Sentencia 37427 de febrero 8 de 2012 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 37427

Aprobado Acta 31

Magistrado Ponente:

Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán

Bogotá, D.C., ocho de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Las consideraciones

1. El estudio de las demandas.

La Sala inadmitirá los libelos presentados porque no cumplen con las exigencias legales para darles curso.

1.1. A nombre de Medrano Villalba

1.1.1. El recurso de casación es un medio extraordinario de impugnación frente a la sentencia de segunda instancia cuando esta revela alguna de las fallas previstas en el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal de 2000, por manera que no resulta idóneo para cuestionar el de primera instancia, tal como equivocadamente lo hace la defensa.

1.1.2. La libelista adujo que el yerro tuvo lugar por un falso juicio de existencia, pero su discurso no se encamina a demostrar errores en la apreciación de la prueba, sino a exponer su apreciación personal y sectorizada de la forma en que debió resolverse el asunto. Además, olvidó aclarar si esa modalidad de error tuvo lugar por omisión, que ocurre cuando el juzgador deja de valorar una prueba que materialmente se halla en el proceso; o por suposición que se presenta cuando se reconoce un hecho carente de soporte demostrativo en la actuación.

Aseguró que la prueba respecto de la cual recayó el error es la indagatoria rendida por Rosa Stela Ibáñez Alonso, pero al intentar explicar en qué consistió entremezcla indebidamente motivos propios de un falso juicio de identidad y de un falso raciocinio. Parece afirmar que de alguna forma se tergiversó su contenido, pero al tiempo señala que se desconocieron las reglas de la sana crítica.

Sus falencias se extienden, inclusive, hasta la misma pretensión que ha de formularse a la Corte porque en forma desprevenida reclamó se casara el fallo sin siquiera enseñar el sentido en el que se debería dictar el de reemplazo.

La falta de claridad respecto del yerro en sí mismo así como del contenido de las causales de casación impide a la Sala comprender el cargo y la presunta falla judicial.

1.2. A nombre de Méndez Gutiérrez.

1.2.1. El defensor cuestiona la sentencia con apoyo en dos causales de casación y a su amparo formula varios reparos. Si bien con atino inició su discurso con el de nulidad, formulando el primer cargo como principal y todos los demás, incluso los propuestos por vía de violación directa, como subsidiarios, es ostensible su desconocimiento respecto de los contenidos propios de esos motivos de casación, no solo en lo atinente a la presentación de cada cargo sino a las pretensiones que deben realizarse. Obsérvese:

Causal tercera - nulidad

1.2.2. Ha sido reiterativa la Sala en sostener que cuando se cuestiona un fallo por errores en la motivación es necesario que el impugnante precise cuál es el defecto en el que incurrió el fallador, sin que resulte admisible hacer una mixtura de unos y otros dentro de un mismo cargo. Así mismo, que debe tener especial cuidado en que no todas las modalidades de fallas en la motivación conducen a una sentencia de reemplazo y que dependiendo de cuál de ellas se trate es necesario proponer la censura por vía distinta.

En efecto, las irregularidades en la motivación de la sentencia pueden tener lugar (i) por ausencia absoluta de motivación, es decir, porque no se consignaron los fundamentos fácticos y jurídicos en que se apoya el fallo; (ii) por motivación insuficiente, incompleta o deficiente, esto es, porque se omitió el pronunciamiento de alguno de los aspectos descritos o se dejaron de examinar los alegatos de los sujetos procesales en aspectos trascendentales para resolver el problema jurídico concreto, de modo que impide saber cuál es el fundamento del fallo; (iii) por motivación equívoca, ambigua, ambivalente o dilógica, que tiene ocurrencia cuando se involucraron conceptos excluyentes entre sí, al punto que es imposible aprehender el contenido de la motivación, y (iv) por motivación sofística, aparente o falsa, esto es, cuando el fundamento probatorio de la decisión no consultó la realidad probatoria que exhibe el proceso.

