Sentencia 37297 de octubre 2 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 37297

SL 695 - 2013

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta 31

Bogotá D.C., dos de octubre de dos mil trece.

Resuelve la Corte los recursos de casación interpuestos por la demandante y la demandada Ingenio Riopaila S.A. contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Laboral, de fecha 13 de junio de 2008, complementada mediante providencia del 14 de julio del mismo año, proferida en el proceso ordinario laboral que Marleny Caicedo de Vásquez le sigue a José Luis Escobar Corrales y solidariamente al Ingenio Riopaila S.A.

Antecedentes

Marleny Caicedo de Vásquez demandó a José Luis Escobar Corrales y, en solidaridad, al Ingenio Riopaila S.A. para que, previos los trámites del proceso ordinario, se declarara que su hijo, Diego Fernando Vásquez Caicedo, sufrió un accidente de trabajo, por culpa patronal, en las instalaciones del referido ingenio, en el momento en que realizaba mantenimiento y limpieza de una máquina que le causó la muerte. Como consecuencia, solicitó que fueran condenados solidariamente a pagarle la indemnización plena y ordinaria de perjuicios materiales, el lucro cesante consolidado y futuro, los perjuicios morales, la indexación, la pensión de sobrevivientes, los intereses moratorios y las costas del proceso.

Afirmó, como sustento de sus pretensiones, que con el causante, Diego Fernando Vásquez Caicedo, conformaba su núcleo familiar, porque el padre había abandonado el hogar y aquel era su sostén, compañía, apoyo moral y afectivo, por tratarse de su hijo menor soltero; que entre José Luis Escobar Corrales, propietario del establecimiento de comercio Servigeneral, y el Ingenio Riopaila S.A. existió un vínculo de prestación de servicios de persona natural contratista y sociedad contratante; que la actividad desarrollada por su hijo lo había sido en cumplimiento de un contrato celebrado entre el Ingenio Riopaila S.A. y Servigeneral, cuyo objeto era el mantenimiento de máquinas de propiedad de la contratante y dentro de sus instalaciones; que José Luis Escobar Corrales contrató los servicios personales y directos de su hijo, mediante contrato de trabajo que estuvo vigente durante el periodo comprendido entre el 4 de enero de 1999 y el 24 de mayo del mismo año, fecha de su deceso, en cuya virtud desempeñó funciones de oficios varios y limpieza de sitios adyacentes a la máquina transportadora de bagazo; que para la fecha del accidente, su hijo devengaba un salario promedio de $ 401.873,40 mensuales; que el 24 de mayo de 1999, a las 8:30 de la mañana, el causante sufrió un accidente de trabajo por causa y con ocasión de la prestación de sus servicios en el Ingenio Riopaila S.A.; que el accidente había sido reportado en la misma fecha a la ARP del Instituto de Seguros Sociales, “a la que se encontraba afiliado el trabajador Diego Fernando Vásquez”; que en el momento del accidente la referida máquina no contaba con medidas de seguridad porque no tenía la guarda en el sistema de transmisión de fuerza; que al momento del fallecimiento de su hijo, este “no se encontraba afiliado a la ARP del Instituto de Seguros Sociales Seccional Valle del Cauca, por ninguno de los demandados, ya que se produjo la desafiliación automática del sistema general de riesgos profesionales de que trata el Decreto 1772 de 1.994 en su artículo 10 causando un grave perjuicio”; que le adeudan la pensión de sobrevivientes en el riesgo de A. T.

José Luis Escobar Corrales, propietario del establecimiento de comercio denominado Servigeneral, se opuso a las pretensiones. Aceptó los hechos relacionados con la existencia del contrato de prestación de servicios con Riopaila S.A., la existencia del vínculo laboral con el causante, el cargo desempeñado por este, el salario promedio devengado por el trabajador y la ocurrencia del accidente de trabajo que le causó la muerte. Lo demás dijo que no era cierto o no le constaba. Propuso las excepciones perentorias de inexistencia de causa para demandar y cobro de lo no debido.

El Ingenio Riopaila S.A. también se opuso a las pretensiones. Aceptó los hechos relacionados con la existencia del contrato de prestación de servicios con el otro demandado y el objeto de dicho contrato, aclarando que las labores del contratista eran extrañas a las desarrolladas por la contratante. Lo demás dijo que no era cierto o no le constaba. En su defensa propuso las excepciones de mérito de prescripción e inexistencia de la obligación.

El Juzgado Laboral del Circuito de Roldanillo, mediante sentencia del 6 de junio de 2007, absolvió a los demandados de todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

Sentencia del tribunal

Apeló la demandante. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Laboral, en la sentencia aquí acusada, revocó la de primera instancia y, en su lugar, condenó a José Luis Escobar Corrales y al Ingenio Riopaila S.A., solidariamente, a pagarle a la actora $ 58’761.330,17, como indemnización por perjuicios materiales, y $ 15’000.000, por perjuicios morales.

Consideró el ad quem que para establecer si el accidente que le había causado la muerte a Diego Fernando Vásquez Caicedo, el 24 de mayo de 1999, era de trabajo o de riesgo común, ello debía hacerse a la luz de lo que disponían los artículos 8º y 10 del Decreto-Ley 1295 de 1994, puesto que el trabajador fallecido manejaba una carretilla y no era el que vaciaba con una pala el bagazo al conductor para alimentar las calderas, sino que había sido a Wilmer Muñoz al que se le había desprendido ese elemento de las manos; que el a quo había absuelto porque estimaba que el fallecido no había participado en forma directa “de la labor que generó su imprudencia”, razonamiento que era ambiguo y vago, porque no precisaba si el accidente había sido o no de trabajo, y que no se compartía porque era claro que el accidente había ocurrido “por ocasión del trabajo”, sin que el hecho de que el trabajador fallecido, por no haber tenido contacto directo con la pala, fuera ajeno a la faena del que la maniobraba, por ser conjunta la labor, es decir, que el aseo en el área de calderas era para ambos una misma actividad.

Luego de copiar lo que había declarado el testigo Germán Alberto Barrera Apuesta (fls. 364 a 368), explicó el tribunal que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 11 de marzo de 1958, había definido el significado de la expresión “por causa u ocasión”, en el sentido de que había dos elementos, “con ocasión del trabajo”, que significa “trabajando”, “por causa”, por lo que “el accidente no sería por ocasión del trabajo sino por causa del trabajo”, puesto que el causante no tenía como función directa manejar la pala, toda vez que el accidente había sido “de trabajo ora por ocasión ora por causa”, como, dijo, lo había considerado la Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, en la sentencia de 20 de septiembre de 1993, Radicación 5911, “al señalar que era accidente de trabajo aquel que ocurría cuando se prestaba auxilio a su compañero de trabajo”, y de la cual transcribió un breve pasaje.

