Sentencia 37498 de mayo 22 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Casación Rad. 37498

Magistrado Ponente

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Aprobado Acta 157

Armando Cabrera Polanco y otro

Bogotá, D.C., veintidós de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Primer cargo

Es cierto que los profesores Nicolás Antonio Yepes, Humberto Dussán y Carlos Arturo Solano declararon que en su oportunidad acordaron con Cabrera Polanco y Guilombo Gutiérrez cederles la totalidad del retroactivo que con ocasión de la pensión gracia les fuera reconocido, pero también lo es que no por eso debe ineluctablemente entenderse que lo mismo fue lo convenido con la docente Elsa Estrada, cuando en demérito de una tal aseveración existe prueba documental, específicamente el contrato de prestación de servicios, suscrito entre denunciante y acusados, en el que se conviene como honorarios un 30% del retroactivo, la propia versión de Guilombo Gutiérrez rendida en audiencia pública donde sostiene que su remuneración y obvio la de Cabrera Polanco, según se pactó y se plasmo en el precitado convenio, fue el equivalente al 30% de las sumas que se reconocieran como retroactivo.

En esas condiciones se revela la actividad del juzgador en sopesar los diversos medios de convicción para desechar aquellos que en aplicación de las reglas de la sana crítica y de la mejor evidencia no le merecían crédito y a cambio admitir en respaldo de sus conclusiones aquellos que sí lo ameritaban.

Luego esa labor, de la esencia del juez en el sistema de libre persuasión racional no revela el error de hecho que denuncia el casacionista por ser evidente que ante una narración de hechos, no propiamente los objeto de juicio, privilegió los que sí eran tema del debate y se hallaban acreditados no solo por vía testimonial, sino también documental y en ese orden a pesar de lo dicho por aquellos docentes sobre sus propios contratos terminó por aceptar lo que decía el convenio de prestación de servicios suscrito entre acusados y quejosa, lo cual esta misma aseguró y muy especialmente lo que en audiencia pública aseveró el propio Guilombo Gutiérrez.

Por eso, el casacionista más que evidenciar un yerro en la tarea intelectiva del juez al asignarle el valor suasorio a los medios de convicción, termina oponiendo su propio criterio en aras de que, enfrentado al del juez, se admita, sobre la base además de una supuesta regla de experiencia, que lo dicho por los tres profesores prementados debe aplicarse por igual a la situación contractual de la denunciante.

La balanza contrapone de un lado el testimonio de la ofendida, respaldado en documentos cuya validez y autenticidad no se cuestionó y finalmente ratificado por las propias aserciones del acusado Guilombo Gutiérrez, mientras que de otro se ubican las declaraciones de los profesores referidos por el censor nada más que apoyados en una supuesta regla de experiencia y no en ninguna otra evidencia de mejor talante que la documental o que la vertida por el propio acusado.

Ante ese panorama y dados los parámetros de la sana crítica propia del sistema de libre persuasión racional, era apenas obvio que se inclinara hacia el primer grupo de pruebas porque además de que estaban referidas a los hechos del caso, se presentaban fundadamente creíbles por hallarse ratificadas documentalmente y con la versión de uno de los acusados.

Pretender ahora que en desmedro de ellas se extienda la afirmación coincidente de los tres docentes a la situación autónoma de la denunciante, so pretexto de una aducida regla de experiencia que carece en verdad de la connotación de tal, como lo hace ver el Ministerio Público, denota por lo menos un absurdo que evidentemente la Corte no prohijará.

Precisamente la prueba documental representada por el contrato de prestación de servicios y la versión de Guilombo Gutiérrez hacen patente que la situación de los tres educadores no puede constituir una regla de experiencia que con carácter general o pretensiones de universalidad pueda o deba aplicarse a todos los contratos que tengan similar objeto. Las pruebas citadas, indudablemente, desvirtúan la calidad de regla de experiencia que el censor le pretende asignar a esa manera de contratar.