De las hipótesis descritas solo las tres primeras son enjuiciables a través de la causal tercera de casación por constituir errores in procedendo, en tanto que la última, al ser vicio de juicio o in iudicando, es atacable por la causal primera cuerpo segundo. Adicionalmente, no podrá reclamarse fallo de reemplazo cuando se cuestione un defecto por carencia absoluta de argumentación, toda vez que si no se ha hecho ningún pronunciamiento expreso o tácito en torno a las razones por las que se declara la responsabilidad, resulta inviable que la Corte profiera una nueva decisión sustitutiva en tanto implicaría pretermitir una instancia.

1.2.3. En la demanda examinada es evidente que ninguno de esos lineamientos observó el defensor.

1.2.3.1. En el primer cargo manifestó inicialmente que la sentencia adolece de falsa motivación, pero al adelantar su discurso aseguró que se está ante una “ausencia absoluta de motivación”(27), y al final de manera impropia, reclamó la nulidad del fallo y que se ordenara al tribunal dictar uno nuevo.

Al exponer los fundamentos en que apoya su censura, se quedó tan solo en sostener que los argumentos del ad quem eran genéricos, pero ningún reproche concreto, suficiente y con sustento jurídico hizo para demostrar que ello en realidad ocurrió. Trascribió apartes del fallo pero a ninguna conclusión arribó para describir cómo tuvo lugar la presunta falsa motivación o cómo adolece por completo de ella.

Es más, al ocuparse de la trascendencia, tampoco demuestra cómo la presunta falla impidió ejercer la defensa de su prohijado.

1.2.3.2. En los cargos subsidiarios, se limitó tan solo a hacer reproches de toda índole, sin técnica ni fundamento jurídico alguno, intentando avizorar diversas falencias, como si se tratara de un simple alegato de instancia y olvidando que la sentencia de segundo grado goza de la doble presunción de acierto y legalidad.

Ignoró que en sede de casación los cargos deben ser formulados siguiendo una lógica jurídica y argumentativa a través de la cual no solo se ponga de manifiesto el yerro sino que se demuestre cómo el mismo causó una afectación directa en los derechos y garantías del procesado y cuál es su trascendencia en el caso concreto, esto es, cómo de no haber procedido el fallador como lo hizo la decisión habría sido totalmente diversa y a favor de sus intereses.

1.2.3.3. Al exhibir el segundo cargo nuevamente entremezcló distintas modalidades de la irregularidad que denuncia. Adujo que hubo ausencia total de motivación(28) y más adelante se refirió a una supuesta motivación sofística(29).

Es más, no se detuvo en demostrar la trascendencia del presunto error, pues no indicó cómo, si lo que hizo el tribunal fue variar el grado de participación de modo que degradó la sanción punitiva para el tipo penal endilgado, se le causó una lesión a su representado. Lo que se evidencia es justamente lo contrario, pues al realizar esa modificación la pena fue disminuida por la calidad de interviniente a la luz de lo ordenado por el Código Penal.

1.2.3.4. Al proponer el tercer cargo adujo que la causal de nulidad se configuró porque la parte considerativa de la providencia no guarda coherencia con la resolutiva en lo que toca con la dosificación punitiva. Sin embargo, tal reproche no debió encaminarse por esa causal de casación, en cuanto una irregularidad de tal estirpe no conduce a la nulidad del fallo, sino a su modificación directa en uno de reemplazo, de manera que posiblemente ha debido atacarlo por vía de violación directa y cumplir con los parámetros que para esa forma de censura se exigen, pero no lo hizo.

1.2.3.5. En igual desatino incurrió al proponer el cuarto cargo, pues advirtió una posible falla al momento de dosificar la pena de multa, pero ninguna causal de nulidad planteó. No exhibió argumento que soportara tal reproche, no dijo por qué existió un error en la labor judicial ni por qué ello tenía la potencialidad de anular lo actuado.