Seguidamente el juez de apelaciones aludió a la tesis de la culpa suficientemente comprobada del empleador, de la que, dijo, daba cuenta el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, y a cómo se definía conforme a las sentencias de la Corte de 16 de marzo de 2005, Radicación “223.489” (sic), 2 de octubre de 2007, Radicación 29644, para luego señalar que en el informe patronal del accidente de trabajo no se relacionaba “ninguna guarda de protección que tuviera la máquina donde sucedió el accidente, porque no la tenía, hecho que fue verificado posteriormente por los testigos citados al proceso”; que en la investigación realizada por la vicepresidencia de riesgos laborales del Instituto de Seguros Sociales, sobre las causas inmediatas del accidente, se decía que habían sido “La falta de guarda en el sistema de transmisión; realizar aseo con la maquina (sic) en movimiento y el desconocimiento total de normas de seguridad”, y como causas mediatas, el “Mecanismo de protección descubierto y sin ninguna protección; no advertir el peligro y la falta de capacitación en normas de seguridad industrial” (fl. 39, cdno. del tribunal), documento declarativo de tercero, que, dijo, no podía desecharse “olímpicamente”, como lo había expresado la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 24 de octubre de 2002, Radicado 18581; que del interrogatorio de parte absuelto por el contratista José Luis Escobar Corrales, empleador del trabajador fallecido, se colegía que nunca había impartido instrucciones sobre “seguridad social” al fallecido sobre el riesgo de la labor que desarrollaba y que, tampoco, le constaba que el Ingenio Riopaila S.A. lo hubiese hecho; que conforme al texto de la constancia consignada en el acta de la diligencia de inspección judicial, con exhibición de libros, practicada por comisionado al establecimiento de comercio Servigeneral, de propiedad del demandado José Luis Escobar Corrales, ese empleador ni siquiera se percataba sobre quién era la persona encargada de instruir a sus trabajadores sobre seguridad industrial, y si la instrucción era idónea.

En cuanto al dictamen pericial rendido por un perito técnico en el campo de ingeniería mecánica (fls. 719 a 738), y su aclaración y complementación, señaló que su objeción por error grave no se había concretado porque no se había conseguido otro perito idóneo, por lo cual era “completo, fundamentado, serio, creíble y concordante con el resto del material probatorio obrante en el expediente”.

A continuación extractó lo que habían declarado los testigos Wilson de Jesús Sánchez Ospina (fls. 349 a 353), Wilson Escobar Rebellón (fls. 361 a 363), Heriberto López Millán (fls. 205 a 208), Germán Alberto Barrera Apuesta (fls. 364 a 368) y Danilo Álvarez Sánchez (fls. 353 a 358), para concluir que existía culpa suficientemente comprobada del empleador en el accidente en que había perdido la vida Diego Fernando Vásquez Caicedo, en los términos del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, porque los demandados no habían demostrado que hubiesen dado instrucciones al trabajador fallecido, además de las deficiencias observadas en las medidas de seguridad industrial por la falta de guarda de seguridad en la máquina y de personal operativo que estuviera presente en esos momentos, por lo que el contratista —empleador demandado— José Luis Escobar Corrales era responsable de reconocer la indemnización total y ordinaria de perjuicios, como, lo había proclamado la Corte en la sentencia de 31 de julio de 2002, Radicación “18597”.

En cuanto a la obligación solidaria de José Luis Escobar Corrales, como contratista, y el Ingenio Riopaila S.A., como beneficiario del trabajo realizado por el trabajador fallecido, observó que al tenor de lo dispuesto por el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 3 del Decreto 2351 de 1965, “el beneficiario del trabajo o dueño de la obra será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio”; que conforme a lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en las sentencias de 23 de septiembre de 1960 y 30 de noviembre de 2000, se debía acreditar: 1) la relación de trabajo del causante con el contratista; 2) el contrato de obra o prestación de servicios entre el Ingenio Riopaila S.A., como beneficiario, y José Luis Escobar Corrales, como contratista; y 3) la relación de causalidad entre la actividad ordinaria del beneficiario y la del contratista independiente, por medio de sus trabajadores; que, en cuanto al primer punto, el causante había sido contratado por Escobar Corrales para el cargo de “oficios varios”, en las instalaciones del Ingenio Riopaila S.A., con funciones de “Aseo de calderas y demás funciones que le asigne la dirección de la empresa o el Ingenio Riopaila”, como constaba en el contrato de trabajo por duración de la obra o labor determinada visible a folios 28 y 74 del expediente; que el segundo punto se cumplía con la “orden contractual de servicio u obra”, de folio 108, en la que se leía que la actividad consistía en “(...) ejecutar en beneficio de Riopaila la labor de aseo del área de Calderas. Para ello suministra el personal de acuerdo a lo solicitado por la gerencia U. N. fábrica. El aseo consiste en la limpieza de canales de evacuación de cenizas, foso de conductores, plataformas de operación, área de manejo de combustible, área de conductores de bagazo y cualquier otra área asignada (...)”; que el tercer punto, según señalaba el certificado de la Cámara de Comercio de Tuluá (fl. 23 y vto.), José Luis Escobar Corrales, propietario del establecimiento de comercio “Servigeneral”, tenía como actividad comercial el “Suministro mano de obra”, y en el de Ingenio Riopaila S.A. (fls. 16 a 22), se observaba que su objeto social era “(...) el desarrollo de las actividades y la explotación de negocios agropecuarios y agroindustriales, (...) cultivar caña de azúcar y otros productos en terrenos propios o ajenos, comprar y vender caña de azúcar y otros productos; fabricar azúcar, miel, alcohol y otros productos derivados de los mismos; importar y exportar azúcar y otros productos derivados de los mismos, edulcorantes y alcoholes y otros productos (...)”, por lo cual, señaló, que “existe una relación de causalidad entre las funciones que desempeñó el causante por disposición del empleador contratista y el objeto social del ingenio demandado, ya que, la una depende de la otra”; que los interrogatorios de parte absueltos por los demandados José Luis Escobar Corrales (fls. 299 a 302) y el apoderado general del Ingenio Riopaila S.A. (fls. 245 a 248), corroboraban la tesis de la Sala porque en ellos se admitía que el bagazo que recogía el trabajador fallecido de los conductores, era utilizado por el ingenio como combustible.

Bajo las anteriores premisas el ad quem concluyó:

“(i) Que las labores que el causante Diego Fernando Vásquez Caicedo desempeñaba en el Ingenio Riopaila S.A. por intermedio del contratista José Luis Escobar Corrales eran las de “aseo de calderas” y para ello fue contratado; (ii) que el accidente de trabajo sufrido por aquel y que le causó la muerte se dio cuando se encontraba ‘recogiendo bagazo’ y ‘limpiando el conductor 5’; (iii) que el conductor 5 es el que transporta el bagazo de un lado a otro; (iv) que el bagazo es utilizado como combustible para las mismas calderas del ingenio para la producción de azúcar. En conclusión, la labor desempeñada por el causante por intermedio del contratista José Luis Escobar Corrales es conexa, y no ajena, al objeto social del Ingenio Riopaila S.A”.

