Sentencia 37461 de marzo 9 de 2010

 

Sentencia 37461 de marzo 9 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 37461

Magistrado Ponente

Dr. Luis Javier Osorio López

Acta 7

Bogotá, D.C., nueve de marzo de dos mil diez.

Se resuelve el recurso de casación interpuesto por Rodrigo Díaz Montero contra la sentencia del 14 de mayo de 2008, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso ordinario adelantado por  el recurrente contra la  sociedad Gases Industriales de Colombia S.A. “Cryogas”.

EXTRACTOS: «VIII. Se considera

De una vez se acepta, que son acertados los reproches técnicos que la parte opositora le formula al cargo, acorde con los razonamientos que a continuación se expresan

En efecto, la acusación que se examina es más un alegato de instancia, que no corresponde con los lineamientos que rigen el recurso extraordinario de casación, pues en ella la censura se limita a exponer unas argumentaciones sin sentido que no demuestran que el tribunal hubiere incurrido en la violación legal de que se le endilga.

No acusa la censura ninguna norma jurídica de alcance nacional que consagre los derechos que está pretendiendo en el proceso, requisito indispensable que debe reunir toda demanda extraordinaria de acuerdo con el artículo 90-5 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. La Corte, en sentencia de casación del 21 de febrero de 1974, cuya orientación ratificó, entre otras, en la del 13 de mayo de 2005, radicación 24682, adoctrinó que:

“Uno de los requisitos fundamentales para la debida estructuración de un cargo en este recurso extraordinario, es el de que señale la violación de normas sustanciales, entendiéndose por tales las que crean o establecen un derecho concreto y la obligación correlativa. Las disposiciones meramente procedimentales pueden ser objeto de examen en casación laboral, cuando su violación ha sido el medio por el cual se quebrantaron los respectivos preceptos sustanciales; pero aquellas por sí solas, no relacionadas con estos, impiden a la Sala invalidar el fallo acusado, pues el vicio in judicando y no in procedendo es el que da lugar a dicha invalidación.

En un cargo formulado por la vía directa, la parte recurrente debe admitir todos y cada uno de los supuestos que fácticos(sic) que dio por demostrados el sentenciador, ya que en esa modalidad de violación, el error de juicio o de puro derecho debe constar en el texto o cuerpo de la sentencia, pues si es necesario examinar pruebas, piezas procesales, actuaciones judiciales o cualquier otro elemento extraño a la decisión que se acusa, se estará frente a otro concepto de violación distinto de dicha vía. Esto no ocurre en el asunto bajo examen en el que se le propone a la Corte la revisión de parte del expediente.

La infracción directa como uno de los submotivos de la violación directa de la ley, supone la no aplicación por el juez del precepto que regula el caso, bien porque ignora su contenido o se rebela contra su mandato. Y en punto al artículo 217 del Código de Procedimiento Civil  que regula la tacha de testigos, resulta evidente que el tribunal si aplicó dicho precepto, en cuanto precisamente respondió en sentido negativo las argumentaciones de la parte apelante en torno a la pretendida tacha de los testigos sobre los cuales fundamentó su convencimiento el sentenciador de la alzada, apreciaciones que la censura, como se dijo al inicio, no desvirtuó, ya que simplemente se limitó a lanzar aseveraciones sin respaldo alguno.

Por lo acotado, el cargo se rechaza.

IX. Segundo cargo

Afirma que en la sentencia se incurrió en un error de hecho y de derecho y viola los artículos 62 del Código Sustantivo del Trabajo y 76 del reglamento interno de trabajo de la empresa demandada “por interpretación errónea y error de hecho en la contemplación de pruebas”.

En cuanto al error de hecho sostiene que el actor no recayó en las conductas referidas por el tribunal, ya que solamente se limitó a los testimonios de James Rojas y Ángela Salamanca, los cuales fueron tachados en su oportunidad ante el juzgado, pero que no resolvió sobre eso en la sentencia, además de que el tribunal “se apresuró a tenerlos en cuenta e indicar que estos no resultaban sospechosos sin tener en cuenta que sobre los mismos recaía una tacha que debió haberse resuelto en su oportunidad, tal y como lo señala el artículo 58 del Código Procesal del Trabajo”.

