Sentencia 37339 de septiembre 5 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 331

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Bogotá, D.C., cinco de septiembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Es competente la Corte Suprema de Justicia para resolver la acción de revisión propuesta por el defensor de Rafael Pinto Yagüe contra la decisión proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, al tenor del numeral 2º, artículo 32 de la Ley 906 de 2004.

2. La causal 7ª del artículo 192 de la Ley 906 de 2004 prevé que la acción de revisión procede:

“Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad”.

En la Ley 906 de 2004, la causal comprende no solamente el tema de responsabilidad, sino que se extiende al ámbito de la punibilidad, por lo cual todo cambio jurisprudencial favorable al condenado y referido a aquel, permite su aplicación(3).

Consecuentemente, para la procedencia de la revisión por este motivo, han de satisfacerse los siguientes requisitos: i) que haya existido un cambio en el criterio jurídico mediante pronunciamiento judicial, ii) que este criterio haya sido fundamento para sustentar la sentencia tanto respecto a la responsabilidad como de la punibilidad y iii) que la modificación sea favorable al condenado.

3. La discusión propuesta por el accionante se circunscribe al alcance que la Sala ha dado al artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, en relación con el delito de extorsión por el cual fue condenado Rafael Pinto Yagüe.

Dispone la norma en cuestión que:

“ART. 26.—Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz”.

Durante algún tiempo, la interpretación dada por la Sala sobre esta materia señalaba que la pena del delito de extorsión no era susceptible de reducirse conforme lo estipula el artículo 269 del Código Penal, por cuanto este descuento estaba prohibido por el mencionado artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 respecto de los delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos cometidos en su vigencia, sin importar el sistema procesal que rigiera la actuación, pues tanto imperaba para la Ley 600 de 2000 como para la 906 de 2004.

Desde entonces se venía considerando que, como quiera que el artículo 11 de la Ley 733 de 2002 fue reiterado por el legislador, “por razones de política criminal”, resulta inaplicable la reducción contenida en el artículo 269 del Código Penal a los delitos de extorsión(4).

4. Ahora bien, esta posición fue modificada recientemente, razón por la cual la Corte a partir de ese momento, señaló que la reducción de pena prevista en el artículo 269 del Código Penal, es aplicable a quienes siendo procesados por extorsión, repararon los perjuicios en los términos previstos en la citada disposición, sin que tal situación afecte los extremos punitivos, ya que la disminución se realiza una vez individualizada la pena, y sin efectos en el término prescriptivo de la acción penal(5).

La Corte sostuvo lo siguiente:

“... Así que, nacida la Ley 1121 de 2006 en el contexto de una justicia restaurativa, debía proyectar sus efectos teniendo en cuenta dicha situación, y por tanto, ha de dársele alcance a la satisfacción de los derechos de la víctima en relación con su participación en el conflicto que no es exclusivo de la justicia penal, y por tanto se debe propiciar y estimular la reparación de los perjuicios por medio de consecuencias favorables para el agresor, como la contenida en el artículo 269 del Código Penal.

Dicha interpretación garantiza la efectividad del derecho a la reparación de que es titular la víctima y por tanto su reivindicación, y además ubica el delito en la dimensión del bien jurídico que su consagración pretende proteger de manera contrafáctica, esto es, en el nivel de lo económico, siendo por tanto una forma de retribución, en la medida que si lo que se buscaba era afectar con amenazas el patrimonio económico particular, tener que pagarle a su víctima los perjuicios irrogados con dicho proceder, supondría tal conmutatividad, además de estimular la pronta reparación de las víctimas, a la vez que invitarlas a participar en las decisiones que las afectan, en cumplimiento de lo que ordena el artículo 2º de la Constitución Política.

(...).

“En conclusión: se puede afirmar que la mencionada reducción de pena por efecto de la reparación no puede entenderse como otro beneficio legal, y por tanto, no se halla cobijada por la prohibición del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.

(...).

Pues bien, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, la reducción de pena por reparación prevista en el artículo 269 del Código Penal, no hace parte de las restricciones incluidas en esta normativa, por cuanto la misma no puede interpretarse como un beneficio en los términos previstos por la norma citada.

(...).