En cuanto al monto de la indemnización por perjuicios, dijo el tribunal que se había ordenado la realización de un dictamen pericial que obraba a folios 761 a 766, y donde no se especificaba suma alguna por daño emergente, por falta de prueba de “gastos médico-hospitalarios o gastos de entierro”, y se había tasado la indemnización de perjuicios materiales en $ 33’139.036 por lucro cesante consolidado y $ 92’600.000 por lucro cesante futuro, el cual había sido objetado y despachado desfavorablemente la objeción, por lo que el lucro cesante pasado se cuantificaba en $ 51’709.090,36 que, indexado, ascendía a $ 58’761.330,17; que no se consolidaba el lucro cesante futuro, porque el trabajador fallecido, Diego Fernando Vásquez Caicedo, llegaría a los 25 años de edad durante el trámite del proceso, es decir, el 8 de febrero de 2006, y sobre este aspecto se compartía el criterio del Consejo de Estado plasmado en las sentencias de 4 de octubre de 2007, radicaciones 16505 y 21112, según el cual “se presume que pasados los 25 años de edad se tiene como límite para iniciar una relación marital estable que desde luego abso[r]vería la mayor parte de sus ingresos”.

Sobre perjuicios morales dijo que el daño moral se presumía y no podía nunca ser resarcido a plenitud, como lo tenía definido la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en la sentencia de 3 de octubre de 2002, Radicación 14207, por lo que se imponía tasarlo, a arbitrio del juez, para mitigar en parte el dolor moral sufrido por la demandante y se fijaba en $ 15’000.000, como representativo simbólico por la muerte de su hijo.

Los recursos de casación

Fueron interpuestos por la demandante, Marleny Caicedo de Vásquez, y por el demandado en solidaridad, Ingenio Riopaila S.A.

Por metodología se estudiará primero el recurso de la sociedad demandada.

Recurso de la parte demandada

Pretende que la Corte case parcialmente la sentencia del tribunal, en cuanto a la condena solidaria que le impuso, para que, en sede de instancia, confirme la absolutoria del juzgado.

Con esa intención propone un cargo, que fue replicado por la demandante y enseguida se estudia.

Cargo único

Acusa a la sentencia del tribunal de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 34 (modificado por el 3 del D. 2351/65) y 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Y, como violación medio, por aplicación indebida, los artículos 194, 195 y 200 del Código de Procedimiento Civil y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Afirma que el ad quem incurrió en los siguientes errores evidentes de hecho:

“1. Dar por demostrado en forma contraria a la realidad, que la recolección de bagazo y desperdicios, forma parte del objeto social del Ingenio Riopaila S.A.

“2. No dar por demostrado, estándolo, que la actividad del contratista José Luis Escobar en relación con el Ingenio Riopaila S.A. es el suministro de personal para la atención de las labores de aseo.

“3. No dar por demostrado, estándolo, que la actividad comercial del señor José Luis Escobar es el suministro de mano de obra y no la de aseo, y que tal actividad no se encuentra dentro de las que constituyen el objeto social de Ingenio Riopaila S.A.

“4. No dar por demostrado, estándolo, que las actividades del señor José Luis Escobar son diferentes a las actividades del Ingenio Riopaila S.A.

“5. Dar por demostrado, sin estarlo, que el aseo en el área de calderas se encuentra relacionado como una de las actividades por medio de las cuales se desarrolla el objeto social del Ingenio Riopaila S.A.

“6. No dar por demostrado, siendo ello evidente, que el aseo del lugar del trabajo es simplemente una actividad de mantenimiento inherente a toda actividad humana, independiente del objeto social del Ingenio Riopaila S.A.

“7. Dar por demostrado, sin estarlo, que las actividades del señor Diego Fernando Vásquez como trabajador eran las mismas del señor José Luis Escobar como su empleador.

“8. Concluir que ‘sí existe relación de causalidad entre la actividad ordinaria que desarrolla la sociedad Ingenio Riopaila S.A. y la que ejecutó José Luis Escobar Corrales por conducto de sus trabajadores’.

“9. Concluir que la solidaridad entre los dos demandados resulta de la conexidad entre el área de calderas y la actividad del aseo, y no tener por establecido que ni lo uno ni lo otro forma parte de las actividades comerciales de los demandados.

“10. Concluir que la utilización del bagazo como combustible de calderas forma parte de las actividades comerciales de los dos demandados”.

Dice que fueron mal apreciados el certificado de la cámara de comercio de Ingenio Riopaila S.A. (fls. 16 a 22), el certificado de la cámara de comercio de José Luis Escobar Corrales (fl. 23), la orden contractual de servicio u obra G.U.N.F.-GV 99014 (fls. 108 a 109), el interrogatorio de parte absuelto por José Luis Escobar (fls. 299 a 302), el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal del Ingenio Riopaila S.A. (fls. 245 a 248) y el contrato de trabajo (fls. 28 y 74 a 75).

Para su demostración afirma que:

“Los desatinos que se denuncian se originan en la confusión que el tribunal crea en su afán de mostrar una desbordada erudición, porque como fácilmente se observa, se extiende innecesariamente en consideraciones que se ubican en los extremos de una disputa conceptual y a la postre adopta uno de ellos sin que exista en rigor una clara coherencia en su determinación. Por eso, confunde las funciones del contratista con las de su trabajador y aunque menciona las del primero cuando se dedica a descifrar si entre las de este y las del contratante hay alguna conexidad, al final deduce tal elemento de conexidad de las actividades que al final realizó el fallecido señor Vásquez, pero para llegar a tal punto, resuelve ubicar en cabeza del contratista como su actividad empresarial, las labores de aseo de maquinarias que desempeñaba quien fue su trabajador.

“Por eso es fundamental precisar que de acuerdo con los documentos de folios 23 y 108-109, la actividad comercial del señor José Luis Escobar es el ‘suministro de mano de obra’. Es decir, él no hace comercialmente labores de aseo o de limpieza de maquinaria o de recolección de bagazo, que fueron las actividades que el tribunal al final tuvo en cuenta para concluir que ellas tenían conexidad con las del Ingenio Riopaila S.A., bajo el argumento de servir para colectar combustible para las calderas.

“Pero inclusive si no hubiera tamaño error, de ver en las funciones del contratista las que no son de él, de todos modos por la vía del errado raciocinio del tribunal tampoco es posible establecer la conexidad de las actividades empresariales de Ingenio Riopaila S.A., lo cual pone en evidencia al observar el documento de los folios 16 a 22, pues repasando el mismo en cuanto a lo que constituye el objeto social y en cuanto a las actividades que puede desarrollar para materializarlo, por ninguna parte se encuentra que dentro de la actividad de tal empresa esté la de suministrar mano de obra o facilitar personal, pero tampoco la de recoger o limpiar bagazo o hacer aseo, así sea para utilizarlo como combustible, es decir, partiendo de estos documento (sic) resulta ostensible que entre las actividades del contratista y las de Ingenio Riopaila S.A., no hay ninguna conexidad ni elemento de afinidad.

