Sentencia 37382 de septiembre 10 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Casación Rad. 37382

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Aprobado Acta 338

Bogotá, D.C., diez de septiembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Aclaración previa

Sobre un mismo supuesto de irregularidad sustancial que asumió el actor lesiva del debido proceso, con evidentes falencias metodológicas, postuló diez aparentes diversos cargos que, en realidad, si bien tienen idéntico origen en la decisión que determinó la actuación procesal que se afirma viciada, tampoco confluyen en el quebranto de todos los principios aducidos en censuras independientes para justificar la proliferación de ataques a la sentencia impugnada, de manera que en este estado de cosas han de responderse como un solo motivo y objeto de discrepancia.

En efecto, según quedó visto, dado que la inconformidad radica en controvertir exclusivamente la decisión del tribunal superior que mediante auto calendado el 27 de agosto de 2009, al resolver sobre la apelación interpuesta contra la decisión de primera instancia que declaró la prescripción de la acción penal por el delito de falsedad en documento privado y condenó a 12 meses de prisión al procesado por el de estafa, declaró la nulidad de lo actuado con miras a que se procediera a variar la calificación, en concreto, respecto de la forma de imputación de dichos delitos, que confusamente se había hecho como cómplice al procesado, por la de determinador y autor, respectivamente, emerge así claro que los diez aducidos reproches carecen de cualquier autonomía, cuando más bien son presupuestos del debido proceso que el actor asume quebrantado con un mismo acto, sin encontrar entonces justificación la múltiple propuesta por comprender cada censura la idoneidad de conducir a la invalidación de lo actuado.

La nulidad propuesta

1. La delimitación doctrinaria de acuerdo con la cual se fijó en el sistema de enjuiciamiento penal con anterioridad a la vigencia de la Ley 906 de 2004, el contenido y alcance de la resolución acusatoria, permitió definir esta importante pieza procesal, bajo el entendido que dicho acto contiene los cargos contra el procesado, en donde por antonomasia el Estado por medio del órgano jurisdiccional, delimita la imputación con miras a que a través de dicha concreción fáctica y jurídica se le posibilite conocer el ámbito exacto de lo que conforma la atribución delictiva, de ahí que en esta decisión deben quedar definidas las premisas fundamentales y los términos con sujeción a los cuales se va a desarrollar la última etapa del proceso y se debe consiguientemente producir la declaración o no de responsabilidad en la sentencia.

2. La contundente significación del acto de imputación contenido en la resolución acusatoria, exalta el imperativo de que el mismo fije la determinación conceptual y jurídica del hecho punible, esto es, que se impone señalar además de la clase de delito por el que se acusa, los elementos típicos que lo estructuran y aquellas circunstancias específicas que le dan mayor gravedad y la forma de coparticipación o índole de imputación subjetiva, toda vez que la misma se constituye en una verdadera prenda de garantía frente al fallo, que por consiguiente ha de guardar plena correspondencia con el pliego de cargos, sabido que entre una y otra decisión se impone la debida consonancia, correspondencia o armonía, en cuanto se refiere a la calificación jurídica del delito, sus circunstancias y el grado de intervención en el mismo.

3. Dentro de los linderos del modelo de juzgamiento de la Ley 600 de 2000 en que se fijaron estas pautas, bajo el entendido que la acusación debía obedecer al resultado causal de valoración de las pruebas que permitiera comprenderla como una decisión definidora de los extremos de la conducta estudiada en el ámbito de su imputación, no fue desconocido por el legislador y así tampoco por la jurisprudencia, que durante el juicio podrían sobrevenir nuevos elementos de convicción que alteraran el marco de la imputación en alguno de sus imperativos contenidos o por advertir la fiscalía o el juez de conocimiento la existencia de errores en la calificación, supuestos para los cuales se introdujo el precepto 404 que posibilitaba la “variación de la calificación jurídica” de la conducta punible que, por lo mismo, siempre se entendió era eminentemente “provisional”.

4. La profusa jurisprudencia en torno a la certera exégesis en el entendimiento que la dinámica aplicación de dicho precepto posibilitaba, condujo a la Corte a reconocer desde un principio (Rad. 18457/2002), que la variación de la calificación se podía introducir tanto frente a prueba antecedente como sobreviniente, criterio que se mantuvo en general hasta comprender restrictivamente que solo era admisible ante novedosos elementos acopiados en el juicio que condujeran a su modificación (Rad. 29339/2008), en una postura interpretativa que finalmente ha cedido para reivindicar la primigenia y original interpretación que, consultando el propio texto legal, acepta que la corrección de la acusación también es viable por “error en la calificación”, hipótesis que en la norma correspondiente está contemplada con la autonomía suficiente para asumirla como distinta de aquella que se sustenta en la presencia de prueba sobreviniente (Rad 34495/2011).

