Sentencia 37373 de agosto 31 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 37373

Acta 31

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D.C., treinta y uno de agosto de dos mil diez.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de Miguel Fernando Restrepo Tobón, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 27 de junio de 2008, dentro del proceso ordinario laboral promovido por el recurrente contra el Instituto de Seguros Sociales.

EXTRACTOS: «Se considera

Lo que controvierte el recurrente es que el tribunal, pese a que consideró que el actor tenía calidad de trabajador oficial, que declaró la existencia de una verdadera relación laboral y que era acreedor de las prestaciones sociales, desconoció que su despido fue sin justa causa, y que no podía tomarse el plazo fijado en los contratos de prestación de servicios, pues iba en contravía de lo dispuesto por la convención colectiva de trabajo.

En efecto, el ad quem no podía deducir, como lo hizo, que era válido el término de los contratos de prestación de servicios que el actor había suscrito, pues, como atrás se refirió, precisamente la convención determinaba la naturaleza de los contratos de trabajo celebrados por sus beneficiarios.

Es claro que se ignoró la literalidad de la cláusula quinta que, en lo pertinente, dispone:

“Los trabajadores oficiales se vinculan al instituto mediante contrato de trabajo escrito, a término indefinido, el cual tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen. Excepcionalmente, para labores netamente transitorias, el instituto celebrará contratos de trabajo escritos, a término fijo, y tantas veces como sea necesario, cuya duración no puede ser superior a la del cargo que reemplaza, para cubrir vacancias temporales, por licencias de maternidad, incapacidades, vacaciones, licencias voluntarias sin remuneración, suspensión por orden judicial o administrativa, permisos sindicales, compensatorios, comisiones de estudio y por duración de la obra o labor y para cubrir vacancias definitivas mientras se realiza el proceso de selección.

“Los servidores del instituto, vinculados a la firma de la presente convención, no clasificados como empleados públicos en los estatutos del ISS, son trabajadores oficiales con contrato de trabajo a término indefinido; a estos servidores no se les aplica el período de prueba, ni el plazo presuntivo. No obstante, aquellos servidores del instituto que se vincularon a partir del 1º de enero de 1995 con antiguo nombramiento provisional y se vinculen o se hayan vinculado a partir del 20 de noviembre de 1996 como trabajadores oficiales, en su contrato de trabajo se incluirá el período de prueba de dos (2) meses y el plazo presuntivo”.

Lo anterior implica que, si el tribunal dedujo, como efectivamente lo hizo, que el actor era trabajador oficial, debió también considerar que su relación laboral estuvo regida por un contrato de trabajo que, conforme el contenido de la cláusula transcrita, era a término indefinido, pues la labor que ejercía no estaba dentro de las que se permitían, excepcionalmente, para la suscripción de contratos a término fijo.

Ello, además, porque el artículo 117 del acuerdo convencional señala que “toda vinculación de personal que efectúe el Instituto para desempeñar actividades y funciones en los cargos de las plantas de personal para los trabajadores oficiales, deberá hacerse mediante contrato a término indefinido”, precepto que, sin lugar a dudas, no fue tenido en cuenta al momento de decidir.

Esta Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse en procesos de similares contornos, en los que se ha discutido sobre la validez de dicha cláusula convencional. Así lo ha señalado:

“En esencia, el cargo le censura al fallo que impugna que no concluyera que el contrato de trabajo suscrito con la actora terminó unilateralmente y sin justa causa. Para ello, en primer término le enrostra al tribunal que, por no apreciar la convención colectiva de trabajo, concluyera que el contrato que existió entre las partes fue a término fijo y no a término indefinido. Y en ese reproche le asiste razón a la impugnante porque si el tribunal concluyó que la actora durante el tiempo que le prestó servicios al instituto demandado había ostentado la calidad de trabajadora oficial y además confirmó las condenas que con base en ese acuerdo impuso el juzgado de primera instancia, ha debido revisar ese convenio en lo referente a la naturaleza de los contratos de trabajo celebrados por sus beneficiarios.

Y de haberlo hecho, habría encontrado que en efecto la cláusula quinta (fl. 46) establece, en lo que es pertinente: ‘Los trabajadores oficiales se vinculan al Instituto mediante contrato de trabajo escrito, a término indefinido, el cual tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen. Excepcionalmente, para labores netamente transitorias, el instituto celebrará contratos de trabajo escritos, a término fijo, y tantas veces como sea necesario, cuya duración no puede ser superior a la del cargo que se reemplaza, para cubrir vacancias temporales, por licencias de maternidad, incapacidades, vacaciones, licencias voluntarias sin remuneración, suspensión por orden judicial o administrativa, permisos sindicales, compensatorios, comisiones de estudio y por duración de la obra o labor y para cubrir vacancias definitivas mientras se realiza el proceso de selección’.

‘Los servidores del instituto vinculados a la firma de la presente convención, no clasificados como empleados públicos en los estatutos del ISS, son trabajadores oficiales con contrato de trabajo a término indefinido. No obstante, aquellos servidores del Instituto que se vincularon a partir del 1º de enero de 1995 con antiguo nombramiento provisional y se vinculen o se hayan vinculado a partir del 20 de noviembre de 1996 como trabajadores oficiales, en su contrato de trabajo se incluirá el período de prueba de dos (2) meses y el plazo presuntivo’.

‘Del contenido de la cláusula parcialmente trascrita se infiere que si la promotora del pleito fue trabajadora oficial, su relación laboral estuvo regida por un contrato de trabajo que debe entenderse es de término indefinido” (Sent. de dic. 12/2007, Rad. 29152).

En el anterior orden es claro que el tribunal erró al considerar que, como en los contratos de prestación de servicios estaba establecido un plazo, ello implicaba que la relación laboral que declaró, estaba sometida a la expiración de aquel, sin tener en cuenta, se reitera, los artículos convencionales.

En consecuencia el cargo prospera

En sede de instancia, y conforme lo consignado en casación, surge que el contrato de trabajo, declarado por el tribunal, terminó sin que se configurara alguna de las justas causas establecidas en la Ley 6ª de 1945, y que, además, no se cumplió trámite alguno para finiquitar la relación. Así las cosas, conforme al artículo 5º de la convención colectiva de trabajo, es procedente el restablecimiento del contrato de trabajo, en los términos allí previstos, esto es, mediante el reintegro del demandante en las mismas condiciones de empleo de las que gozaba antes de su despido, sin solución de continuidad y con el pago de todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha de la terminación de su contrato de trabajo y hasta que sea efectivamente reintegrado.

Comoquiera que el restablecimiento del contrato supone su continuidad, no procede el reconocimiento de las cesantías, ni su indexación, toda vez que estas se causan a la finalización del contrato, razón por la que se CASA y se revoca la sentencia absolutoria del a quo, para en su lugar, ordenar el reintegro.

Sin costas en el recurso

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 27 de junio de 2008, proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que Miguel Fernando Restrepo Tobón le promovió al Instituto de Seguros Sociales. En sede de instancia revoca la sentencia absolutoria del a quo, para en su lugar, ordenar el reintegro del demandante en las mismas condiciones de empleo de las que gozaba antes de su despido, sin solución de continuidad y con el pago de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de la terminación de su contrato de trabajo y hasta que sea efectivamente reintegrado.

Sin costas en el recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».