“En el documento de los folios 108 y 109 claramente se alude a que el contratista se obliga a ‘ejecutar... la labor de aseo en el área de calderas. Para ello suministra el personal...’, actividades que nada tienen que ver con las que aparecen como conformantes (sic) del objeto social de Ingenio Riopaila S.A. de acuerdo con el documento de folios 16 y siguientes. Lo que el tribunal hace equivocadamente, es atar una serie de elementos para concluir en la inexistente afinidad entre las labores de la contratante y la del contratista, pero en realidad el ejercicio del ad quem, llevaría a que en todos los casos se genera esa conexidad cuando se contrata a alguien por una empresa para la prestación de un servicio o la ejecución de una obra puesto que, por ejemplo, la vigilancia tiene que ver con la seguridad de la actividad empresarial o la pintura de las paredes de una fábrica, obviamente contribuyen al mejor devenir de las actividades de la empresa, en fin, todo a la postre tiene una atadura con la existencia de la empresa y dentro de tal ejercicio habría que concluir que en todos los casos en los que medie la gestión de un contratista independiente, habrá solidaridad para el beneficiario de la obra.

“Ese errado ejercicio de análisis de los medios probatorios es el que lleva al tribunal a ubicarse en el plano de la relación de causalidad para concluir, erradamente, que ella existe entre las labores de utilización del bagazo como combustible y las de explotación de negocios agropecuarios que es la central entre las que desempeña el Ingenio Riopaila S.A. Es decir, el ad quem abandona totalmente lo que dicen los certificados de la Cámara de Comercio de Tulúa (sic) en cuanto a la actividad comercial de los dos demandados, para construir su propia verdad, distante de la que resulta de la recta apreciación de esos certificados.

“Los dos demandados, uno directamente y otro por medio de su representante, aceptaron que el bagazo sirve de combustible, pero eso no significa que hubieran confesado, como erradamente lo dedujo el tribunal, que las labores de uno y de otro son iguales o conexas, o afines o complementarias. De modo que ver en tal expresión una confesión sobre lo previsto en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo (modificado por el art. 3º del D. 2351/65), es un grave desatino que naturalmente conduce a una más grave distorsión en la conclusión fáctica correspondiente, lo cual por sí solo es suficiente para tener por demostrados la totalidad de los errores evidentes de hecho que se denuncian, pero naturalmente es aún más suficiente (si cabe la expresión) si se suma al resultado demostrativo de los documentos anteriormente analizados, correspondientes a los folios 16 a 22, 23, 108 y 109.

“En el estudio se incluye el contrato de trabajo, porque el tribunal, si bien lo apreció, no tuvo en cuenta la importancia que reviste que en el mismo se precise que el trabajo para el cual era contratado el señor Vásquez era para desarrollar labores de aseo, básicamente. Es decir, lo del aseo es la labor del trabajador pero no la del contratista, ya que la de este, como repetidamente se ha visto, era la de suministrar personal o mano de obra”.

La réplica

Sostiene que es difícil hallar una sentencia de instancia tan sólida en sus fundamentos jurídicos y fácticos, conceptual y juiciosa en el examen probatorio, y resplandeciente de justicia como la atacada en casación.

Aduce que el cargo exhibe defectos formales como la violación de medio, que no desarrolla, por lo que debió proponerlo en cargo separado, y que los diez errores de hecho planteados se sintetizan en uno solo, puesto que establecer si el aseo de un lugar corresponde o no a una actividad de mantenimiento es asunto de estirpe jurídica, ajeno a la vía fáctica escogida para el ataque.

Transcribe algunos pasajes de la sentencia del ad quem y lo que dicen las pruebas para concluir su oposición expresando que “el aseo del área de las calderas y la utilización del bagazo que recogía el trabajador y llevaba al conductor de bagazo 5, (de Riopaila) que le quitó la vida, era utilizado como combustible de esa beneficiaria de la labor en las mismas dependencias para la producción de azúcar, motivos por los cuales es elemental que comportan actividades conexas y complementarias de las actividades de dicha sociedad”, por lo cual estima “que es patente la culpa patronal, directa o por solidaridad de la sociedad demandada en el siniestro”.

Consideraciones de la Corte

El ataque se encuentra encaminado a demostrar que el tribunal violó indirectamente las normas denunciadas en la proposición jurídica del ataque al condenar solidariamente al Ingenio Riopaila S.A. y al empleador del trabajador fallecido a pagar la indemnización plena de perjuicios solicitada por la demandante, por cuanto, según afirma la censura, las actividades de dichos demandados no eran conexas y, por lo tanto, no se daban los supuestos para derivar la responsabilidad solidaria de ellos.  

Esta Sala de la Corte ha sido reiterativa en señalar que cuando la violación de la ley sustancial se pretende derivar de la equivocada estimación de las pruebas o de su no valoración no es cualquier desatino del juzgador el que da al traste con su proveído, sino únicamente aquel que tenga la connotación de manifiesto. Dicha calidad surge frente a transgresiones fácticas patentes, provenientes de dislates en el examen de los medios de prueba, lo que no ocurre en el presente caso. 

En efecto, del certificado expedido por la Cámara de Comercio de Tuluá (fl. 23 y 23 reverso) se observa que la actividad comercial del demandado José Luis Escobar Corrales era la de “suministro de mano de obra”; de otra parte, del certificado expedido por la aludida Cámara de Comercio, visible a folios 16 a 22, se infiere que el objeto social de la sociedad Ingenio Riopaila S.A. es el “desarrollo de las actividades de negocios agropecuarios y agroindustriales (...)” y que en desarrollo de su objeto social la empresa podrá “cultivar caña de azúcar y otros productos en terrenos propios o ajenos, comprar y vender caña de azúcar y otros productos; fabricar azúcar, miel y alcohol y otros productos derivados de los mismos (...)”.  

De la orden contractual de servicio u obra G.U.N.F.-GV 99014, visible a folios 108 a 109 del expediente, se desprende que el ingenio demandado contrató a José Luis Escobar para “ejecutar en beneficio de Riopaila la labor de aseo del area (sic) de calderas. Para ello suministra el personal de acuerdo a lo solicitado por la gerencia U. N. fábrica (...) El aseo consiste en la limpieza de canales de evacuación de cenizas, foso de conductores, plataformas de operación, área manejo de combustible, área conductores de bagazo y cualquier otra área asignada (...)”  

De otra parte, al preguntársele al demandado José Luis Escobar, en la diligencia de interrogatorio de parte (fls. 299 a 302), si el bagazo que se transportaba en el conductor en el que sucedió el accidente que cobró la vida del causante se utilizaba como combustible para las calderas que utilizaba el Ingenio Riopaila S.A., contestó que sí era cierto. Lo anterior fue corroborado por el apoderado general de la sociedad demandada al absolver interrogatorio de parte (fls. 245 a 248), quien, al preguntársele si el bagazo que se transportaba en conductor de bagazo 5 se utilizaba como combustible para las calderas del Ingenio, dijo que “Es cierto que el Ingenio Riopaila utiliza bagazo como combustible pero desconozco si el bagazo que puntualmente señalan tiene tal fin”. 

