Sentencia 37442 de diciembre 18 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 426

Magistrado ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Bogotá, D.C., dieciocho de diciembre de dos mil trece.

Asunto

Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Jaime Enrique Torres Ochoa, contra el fallo del 13 de julio de 2011 proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, mediante el cual revocó la sentencia absolutoria emitida el 15 de marzo del mismo año por el Juzgado Dieciséis Penal Municipal de la ciudad, para en su lugar condenarlo a dieciséis (16) años de prisión y multa de 4.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como coautor del delito de extorsión agravada.

Hechos

El 31 de mayo de 2009, Jaime Enrique Torres Ochoa fue capturado en el centro comercial Unicentro de esta ciudad por agentes del Gaula, después de recibir $ 4.000.000 de Álvaro Humberto Romero Bernal y en el momento en que le expedía a este un recibo de pago. Desde marzo de dicho año, a Romero Bernal se le exigió bajo amenazas de muerte consignar dineros en una cuenta del Banco Colmena de Luis Torres Ochoa, ya que los hermanos le venían exigiendo la cancelación de la deuda contraída con el primero, a raíz de un negocio de esmeraldas efectuado en septiembre de 1999.

Actuación procesal

El 31 de mayo de 2009, ante el juez 32 penal municipal con función de control de garantías, el Fiscal 151 Local de esta ciudad, solicitó la legalización de la captura de Torres Ochoa, le formuló imputación por el delito de extorsión agravada y pidió la imposición de medida de aseguramiento.

El 26 de junio de 2009 la Fiscalía presentó escrito de acusación y el 29 de julio del mismo año, en audiencia ante la juez dieciséis penal municipal de Bogotá formuló acusación por el delito imputado.

El 15 de abril de 2011, la citada funcionaria dictó sentencia en la cual absolvió a Ochoa Torres, la que recurrida por la Fiscalía y coadyuvada la apelación por el apoderado de la víctima, fue revocada por el Tribunal Superior de Bogotá conforme quedó consignado al inicio de esta decisión.

DE LA DEMANDA

La Sala mediante auto del 27 de junio de 2012 inadmitió el cargo único de la demanda, propuesto con sustento en la causal primera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, el cual denuncia la violación directa de la ley por aplicación indebida de los artículos 9º, 10, 244 y 245 del Código Penal, por sus evidentes falencias de técnica.

No obstante, en decisión del 21 de agosto de 2013 por insistencia del recurrente a través de la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, dispuso superar los defectos del libelo y disponer su trámite con miras a preservar la garantía de tipicidad.

Audiencia de sustentación

El recurrente

Solicita tener en cuenta que este asunto se refiere a una obligación anterior a las presuntas amenazas. En cuanto a la misma, advierte que la víctima reconoce y acepta que en el mes de septiembre de 1999, compró un lote de esmeraldas por un valor aproximado a 40 millones de pesos. En esa ocasión canceló veinte millones, mientras el saldo quedó representado en un vale suscrito por él.

Expresa que en marzo de 2009 Álvaro Humberto Romero Bernal se reunió con los hermanos Torres en la cafetería del hospital militar, donde le exigieron el pago del dinero y le suministraron el número de una cuenta bancaria, en la cual dicho saldo.

Señala que Romero Bernal a pesar de ello, en mayo acudió al Gaula y denunció a Torres ante la Fiscalía.

Manifiesta que Ricardo Tunjano, presencial de la transacción y trabajador de la víctima, da cuenta de la transacción, como también lo hacen Pedro Carranza Dueñas y Nibardo Solís Castro.

Con ellos se establece la existencia de la obligación, cuyo único abono lo hizo Pedro Carranza quedando la obligación en cabeza de Romero Bernal, quien realizó pagos parciales hasta marzo de 2009. A pesar de los abonos y la entrega de la esmeralda, quedaba un saldo a favor de Torres Ochoa.

Según el artículo 2536 del Código Civil la acción ejecutiva prescribe en diez (10) años; por lo cual la acción prescribía en septiembre de 2009, luego el cobro de la deuda estaba vigente entre marzo y mayo de ese año, obligación exigible ante las autoridades judiciales.

