoras de tomar seguros encaminados a amparar los riesgos inherentes a la actividad riesgosa, tal como se lee en el siguiente apartado de la decisión:

“Por su parte el artículo 1003 del mismo ordenamiento se refiere a la responsabilidad del trasportador en el transporte de personas y por ello deben tomar, como lo dispone el Decreto 171 de 2001, en el artículo 18 y los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio, un seguro con una compañía de seguros para operar en Colombia, además de una póliza de seguros de responsabilidad extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora, tales como muerte o lesiones a una persona, daños a bienes de terceros, muerte o lesiones a dos o más personas, que no podrá ser inferior a 60 SMMLV, por persona”.

Esta afirmación no se habría modificado de haberse citado correctamente el Decreto 172 de 2001, por medio del cual se reglamenta “el servicio público de trasporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo taxi”, el cual, dice el artículo 6º se debe prestar “bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, en forma individual, sin sujeción a rutas ni horarios, donde el usuario fija el lugar o sitio de destino”, porque allí también se establece, en idénticas condiciones, la obligación de las empresas afiliadoras, de tomar pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual para amparar los riesgos inherentes a la actividad, como expresamente se señala en el artículo 18(5), del mismo tenor literal del citado en forma equivocada por el fallador.

La segunda mención que se hace al Decreto 171 aparece en la página 25 del fallo impugnado, para indicar que las empresas habilitadas para la prestación del servicio público de trasporte terrestre automotor de pasajeros por carretera “solo podrán hacerlo con equipos registrados en el servicio público, que son vinculados a su parque automotor, el cual se formaliza con la celebración del respectivo contrato entre el propietario del vehículo y la empresa y se oficializa con la expedición de la tarjeta de operación por parte del Ministerio de Transporte”.

Es cierto que de allí concluye el fallador que las obligaciones adquiridas por la empresa trasportadora con el contrato de vinculación, se mantienen “hasta tanto siga figurando (el vehículo) en el parque automotor de la empresa”, del contexto de los párrafos siguientes se entiende que tal afirmación se hace para significar la vigencia del contrato y la permanencia de la afiliación, que hacía responsable a la empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A. de los daños causados en la ejecución de la actividad que la beneficiaba, como se extracta de los siguientes párrafos:

“Por lo anterior considera este despacho que aunque el propietario del vehículo incumpla con las obligaciones adquiridas en el contrato de vinculación, hasta tanto siga figurando en el parque automotor de la empresa, esta tiene responsabilidad por los perjuicios que se pueda causar con el vehículo, pues se encuentra vigente el contrato, ya que no ha sido terminado por acuerdo de las partes o por decisión judicial y sigue vinculado a su parque automotor.

“De modo que así en el caso presente el Taxi de placas VCF 288 afiliado a la empresa “Radio taxi Aeropuerto S.A., opere a través de un contrato de vinculación, ello no libera de culpa a esta empresa por responsabilidad extracontractual; porque se trata de la prestación de un servicio en vehículo de servicio público homologado y registrado para trasporte de personas. Los perjuicios ocasionados por el vehículo durante la ejecución del contrato de trasporte serán responsabilidad de la empresa transportadora (y) o de su propietario directo a título de responsabilidad civil extracontractual, que surge del principio consignado en el artículo 2347 del Código Civil, según el cual todo el que con un hecho suyo, de las personas o de las cosas a su cargo, causa daño a otro, es obligado a la indemnización.

“A pesar de sostener el abogado representante de la empresa “Radio taxi Aeropuerto S.A.”, que esta entidad no responde por el daño ocasionado con el taxi, porque la relación con el propietario del taxi o su conductor no es la de vigilancia y la de administración o dependencia, tal afirmación no tiene asidero jurídico, porque la responsabilidad civil de la empresa de trasportes se genera precisamente es del contrato de vinculación entre la empresa “Radio taxi Aeropuerto S.A.”, y su propietario, y de la relación entre este y el conductor. Por ello se genera la responsabilidad directa de esta empresa por los daños ocasionados a terceros con dicho automotor, porque estos dos últimos actúan como agentes de la primera”.