Estima la Sala que de los aludidos medios de convicción es razonable inferir, como lo hizo el juez de apelaciones, que la labor desempeñada por el trabajador fallecido tenía relación con las labores desarrolladas por el Ingenio Riopaila S.A., pues el causante desempeñaba funciones de aseo de las máquinas transportadoras de bagazo y de recolección del mismo, el cual servía de combustible para las calderas del ingenio, a través de las cuales este desarrollaba su objeto social, lo que descarta la comisión de un error de hecho con la connotación de evidente, capaz de derruir las conclusiones del tribunal, pues es indudable que esa actividad que desarrollaba el trabajador en el momento que sufrió el accidente que le costó la vida, hacía parte de la cadena productiva desarrollada por la sociedad demandada.  

Importa anotar que si bien es cierto que la recolección de bagazo no forma parte del objeto social del ingenio demandado, que la actividad comercial del contratista José Luis Escobar Corrales era la de suministrar “mano de obra” y que las actividades comerciales de los demandados eran distintas, dichas circunstancias no son determinantes, al momento de establecer la responsabilidad solidaria de que trata el artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo, pues lo que interesa para el efecto no es que los objetos sociales o actividades comerciales del contratista independiente y del beneficiario de la labor sean similares, sino que lo que importa es la conexidad que exista entre las labores desarrolladas por uno y otro. 

Al respecto, esta Sala de la Corte, en sentencia del 10 de marzo de 2009, Radicado 27623, dijo que:  

“Y no se equivoca el ad quem en dilucidar la existencia del giro ordinario de negocios como presupuesto de la solidaridad del beneficiario de la obra con el contratista independiente, dándole primacía a la realidad de la actividad de los negocios sobre las formalidades comerciales, de manera que se pueda predicar que cuando el empleador realiza por sí o por terceras personas, obras nuevas o de mantenimiento, que van a ser parte de la cadena productiva, instrumento para la manipulación de las materias que se transforman o de los productos acabados, está justamente desempeñándose en el giro propio de sus negocios; sería un contrasentido calificar esa actividad como extraña a las actividades normales de la empresa, simplemente, porque se omitió incluirla en la relación descriptiva del objeto social; o porque no se le da aplicación a la cláusula de reserva que suele aparecer en los estatutos sociales, aquella del tenor que aparece en el certificado de la cámara de comercio de la entidad recurrente en casación: ‘En general celebrar y ejecutar todo acto o contrato que se relacione con o complemente el objeto social principal’; o porque el empleador violó los límites de su objeto social, y se adentró en actividades ajenas a las formalmente declaradas en la cámara de comercio, caso en el cual, el espíritu tuitivo del derecho laboral ha de conducir a tomar una decisión que no implique que quien resulte sancionado sea el trabajador”.  

De lo dicho en precedencia concluye la Sala que el tribunal no incurrió en un error de hecho protuberante, ostensible y manifiesto al deducir, de las mencionadas pruebas calificadas, que las labores de aseo del conductor 5 y recolección de bagazo que el causante se encontraba desempeñando en el momento en que tuvo lugar el accidente de trabajo, no era extraña a la labor desempeñada por el Ingenio Riopaila S.A., en tanto ese bagazo era utilizado por la empresa como combustible para las calderas usadas en el proceso de producción de azúcar.  

Y es que no resulta acertado predicar que aunque el trabajador manipulaba el bagazo que servía de energía a las calderas de la sociedad demandada, su labor no estaba relacionada con la de esta.  

Así las cosas, concluye la Sala que el tribunal no incurrió en los errores de hecho que le endilga la censura, por lo que el cargo no sale avante. 

Recurso de la parte demandante 

Con él pretende que la Corte case parcialmente la sentencia del tribunal y su complementaria, en cuanto, al adicionar la parte resolutiva de aquella, absolvió a los demandados del pago del lucro cesante futuro para que, en sede de instancia, revoque parcialmente la del juzgado en cuanto absolvió a los demandados del pago del lucro cesante futuro y, en su lugar, los condene a pagarlo.

Con esa intención propone dos cargos, que fueron replicados por el Ingenio Riopaila S.A. Por razones de método la Sala estudiará en primer lugar el segundo.

Segundo cargo

Acusa a la sentencia del tribunal de violar directamente, en la modalidad de interpretación errónea, los artículos 16 de la Ley 446 de 1998; y 1614 y 1615 del Código Civil, en relación con los artículos 19 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo; 8 de la Ley 153 de 1887 y “307, y 53 de la Constitución Política”.

Su demostración la plantea así:

“Para decidir la litis en lo atinente al lucro cesante futuro, consideró el tribunal que no se consolida porque el causante Diego Fernando Vásquez Caicedo llegaría a los 25 años de edad en el trámite del proceso, esto es el 8 de febrero de 2006 y que con base en la interpretación del Consejo de Estado en sentencia del 4 de octubre de 2007 (rads. 16505 y 21112) tal reparación es improcedente después de la señalada edad.

“Al condenar el tribunal al pago de la indemnización de perjuicios materiales y al pago de perjuicios morales, se apoyó en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que prescribe: “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.

“A su turno, el artículo 216 del Código Sustantivo de (sic) Trabajo preceptúa: “Cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente del (sic) trabajo o en la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo.

“En primer lugar, la interpretación del juzgador de la alzada es errónea porque los perjuicios que sufre la víctima del infortunio de un ser querido no se circunscriben al momento en que este llegaría a la edad de 25 años, pues por el contrario, al menos en lo económico, las personas de edad mayor suelen aumentar la ayuda a sus progenitores en la medida en que sus propios ingresos son directamente proporcionales a la mayor indefensión económica de quienes lo ameritan, tales daños se incrementan con el transcurso del tiempo que generalmente agrava la vulnerabilidad económica de la víctima de un riesgo profesional.

“En segundo lugar, los perjuicios por lucro cesante futuro generados en un riesgo profesional derivado de culpa patronal tienen una regulación especial en la legislación laboral, dado que el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo no impone el límite temporal de 25 años de vida probable del causante introducido en el fallo acusado, porque si bien esa restricción temporal eventualmente puede tener acogida en jurisdicciones diferentes a la ordinaria, es obvio que tratándose de temas laborales y de seguridad social no milita, no solo porque no existe norma que la instituya sino también porque repugna a los principios constitucionales y legales que gobiernan esta especialidad, y es más, es contraria a la preceptiva del artículo 216 que consagra para eventos de culpa patronal en el riesgo profesional, el derecho a la indemnización total y ordinaria de los perjuicios, que con el criterio del tribunal sería simplemente parcial, pues instaura una inadmisible limitante temporal.

“De tal suerte, el cabal entendimiento del artículo 216 del Código Sustantivo de trabajo (sic), es la consagración de una indemnización total, sin límite temporal de la edad del causante que amparaba económicamente a sus padres, en la cual se tengan en cuenta los factores tales como la indemnización total de perjuicios materiales, perjuicios morales, perjuicios fisiológicos, afectación de la vida en relación y lógicamente el lucro cesante futuro” (negrillas del texto).

Agrega que además de malinterpretar la obligación de la parte demandada de repararle integralmente el daño causado, con ello se apartó de lo señalado por esta Sala de Casación Laboral, en la sentencia de 30 de junio de 2005, que no identificó con número de radicación, y de la que transcribe algunos apartes, para concluir su demostración así:

“Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia en esa sentencia, frente al derecho a indemnización plena en caso de culpa patronal, precisó: ‘Este sistema dual de responsabilidad asegura, por una parte, que el sistema general de riesgos profesionales cubra los riesgos que por su propia naturaleza genera el trabajo; y, de otro lado, que los daños ocasionados al trabajador por conducta culposa y dolosa de su empleador le sean resarcidos total y plenamente, atendiéndose el régimen general de las obligaciones”.