De acuerdo con la prueba se trató de un negocio de esmeraldas, en el que la costumbre permite que la palabra sea suficiente para su celebración, luego ante el incumplimiento de Romero Bernal el acusado buscó su pago utilizando unas letras de cambio giradas por Carlos Humberto Castro a Luis Torres, lo cual resulta acorde con los artículos 666 y 1849 del Código Civil que imponía a cargo del deudor la prestación de una obligación de contenido patrimonial.

El Tribunal pasó por alto estas circunstancias, y dedujo un constreñimiento para la obtención de provecho económico ilícito, cuando a lo sumo por la existencia de la obligación su recaudo por fuera de los medios judiciales constituiría el constreñimiento descrito en el artículo 182 del Código Penal.

Respecto de la obligación natural en que según el ad quem se transformó la civil, la cual no da derecho a exigir su cumplimiento, tratándose del fenómeno de la prescripción esta debe ser alegada por la parte interesada según el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, es decir no puede ser declarada oficiosamente por los jueces.

Las equivocaciones del Tribunal lo llevan a dejar de lado las previsiones del artículo 2514 del Código Civil, como también omite explicar cuál es el lapso o período en que en este asunto prescribiría la acción civil.

Pide casar la sentencia y dictar una de reemplazo en la cual se absuelva Torres Ochoa del delito de extorsión agravada por el cual fue condenado.

Los no recurrentes

La Fiscalía considera acertada la decisión de la Sala de aceptar la insistencia a petición de la Procuradora Delegada, en razón a que el Tribunal incurrió en un error de juicio que llevó a condenar a Torres Ochoa.

De las pruebas y los hechos probados se infiere que ese delito no se estructura, porque si se trató de un negocio jurídico en el que el denunciante hizo abonos, con lo cual interrumpía el término prescriptivo de la acción cambiaria, es claro que en el 2009 cuando se le constriñó para que cancelara lo adeudado dicha acción no se encontraba prescrita.

El error del tribunal provino de considerar que la acción civil había fenecido por el paso del tiempo, lo cual la convertía en natural. Omitió las normas que regulan ese fenómeno y si en algún momento el término prescriptivo fue interrumpido, no dijo por qué se trataba de un pagare cuando al proceso no se allegó el documento, sin tener en cuenta que los declarantes siempre hablaron de un vale contentivo de la deuda.

La obligación de Romero Bernal estaba vigente para la época de los sucesos investigados, pues hizo abonos en octubre de 1999, luego en el 2003, posteriormente subrogó la obligación a Carlos Humberto Castro.

Comparte los planteamientos de la Delegada, a los cuales se remite, porque de acuerdo con la normatividad citada en el concepto, la deuda era exigible para el mes de marzo de 2009.

En ese contexto la exigencia para su pago se enmarcó dentro del parámetro de las normas citadas, de manera que ningún provecho económico ilícito obtuvo, razón por la cual decae la tipificación de la conducta de extorsión descrita en el artículo 244 del Código Penal.

No comparte la petición de absolución elevada por la defensa, porque lo que queda demostrado es que si bien esa obligación existió, al momento que profirió amenazas para su cobro se configura el constreñimiento ilegal.

La acción ilegal del procesado tuvo como propósito el cobro de la deuda, luego lo sucedido antes de su captura demuestra que no se trató de una extorsión sino su cancelación total a través de medios coercitivos, de manera que el fallo que debe proferirse es uno de sustitución en el que se le condene por la conducta de constreñimiento ilegal, conforme al derrotero trazado por la jurisprudencia de la Corporación, en cuanto puede condenarse por una conducta de menor entidad.

El representante de la víctima solicita no casar la sentencia, porque con sustento en el artículo 2536 del Código Civil la acción ejecutiva prescribió en octubre de 2004. Los abonos hechos en marzo y mayo de 2009 no fueron voluntarios y por lo tanto no puede haber interrupción del término.

De otro lado hubo una novación de la obligación no subrogación por sustitución del deudor, figura jurídica prevista en los artículos 1625, 1687, 690 del Código Civil por lo cual es dable afirmar que fue extinguida, de modo que la víctima ya no debía una vez firmadas las letras, luego las amenazas y el constreñimiento configuran la extorsión debido a que el acusado estaba obteniendo un provecho económico indebido.

Considera que ningún reproche debe hacerse al tribunal, pues la sentencia es justa, basada en pruebas y su resolutiva no desatiende su motivación.