Tales conclusiones, lejos de ser equívocas, se compaginan completamente con los desarrollos jurisprudenciales alrededor de la responsabilidad civil predicable en cabeza de las empresas afiliadoras de vehículos de trasporte público y especialmente de aquellas encargadas del servicio de trasporte terrestre individual de pasajeros en vehículo taxi, tema ampliamente analizado en el fallo de casación del 27 de julio de 2012, radicado 35.558, en el cual se parte de reconocer que las varias personas que en mayor o menor grado tienen injerencia en el manejo o control del bien con el cual se cumple la actividad peligrosa, asumen solidariamente el compromiso de indemnizar a la víctima, como se establece en el inciso primero del artículo 36 de la Ley 336 de 1996 (Estatuto Nacional de Transporte), del siguiente tenor:

“Los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte serán contratados directamente por la empresa operadora de transporte, quien para todos los efectos será solidariamente responsable junto con el propietario del equipo...”.

Esa norma, dijo la Corte en aquella oportunidad, claramente hace responsable “para todos los efectos” a la empresa transportadora y al propietario del equipo. Se trata de una responsabilidad patrimonial solidaria por los daños originados en ejercicio de la actividad peligrosa del transporte automotor, agregando que ni el precepto trascrito ni los desarrollos jurisprudenciales en el área civil, excluyen de la condición de guardián de la actividad peligrosa y, por consiguiente, de su responsabilidad patrimonial en razón de los daños derivados de ella, a las empresas de transporte terrestre automotor en vehículos taxi.

Lo anterior, explicó la Corte, se justifica porque legalmente solo a través de tales empresas es posible la prestación de ese servicio público, de donde no es admisible que las compañías dedicadas a su explotación, pretendan evadir su responsabilidad por los daños que se causen con su ejercicio, aduciendo que no tienen el control de la actividad, cuando precisamente la habilitación oficial para hacerlo está sujeta al cumplimiento de unos requisitos rigurosos, entre ellos, la prestación de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual a que se alude en el fallo impugnado.

También se destaca en el precedente citado, que si las compañías de transporte son las encargadas de acreditar ante la autoridad de transporte los requisitos para obtener o renovar la tarjeta de operación de los vehículos propios y ajenos, entre los que se cuentan el seguro obligatorio, certificaciones acerca de la existencia de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual de la empresa y constancia de la revisión técnico mecánica de los vehículos que no sean de último modelo, como se dispone en los artículos 43 y 44 del Decreto 172 de 2001, surgen evidentes los poderes de dirección y control que ejercen las empresas sobre los automotores afiliados.

Además, no sobra reiterar lo afirmado por la Sala en aquella oportunidad, en el sentido de que si las empresas trasportadoras se sustraen de dichos poderes de dirección y control, ello no las exonera de la responsabilidad civil derivada de los delitos que se cometan con los equipos afiliados, pues “el solo hecho de la vinculación o afiliación de los automotores” las hace responsables patrimonialmente de los perjuicios que sean consecuencia del desarrollo de su actividad.

A las mismas conclusiones arribó el Juzgado en la sentencia impugnada, como se advierte en el siguiente texto:

“La empresa “Radio Taxi Aeropuerto S.A.” se beneficia de dicha actividad, pues se insiste que es nada menos la empresa que a través de la licencia que le otorga el Ministerio del Transporte vincula a su flota el vehículo de un tercero mediante un contrato de vinculación; por ello no se excluye la responsabilidad de esta entidad o persona moral –”Radio Taxi Aeropuerto S.A.”.

(...).

“¿A quién puede por tanto atribuirse la consecuencia de las lesiones que recibió el señor Jorge Fernández, en esa actividad peligrosa ejercida por el taxista Célimo Hernán Martínez Dueñas? Desde luego que recae aquí también en el propietario del rodante y la empresa “Radio Taxi Aeropuerto S.A.”, porque son los guardianes de la cosa o de la actividad que genera el peligro; porque tienen el poder efectivo de control o gobierno de dicha cosa o actividad”.