Ignoró además que la multa de $ 175.000.000 correspondió al valor de lo apropiado, tal como lo dejó consignado el a quo(30).

Causal primera - violación directa

1.2.3.6. La Corte recuerda una vez más que cuando se propone una censura por este camino es necesario que el demandante respete los hechos y las pruebas tal como fueron declarados por el tribunal, en tanto el reparo debe centrarse en aspectos de pleno derecho.

Así las cosas, es ostensible el desatino del defensor pues al proponer los distintos cargos no hizo cosa distinta que cuestionar la forma en que se valoraron las pruebas y las inferencias lógicas que de ellas extractó el ad quem.

Véase cómo en la sentencia de la cual se disiente el tribunal sostuvo que Méndez Gutiérrez respondería como interviniente dado que se desempeñó como representante legal de Cootecol y que, en esa calidad, suscribió los “contratos de obras públicas de reparación y reconstrucción de la maya vial en el municipio de Soledad, construcción muro de contención en los gaviones de 12 metros lineales para la protección del talud de margen derecha del arroyo El Platanal, a la altura de la calle 40C con carrera 12, barrio Manuela Beltrán de Soledad, como también la interventoría de las obras de construcción de la institución educativa La Central y la interventoría para la ampliación de la planta física y cobertura en las diferentes instituciones educativas existentes en el municipio de Soledad”(31).

Inmediatamente después el ad quem destacó que no compartía la atribución que como determinador hizo el a quo porque fue Méndez Gutiérrez quien como representante legal de Cootecol estuvo al frente de esas contrataciones. De modo que conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 “para efectos penales el contratista, el interventor, el consultor y asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales, y por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para los servidores públicos”(32).

En ese orden, concluyó que por carecer de las calidades especiales exigidas en el tipo penal, debería responder como interviniente.

De manera pues que no le asiste razón alguna al impugnante, menos cuando afirma que ninguna consideración en torno a la variación en la participación hizo el Tribunal.

1.3. A nombre de Riveros Rey.

1.3.1. El demandante propone cinco cargos con apoyo en causales distintas que resultan contradictorias unas de otras, sin que los hubiese presentado en forma subsidiaria, todos son principales.

1.3.2. En el primer cargo, a pesar de que identificó la irregularidad que en su criterio genera nulidad, lo cierto es que olvidó motivarlo adecuadamente. Se limitó tan solo a manifestar que la sentencia del tribunal es nula porque fue proferida por una sala dual y ello es atentatorio del principio de juez de natural. Ningún argumento exhibió para explicar cómo esa presunta falla es sustancial y cómo afectó el debido proceso.

Olvidó abordar el examen del artículo 56 de la ley estatutaria de la administración de justicia(33) y exponer a la Corte porqué en el caso concreto no era viable su aplicación ante el incumplimiento de alguno de los presupuestos allí descritos para que la Sala del tribunal pudiese adoptar la determinación con la asistencia de la mayoría de sus magistrados frente al impedimento de uno de ellos.

Adicionalmente, no exhibió fundamento concreto alguno frente a la trascendencia del yerro. Las meras elucubraciones no son aptas para formular un cargo en casación.

1.3.3. El segundo cargo lo encaminó por el sendero de un falso raciocinio, el que dijo tuvo lugar por desconocimiento de reglas de la lógica al establecer el mérito suasorio de los testimonios de Edgar Ignacio Fierro Flórez, Alberto Noya Zabaleta, José Antonio Lora Caro y Gilberto Marimón Cervantes.

A pesar de que señaló los principios de la lógica que a su juicio fueron desconocidos por el fallador, su discurso es desordenado y de manera inapropiada introdujo elementos de uno y otro de manera que resulta poco inteligible su argumento. Deja entrever que su desacuerdo radica no en las inferencias lógicas extractadas por el tribunal luego de valorar esos elementos probatorios sino en haber tenido en cuenta un testigo que narra lo que a su vez le contaron otros, es decir uno de oídas.