Así, fácil se puede concluir que ni fue objetivo del legislador excluir la aplicación del artículo 269 del Código Penal, en relación con el delito de extorsión, ni tampoco así lo entendió la Corte Constitucional”(6).

En consecuencia, es necesario concluir que en efecto se produjo un cambio en el criterio jurídico de la Corte con relación con la procedencia de la rebaja prevista en el artículo 269 del Código Penal, cuando se refiere al punible de extorsión.

5. Igualmente resulta palmario para la Sala que el enfoque anterior posteriormente reformado, fue fundamento para la imposición de la pena por el Tribunal Superior de Neiva, colegiatura que apoyándose en decisiones proferidas por la Corte Suprema, revocó parcialmente la decisión del a quo en cuanto reconocía la disminución con base en el artículo 269 por reparación integral.

En efecto, como bien lo argumentó el accionante, la decisión objeto de esta revisión decidió modificar el quantum punitivo de la primera instancia, bajo el supuesto que la rebaja del 50 % concedida por el juzgado era improcedente, conforme con la interpretación que la Sala otorgaba al artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.

Además, es necesario resaltar que el cambio en el criterio jurídico emanado de esta corporación, deviene favorable al condenado, toda vez que permite la reducción de su pena conforme con lo indicado en el artículo 269 del Código Penal, esto es, “de la mitad a las tres cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado”.

6. Por manera que, la Sala debe concluir que se encuentran acreditados los supuestos de hecho incluidos en el numeral 7º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, razón por la cual se deberá declarar fundada la causal invocada y en su lugar dictar un nuevo fallo modificando el aspecto punitivo, toda vez que este aspecto comporta la única objeción del accionante.

Desde luego, debe quedar claro que ninguna discusión surge en torno de la viabilidad de la atenuación, no solo por el cambio de jurisprudencia, sino porque evidentemente según consta en el fallo de primera instancia, la propia víctima hizo la manifestación en el sentido de haber sido reparada integralmente, esto es, se da el presupuesto para aplicar la rebaja.

7. Determinación de la punibilidad.

Ante la prosperidad de la causal de revisión propuesta, y con base en el numeral 1º del artículo 196 de la Ley 906 de 2004, la Sala procede a hacer el ajuste correspondiente. En tal virtud, considera que debe reconocerse la disminución a que alude el artículo 269 del Código Penal, en la misma proporción del fallo de instancia, es decir, en la mitad, obviamente teniendo en cuenta la dosificación allí efectuada, luego eso significa que recobra vigencia la sanción estipulada consistente en sesenta (60) meses de prisión y multa de mil doscientos cincuenta (1.250) salarios mínimos mensuales legales, que en definitiva debe purgar Rafael Pinto Yagüe por el delito de extorsión que dio lugar a la condena.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR fundada la causal de revisión invocada.

2. RECONOCER la rebaja de pena a que alude el artículo 269 del Código Penal en favor del procesado Rafael Pinto Yagüe, condenado por el delito de extorsión, en la misma proporción a que alude la sentencia de primera instancia, o sea en la mitad, de modo que la sanción que en definitiva debe purgar el citado es la de sesenta (60) meses de prisión y multa de mil doscientos cincuenta (1.250) salarios mínimos mensuales legales.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(3) Al respecto se puede verificar sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 8 de julio de 2010, Radicado 34020.

(4) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 6 de junio de 2012. Radicado 35767.

(5) Tal como se explica en la sentencia de casación de 26 de septiembre de 2006 Radicado 25741, lo cual fue ratificado, entre otras, en sentencia de casación de 3 de diciembre de 2009 Radicado 32768.

(6) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 6 de junio de 2012. Radicado 35767.

SALVAMENTO DE VOTO

Con el respeto debido hacia las opiniones y el criterio ajenos, procedo a consignar las razones que me llevaron a salvar el voto en relación con la decisión mayoritaria adoptada el 5 de septiembre de 2012 por la Sala dentro de este proceso, a través de la cual se declaró fundada la causal de revisión, en el sentido de reconocer a favor del sentenciado Rafael Pinto Yagüe la rebaja de pena establecida en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000, y en consecuencia, disminuir la sanción impuesta a la mitad, pese a que se trata del delito de extorsión agravada en grado de tentativa.