Seguramente lo que dicen los declarantes reseñados corresponde a la verdad, pero ese no es ciertamente el tema que suscita el debate, porque de todos modos es una verdad que no se relaciona con la situación de la quejosa, en cuyo respecto la que denotan las pruebas es otra, por eso mal puede afirmarse que lo dicho por aquellos pone en tela de juicio lo afirmado por esta.

Ahora, denuncia el demandante de modo simultáneo que el argumento del juzgador para desechar las afirmaciones de los citados profesores infringe la lógica, pero el reparo se queda en la mera enunciación porque en parte alguna se evidencia cuál fue el principio de ella que se vulneró, por eso resulta un imposible jurídico responder a un tal cuestionamiento.

Por lo mismo, ningún valor suasorio podría recuperar el instructivo suscrito por la denunciante referido a los requisitos que debía reunir para que los acusados actuaran en su nombre, porque como dijo el juzgador, la nota marginal allí impuesta, además de que no se demostró que fuera manuscrita por la ofendida, no logra derruir las inferencias racionales que el fallador sustrajo a partir del contrato de prestación de servicios, del testimonio de la víctima y de las afirmaciones del acusado Guilombo Gutiérrez.

El reparo, por tanto, carece de prosperidad porque ningún error trascendente en esta sede se demostró en el juicio del sentenciador al sostener inaplicable a la situación de la denunciante, la declarada por sus compañeros profesores

Segundo cargo

Es igualmente cierto que Elsa Estrada Morales declaró el 14 de marzo de 2005 ante la fiscalía, pero no lo es que el juzgador no la haya valorado, así sea implícitamente, ni tampoco lo son las inferencias que a partir de una parcial visión de esa prueba realiza el demandante.

En efecto, si bien en esa oportunidad la ofendida aseguró habérsele demandado ejecutivamente con un pagaré cuyo respectivo espacio en blanco se llenó por cantidad de cien millones de pesos y no por los $94.977.073,50 que le fueron reconocidos a título de retroactivo de su pensión gracia, no se entiende cómo de eso pueda colegirse que tácitamente reconoció que la deuda era esta suma y no el 30% de ella, mucho menos cuando del contexto integral de esa deponencia se infiere cosa distinta.

Así, dijo la denunciante que para contratar a los acusados hubo de venir a Bogotá y aquí se le informó verbalmente que los honorarios corresponderían al retroactivo de los tres últimos años, dada la prescripción trienal que en los asuntos laborales generalmente se aplicaba.

Sin embargo, cuando ya posteriormente en Neiva se concretó el mandato y suscribió el poder, el pagaré, la carta de instrucciones para su llenado y el contrato de prestación de servicios, en este se incluyó como cláusula segunda unos honorarios equivalentes al 30% del retroactivo, luego documentalmente quedó fijada de esa manera la remuneración del profesional.

Que dijera posteriormente en esa misma declaración que el valor del pagaré no coincidía de todos modos con la prestación laboral obtenida, no desdice ciertamente lo pactado por escrito, mucho menos cuando su afirmación excluyente de ese supuesto reconocimiento tácito de la deuda fue que: “es absurdo dar uno poder por el valor de lo que uno se va a ganar”.

Por ende, si el juzgador se atuvo a la prueba documental, a las posteriores declaraciones de Elsa Estrada, a las afirmaciones de Guilombo Gutiérrez y a las de David Huepe a quien Guilombo le solicitó intercediera para que la docente les entregara por lo menos el 40% del retroactivo, significa que implícitamente desechó esa supuesta aceptación tácita, que en verdad no lo es por lo ya dicho, de que la deuda era equivalente al valor reconocido como mesadas causadas, luego en esas condiciones el falso juicio de existencia denunciado no se configuró.

En consecuencia, tampoco esta censura puede prosperar.

