Sentencia 37516 de marzo 1º de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 37516

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Acta 02

Bogotá, D. C., primero de marzo de dos mil diez.

Se pronuncia la Corte sobre el recurso de casación interpuesto por la Nación - Ministerio de Transporte contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, de fecha 30 de abril de 2008, proferida en el proceso ordinario laboral que  le sigue Rubiela Ramírez Cháux, Leopoldina Beltrán y María Inés Rodríguez.

I. Antecedentes

Rubiela Ramírez Chaux, Leopoldina Beltrán y María Inés Rodríguez demandaron a La Nación - Ministerio de Transporte, para obtener la pensión sanción, a partir de 15 de octubre de 2002, 14 de noviembre de 2000 y 3 de mayo de 2001, respectivamente y en su orden, con intereses comerciales los primeros seis meses y moratorios después de ese término.

En sustento de tales súplicas afirmaron haber prestado sus servicios a la demandada desde el 8 de marzo de 1977, 31 de enero de 1977 y 8 de agosto de 1979, respectivamente, y hasta el 31 de octubre de 1993; que desempeñaron, como trabajadoras oficiales, los cargos de Apuntatiempo, las dos primeras, y de Ascensorista la última; que fueron despedidas en vigencia del Decreto 2171 de 1992, que reestructuró el Ministerio de Obras Públicas y Transporte como Ministerio de Transporte, antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993.

La Nación-Ministerio de Transporte se opuso; negó los hechos 1, 2 y 4 y adujo que las demandantes no ostentaron la calidad de trabajadoras oficiales; arguyó que los hechos 5, 9, 10, 11 y 12 no le constan; dijo del 3 que se atiene a lo que se demuestre; al 7 y 8 que se prueben; del 6 que no les adeuda suma o prestación alguna; y del 13 y 14 no son hechos. Invocó las excepciones de falta de jurisdicción, buena fe patronal, prescripción, carácter legal de la desvinculación e inexistencia de la obligación de reconocer y pagar pensión sanción, inexistencia de la calidad de trabajadoras oficiales por parte de las demandantes e incompetencia (fls. 54 a 62). La contestación de la demanda fue corregida por la demandada (fls. 106 a 111).

El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia de 28 de abril de 2005, condenó a la demandada a pagar las pensiones restringidas de jubilación, en monto igual al salario mínimo legal vigente en la época, a Rubiela Ramírez Cháux, Leopoldina Beltrán y María Inés Rodríguez, a partir de 15 de octubre de 2002, 14 de noviembre de 2000 y 3 de mayo de 2001, respectivamente.

II. La sentencia del tribunal

De la decisión apelaron las demandantes y en razón de ese recurso el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, en la sentencia aquí acusada, la confirmó.

El ad quem arguyó que las demandantes fueron desvinculadas con fundamento en el artículo 20 transitorio de la Constitución Política y el Decreto 2127 de 1992, por la supresión de los cargos, y que el ministerio les otorgó la indemnización, por lo que el despido estuvo soportado en un mandato legal que sobreponía el interés público al particular, y reprodujo un breve fragmento de la sentencia de la Corte de 7 de marzo de 1996, radicación 7881.

Aseveró que las demandantes fueron retiradas injustamente después de más de 10 años de servicios y menos de 20, por lo cual se debe despejar el segundo cuestionamiento de la apelación que se propone como condición para acceder a la pensión restringida de jubilación y es que aquéllas ostentaran la condición de trabajadores oficiales, lo cual fue negado por el Ministerio de Transporte, al argüir que los cargos de ascensorista y apuntatiempo no estaban relacionados con la construcción y el sostenimiento de obras públicas, por lo que no podían invocar esa calidad, por lo cual solicitó en la contestación de la demanda oficiar al referido ministerio para establecer con base en el manual de funciones la actividad que cada una desempeñaba.

Describió las funciones de los cargos, visibles a folios 181 a 184, de “Ascensorista III”, consistentes en “…comunicar oportunamente sobre las fallas mecánicas”, y de “Apuntatiempo III”, de “Anotar en los formularios respectivos, la cantidad de las diferentes clases de materiales existentes cargados o descargados y el número de viajes efectuados por vehículo. Controlar diariamente el suministro de materiales, repuestos y elementos que se distribuyan a sus trabajadores para el cumplimiento de sus labores; recibir y suministrar l (sic) información del caso sobre el total de obras trabajadas por la maquinaria y equipo de un sector determinado; diligenciar correctamente los formularios de entrega de combustible…”, y asentó “que las funciones de las trabajadoras estaban ligadas a la conservación de la planta física de las instalaciones del ministerio o directamente controlaban la realización de obras públicas, en el caso de las apuntatiempos, era clara la conjunción de funciones asignadas con los propósitos de la entidad pública, cuya misión, tenia relación con la construcción y conservación de obras públicas”; que “Al respecto no aparece dentro del informativo prueba diferente al manual de funciones que emerge como evidencia primordial, si concebimos que en últimas no eran los estatutos ni los reglamentos internos los que definían la condición de trabajadores oficiales, sino la realización propia de funciones inherentes al propósito referido, el que quedó definido claramente en el documento precitado” (fls. 482 a 483).