Dice, igualmente, que hay una “interpretación errónea (en cuanto a las pruebas) en lo dicho anteriormente”, pues no se niega que el trabajador “haya departido unas copas de vino” con ocasión del cumpleaños de su esposa y tiempo antes de ingresar a sus labores, pero que ello no significa que haya llegado embriagado a la empresa, pues así lo atestiguó Lorenzo Amado, el único testigo directo e imparcial. Destaca que la causal legal de despido habla de un estado de embriaguez y que “tomarse una copa no es sinónimo de embriaguez, como lo pretende hacer ver el juez, además fue una omisión de la empresa, no tomarle las muestras o acudir al médico de la empresa…”.

Asevera que las funciones que realizaba el día de su despido, no se encuentran dentro de las funciones propias de su cargo y para las cuales fue contratado y que de otro lado, la empresa no observó que el día de los hechos estaba de descanso, siendo llamado por la empleadora sin programación alguna.

Alega que “la interpretación errónea del artículo 60 del Código Sustantivo de Trabajo, recae en confundir el estado de embriaguez, con haber ingerido unas copas de vino, pues aquel es la turbación pasajera de los sentidos por el exceso de alcohol ingerido, que jamás fue probado y que para ser demostrado debió existir una prueba técnica  que demostrase el grado de alcohol de mi representado y no únicamente los testimonios de dos personas que fueron objeto de tacha, dejando de lado otras pruebas obrantes en el proceso, como los testimonios de otras personas…”.

En punto al error de derecho, observa que en el mismo incurrió el tribunal al darle calidad de confesión a lo argüido por el trabajador de haberse bebido unas copas de vino y concluir que estaba embriagado, “para lo cual coteja este dicho con los testimonios de James Rojas y Ángela Salamanca, los que fueron objeto de tacha y esta no fue resuelta,  motivo por el cual no podían ser considerados estos testigos, como prueba, sin resolver el requisito anterior a la luz del artículo 217 y 218 del Código de Procedimiento Penal…”.

X. La réplica

Sostiene que es incompleta la proposición jurídica; que el cargo confunde las violaciones directas e indirectas de la ley y que de todas maneras el recurrente o(sic) demuestra la comisión de un error de hecho manifiesto.

XI. Se considera

Para las resueltas de este cargo, es importante recordar que las objeciones expresadas en el cargo anterior relativas a la ausencia de denuncia de las normas jurídicas de alcance nacional que consagran los derechos pretendidos en el proceso, son también aplicables al presente caso, pues la censura omite ese requisito insoslayable de toda demanda de casación.

De otro lado, en lo que tiene que ver con el supuesto de error de hecho cometido por el tribunal, debe recordarse que al tenor de lo preceptuado por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, ese error en la casación laboral se configura cuando se incurre en la apreciación equivocada de una confesión judicial, documento auténtico o inspección judicial, por lo cual la prueba testimonial, en principio, no es idónea para posibilitar un yerro de esas características. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte ha permitido su examen, siempre y cuando se demuestre un yerro ostensible de valoración en los medios de prueba inicialmente reseñados.

En el cargo que se examina, la censura no acredita o no demuestra un error de valoración sobre una de las pruebas calificadas a que alude el precepto en mención y por ello es imposible el análisis de la prueba testimonial.

Respecto del error de derecho al que hace alusión el impugnante, basta decir que para la demostración del estado de embriaguez de una persona como configurativa de una causa justa de despido, en el derecho del trabajo no se necesita de prueba solemne y específica, pues aparte de que ninguna disposición la exige, el juez puede formar libremente su convencimiento de acuerdo con el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

En consecuencia, se rechaza el cargo y las  costas del recurso son a cargo del impugnante, dado que hubo oposición a la demanda extraordinaria.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 14 de mayo de 2008 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario adelantado por Rodrigo Díaz Montero contra la sociedad Gases Industriales de Colombia S.A. Cryogas S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».