Tercer cargo

Claro, Cabrera Polanco no fue quien ejerció directamente la acción ejecutiva contra Elsa Estrada con sustento en el espurio pagaré, pero eso no significa, de un lado que el juzgador no haya motivado su sentencia en relación con el delito de fraude procesal y mucho menos, como inusitadamente lo pretende el censor por vía de la nulidad, que él no haya sido el autor de la ilicitud, cuando lo que evidencian los medios de convicción y las argumentaciones de los juzgadores de instancia es que se valió de interpuestas personas, que instrumentalizó a otro abogado para poder inducir en error al funcionario judicial que habría de librar mandamiento de pago por una suma no debida y decretar medidas cautelares, máxime que quien sabía de las exactas condiciones en que se había llenado el pagaré era el acusado y no el abogado utilizado como instrumento para concretar el fraude procesal.

Contrariamente a lo sostenido por el libelista, así expuso el a quo, entre otros argumentos, frente al punible en mención:

“El delito de fraude procesal previsto en el artículo 453 del Código Penal definido como aquel comportamiento atribuible al que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, es un delito de mera conducta. Para que se consume, es suficiente con que el actor, así no obtenga el resultado perseguido, proceda con el propósito de alcanzar un indebido provecho mediante la inducción en error al funcionario.

...

En el caso que nos ocupa, se encuentra probado que los acusados Armando Cabrera Polanco y Jeiner Guilombo Gutiérrez, utilizaron indebidamente un documento privado (pagaré en blanco), suscrito con la docente Elsa Estrada Morales, cuyos espacios fueron diligenciados por un valor superior al pactado con la otorgante, pagaré este que le fue endosado en propiedad y por la totalidad al abogado Manuel Flor Roa, representante de la firma Encojurídica, para que iniciara un proceso ejecutivo de mayor cuantía, en contra de la señora Estrada Morales, en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, despacho que el 14 de marzo del 2005 libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva en contra de la demandada por el valor de $94.000.000 cuando en realidad la suma debería ser del 30% de los $92.192.682,16, valor de las mesadas atrasadas, es decir $27.657.804.

...

Conforme a lo anterior, el apoderado de la firma Encojurídica, el señor Manuel Flor Roa, ejecutó civilmente a la señora Elsa Estrada Morales y obtuvo resolución judicial el 14 de marzo de 2005 como fue el mandamiento de pago por la vía ejecutiva, en contra de la demandada, induciendo en error al Juzgado Tercero Civil del Circuito de la ciudad de Neiva, al ejecutar a la demandada por una suma superior a la debida o pactada.

...

No podemos olvidar ... que los acusados conocedores de las circunstancias irregulares en que fue llenado el pagaré y contraviniendo el contrato llevado a cabo con la denunciante Estrada Morales, endosaron en propiedad el pagaré, para que una sociedad, a través de un abogado procediera a su cobro jurídico como evidentemente sucedió, de lo anterior podemos concluir que cuando el pagaré le fue endosado a la firma Encojurídica, ya había sido diligenciado en su totalidad”.

Luego, es patente que la sentencia recurrida, en tanto unidad inescindible con la de primera instancia, sí contiene la argumentación necesaria a partir de la cual se explica por qué se considera al acusado incurso en el delito de fraude procesal, toda vez que de la transcrita fácilmente se advierte cuál fue el medio fraudulento utilizado (pagaré), quién o quienes lo crearon, cómo fue usado para sustentar una demanda civil base de un proceso de ejecución y de qué manera se indujo en error al Juez Tercero Civil del Circuito de Neiva, quien en esas condiciones produjo un mandamiento de pago contrario a la ley; es decir, las consideraciones expuestas por el a quo, evidencian todos y cada uno de los elementos que componen la descripción típica del delito señalado en el artículo 453 del Código Penal.

Pero además, en torno a la responsabilidad del acusado, patentiza esa argumentación la forma en que este actuó y por qué a pesar de no haber sido él quien presentó la demanda, se le consideró autor del delito, aspectos en los cuales ninguna oposición o reparo plantea el casacionista.