Explicó que si la sentencia del a quo se refirió a que los cargos de las accionantes se ubicaban en la excepción del artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, ello está respaldado en que fueron enmarcados y clasificados en el Decreto 3151 de 1990, en forma nominal, y que dentro del ejercicio propio de su labor se les asignó el sostenimiento y mantenimiento de obras o infraestructura públicas y la demandada siempre las identificó y trató como trabajadores oficiales, y que negar esto es contrario al convencimiento que arroja el arsenal probatorio, por lo que los argumentos que sustenta la apelación carecen de fundamento alguno, por lo que ante la evidencia del despido injusto y la calidad de las demandantes, de trabajadores oficiales, era aplicable la sanción prevista por los artículos 8º de la Ley 171 de 1961 y 74 del Decreto 1848 de 1969, como en asuntos similares lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia, de lo que es ejemplo la sentencia de 27 de marzo de 2007, radicación 28530, cuyo texto transcribió.

III. El recurso de casación

Lo interpuso La Nación - Ministerio de Transporte y con él aspira a que la Corte case la sentencia del Tribunal para que, en sede de instancia, revoque la del Juzgado y la absuelva.

Con esa intención propuso un cargo, que fue replicado.

Cargo único:

Acusa a la sentencia del tribunal de violar directamente, por indebida aplicación, el artículo 2º del Decreto 459 de 1985 y la Resolución 9480 de 1990, y por falta de aplicación los artículos 5º del Decreto 3135 de 1968 y 8º de la Ley 171 de 1961.

Transcribe el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 y para su demostración dice que aquél, en armonía con el 5º del Decreto 3135 de 1968, exige unos elementos sine qua non para ostentar la condición inequívoca de “trabajador oficial” y ser titular del derecho a la pensión sanción, y que en tratándose de los ministerios, los trabajadores oficiales son excepcionales, porque la regla general es que sean empleados públicos, por lo que el juzgador de segundo grado no podía darles la connotación de trabajadoras oficiales a las demandantes, como lo hizo, sobre la base de que el Decreto 459 de 1985 y la Resolución 9480 de 3 de agosto de 1990 situaban los empleos de ascensorista III y apuntatiempo III como trabajadores oficiales, ni mucho menos por el factor orgánico sobre la naturaleza jurídica de la entidad, por no ser factible que mediante actos administrativos sin alcance general y que establecen la planta de personal del ministerio se fije el manual de funciones, en contra de lo querido por el legislador, o sea que no es el referido decreto el que debe situar esos cargos como trabajadores oficiales.

Explica que con ello se vulneró el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, cuyo supuesto jurídico dispone la condición de trabajador que, sin haberse demostrado, se le hizo producir la consecuencia del reconocimiento de la pensión, pues, conforme a los precisos pronunciamientos de la Corte, de “que no son las ocupaciones en si mismas, ni la forma de vinculación, ni el factor orgánico lo que otorgue la calidad de trabajador oficial, solo y en tanto se es trabajador oficial, de un ministerio cuando se demuestre que el desempeño laboral esta (sic) directamente relacionado con la construcción, conservación o sostenimiento de una obra pública”, como en la sentencia de 4 de abril de 2001, radicación 15143, de la que reproduce algunos pasajes.

La réplica

Sostiene que el Decreto 459 de 1985 (fl. 200), “expidió la planta de personal de trabajadores oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes”, y señala los empleos de trabajadores oficiales (fl. 201), en los que se hallan los de las demandantes.

Asevera que el Decreto 1773 de 1980 (fl. 230) establece que la actividad del ministerio es, fundamentalmente, la construcción y sostenimiento de obras públicas, por lo que la sentencia acusada no está en abierta pugna con la norma estimada como infringida o que la haya aplicado a un hecho inexistente, o la hubiese ignorado.

IV. Consideraciones de la Corte

La recurrente en casación reprocha que el tribunal hubiese confirmado la condena respecto de la pensión sanción dispuesta en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, porque su supuesto jurídico consagra la calidad de trabajador oficial.

En lo que es esencial de su alegato, para fundar su acusación, sostiene que “…no es jurídicamente factible que mediante actos administrativos que no tienen alcance general, y que establecen la planta de personal de Trabajadores del Ministerio de Obras y se fija el manual de funciones, se instituya una clasificación de servidores públicos en contra de lo dispuesto por el legislador, es decir, no es del Decreto 459 de 1985 el que debe situar los cargos de ascensorista y apunta tiempo como trabajadores oficiales sino que es el legislador el autorizado para señalar quienes poseen dicha condición, como en efecto se estableció en el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968”.