En ese contexto argumentativo, ninguna razón asiste al impugnante cuando califica de anfibológica la sentencia impugnada, pues como acaba de evidenciarse, la misma no solo es clara en identificar el tipo de responsabilidad que se atribuye a la empresa afiliadora, sino además los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan esa atribución, los cuales concuerdan con la ley y los desarrollos jurisprudenciales alrededor del tema.

En consecuencia, no prospera la censura.

Cargo séptimo. Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho derivado de falso juicio de identidad por tergiversación

Según el demandante, el fallador tergiversó el contrato de vinculación del vehículo de placas VCF 288 a la empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A., al desconocer las cláusulas que establecen que la “administración y usufructo” del vehículo la ejerce en forma exclusiva el propietario del mismo y que la empresa “no ostenta la calidad de responsabilidad civil extracontractual indirecta, ni le asiste culpa aquiliana en desarrollo de la actividad peligrosa de la conducción, pues no ostenta la calidad de administradora del vehículo, como tampoco ejerce actividades de control, disposición, guarda y/o vigilancia sobre este o sobre los conductores del mismo...”.

Ninguna razón le asiste al censor en su argumentación. Basta repasar la sentencia impugnada para verificar que el fallador de segunda instancia valoró las cláusulas del contrato de afiliación reseñadas, ofreciendo una respuesta adecuada a los efectos que ellas pudieran tener sobre la responsabilidad atribuida a la empresa afiliadora.

Así se analizó el tema de las cláusulas contractuales en el fallo impugnado:

“...es indiscutible que Jorge Garzón Londoño, es decir el dueño del taxi, y por consiguiente el conductor se comportan como agentes de la aludida empresa “Radio Taxi Aeropuerto S.A.” Allí es donde está el equívoco de dicha entidad, al entender, a través de su abogado, que por contener el contrato de vinculación cláusulas que la excluyan como responsable civilmente, no puede ser condenada en este asunto al pago de los perjuicios ocasionados al señor Jorfe Fernández.

“So pretexto de que el contrato de vinculación contiene cláusulas que excluyen la responsabilidad de la empresa “Radio Taxi Aeropuerto S.A.” no puede aceptarse que esta entidad no pueda responder civilmente en este proceso por el pago de los perjuicios. Su responsabilidad aquí ni siquiera es indirecta, sino directa como lo ha anotado la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal...”.

“...La vinculación contractual del señor Jorge Garzón Londoño y su taxi de placas VCF 288 a la empresa “Radio Taxi “Aeropuerto S.A. es lo que permite que el aludido vehículo, su conductor y su propietario puedan llevar a cabo la prestación del servicio de trasporte de pasajeros y desplazarse por la ciudad...”.

De allí que para el fallador, la responsabilidad de la empresa “Radio Taxi Aeropuerto S.A.”, deriva de la afiliación del vehículo a la misma, independientemente de las cláusulas limitativas de su responsabilidad, consignadas en el contrato de vinculación que suscribió con el propietario del taxi, entendiendo que ellas no tienen la virtualidad de derruir los efectos esenciales de la afiliación, única que posibilita el ejercicio de la actividad de trasporte de pasajeros y, por lo tanto, su desplazamiento por la ciudad.

Además, basado en un precedente jurisprudencial emanado del Consejo de Estado(6), el juzgado desecha el argumento expuesto por el apoderado de la demandada, porque se tiene decantado que en torno a las obligaciones de las empresas de trasporte y su relación con los propietarios y conductores de los vehículos a ellas afiliados, “...los propietarios como los conductores, son para efectos del transporte, agentes de la empresa...”, de donde su relación “...no es meramente nominal, sino material o real, en la medida en que los vehículos son el medio a través del cual ella desarrolla su objeto social...”.

En ese sentido, no existió el error denunciado y menos equivocación en la valoración del contenido de las cláusulas limitatorias de la responsabilidad civil de la empresa afiliadora, pues lo que se señala, en últimas, es que las mismas resultan inoponibles a los terceros afectados con los daños que ocasione el vehículo, conclusión compatible con el tipo de responsabilidad que se atribuye a la empresa afiliadora, esto es, una responsabilidad civil extracontractual derivada, como ya se anunció, de su condición de guardiana de la actividad peligrosa.