La censura, por ende y como lo señala el Ministerio Público, se presenta infundada, mucho más cuando a través de la causal tercera de casación, esto es nulidad, se pretende inusitadamente la absolución del procesado por una inexistente carencia de motivación.

Cuarto cargo

Innegablemente en los eventos de concurso de conductas punibles la pena a irrogar debe ser la más grave, aumentada hasta en otro tanto, según términos del artículo 31 del Código Penal, siendo su única restricción que no supere la suma aritmética de las que correspondan a los respectivos tipos penales.

Bajo ese supuesto el a quo dosificó de manera autónoma las sanciones legalmente señaladas para cada una de las conductas punibles imputadas al procesado, determinó así que la más grave correspondía al fraude procesal y sumó los mínimos de las dos para obtener un total de 60 meses de prisión, luego eso indica en primer lugar que la pena se ciñó a sus límites legales en tanto no excedió la aludida suma aritmética.

Obvio, antes de dicha operación el juez de primera instancia expuso las razones por las cuales debía imponerse el mínimo de las penas al acusado, consideró la circunstancia de menor punibilidad referida a la ausencia de antecedentes así como la inexistencia de alguna de mayor punibilidad y finalmente, sustentó su decisión en el artículo 31 citado para obtener el monto ya expresado, lo cual significa que sí hubo ciertamente una motivación de la pena, así con ella el censor no esté de acuerdo, mucho más cuando la discrecionalidad del fallador en el incremento punitivo hasta en otro tanto lo basó en la suma aritmética de las penas, aspecto que no se halla prohibido legalmente.

Evidencia esto por demás la sujeción del juez a los parámetros de los artículos 59 y 61 del Código Penal, de ahí que el reparo del censor se presente aún más infundado, porque no se entiende de qué manera habrían resultado infringidos esos preceptos cuando lo que se advierte de la labor de dosificación efectuada por el a quo es su estricto apego a aquellos.

El ad quem, por su parte ante la propuesta del defensor de Guilombo Gutiérrez hecha en el recurso de apelación, se pronunció sobre la dosificación punitiva, así:

“Finalmente, en lo concerniente al incremento punitivo dispuesto por razón del concurso delictivo, dígase que si bien los 12 meses de prisión respetaron el topo máximo permitido por el artículo 31 del Código Penal, en verdad que la figura ahí consagrada propugna por una especia de acumulación jurídica y no material de penas; por lo tanto, a los 48 meses de prisión impuestos por el delito de fraude procesal, se sumarán solo 6 meses por la concurrencia del delito de falsedad en documento privado, quedando esta pena en 54 meses de prisión. Oficiosamente la multa se reducirá a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues pese a que el a quo inicialmente anunció que este sería el monto de tal sanción ..., luego sin explicación alguna la concretó en 300 salarios mínimos”.

Vale decir que el tribunal, atendiendo la petición de la defensa de Guilombo Gutiérrez, no la de Cabrera Polanco para quien el tema no suscitó reparo alguno, de que la pena por el delito concurrente se aumentara en “uno, dos, tres, cuatro hasta seis meses y no los doce meses del delito de falsedad”, terminó favoreciendo a los dos acusados, incluido obviamente quien no recurrió en ese aspecto.

Todo lo anterior revela en primer término que la dosimetría para el delito de falsedad documental sí fue motivada, diferente es que el censor no esté de acuerdo con ella, lo cual debió exponerlo por vía diferente a la causal tercera de casación; y en segundo lugar que el tema no fue propuesto en apelación por el ahora casacionista, haciéndose por tanto patente una carencia de interés en la censura, así la camufle bajo los parámetros de la nulidad.

En esas condiciones, desde luego, este cargo tampoco puede prosperar, mucho menos cuando, tal como ocurrió con el anterior reproche, se pretende inusitadamente, dado el desarrollo jurisprudencial impreso a los defectos de motivación, que por vía de nulidad basada en la ausencia de motivación la Corte reduzca la pena por el delito concurrente a tan solo un día.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No casar la sentencia impugnada.

Contra esta providencia no proceden recursos.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».