La procuradora delegada se remite a su escrito de insistencia, para luego referirse a los elementos que configuran el delito de extorsión y a la existencia del negocio jurídico relacionado con la compra de esmeraldas, en el que Romero Bernal firmó un vale por veinte millones, de los cuales abonó 10 millones en el 2004 y una gema.

Como el vale no es un título valor, de acuerdo con las normas del Código de Comercio se rige por la normatividad civil, cuya acción prescribe en cinco (5) años que la convierte ordinaria por otros cinco, frente a los cuales es posible que opere la interrupción de la prescripción a la que se renuncia cuando se hacen abonos parciales.

En razón a que la Ley 791 de 2002 modificó los términos de prescripción es necesario acudir al artículo 41 de la Ley 153 de 1887, en cuyo caso es el obligado el que puede escoger cuál de las dos disposiciones acoge, de modo que si recurre a la nueva norma el término empieza a contarse a partir de su vigencia.

En esas circunstancias, para marzo de 2009 cuando se iniciaron las exigencias de pago bajo amenazas, las obligaciones existentes a cargo de Romero Bernal no habían prescrito como erróneamente lo considera el Tribunal, de modo que no se configura la extorsión.

Si la finalidad perseguida no es ilícita y lo irregular es solo la forma en que la deuda es reclamada, se estructura el delito previsto en el artículo 182 del Código penal por el cual ha debido ser condenado el acusado, como quiera que nada cambia la imputación fáctica hecha por la Fiscalía, en tanto que la defensa también se ejerce sobre dicho aspecto y no solo en el jurídico.

En relación con la supuesta omisión de algunos medios de prueba que no fueron valorados, considera que el recurrente quiere sacar avante su tesis defensiva a través de alegaciones propias de instancia, desconociendo que en el sistema procesal rige el principio de libertad probatoria por lo cual no era necesario el cotejo de voz, ya que por medio de otras pruebas se llegó a la convicción que las amenazas eran realizadas por el acusado.

Solicita casar parcialmente la sentencia para proferir un fallo sustitutivo, en el que Torres Ochoa sea condenado por el delito de constreñimiento ilegal.

Consideraciones

En el juicio oral se probó que en el mes de septiembre de 1999, Álvaro Humberto Romero Bernal y Pedro Carranza compraron al acusado, a Heraclio Carillo Osorio y a Jaime Castro, un lote de esmeraldas por un valor de cuarenta millones de pesos. Ese día, los compradores entregaron veinte millones ($ 20.000.000) de pesos en dinero efectivo y para garantizar la cancelación del saldo, Romero Bernal firmó un vale pagadero a treinta días.

En razón de dicho negocio, nace la obligación de pagar en el plazo fijado el resto del precio de las esmeraldas, a la cual se comprometió Romero Bernal mediante la firma del “vale” para “garantizar [el pago de] la deuda”.

Independientemente de las circunstancias que impidieron la cancelación de la obligación en el plazo convenido, se aduce la falta de cristalización de las piedras preciosas que afectó su venta, del número de compradores, la víctima asegura que Ricardo Tunjano fue uno de ellos, del abono posterior en dinero y otro en especie en fecha indeterminada, entregó una gema como parte del pago, quedó un saldo de diez millones.

Tratándose de una obligación civil, porque los compradores tenían el derecho a exigir su cumplimiento, recuérdese que en el negocio de esmeraldas basta la palabra o la extensión de documento sin formalidad alguna, para entender que los contratantes se encuentran obligados, el Tribunal incurre en el error de juicio reprochado en la demanda.

En principio el denominado “vale”, el cual físicamente no fue incorporado a esta actuación como lo anota el Fiscal, pero que de acuerdo con los testigos se trata de un simple papel firmado por Romero Bernal, en estas condiciones no reúne los requisitos generales de los títulos valores ni del pagaré, señalados en la legislación mercantil para ellos(1).

En consecuencia, resulta inapropiado que el Tribunal haya acudido a la prescripción cambiaria directa consagrada en el artículo 789 del Código de Comercio, para indicar que tal fenómeno había operado respecto de aquél documento.

Del mismo modo, el ad quem se equivoca al afirmar que el “vale” fue “girado hace más de 10 años”, puesto que si la compra de las esmeraldas se llevó a cabo en septiembre de 1999 y las amenazas iniciaron en marzo de 2009 y se prolongaron hasta el mes de mayo, ese lapso aún no se había cumplido.