En efecto, advierto que como lo dije en su oportunidad, no debió variarse la jurisprudencia que se venía aplicando en el sentido de que la disminución de la pena estaba excluida por el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, respecto de los punibles de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y delitos conexos, siempre que fueran cometidos dentro de su vigencia, con independencia de si se trataba del sistema procesal reglado en la Ley 600 de 2000 o en la Ley 906 de 2004(7).

Considero que, contrario a lo decidido por la mayoría, no es procedente la rebaja de pena por reparación respecto del delito de extorsión, dada la expresa prohibición introducida por el legislador en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.

Sobre el particular es pertinente recordar el claro texto de la citada disposición:

“ART. 26.—Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz” (destacado fuera de texto).

Del citado precepto se establece que tratándose del delito de extorsión no es procedente descuento punitivo alguno, tanto menos el derivado de la reparación a la víctima por parte de autores o partícipes, según ya lo tenía suficientemente decantado esta colegiatura, como con tino se consignó en sentencia de casación del 29 de julio de 2008 (Rad. 29788), al señalar:

“La Corte puede afirmar sin dubitación alguna que el querer del legislador al promulgar la norma cuestionada fue negar en adelante, cualquier posibilidad de descuento o subrogado penal a los condenados por los delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, sin distinguir el sistema procesal en el cual regiría” (destacado fuera de texto).

Impera puntualizar que si bien en el Proyecto de Ley 208 que cursó en el Senado (138 en Cámara) , “por el cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”, no aparecía en un principio el citado precepto prohibitivo de beneficios, en las modificaciones efectuadas por los ponentes Germán Vargas Lleras, Ciro Ramírez Pinzón, Mario Uribe Escobar y Héctor Helí Rojas se introdujo tal norma, cuya inclusión fue aprobada por la Comisión Primera del Senado de la República(8), la cual únicamente fue modificada ulteriormente al marginar el delito de secuestro simple e incluir el punible de financiación del terrorismo.

Los motivos expuestos para establecer la prohibición de beneficios fueron:

“Se propone introducir un artículo nuevo, retomando el artículo 11 de la Ley 733 de 2002, a través del cual se excluyó la posibilidad de conceder subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión y conexos.

Ello por cuanto en reciente sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia el 14 de marzo de 2006, dicha corporación consideró que las prohibiciones contenidas en el artículo 11 de la mencionada Ley 733 no son aplicables a los delitos de extorsión, secuestro, terrorismo y conexos cometidos a partir del 1º de enero de 2005 en los distritos en que rige a plenitud la Ley 906 de 2004.

Bajo esta perspectiva, estaríamos avocados a que los terroristas, secuestradores y extorsionistas, no estén recluidos en la cárcel, al considerar que el artículo 11 quedó derogado al entrar en vigencia el nuevo sistema procesal” (destacado fuera de texto).

Conforme a lo anterior, es palmario que si por razones de política criminal, más específicamente de política penal, la pretensión del legislador fue la de excluir a los condenados por delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, de cualquier rebaja de pena o subrogado penal, no resulta procedente aducir que en aras de preservar la justicia restaurativa o los derechos de las víctimas, sea viable interpretar el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 en el sentido de que allí no se prohíbe la rebaja de pena por reparación para el delito de extorsión y que por ello es viable dar aplicación al artículo 269 de la Ley 599 de 2000 para los condenados por tal punible.

Si de acuerdo con una regla interpretativa de vieja data, donde el legislador no distingue es improcedente que el intérprete lo haga, no resulta plausible reconocer rebaja de pena para quien repare a la víctima de un delito de extorsión, pues esa no es la voluntad del legislador, ni es lo que se deduce del texto legal analizado.

No en vano el artículo 27 del Código Civil colombiano establece que “Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”, y a renglón seguido puntualiza: “Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento”.

De acuerdo con lo anterior puede colegirse, de una parte, que el artículo 26 de la Ley 1126[sic] de 2006 es lo suficientemente claro en cuanto se refiere a negar toda rebaja de pena o subrogado penal a quienes fueren condenados, entre otros, por el delito de extorsión. Y, de otra, que al consultar la exposición de motivos para que el legislador introdujera dicho precepto, logra establecerse que su finalidad no fue otra a la de responder con dureza punitiva a la comisión de tales punibles, sin permitir, se reitera, las rebajas de penas o el otorgamiento de subrogados.