Reprochó que el tribunal hubiese tenido en cuenta el testimonio de Fierro Flórez por considerarlo de oídas. Sin embargo, de los apartes que de sus declaraciones trascribe el demandante no es posible arribar a esa conclusión, por lo que evidente resulta que tal apreciación es producto de una construcción personal elaborada a partir de la lectura fraccionada y acomodada de lo dicho por el testigo.

De los fallos surge que la responsabilidad de Riveros Rey fue producto no solamente de la valoración que del referido testimonio hizo el tribunal, sino de lo encontrado en la libreta de anotaciones de Fierro Flórez, de la inspección judicial realizada en las instalaciones de la comercializadora y de lo expresado por Gilberto Marimón Cervantes, José Antonio Lora Caro y Alfredo Noya Zabaleta, este último en su indagatoria.

El censor pretendió rotular a estos últimos también como de oídas y mostró inconformidad porque se les otorgó valor a pesar de que contienen contradicciones. Sin embargo, sus planteamientos no son más que un juego de palabras que no conllevan a conclusión lógica y jurídica alguna.

1.3.4. En el tercer cargo alegó un falso juicio de existencia por suposición, tras considerar que en el proceso está ajena la prueba de que su representado celebró contratos y menos la de que firmó algún documento.

Hizo una manifestación que, además de simplista, parte de un supuesto errado puesto que el tribunal reconoció que Riveros Rey no celebró los contratos pero sí que tuvo la influencia necesaria para intervenir en la contratación y ejecución de los mismos(34). Justamente a esa influencia sobre Rosa Estela Ibáñez Alonso se refirió el a quo en su fallo al considerar la situación particular de Riveros Rey(35).

1.3.5. En el cuarto cargo, formulado por violación directa es evidente la falla del censor, pues adujo que la trasgresión tuvo lugar por aplicación indebida del artículo 340 del Código Penal toda vez que Riveros Rey no asistió a reunión alguna y no aceptó exigencias de las AUC. Ese planteamiento demuestra que en modo alguno admite los hechos tal como fueron declarados por el tribunal y que su reproche no se restringe a razones de pleno derecho.

Si bien el ad quem señaló que el procesado no estuvo presente en la reunión que se hizo en el Congreso, aclaró que “sí participó a (sic) una reunión llevada a cabo con esa organización ilegal en la ciudad de Santa Marta y, además él conjuntamente con la alcaldesa tenían que rendirles (sic) cuentas a las AUC de toda la contratación y el dinero que se repartía...”(36).

1.3.6. En el quinto cargo cuestionó el fallo por haber incurrido en un falso juicio de existencia al omitir valorar testimonios de varias personas que trabajaban en la alcaldía de Soledad (hizo un listado) pero ninguna precisión exhibió en torno a lo que tales individuos manifestaron ni cómo con sus dichos se habría podido modificar la responsabilidad de Riveros Rey, menos destacó cómo de haber sido apreciados la decisión habría sido contraria y favorable a los intereses de su representado.

Es más, nuevamente equivocó la escogencia de la causal en casación porque el yerro denunciado tiene lugar cuando el juez deja de apreciar un elemento probatorio que se halla materialmente en el proceso, y basta una mirada al fallo de primera instancia, que conforma una unidad inescindible con el de segundo grado en cuanto al procesado se refiere, para advertir que los testimonios que echa de menos el demandante sí fueron valorados por los funcionarios judiciales.