Así entonces, no existe controversia en torno a si los dos motivos de prueba antecedente o sobreviniente tienen respaldo legal para aplicar la norma 404 del Código de Procedimiento Penal en orden a introducir variantes a la calificación jurídica, despejada la comprensión de la ley dentro del ámbito de sus propios enunciados y teleología, por lo cual en relación con este aspecto, los reparos del actor casacional carecerían de fundamento.

5. Sin embargo, discrepa sobre la oportunidad y decisión que determinó se instara el trámite de variación de la calificación, al considerar que se trataba de actos propios de la fiscalía y el juez a cumplir antes de la culminación del juicio y no, como sucedió en este caso, en que el tribunal anuló la sentencia de primer grado y dispuso retrotraer la actuación para que se procediera a variar la calificación referida a la forma de participación imputada al incriminado.

6. Aun cuando razón asiste al actor en considerar que el texto legal corresponde al supuesto correctivo de la acusación que se realiza una vez concluida la práctica de pruebas en el juicio, esto se debe a que las normas que permiten sanear la actuación frente a eventuales vicios de estructura o de garantía, están por fuera de dicho marco, pero conducen a través de la declaración de nulidades a su aplicación, cuando quiera que, según sucedió en este caso, el tribunal advirtió (Auto ago. 27/2009) que se estaba en presencia de una irregularidad sustancial lesiva del debido proceso por error en la denominación jurídica de la conducta y grado de imputación, dado que el pliego de cargos aludió, con manifiesta confusión y error, que Luis Alexander García Navarrete debería responder en calidad de cómplice de los delitos de falsedad y estafa, aunque en la parte resolutiva se mencionaba que a título de autor de ambas conductas, lo cual a juicio del tribunal era equivocado.

7. La Corte ha señalado que lo ilegal no ata al juez, ni puede correlativamente amparar a los sujetos procesales. De modo que el correctivo introducido por el tribunal al observar que existían errores en la calificación provisional de la conducta punible en cuanto a la forma de coparticipación, de anular lo actuado para que sin afectación del núcleo básico de los cargos se variara dicha especie de intervención delictiva, tampoco admite ningún reparo, ni es viable por consiguiente, reprobarse por estar desfasada temporalmente, o entender que dicho acto gozaba de una intangibilidad absoluta, pues en relación con la determinación tomada no existía preclusividad procesal alguna, con mayor razón cuando la intervención del ad quem si bien correspondía limitadamente a aquellos aspectos impugnados y cuantos inescindiblemente se le vinculaban como objeto de decisión, también abarcaba desde luego vicios que se consideró afectantes de la estructura de la acusación y del proceso y cuyo correctivo era igualmente un imperativo legal (Rad. 36598/2011).

8. En este sentido acierta el fallo impugnado al destacar que la variación de la calificación por prueba sobreviniente y el error de la calificación deben asumirse como mecanismos diferentes en sus causas, en forma tal que bien se ha precisado, encuentran solución también con el empleo de métodos diversos.

Si fiscalía o juez advierten la necesidad de corregir la acusación debe provenir de su iniciativa que así se haga agotando el trámite contemplado en el artículo 404 en mención, pero si, según sucedió en este caso, pasa en silencio esa oportunidad pero observa el tribunal al tomar conocimiento del proceso la existencia de un vicio en la calificación que deba corregirse, por ello debe propender así conlleve la alternativa de depuración la necesidad de declarar la nulidad de lo actuado, caso en el cual le corresponde definir el momento a partir del cual es necesario hacerlo, dependiendo de si la circunstancia defectuosa advertida que agrava la situación jurídica del procesado (pues cuando la modificación es favorable la doctrina no admite modificar los cargos), ha tenido ocasión de ser debatida o no, dado que en el primer supuesto la nulidad deberá abarcar la propia acusación y en el segundo a partir de finalizar la práctica probatoria del juicio, conforme entendió en este caso el ad quem, en vista de que el objeto de error era el grado de participación de García Navarrete en las conductas punibles de falsedad en documento privado y estafa materia de imputación.

Las censuras, en las condiciones referidas, no prosperan.

En razón y mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No casar el fallo impugnado.

Contra esta decisión no procede ningún recurso».