Esto último como respuesta necesaria y proporcional del legislador al clamor de una sociedad inerme que ve cómo se han incrementado desorbitadamente estas modalidades delictivas, a cargo, generalmente, de estructuradas organizaciones que han encontrado en la extorsión una fuente inagotable de ingresos, sacando provecho del temor y el estado de indefensión del ciudadano ante el abandono de un Estado que, en la realidad, no logra garantizar su seguridad.

Es por eso que a través de la jurisprudencia no se puede descocer el propósito exteriorizado del constituyente derivado de erradicar o, por lo menos, atemperar esa realidad criminal, mediante el instrumento legítimo que hace parte de su libertad de configuración legislativa en materia penal, de negar todo beneficio o subrogado a quienes sean condenados por tales delincuencias, incluyéndose allí, desde luego, la reducción de pena por reparación consagrada en el mencionado artículo 269 del Código Penal para los delitos contra el patrimonio económico, como se venía sosteniendo por la Sala hasta antes de la variación de la cual me aparto, y con la que ahora se dispone la disminución de la pena en la mitad por el delito de tentativa de extorsión agravada, de la que disiento.

Es que el bien intencionado objetivo perseguido con el cambio jurisprudencial de velar, a tono con la tendencia actual de la Corte, por los derechos de las víctimas mediante la materialización a su favor de la denominada justicia restaurativa en el sentido de “propiciar y estimular la reparación de los perjuicios por medio de consecuencias favorables para el agresor”, realmente logra el efecto contrario, por las siguientes razones:

En primer lugar, porque ubica a las víctimas en un plano regresivo, como si su interés dentro del proceso penal fuera exclusivamente el de obtener un resarcimiento económico, dejando de lado la evolución que sobre al particular han labrado Corte Constitucional y esta colegiatura en cuanto a que su rol se ha redimensionado para dar paso a la búsqueda de los derechos a la verdad y a la justicia.

En segundo término, por considerar que el principio de conmutatividad, cuyo propósito es el de buscar un punto de equilibrio entre el dolor ocasionado a los ofendidos y al que por haberlo infligido debe soportar el agresor, se satisface con el excesivo descuento punitivo contenido en la norma “de la mitad a las tres cuartas partes”, el cual no solo torna inanes los esfuerzos del legislador ya referidos, tendientes a combatir y erradicar ciertas modalidades delictivas, sino que deja prácticamente en la impunidad la comisión, como ocurría antes de la veda implementada con la Ley 1121, del delito de extorsión, desconociendo que se trata de un comportamiento de enorme gravedad y actualidad que principalmente afecta la autonomía personal y trae consigo un inmenso grado de zozobra a quien lo padece, en tanto la mayoría de las veces la amenaza o factor intimidante utilizado va dirigido a causar daño a la vida o integridad propia o a la del grupo familiar.

En tercer lugar, la tesis prohijada por la Sala mayoritaria se muestra distante de la realidad social, en donde la víctima indefensa, que ya ha sido coaccionada una vez, por cuenta, en su generalidad y como ya se dijo, de organizaciones delictivas con gran capacidad de daño, debe soportar una segunda coerción para aceptar la cantidad ofrecida como reparación, haciéndose así acreedores al significativo descuento punitivo que otorga la norma, siendo, por tanto, objeto de una revictimización.

Tal postura, por último, que en la práctica, según lo expuesto, patrocina la impunidad del delito de extorsión en contravía con el fin perseguido por el legislador, correlativamente lacera, a diferencia de lo que se expone en la decisión mayoritaria, la credibilidad del ciudadano en la administración de justicia, quien espera una sanción efectiva para esta clase de conductas.

Conforme a las razones expuestas, evidente deviene que las conclusiones consignadas en el fallo del cual discrepo no son atinadas y que no ha debido reconocerse a favor del sentenciado Rafael Pinto Yagüe la reducción punitiva prevista en el artículo 269 del Código Penal.

En los anteriores términos dejo sentado mi salvamento de voto.

María del Rosario González Muñoz 

Fecha ut supra.

(7) Cfr. Sentencia del 29 de julio de 2008. Radicado 29788.

(8) Cfr. Gaceta del Congreso 132 del 19 de mayo de 2006. págs. 9-10.