Por lo demás, no sobra señalar que de acuerdo con la normatividad civil, la fuerza vinculante del contrato está referida a las partes que en él intervienen, sin que puedan prevenirse efectos dirigidos a terceros, como se deduce del artículo 1602 del Código Civil, en cuanto establece que el contrato únicamente establece relaciones obligatorias entre los otorgantes.

Por lo tanto, las autolimitaciones que las partes introdujeron al contrato de afiliación, en ejercicio de sus facultades de regular intereses propios, no puede en ningún caso afectar a terceros ajenos a ese negocio, máxime cuando se trata de una responsabilidad civil extracontractual y no contractual.

Sobre el punto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de esta corporación ha dicho:

“Como es bien sabido, de la noción misma de contrato es de donde emerge el postulado general de la relatividad de sus efectos, habida cuenta que si ha de considerarse el contrato como una manifestación de la autonomía que el ordenamiento positivo le reconoce a la voluntad individual legalmente expresada y destinada a reglamentar los propios intereses, inevitable es entender entonces que la fuerza obligatoria inherente a tal reglamentación, en tesis general, puede afectar tan solo a quienes fueron sus autores, lo que dicho de otro modo quiere significar que por principio y dejando de lado desde luego casos especiales que son siempre materia de disposición expresa en sentido diferente, los contratos no despliegan eficacia ninguna —ni en provecho ni en perjuicio— respecto de la esfera jurídica de terceras personas que han sido totalmente ajenas a su realización...”(7).

En consecuencia, no prospera la censura.

Cargo octavo. Incongruencia de la sentencia con las pretensiones de la demanda

Según el censor, el fallador desconoció los criterios contenidos en los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto regulan el contenido de la sentencia y la congruencia que debe existir entre esta y las pretensiones de la demanda. Específicamente, dice, la incongruencia se presenta porque la demanda de parte civil no contiene una “causa petendi”, ya que no dice por qué hechos, acciones u omisiones, debe responder la empresa “Radio Taxi Aeropuerto S.A.”.

Es cierto que el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, regula el principio de congruencia en materia civil, al señalar que:

“La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

“No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en esta.

“Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.

“En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando este no proceda, antes de que entre el expediente al Despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio”.

A este principio procesal se refirió la Sala de Casación Penal en el fallo del 13 de abril de 2011(8), en el que concluyó que en materia civil, el juez, en su sentencia, no puede reconocer lo que no se le ha pedido (extra petita), ni más de lo pedido (ultra petita), ni dejar de resolver lo que le fue solicitado (citra petita), pues en cualquiera de tales eventos estaría desbordando, positiva o negativamente, los límites de su potestad, como ha sido decantado pacifica y reiteradamente por la jurisprudencia civil, entre otras decisiones, en la sentencia del 22 de febrero de 2002, en la cual se dijo que:

“En virtud del principio de la congruencia, la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda, motivo por el cual no le permite al juzgador desbordar cualitativa o cuantitativamente la pretensión y sus fundamentos, como tampoco dejar de resolver sobre lo que fue solicitado o debió ser objeto de pronunciamiento, de donde se colige que habrá incongruencia si el fallo resulta omiso o diminuto (citra petita), o cuando se excede sobre el thema decidendum, cual sucede si el fallo se profiere sobre lo que jamás se reclamó de la jurisdicción (extra petita), o cuando se concede más de lo pedido (ultra petita)”(9).

Principio que por supuesto irradia en toda su extensión la acción civil cuando se ejerce dentro del proceso penal, al punto que si la sentencia que pone fin al debate, recae sobre materias no debatidas en el curso del mismo, ausentes de la relación jurídico-procesal trabada, la incongruencia se traduce inexorablemente en una violación clara del derecho de defensa de la parte afectada con ella.