El a quo, en el folio 17 de su providencia(37) al ocuparse sobre las pruebas recaudadas con apoyo en las cuales adoptaría la decisión, relacionó los testimonios de Waldo René Ruiz Manga, Flor María Monterrosa Assia, Yaneth Caña Ortega, Oswaldo Agamez Quintero, Manuela Oñoro de la Torre, Judith Sepúlveda Peña, Rodrigo Antonio Navarro Escorcia y Eliseo Modesto Suárez Suárez, nombres que corresponden a algunos de los incluidos en la lista hecha por el casacionista. Más adelante, en las consideraciones, hizo mención, entre otros, a lo manifestado por Waldo René Ruiz Manga(38), Arquímedes José Escorcia Barrios(39), Miguel Enrique Páez Góngora(40) y Yaneth Caña Ortega(41), que también integran el referido listado.

De manera pues que no es posible cuestionar los fallos por falso juicio de existencia por omisión, en tanto los testimonios extrañados por el defensor fueron apreciados por los juzgadores.

Si su desacuerdo radicaba en que en su criterio el tribunal tergiversó el contenido de esos elementos y puso a la prueba a decir algo que no es, debió proponer su ataque por la vía de un falso juicio de identidad. La Corte no puede recomponer su demanda no solo por el principio de limitación que rige la casación sino porque con los escasos argumentos esbozados es imposible entender la irregularidad judicial que pretende denunciar.

1.4. A nombre de Noya Zabaleta.

1.4.1. Invocando la causal de nulidad el impugnante cuestiona la sentencia porque el tribunal condenó a su protegido como cómplice a pesar de que fue llamado a juicio como autor.

Una primera mirada a la censura permite evidenciar problemas en cuanto a su proposición. De un lado, porque el error que denuncia muestra un problema de congruencia entre la sentencia y la acusación y los yerros que atañen a ese principio, cuando el proceso se ha adelantado al amparo de la Ley 600 de 2000, no deben proponerse por vía de nulidad en cuanto tienen una causal específica, la segunda del artículo 207 ibídem. Así lo ha reconocido la jurisprudencia:

“La congruencia que debe guardar la sentencia con la acusación hace parte de la estructura del proceso y su inobservancia constituye una irregularidad sustancial especialmente prevista como causal de casación en el numeral 2º del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal. Su planteamiento le implica al demandante demostrar a la Corte que los hechos de la sentencia o su adecuación legal, incluidas naturalmente las circunstancias del delito, no corresponden a los del pliego de cargos sino que lo desbordan”(42).

Por otra parte, podría argüirse falta de legitimidad porque si se declarara la nulidad del fallo, como lo pretende la demandante, tendría que proferir el tribunal otro conforme a la resolución de acusación, tal como, incluso, lo deja entrever en el libelo cuando afirma “si el juzgador de segunda instancia hubiera mantenido, la calificación jurídica (...) el resultado de la sentencia hubiera sido otro, esto es la absolución...”(43). De respetar la resolución de llamamiento a juicio el ad quem no tendría camino diferente que condenar a Noya Zabaleta como coautor de los punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado. Ahora, en el evento en que la Corte dictara el fallo de reemplazo, a efectos de respetar la acusación, tendría también que desconocer la rebaja de pena que conlleva el grado de cómplice y aumentarle la pena impuesta como consecuencia de la condena como autor.

Tamaño dislate el de la defensa, porque lo que en el fondo buscaría es que a su representado se le imponga una pena mayor, lo que implicaría agravarle su situación.

Es más, si se compara el fallo cuestionado con la acusación hecha es evidente que al procesado no se le causó perjuicio alguno sino al contrario, un beneficio.

1.4.2. Ahora bien, tampoco es cierto que se le haya vulnerado su derecho de defensa. Con la sentencia de primera instancia puede constatarse que su apoderada se ocupó en demostrar esencialmente que Noya Zabaleta no participó en el trámite de los contratos, pero también que no “tuvo injerencia alguna durante el proceso precontractual, contractual y liquidación de estos”(44), y no existió responsabilidad penal en los delitos, argumentos que involucran cualquier forma de autoría y de participación.