“Bajo esa acertada óptica jurisprudencial no queda duda que la culpa del patrono en riesgos profesionales debe conllevar a una condena integral y no tarifada ni limitada en el tiempo a los 25 años de la (sic) edad del causante, fundamentada en el análisis de todas las normas que enmarcan el andamiaje relacionado con la reparación integral de las personas que se ven afectadas por el infortunio. Lo anterior dado que son estas las normas especiales que prevén en nuestro ordenamiento dicha obligación, lo que permite concluir que el tribunal no impartió la interpretación correcta al precepto legal, al no condenar también al pago del lucro cesante futuro” (negrillas del texto).

La réplica

Presenta oposición al cargo. Sostiene que exhibe defectos técnicos porque el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, norma eje de la discusión, se queda sin glosa concreta, lo que deriva en su ineficacia, porque está construido sobre una suposición, de que “las personas de edad mayor suelen aumentar la ayuda a sus progenitores en la medida en que sus propios ingresos son directamente proporcionales a la mayor indefensión económica de quienes lo ameritan, tales daños se incrementan con el transcurso de tiempo que generalmente agrava la vulnerabilidad económica de la víctima de un riesgo profesional”, argumentación que lleva el caso al terreno de los hechos, porque habría que identificar las condiciones económicas de los padres y las que hubieran podido tener los hijos, lo que resulta ajeno a la acusación jurídica.

Advierte que el cargo opone al entendimiento jurisprudencial del tribunal el contenido de una sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte, sin reparar en que esta fue proferida por el perjuicio que sufrió un trabajador, no su madre sobreviviente, lo que en el presente caso es una circunstancia muy distinta en la cual centró ese juzgador sus consideraciones conceptuales.

Insiste en que la sentencia que cita y transcribe la censura menciona un lucro cesante atado al “cumplimiento de la expectativa probable de vida del trabajador”, que fue el elemento que adoptó el tribunal para calcular el perjuicio, pero que en este caso no hay vida probable, puesto que el trabajador falleció y, por ello, no puede extenderse el perjuicio por el tiempo que pudiera restarle de vida, elemento inexistente, por lo cual ese juzgador, con criterio razonado y fuentes normativas concretas como respaldo de su decisión, lo ubicó en la edad de 25 años, que podría ser mayor pero también menor, porque con esa edad se toma simplemente un parámetro del momento en que un hijo asume la responsabilidad de una vida autónoma, en la que priman sus propias obligaciones sobre su familia descendente, como de la ascendente.

Explica que cuando el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo se refiere a la indemnización total y ordinaria de perjuicios, se dirige a los que sufre la persona perjudicada, que en este caso es la madre del trabajador difunto que deja de contar con un ingreso que le proporcionaba su hijo soltero, cohabitante con ella, condiciones estas que no son perennes porque natural u ordinariamente desaparecen con el tiempo, que fue el supuesto lógico que condujo a ese juzgador a adoptar la medida cronológica de los 25 años de edad, apoyándose, además, en jurisprudencia, que así sea del Consejo de Estado y de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, es perfectamente aplicable a lo debatido en el presente proceso.

Consideraciones de la Corte

Dada la vía escogida para el ataque debe ponerse de presente que no se controvierten los supuestos fácticos que dio por sentados el tribunal, tales como que el hijo de la demandante, Diego Fernando Vásquez Caicedo, falleció el 24 de mayo de 1999, por causa de un accidente de trabajo en el que había mediado culpa patronal. 

Respecto de la responsabilidad que le cabe al empleador sobre los riesgos profesionales, esta Sala, en múltiples ocasiones, ha expresado que existen dos modalidades indemnizatorias, con identidades jurídicas propias: una, orientada al reconocimiento de una indemnización con fundamento en la responsabilidad objetiva que la ley estableció a cargo del empleador, sin tener en cuenta la culpa, proyectada a reparar el daño físico sufrido por el trabajador como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, para lo cual se acude, para el resarcimiento del perjuicio, a la tarifa legal respectiva, según la remuneración de la víctima y la secuela sufrida; y la otra, referida a la indemnización plena y ordinaria de perjuicios, de que trata el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que obliga a resarcir todos los daños causados con la enfermedad o el accidente en favor del trabajador o de sus causahabientes, según el caso, por lo cual se exige de quien se considere beneficiario, la demostración plena de la culpa del empleador en la causación de la desgracia. 

En dichas modalidades la responsabilidad es contractual, pero en la última se examina con rigor el incumplimiento por parte del empleador de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo y de las disposiciones legales de prestar protección y seguridad a sus trabajadores, que implican el deber especial de entregarles los elementos de seguridad necesarios, ubicarlos en locales apropiados y de prevenir cualquier riesgo que pueda perjudicarlos. 

En el presente caso, el tribunal estimó que el dictamen pericial rendido en el proceso no podía “ser prohijado por la Sala”, en atención a que “El método empleado por la perito para determinar el lucro cesante pasado no cobijó en forma debida el perjuicio personal que para la demandante significó la muerte de su hijo, para lo cual ha debido tenerse en cuenta la edad hasta que la actora recibiría ayuda económica del causante fallecido, que según el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado y la Sala Civil es hasta el momento en que el causante hubiese cumplido los 25 años de edad” y añadió que, en esas condiciones, “No se consolida el lucro cesante futuro porque el causante Diego Fernando Vásquez Caicedo llegaría a los 25 años de edad en el trámite del proceso, que como ya se dijo, fue el 8 de febrero de 2006. Sobre este aspecto se comparte el criterio del Consejo de Estado en la sentencia del 4 de octubre de 2007, radicaciones 16505 y 21112”. 

Estima la Sala que la inteligencia que el ad quem le dio al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto limitó el valor de la indemnización de perjuicios por concepto de lucro cesante futuro, hasta la fecha en que el causante cumpliría 25 años de edad, no es la que se corresponde con su genuino sentido y alcance, ya que esta corporación es del criterio de que el referido concepto se debe liquidar hasta el último día de vida probable de la madre del trabajador fallecido por causa de una accidente de trabajo en cuya ocurrencia ha mediado culpa patronal.  

En efecto, sobre este tema la Sala ha admitido que, para determinar el lucro cesante y el daño emergente, el juzgador se sustente en las fórmulas matemáticas que ha aceptado la jurisprudencia y con fundamento en los criterios jurídicos que ha adoptado, teniendo en cuenta la edad del trabajador al momento del accidente, expectativa de vida del damnificado, salario devengado, entre otras variables. 