En el presente evento, como lo sostiene la procuradora en su concepto, la demanda de parte civil que motivó la vinculación al proceso de la empresa “Radio Taxi Aeropuerto S.A.”, contiene una concreción fáctica, la tasación de los perjuicios materiales y morales, las pruebas con los que ellos pretendían demostrarse y los fundamentos de derecho en que se sustenta.

Los hechos y la vinculación de la empresa demandada con el instrumento generador del daño, quedaron claramente expresados en los siguientes párrafos:

Primero: Poco después del medio día del 05 de noviembre de 2005, a la altura de la carrera 23 A con calle 26 B de esta ciudad, se presentó un siniestro automoviliario en done se vieron involucrado (sic) un automotor —taxi— identificado con las placas VCF-288 conducido por el imputable ya conocido a la foliatura, y una bicicleta que iba al mando del ofendido que trata la presente instrucción.

Segundo: En razón al insuceso que da cuenta el hecho que antecede, resultó lesionado mi poderdante, señor Jorge Fernández.

Tercero: El vehículo automotor que trata el hecho primero, conducido por el imputable Célimo Hernánd Martínez Dueñas, con el que se causó la conducta punible, al momento del epílogo se encontraba afiliado a la sociedad denominada “Radio Taxi Aeropuerto S.A.” y en el instante del infortunio se encontraba prestando el servicio”.

La claridad del aspecto fáctico y el supuesto que generó la vinculación de la demandada como tercero civilmente responsable, fue lo que permitió al apoderado de “Radio Taxi Aeropuerto S.A.” contestar razonablemente las pretensiones de la demanda, alegando que aunque el vehículo causante del siniestro se encuentra vinculado a la empresa, dicha situación no era causa suficiente para salir a responder por el pago de los perjuicios demandados, por las razones que expone en el siguiente orden:

a) Su representada no tiene ni ha tenido vínculo contractual con el conductor del taxi.

b) Los contratos de afiliación que suscriben los propietarios de los vehículos vinculados a la empresa que representa, se hacen con total apego al Decreto 172 de 2001, y en ellos se incluye cláusulas expresas de no responsabilidad de la empresa.

c) De lo consagrado en el contrato de afiliación, se deduce con claridad que la empresa no tiene participación ni injerencia alguna en la administración del vehículo.

d) Las actividades “in eligendo e in vigilando” recaen inequívocamente sobre el propietario o poseedor del vehículo.

e) La demandada tampoco ostenta la calidad de “guardián de la actividad”, porque para el momento de los hechos no ostentaba sobre el instrumento generador del daño un poder efectivo de dirección, gobierno y control.

Como puede verse, los fundamentos de la demanda fueron los que dieron lugar al surgimiento del debate suscitado alrededor de la responsabilidad civil de la empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A., sobre una base de lealtad y pleno conocimiento de sus extremos fundamentales, sin que pueda admitirse que el juzgador desbordó esos parámetros de la pretensión y sus fundamentos, como injustificadamente lo alega el censor.

En consecuencia, no prospera la censura.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia de casación del 10 de agosto de 2000, Radicado 13.066

(2) Sentencia de casación civil Nº 012 del 5 de mayo de 1999, Expediente 4978

(3) Sentencia de casación civil Nº 7627 del 20 de junio de 2005.

(4) Ibídem.

(5) ART. 18 Decreto 172 de 2001: “Obligatoriedad. De conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio las empresas de Transporte Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi, deberán tomar con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las amparen contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora, así:

1. Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos, los siguientes riesgos:

a) Muerte;

b) Incapacidad permanente;

c) Incapacidad temporal;

d) Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.

El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 60 smmlv, por persona.

2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos, los siguientes riesgos:

a) Muerte o lesiones a una persona;

b) Daños a bienes de terceros;

c) Muerte o lesiones a dos o más personas.

El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 60 smmlv, por persona.”

(6) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 18 de octubre de 2007, radicado Nº 25000-23-24-000-2001-000944-01.

(7) Sentencia de casación civil del 1º de febrero de 1993, radicado Nº 3532

(8) Radicado Nº 34.145

(9) Referencia: Expediente Nº 6666