Por su parte, el tribunal, a pesar de tales argumentos defensivos, reconoció la existencia de una injerencia en tales procesos cuando afirmó que Noya Zabaleta “contribuyó a la realización de la conducta antijurídica”(45).

1.5. El libelo presentado por el delegado de la fiscalía

Son varias las falencias del demandante.

1.5.1. El primer equívoco consistió en remitirse a los artículos 180 y 181 del Código de Procedimiento Penal de 2004, pues olvidó que este proceso se rigió por los lineamientos de la Ley 600 de 2000, no por los del Código de 2004.

Ha sido consistente la jurisprudencia en sostener que la actuación surtida al amparo de un estatuto procesal debe guiarse para efectos de la interposición del recurso de casación por sus normas propias y no resulta acertado entremezclar las disposiciones de uno y otro código.

1.5.2. En segundo término, contrariando los principios de suficiencia, especialidad y no contradicción, propuso, sin indicar que uno fuese subsidiario de otro, un cargo por falso juicio de identidad que recayó en el testimonio de Edgar Ignacio Fierro Flórez y en documentos contables, y a la par, uno por falso raciocinio respecto de la misma declaración.

Tal proceder denota su desconocimiento del contenido de uno y otro yerro, pues mientras el falso juicio de identidad parte de la base que la prueba fue apreciada en forma parcial, de modo que se le distorsionó, parceló o agregó algún aspecto; el falso raciocinio da por sentado que la valoración fue completa, íntegra pero el juzgador erró en un momento posterior al de su contemplación, justamente cuando extractó las inferencias lógicas que de ellas devienen. Además, el de identidad no ocurre porque el juzgador otorgue o no crédito a una determinada prueba.

Ahora, lo planteado al esbozar el primer cargo no apuntó a nada distinto que a un intento inútil de imponer su criterio sobre el del fallador acudiendo a argumentos simplistas y carentes de fundamento.

1.5.3. El segundo cargo lo tituló como falso raciocinio porque según dijo el tribunal desconoció reglas de la experiencia. No obstante, en su desarrollo se refirió a la existencia de un falso juicio de convicción, lo que hace de la censura una mixtura incomprensible porque mientras el primero es una modalidad de error de hecho, el segundo corresponde a uno de derecho.

Aún de superar tal equívoco y entender que lo promueve por la vía del falso raciocinio, lo cierto es que tampoco es posible darle curso toda vez que olvidó indicar en qué consistió el yerro judicial. Si bien indicó los medios probatorios sobre los que supuestamente recayó, no precisó qué fue lo que de ellos infirió o dedujo el fallador, cuál fue el mérito persuasivo otorgado y cuál la regla de la lógica o la máxima de experiencia o sentido común que se desconoció.

Es cierto, ninguna regla de la experiencia exhibió capaz de ser considerada como tal y que permitiera advertir que las conclusiones del ad quem fueron erradas. No resultan admisibles como tales los enunciados apenas personales, subjetivos y sin respaldo, como los exhibidos por el censor.

No es válido aceptar como regla de la experiencia la afirmación según la cual todos los grupos armados al margen de la ley tienen incidencia en el nombramiento de funcionarios públicos o en políticos de gran cantidad de municipios, y menos que quienes han accedido a esos cargos lo han hecho por acuerdos para defraudar al erario público. Ello es una mera especulación basada en asertos genéricos carentes de soporte, aceptación y comprobación. Al escrito no se allegó prueba de que ello fuera certero.

Si en parecer del delegado esas hipótesis tenían ocurrencia en el caso concreto, debió demostrarlas a través de medios probatorios. No lo hizo.

Fácilmente se evidencia que su reproche no es más que su percepción propia de los hechos y su desacuerdo con el tribunal por no haber logrado convencerlo de la acusación, pero vacíos de profundidad y análisis jurídico.

Conforme a lo expuesto, las demandas serán inadmitidas. La Corte ha revisado la actuación y, con excepción de lo que a continuación se expone, no ha advertido graves violaciones de derechos o garantías que le impongan entrar oficiosamente al fondo del asunto.

