Sentencia 3739 de octubre 6 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

INHABILIDAD ELECTORAL POR LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS

Si se alega que se utilizó un testaferro, tiene que probarse debidamente.

EXTRACTOS: «Con las demandas acumuladas se afirma que sobre el diputado demandado pesaba la causal de inhabilidad del numeral 4º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 [...] porque acudiendo a la figura del testaferrato, a través de su esposa o compañera permanente, señora Claudia Patricia Landazábal Ortiz, suscribió el contrato denominado Orden de prestación de servicios profesionales 520 del 13 de mayo de 2003, con el municipio de San José de Cúcuta.

[...].

b)De la inhabilidad del diputado demandado por su intervención en la celebración de contratos a través del testaferrato.

La acusación se sustenta en esta parte, en que el señor Oscar Hernando Ross Pérez celebró con el municipio de San José de Cúcuta el contrato denominado Orden de prestación de servicios profesionales 520 del 13 de mayo de 2003, para lo cual se valió de interpuesta persona, en concreto de su cónyuge o compañera permanente señora Claudia Patricia Landazábal Ortiz.

El contrato en mención obra en copia auténtica dentro del expediente 20040052 (fls. 70 y 71), y a través de él la señora Claudia Patricia Landazábal Ortiz se obligó para con el municipio de San José de Cúcuta a “prestar sus servicios profesionales brindando apoyo jurídico a la oficina asesora jurídica municipal en calidad de abogado externo realizando la revisión, estudio y presentación de informes de los procesos que se adelantan en ese despacho de la alcaldía según propuesta adjunta”. Sostienen las impugnantes que el verdadero contratista es el demandado Oscar Hernando Ross Pérez, quien para evitar los efectos de la inhabilidad acudió a la figura del testaferrato, haciendo figurar allí como contratista a la señora Claudia Patricia Landazábal Ortiz. Por tanto, la Sala expondrá algunas disquisiciones sobre la figura en cuestión y determinará la veracidad de lo afirmado por las demandantes.

El testaferro, según el Diccionario de la Lengua Española, corresponde a “El que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona”, figura que guarda gran afinidad con la figura de la simulación que en materia contractual regula el Código Civil colombiano y que se manifiesta en sus modalidades absoluta y relativa, atinente la primera a cuando se da la apariencia de un contrato que en verdad nunca se ha celebrado, y la segunda cuando a través de una figura contractual se disfrazan elementos que son contrarios a los realmente acordados.

Por tanto, el testaferrato supone la existencia previa de un acuerdo entre quien funge como contratista oculto y la administración , para que se le permita figurar en lugar de aquel a persona distinta, con quien la administración no celebra contrato alguno pese a que permita su figuración contractual, ya que el acuerdo de voluntades en cuanto al objeto y al precio en verdad se ajusta con quien prefiere permanecer en el anonimato. Se trata, entonces, de un acuerdo simulatorio encaminado a disfrazar en parte el auténtico contenido contractual, en especial en lo que tiene relación con la persona del contratista, donde la administración sirviendo a fines perversos y contrarios al interés general, allana el camino para que el eventual candidato participe en la contienda electoral sin que se vea envuelto en causales de inhabilidad por su intervención en la celebración de contratos.

Como quiera que se cuenta con la presunción de veracidad que acompaña al contrato estatal, por virtud de la cual se dan por ciertos los distintos elementos que lo integran, resulta necesario que quien pregona el testaferrato saque a flote, a través de una actividad probatoria minuciosa, la verdadera voluntad contractual, en concreto que demuestre que quien funge como contratista no hizo más que prestar su nombre para ocultar la identidad del verdadero contratista, dentro de lo cual está la causa simulandi, referida en estos casos al deseo de eludir la configuración de la causal de inhabilidad por la intervención en la celebración de contratos.

Ahora bien, afirma la parte demandante que el testaferrato respecto del contrato 520 de mayo 13 de 2003, surge del hecho de que el accionado hizo figurar como contratista a su cónyuge o compañera permanente Claudia Patricia Landazábal Ortiz. Empero, se trata de una afirmación huérfana de respaldo probatorio.

Entiende las demandantes que para la demostración del testaferrato basta con la acreditación del matrimonio o unión permanente entre los señores Oscar Hernando Ross Pérez y Claudia Patricia Landazábal Ortiz, porque lo que económicamente beneficia al uno igualmente aprovecha al otro. Pues bien, sin importar que se haya probado o no la existencia de la relación matrimonial o la unión marital de hecho entre ellos, no comparte la Sala la tesis de las recurrentes, porque de la sola existencia de esas relaciones no se puede inferir el testaferrato denunciado, así exista el deber legal de ayudad mutua entre quienesdeciden de manera libre y voluntaria conformar una familia bien a través de la figura del matrimonio o ya por la decisión de conformar una unión marital de hecho según lo dispuesto en la Ley 54 de 1990.

Y no se puede obtener automáticamente esa inferencia porque los consortes, en las relaciones contractuales que celebren, no adquieren por ese solo hecho la posición jurídica asumida por su pareja, debido a que cada uno de ellos tiene la libre administración y disposición de sus bienes (7) , entre ellos los derechos contractuales, de suerte que en las relaciones de ese tipo asumidas por uno de los cónyuges, el otro no puede pretender asumir la posición de su pareja, sencillamente porque se trata de una obligación individual y personalmente adquirida, en que el otro no tiene ninguna titularidad.

Ahora, del material probatorio recaudado en los procesos acumulados no aflora la existencia del testaferrato denunciado. En contrario, existen algunos medios de prueba que refuerzan el hecho de que la persona que actuó como contratista en el contrato 520 fue la señora Claudia Patricia Landazábal Ortiz, tales como la declaración rendida por el señor Jorge Enrique Pinzón Dueñas, secretario general de la alcaldía del municipio de San José de Cúcuta, para quien el contrato se adjudicó a ella sin consideración a su relación con el señor Ross Pérez (8) ; la copia auténtica de su hoja de vida aportada por la secretaría general de este ente territorial, donde se advierte que es abogada titulada y que personalmente atendió los distintos procesos que como abogada externa hubo de controlar, así como que acudió a la suscripción del acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato 520 (9) .

Así, al no haberse demostrado la supuesta intervención del demandado en la celebración de la orden de prestación de servicios profesionales 520, a través de la figura del testaferrato, el cargo resulta impróspero».

(Sentencia de 6 de octubre de 2005. Expediente 3739. Consejera Ponente: Dra. María Noemí Hernández Pinzón).

(7) La Ley 28 de 1932 dice en su artículo 1º “Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administración v disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han tenido esta sociedad desde ha celebración del matrimonio y en consecuencia se procederá a su liquidación“.

(8) Ver declaración en el expediente 20040052 folios 161 y 162.

(9) Ver copia autentica de folios 67 y ss.

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