Dicho error lo condujo a aseverar que la obligación civil había mutado a natural en virtud de la prescripción prevista en el artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8º de la ley 791 de 2002, en concordancia con el numeral 2º del artículo 1527 del mismo código, por tanto sin posibilidad de ser exigida judicialmente, lo cual no la hace ilícita sino carente de fuerza coercitiva, y su cobro mediante amenazas constitutiva del delito de extorsión.

En esas condiciones, Romero Bernal estaba obligado a pagar el saldo insoluto como deudor solidario, con el vale suscrito por él, que respaldaba la deuda de uno de sus socios según su versión(2) y la de Ricardo Tunjano(3), o deudor directo debido a que Pedro Carranza asegura haber pagado lo suyo(4), lo cual ratifica uno de los vendedores al indicar que aquél quedó debiendo su parte, pues sólo los dos compraron las gemas(5).

En ambos supuestos, en el momento que Romero Bernal es conminado bajo amenazas por el acusado y su hermano, existía una obligación civil actualmente exigible que no era distinta a la de pagar lo adeudado con ocasión del negocio de las esmeraldas, el cual de otro lado es lícito.

La misma tampoco había sido extinguida por novación como lo afirma el representante de la víctima, en tanto que la sustitución del deudor operó con posterioridad al inicio de las amenazas y quien asumió el supuesto pago de la obligación, ninguna vocación tuvo de hacerlo por los problemas suscitados entre acreedores y deudores, como claramente lo expresa Heraclio Carrillo Osorio.

Así las cosas, mediante las amenazas Torres Ochoa no procuraba obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, ingrediente subjetivo que cualifica al delito de extorsión tipificado en el artículo 244 del Código Penal, sino que el compelido pagara lo debido.

La Corte sobre el tema ha dicho que el tipo penal de la extorsión “está exigiendo una conducta con propósito definido capaz de doblegar la voluntad de una persona para hacer, tolerar u omitir aquello que el sujeto activo de esa conducta quiere, es decir, provecho que ha de ser necesariamente de orden económico, a juzgar por la ubicación de este tipo penal dentro de los delitos que protege el bien jurídico patrimonial de esa naturaleza”(6).

Y ha agregado que “cotejados los dos tipos penales en cuestión, artículos 182 y 244 de la Ley 599 de 2000, el único elemento que los distingue hace relación al ingrediente subjetivo, pues aunque en ambos se pune a quien “constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa” la extorsión demanda como finalidad la obtención de un provecho ilícito”(7).

Luego si el acusado exigía lo suyo, su conducta se ajusta a la descripción típica del artículo 182 del estatuto punitivo, bajo la denominación del constreñimiento ilegal, tipo subsidiario que sanciona la acción de constreñir a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, a condición que la misma no esté especialmente prevista como delito.

Incurre en ese hecho punible el acreedor que hace uso de la violencia o las amenazas en lugar de acudir a la jurisdicción civil para obtener el pago de la acreencia, porque aun cuando el acto de cobrar sea legítimo el sistema jurídico no lo autoriza para hacer justicia por su propia mano.

El Tribunal cita y comparte decisiones de la Sala, en cuanto a la diferencia sustancial de los dos reatos para insistir en la materialidad del delito de extorsión, debido al error en que incurre al sostener que la acción civil para el cobro de la obligación se había extinguido por el transcurso del tiempo, sin tener en cuenta además que quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, ya que el juez no puede declararla de oficio según los términos del artículo 2513 del Código Civil.

Al margen de los alcances que le da a la obligación natural y sus efectos, lo cual no es el objeto de discusión, el ad quem tiene claro que las amenazas del acusado a la víctima buscaban que esta pagara lo debido, de tal modo que el supuesto fáctico en este asunto no se transforma por el error al acoger una norma penal en vez de aplicar la pertinente sino hubiera incurrido en él.

Esto es, ninguna duda hay con relación a la deuda contraída por Romero Bernal, a su impago parcial y a las amenazas de Torres Ochoa para que la misma le fuera cancelada.

Desde esa perspectiva, razón asiste al recurrente y a los intervinientes en este asunto, en cuanto a que la conducta imputable al acusado no encaja en la descripción típica de la extorsión, porque su comportamiento no estaba enderezado a obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito para sí o un tercero, sino el pago de la deuda establecida en cabeza de Romero Bernal.