2. La casación oficiosa.

2.1. El tribunal modificó las sanciones impuestas por el fallador de primer grado, pero al realizar la nueva labor de dosificación punitiva olvidó tener en cuenta los parámetros fijados por el a quo, lo que quebranta el debido proceso y lesiona los derechos de los acusados. Así las cosas, se hace necesario intervenir oficiosamente a efectos de restablecer tales garantías.

2.1.2. En relación con Juan Carlos Méndez Gutiérrez:

En primera instancia fue condenado como determinador, pero el ad quem consideró que lo debido era tenerlo como interviniente, por lo que degradó así la pena a 80 meses.

Por el punible de peculado estableció los cuartos, se ubicó en el primero de ellos (de 54 a 74.25) e impuso 60 meses tras señalar que ello obedecía a la gravedad de la conducta; luego aumentó 20 meses por el concurso con el reato de celebración indebida de contratos, para un total de 80 meses de prisión e igual término para la accesoria de interdicción de derechos.

Desconoció el tribunal que cuando así se procede en segunda instancia es imperioso atender los parámetros que para la dosificación punitiva tuvo en cuenta el a quo. Así, este impuso por el delito de peculado 72 meses, que correspondían al extremo inferior del primer cuarto y que por razón del concurso incrementó 24 meses. Igualmente, pasó por alto que cuando se señala una pena que se aleja del extremo mínimo es indispensable, en todos los casos, indicar los motivos para ello, y que la simple afirmación de grave de la conducta no resulta suficiente.

Lo debido era, entonces, imponer 54 meses por el peculado, esto es, lo correspondiente al extremo inferior del primer cuarto y, por razón del concurso, incrementar ese monto en lo equivalente a 24 meses(46), luego de rebajarle una cuarta parte(47), que en este caso serían 18 meses, para una pena definitiva de 72 meses de prisión.

Así las cosas, se casará la sentencia para fijar la pena privativa de libertad en 72 meses de prisión e igual término para la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas.

2.1.3. En relación con Edgar Eduardo Riveros Rey:

El tribunal lo absolvió por el delito de peculado y consideró que debía responder como interviniente por el de contrato sin cumplimiento de requisitos y autor del concierto simple. En consecuencia, a la sanción punitiva establecida para el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales le hizo la rebaja de una cuarta parte y, luego de fijar los cuartos, se ubicó en el primero de ellos (de 36 a 54 meses), e impuso 50 meses sin expresar razón alguna. Después, por el concurso con el punible de concierto para delinquir aumentó la mitad de 45 meses(48) para imponer una pena de 72 meses y 15 días.

El ad quem no solo olvidó que para alejarse del extremo mínimo es necesario indicar con claridad y precisión los motivos para ello, sino que el a quo impuso la pena correspondiente al extremo inferior del primer cuarto, por lo que lo correcto era imponer 36 meses. Adicionalmente, desconoció que el incremento por el concurso de conductas punibles debe corresponder al porcentaje aumentado en primera instancia.

En ese orden, por el peculado debe imponerse el extremo mínimo del primer cuarto, es decir, 36 meses; y aumentar 9 meses(49) por razón del concurso, para un total de 45 meses.

Debe advertirse que el tribunal pasó por alto imponer la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, por lo que la Corte no corregirá ese yerro en tanto agravaría la situación del procesado.

Se casará el fallo para imponer 45 meses de prisión.

2.1.4. En relación con Alfredo Alberto Noya Zabaleta:

El tribunal consideró que debería responder en grado de cómplice y fue así como al tasar la pena por el delito de peculado hizo la rebaja de una sexta parte a la mitad, estableció los cuartos, se ubicó en el primero de ellos (de 36 a 66 meses), e impuso 40 meses; luego aumentó 30 meses por el contrato sin cumplimiento de requisitos y 24 por el concierto para un total de 64 meses(50).