Así, en sentencia del 4 de julio de 2007, Radicado 27501, donde reiteró lo dicho en las del 24 de junio de 2005, Radicado 23643 y 30 de junio de 2005, Radicación 22656, esta Sala de Casación Laboral aceptó acoger la fórmula que había adoptado la Sala de Casación Civil de la Corte para calcular estos conceptos indemnizatorios. En esa oportunidad explicó que:  

“Como puede observase, le asiste entera razón a la censura en el sentido de que el ad quem no apreció aquellas pruebas que muestran el salario promedio mensual devengado en vida por el causante, que sirve como parámetro para realizar la valoración del lucro cesante pasado y futuro, así no se cuente con un dictamen pericial en específico, máxime cuando actualmente el criterio de esta Sala de la Corte, es que en estos eventos cuando se trata de estimar esta clase de perjuicio, deberá acogerse la fórmula a la que acude su homóloga de Casación Civil y que expone en su sentencia del 26 de febrero 2004 Radicado 7069, donde se remite a las tablas financieras acogidas por la jurisprudencia adoctrinada laboral, como se destaca en casación del 24 de junio de 2005 Radicación 23643. 

“En este orden de ideas, el juez colegiado incurrió en el error de hecho con la connotación de manifiesto que le endilgó la censura, al dejar de liquidar o calcular el monto de los perjuicios en el concepto de lucro cesante consolidado y futuro, acudiendo a las fórmulas matemáticas financieras pertinentes, existiendo en puridad de verdad respaldo probatorio suficiente. 

“En una decisión proferida dentro de un asunto con características similares, que data del 30 de junio de 2005 Radicación 22656, la Sala aplicó la fórmula acogida en la sentencia rememorada del 24 de junio de 2005 Radicado 23643, utilizando para tal efecto los datos extraídos de las probanzas obrantes en esa actuación, como eran las fechas tanto de terminación del vínculo laboral como la del accidente de trabajo y de la edad del beneficiario, el monto del salario promedio devengado para el momento del retiro, y la expectativa probable de vida, al no poder estimar el dictamen pericial que en esa oportunidad se había rendido, y al respecto puntualizó: 

‘(...) No existiendo basamento lógico y jurídico alguno en el dictamen pericial practicado en el proceso, la Corte, como se dijo, lo desechará. En su lugar, por no existir prueba del llamado ‘daño emergente’ en el proceso, no lo estimará, sin que haya lugar a considerar la posibilidad de ordenar oficiosamente la práctica de prueba alguna, pues, al respecto, cabe la afirmación de que la carga de la prueba correspondía asumirla al demandante y sobre tal concepto la eludió. 

‘En cuanto tiene que ver con el ‘lucro cesante’, habrá de distinguirse el “pasado”, esto es, el causado a partir de la terminación del vínculo laboral del actor y hasta la fecha del fallo, pues, durante el término anterior, esto es, de la fecha del accidente —oct. 10/96— a la de desvinculación laboral —mayo 7/98—, se impone entender, por no existir en el recurso extraordinario reclamación al respecto, que la empleadora cumplió sus obligaciones laborales con el trabajador y, por ende, no se generó esa clase de perjuicio, del ‘lucro cesante futuro’, es decir, el que a partir de la fecha de la providencia se genera hasta el cumplimiento de la expectativa probable de vida del trabajador, y para su cálculo se seguirá el criterio adoptado por la Sala en sentencia reciente de 22 (sic) de junio de 2005 (Rad. 23.643), en la que se dijo que se acogerían las fórmulas, adoptadas también por la Sala de Casación Civil de la Corte para calcular estos conceptos indemnizatorios en diversas sentencias, entre ellas, las de 7 de octubre de 1999 (Exp. 5002), 4 de septiembre de 2000 (Exp. 5260), 26 de febrero de 2004 (Exp. 7069) y más recientemente de 5 de octubre de 2004 (Exp. 6975), en las cuales se calcula, el primer concepto, multiplicando el monto del salario promedio devengado para la fecha de retiro, actualizado hasta la fecha de la sentencia, por el factor de acumulación de montos que incluye el factor correspondiente por ese periodo al 0.5% mensual (6% anual) por interés lucrativo; y el segundo concepto, partiendo del monto del lucro cesante mensual actualizado, para luego calcular la duración del perjuicio —atendida la expectativa probable de vida del perjudicado, y reducida aritméticamente a un número entero de meses desde la fecha de la sentencia—, para concluir en el valor actual del lucro cesante futuro, previa deducción del valor del interés civil por haberse anticipado ese capital, atendiendo de paso el criterio propuesto por la moderna doctrina’”. 

Como se observa, esta Sala de la Corte ha aplicado los parámetros establecidos por su homóloga en la especialidad civil para tasar el valor de la indemnización de perjuicios por concepto de lucro cesante futuro. Al respecto, en sentencia del 7 de octubre de 1999, Expediente 5002, donde reiteró lo dicho en la 044 del 10 de marzo de 1994, la Sala de Casación Civil de la Corte, al determinar el valor de la indemnización por lucro cesante que le correspondía a una madre como consecuencia del fallecimiento de su hijo, razonó: 

“En este orden de ideas, poniendo en práctica los lineamentos generales del sistema de cálculo señalado desde un principio..., consiste en tomar el valor periódico de la ayuda pecuniaria del hijo en función de la probable supervivencia de sus padres y atendiendo a la salud del primero, a su capacidad de producción económica efectiva y a la posición social del núcleo familiar al que pertenece, el monto de la indemnización viene impuesto por los siguientes factores que a su vez constituyen la base de las correspondientes operaciones de liquidación: ... b) En segundo lugar, la pauta para establecer el valor mensual de la contribución familiar frustrada tiene que ser, a falta de otra prueba categórica sobre el particular, el salario mínimo por mensualidades, (...)” (negrillas del texto).  

De acuerdo con lo anterior, se concluye que no fue acertada la afirmación del ad quem en cuanto a que el criterio jurisprudencial de “la Sala Civil” es el de que el lucro cesante futuro se debe calcular “hasta el momento en que el causante hubiese cumplido los 25 años de edad”. Como se vio, esta Corporación es del criterio de que dicho lucro cesante futuro se debe calcular hasta la fecha de expectativa de vida de los padres del finado.  

Además, la presunción de que el trabajador fallecido dejaría de proporcionarle ayuda económica a sus padres a sus 25 años de edad, por cuanto dicha edad “se tiene como límite para iniciar una relación marital estable que desde luego absorbería la mayor parte de sus ingresos”, no excluye la ayuda alimentaria que los hijos deben a sus padres por toda la vida de estos, tal como lo establece el artículo 411 del Código Civil. Obligación que va para toda la vida del alimentario según las voces del artículo 422 ibídem. De manera que el hecho de cumplir 25 años de edad el alimentante, que es cuando se supone por la ley logra plena independencia económica, no es pretexto válido para limitar la condena por el lucro cesante futuro, pues en caso tal que iniciara una relación marital estable, ello no lo eximiría de su obligación de proveer alimentos congruos a su madre, de subsistir las circunstancias previstas en la ley para ello, por lo que resulta ser cierto y no meramente eventual el daño sufrido por la actora, por el lucro cesante futuro irrogado a consecuencia del fallecimiento de su hijo, debido al accidente de trabajo sufrido.  