Sin embargo, el reconocimiento del error en el cual incurrió el Tribunal no conduce a la absolución del acusado como el impugnante lo plantea y la a quo en su momento lo decidió, sino que por el contrario su conducta se ajusta al tipo penal del constreñimiento ilegal, sin que su condena por este hecho desconozca las garantías fundamentales a las cuales tiene derecho.

Se respeta íntegramente el supuesto fáctico referido en el escrito y en la audiencia de formulación de la acusación, el cual fue probado en el juicio oral y la Fiscalía en los alegatos finales pidió la condena del acusado por ese hecho, esto es, la víctima fue constreñida mediante amenazas a pagar lo adeudado, en otras palabras obligada contra su voluntad a hacer alguna cosa, luego la imputación fáctica se mantiene inalterable con sujeción a lo previsto en el artículo 446 de la Ley 906 de 2004.

Además, la Corte ha reconocido la posibilidad de realizar modificaciones a la adecuación típica, a condición que ella signifique un favorecimiento de la situación del acusado(8).

En cuanto a las observaciones adicionales, según las cuales se omitió prueba que incidía en el sentido del fallo, olvida el recurrente que en virtud del principio de libertad probatoria no era indispensable la realización del cotejo solicitado para establecer de quién provenía las amenazas, si de otro lado la prueba testimonial practicada y controvertida en juicio no deja ninguna duda, como bien lo estableció el Tribunal que las mismas fueron hechas por Jaime Enrique y su hermano Luis.

En ese orden de ideas, se casará parcialmente la sentencia de segunda instancia para condenar a Jaime Enrique Torres Ochoa por el delito de constreñimiento ilegal en vez del de extorsión.

La pena consagrada en el artículo 182 del Código Penal para dicho delito, es prisión de uno (1) a dos (2) años, la cual en virtud del incremento señalado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 se establece en dieciséis (16) a treinta y treinta y seis (36) meses.

En ausencia de circunstancias modificadoras de los límites mínimos y máximos de la pena señalados en precedencia, la misma se fijará en el mínimo del primer cuarto del ámbito de movilidad punitiva, dieciséis (16) meses de prisión, en razón a que al acusado no le son imputables agravantes y concurren únicamente atenuantes punitivas.

Ese quantum no será modificado, con atención a los factores de ponderación relacionados con la conducta, el daño, el dolo, la necesidad de la pena y la función que ella debe cumplir en este asunto.

Debido al monto de la sanción que se impone en esta sede a Ochoa Torres, la Sala considera que tiene derecho al mecanismo sustitutivo de la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, la cual suspenderá por un período de prueba de dos (2) años, previa caución que se fija en un (1) salario mínimo legal mensual vigente y suscripción de diligencia compromisoria en los términos del artículo 65 del Código Penal, en tanto los antecedentes de todo orden del sentenciado y el delito atribuido, son indicativos de que no requiere tratamiento penitenciario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Casar parcialmente el fallo de origen, naturaleza y contenido indicados, de acuerdo con el cargo propuesto en la demanda y en su lugar, condenar a Jaime Enrique Torres Ochoa a la pena de dieciséis (16) meses de prisión como coautor del delito de constreñimiento ilegal, en los términos consignados en esta sentencia.

2. Conceder a Torres Ochoa la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, previa caución y suscripción de diligencia compromisoria, en las condiciones fijadas en la motivación de este fallo. Por secretaría líbrese las comunicaciones pertinentes.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: José Leonidas Bustos MartínezJosé Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—María del Rosario González Muñoz—Gustavo E. Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, secretaria.

(1) Artículos 621, 709 del Código de Comercio.

(2) Min 58:00, registro de audio 110014009016_0

(3) Min 29:42, registro de audio 110014009016_1

(4) Hora 01:14.06, registro de audio 110014009016_2

(5) Heraclio Carrillo Osorio; hora 2:04:43, registro de audio 1100140009016_2

(6) Sentencia de casación, 23 de agosto de 1995, radicación 8864.

(7) Sentencia de casación, 24 de octubre de 2007, radicación 22065.

(8) Basta con citar en ese sentido, la sentencia de casación septiembre 11 de 2013, radicación 421790.