Nuevamente desconoció que el a quo, para sancionar el peculado, eligió el primer cuarto e impuso el monto correspondiente al extremo inferior y por el concurso incrementó 24 meses por el contrato y 18 más por el concierto para delinquir.

En consecuencia, lo debido era por el peculado establecer una pena de 36 meses y, por el concurso, aumentar 12 meses por el contrato sin cumplimiento de requisitos legales y 9 meses más por el concierto(51), para una pena definitiva de 57 meses de prisión.

Se casará entonces el fallo para fijar la pena en 57 meses de prisión e igual término para la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas.

En lo demás, la sentencia queda incólume.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia y por autoridad de la República,

RESUELVE:

1. INADMITIR las demandas de casación presentadas por los defensores contractuales de Alfredo Alberto Noya Zabaleta, Edgar Eduardo Riveros Rey, Juan Carlos Méndez Gutiérrez y Gustavo César Medrano Villalba, así como por el fiscal 16 delegado ante los juzgados del circuito especializado contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Barranquilla.

2. Casar oficiosa y parcialmente la sentencia referida para fijar las penas de Juan Carlos Méndez Gutiérrez en setenta y dos (72) meses de prisión e igual término para la de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas; de Edgar Eduardo Riveros Rey en cuarenta y cinco (45) meses de prisión, y de Alfredo Alberto Noya Zabaleta en cincuenta y siete (57) meses de prisión e igual término la de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas.

En lo demás, se mantiene incólume.

3. DEVOLVER la actuación al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(27) Folio 12 del libelo, 214 del cuaderno del tribunal.

(28) Folio 15 del libelo y 217 del cuaderno 2 del tribunal.

(29) Folios 16 y 218, íd.

(30) Folios 978 del fallo y 121 del cuaderno original 35.

(31) Folio 33 del fallo, 291 del cuaderno 1 del tribunal.

(32) Folios 34 y 292, íd.

(33) “ART. 54.—Quórum deliberatorio y decisorio. Todas las decisiones que las corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerirán para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto de la mayoría de los miembros de la corporación, sala o sección.

Es obligación de todos los magistrados participar en la deliberación de los asuntos que deban ser fallados por la corporación en pleno y, en su caso, por la sala o la sección a que pertenezcan, salvo cuando medie causa legal de impedimento aceptada por la corporación, enfermedad o calamidad doméstica debidamente comprobadas, u otra razón legal que imponga separación temporal del cargo. La violación sin justa causa de este deber es causal de mala conducta...”.

(34) Ver folio 40 del fallo, 298 del cuaderno original 1 del tribunal.

(35) Folio 79 del proveído, 103 del cuaderno original 35.

(36) Folio 41 del fallo, 299 del cuaderno 1 del tribunal.

(37) 41 del cuaderno original 35.

(38) Folios 67 del fallo y 91 del cuaderno original 35.

(39) Folios 68 y 92, íd.

(40) Folios 74 y 98, íd.

(41) Folios 67 y 91, íd.

(42) Sentencia del 12 de julio del 2001 (Rad. 11.288).

(43) Folio 276 del cuaderno original 2 del tribunal.

(44) Folios 34 del fallo y 58 del cuaderno original 35.

(45) Folios 32 del proveído y 290 del cuaderno original 1 del tribunal.

(46) Esto es lo que inicialmente aumentó el juez.

(47) Ello justamente porque según el artículo 30 del Código Penal al interviniente se le disminuye la pena en una cuarta parte.

(48) Ver folio 349 del cuaderno original 1 del tribunal, que corresponde al auto aclaratorio.

(49) Corresponde al porcentaje equivalente a 18 meses impuestos por el a quo.

(50) Así consta en el folio 48 del fallo.

(51) Corresponden al porcentaje equivalente al aumento punitivo hecho por el juez.