Así las cosas, resulta evidente el error hermenéutico en el que incurrió el tribunal al limitar la liquidación del lucro cesante en la forma anotada, pues desconoció la jurisprudencia de esta corporación sobre la materia. 

En consecuencia, el cargo prospera y habrá de casarse la sentencia impugnada del modo solicitado en el alcance de la impugnación. 

Dado que el primer cargo tiene el mismo alcance, por sustracción de materia, al pasar el segundo, se hace innecesario su estudio. 

Sentencia de instancia 

Se encuentra demostrado que el hijo de la demandante, Diego Fernando Vásquez Caicedo, falleció el 24 de mayo de 1999, por causa de un accidente de trabajo en el que había mediado culpa patronal. 

El artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios. De otra parte, debe tenerse en cuenta que en toda decisión judicial se deben valorar los perjuicios causados a las personas teniendo en cuenta los principios de reparación integral y equidad, observando criterios técnicos actuariales, pues así lo ordena con claridad el artículo 16 de la Ley 446 de 1998. 

Conforme con la jurisprudencia de la Corte, el denominado lucro cesante es la ganancia o provecho que deja de reportarse, en este caso a consecuencia de haberse producido la muerte del trabajador, en las circunstancias ya reseñadas.  

Ahora bien, a folios 760 a 766 del expediente milita el dictamen rendido por una perito actuario, en el cual se tasaron los perjuicios materiales producidos por la ocurrencia del accidente, en la modalidad de lucro cesante consolidado, en $ 33’139.036, y por concepto de lucro cesante futuro en $ 92’600.000 (fl. 765). Aunque dicho dictamen no fue objetado por las partes, al ser revisado por la Sala se observa que, en general, el mismo se encuentra debidamente realizado en tanto la perito calculó los primeros liquidando “El daño personal de la demandada (sic) (...) por concepto de los ingresos-salarios dejados de percibir desde la fecha del fallecimiento, en el periodo comprendido entre el 24 de mayo de 1999 y la fecha de esta liquidación 24 de marzo de 2004 o sea 58 meses, con un salario diario promedio de $ 11.525; promedio mes de $ 345.753 Actualizando (sic)(1) este valor a la fecha marzo 24 de 2004, en la cual han transcurrido 58 meses y liquidados con una tasa de 19.75 efectiva anual de la presente semana”; y los segundos, tomando “el tiempo de esperanza de vida de la demandante y la del trabajador fallecido, escogiendo la menor de ellas, la de la madre 33.69 años. La señora Marleny Caicedo de Vasquez (sic), con edad de 45 años equivalentes a 404.28 meses; y a este número de meses (n) se le restan los 58 meses, que fueron reconocidos en el lucro cesante consolidado, quedando que el número de meses a indemnizar es n= 404.58 -58 = 346.28. El salario es de $ 345.753 como suma única pasada se actualizará a su valor real adquirido por el transcurso del tiempo. ($ 345.753 X 22% prestaciones X 1.3354 (la tasa de interés puro anual del 6%). El salario actualizado es $ 563.296, es el salario a que equivale hoy, lo que se ganaba el fallecido en 1999. Entonces el número de meses se multiplicará por el salario actualizado (...)” (fls. 760 a 766).  

Sin embargo, del valor obtenido por la auxiliar de la justicia por concepto de lucro cesante (consolidado y futuro) $ 125’739.036, se debe deducir el 25% que, según la jurisprudencia de la Corte, es el porcentaje que el trabajador destina para cubrir sus propios gastos. Así lo ha explicado la Sala de Casación Civil de la Corte, en sentencia del 5 de octubre de 2004, Expediente 6975, cuando dijo:  

“Seguidamente se impone resaltar que en aquellos casos en que ese lucro cesante está íntimamente vinculado con los dineros que el occiso recibía como contraprestación por sus actividades personales lucrativas y lícitas, cuando quiera que medie una relación laboral, la pauta que el juzgador ha de tener en cuenta para cuantificar ese rubro se deduce, por lo general sin mayor dificultad, del monto de los salarios que devengó el trabajador durante la época que precedió a su óbito, los que se promediarán, según suele hacerse, si fueran variables. De la base así obtenida se descontará la proporción en que habría de calcularse lo que destinaba para sus gastos personales y el excedente se dividirá entre los perjudicados, sin perder de vista, en ningún caso, que como el hecho que da lugar al daño no puede legítimamente convertirse en una fuente de ganancia o enriquecimiento para los reclamantes, ha de procurarse, en lo posible, que la indemnización que el cónyuge y los deudos del desaparecido reciban, se acompase con lo que este en vida les proporcionaba, ni más ni menos, tal y como si la muerte no hubiera tenido ocurrencia (...). 

“En cuanto al porcentaje que de sus ingresos el occiso podía destinar a su propio sostenimiento, bien puede acudir la Corte, como en otras oportunidades, a un 25% de sus ingresos, que corresponde al propuesto por los peritos y en lo que atañe a la vida probable de los demandantes, así como la que hubiera podido gozar el señor Díaz Sánchez de no haber tenido ocurrencia el accidente aéreo que culminó con los resultados ya conocidos, habrá de tenerse en cuenta la Resolución 1439 de 1972 (que en copia obra de fls 61 a 65), vigente para la fecha del óbito del mencionado. Además, se estimará que la viuda sería beneficiaria de ese apoyo por el término de vida probable de su esposo y que sus hijos recibirían tal ayuda económica hasta la edad límite de 25 años, época que razonablemente se asume como la de culminación de sus estudios superiores, todo esto de conformidad con las directrices admitidas por esta misma corporación en asunto similar (sent. de oct. 18/2001, Exp. 4504)”. 

En atención a lo expuesto, estima la Sala que el valor de la indemnización de perjuicios por concepto de lucro cesante consolidado y futuro que, solidariamente, los demandados deberán pagar a la demandante como consecuencia del trágico accidente de trabajo sufrido por su hijo, Diego Fernando Vásquez Caicedo, corresponde al 75% de los $ 125’739.036 que había determinado la perito, esto es, $ 94’304.277.  

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, de fecha 13 de junio de 2008, complementada mediante providencia de fecha 14 de julio del mismo año, dentro del proceso ordinario laboral que Marleny Caicedo de Vásquez promovió contra José Luis Escobar Corrales y el Ingenio Riopaila S.A., en cuanto fijó la suma de $ 58’761.330,17 como indemnización por perjuicios materiales. NO LA CASA en lo demás. 

En sede de instancia modifica la condena proferida por el tribunal por perjuicios materiales, para fijarla en la suma de $ 94’304.277.

Las costas en casación se imponen al Ingenio Riopaila S.A., porque su recurso no prosperó y hubo oposición. En el recurso de la demandante, Marleny Caicedo de Vásquez, no se causan, dada su prosperidad parcial.

Se fijan las agencias en derecho del recurso extraordinario en seis millones de pesos ($ 6’000.000).

Costas de primera y segunda instancia a cargo de los demandados por partes iguales.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno—Jorge Mauricio Burgos Ruíz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.

(1) Salario promedio actualizado que se obtuvo del informe patronal del accidente de trabajo visible a folio 32 del expediente.