En relación con ese argumento, debe la Sala aclarar que en algún momento del desarrollo de su jurisprudencia planteó el mismo criterio que ahora trae a la palestra la censura, al considerar que no era dable jurídicamente que mediante actos administrativos que consagran la planta de personal de un ministerio se estableciera una clasificación de servidores públicos en contravía de lo dispuesto por el legislador, pues, es la real actividad del empleado lo que determina su calidad de trabajador oficial y no lo que sobre el particular establezca un acto administrativo de alcance limitado (sent., sep. 2/2004, rad. 23388).

Sin embargo, un nuevo estudio del tema la llevó a reconsiderar ese discernimiento jurídico y en la actualidad es su criterio que el Decreto 459 de 1985 gozaba de aptitud jurídica para clasificar a los trabajadores oficiales del Ministerio de Obras Públicas, en cuanto que, dada su naturaleza de decreto extraordinario, es dable considerar que la clasificación allí efectuada fue efectuada por el legislador, extraordinario en este caso, en los términos exigidos por las normas legales que gobiernan la clasificación de los servidores del Estado, entre ellas, el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968.

Así lo explicó en la sentencia de radicado 35814, del 7 de julio de 2009:

“Es verdad, como lo indica el tribunal, que la calidad de trabajador oficial no se define por acuerdo entre las partes, ‘ni por el tipo de vinculación que se haga, ni porque se denominen contratos de trabajo a los documentos suscritos, ni por lo pactado en convenciones colectivas, ni porque se le haya pagado indemnizaciones convencionales o porque se haya beneficiado de las ventajas conferidas en las convenciones colectivas durante toda la prestación del servicio’, sino que es al legislador ‘a quien le corresponde hacer la clasificación de los servidores públicos’; sin embargo, en el caso que se examina, precisamente, fue el propio legislador extraordinario quien clasificó los empleos y determinó cuáles tenían la calidad de trabajadores oficiales.

En efecto, el artículo 1º del Decreto 0459 de 1985, expedido por el Presidente de la República, en ejercicio de la facultad que le confería el artículo 120-21 de la Constitución Política de 1886, a través del cual se estableció la planta de personal de trabajadores oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, indicó que las funciones propias de la construcción, conservación y mantenimiento de obras públicas en la entidad accionada ‘serán cumplidas con el número de empleos de la planta de personal de trabajadores oficiales’; allí se incluye, en el caso concreto del ‘Distrito de Obras Públicas   8 – Bogotá”, los cargos de ‘Aseadora” y “Jardinero’.

Ese criterio jurídico había sido expuesto con anterioridad en la sentencia de radicado 27633, del 31 de julio de 2006, en la que se dijo lo que a continuación se transcribe:

“Ahora, al examinar el Decreto 0459 de 1985, mediante el cual el Presidente de la República, en ejercicio de la facultad que le confería el artículo 120-21 de la Constitución Política de 1886 y de acuerdo con el artículo 76 del Decreto 1042 de 1978, estableció la planta de personal de trabajadores oficiales del entonces Ministerio de Obras Públicas y Transporte, aparece que en la División de Obras Hidráulicas figuran 46 cargos genéricos de contramaestre sin especificación de ninguna clase. Como el demandante ocupó el cargo de Contramaestre V, la deducción del tribunal según la cual éste cargo no aparecía clasificado como trabajador oficial, se exhibe notoriamente desacertada al punto de configurar un yerro manifiesto como los que le atribuye la censura.

“En efecto, siendo claro que el aludido decreto estableció que en la División de Obras Hidráulicas del entonces Ministerio de Obras Públicas y Transporte 46 personas que desempeñaran el cargo de contramaestre serían trabajadores oficiales, no se ve la razón por la cual el tribunal le restó al cargo de contramaestre V que desempeñó el demandante esa calidad, pues si bien era posible que todo ese número desempeñara una misma labor, también lo era que dentro de la división del trabajo algunos de ellos fueran clasificados por grados sin que en ello en manera alguna desvirtuara el cargo en el cual quedaron clasificados como trabajadores oficiales.

“Si el mismo acto jurídico que hizo la clasificación como tal de los aludidos empleos no hizo ninguna discriminación, mucho menos podía hacerla el juzgador acudiendo a malabarismos jurídicos que van mucho más allá de lo planteado por las partes como el marco procesal que limita y concreta la actividad del operador judicial.

“De otra parte, razón igualmente le asiste a la censura cuando critica al tribunal por no haber apreciado la Resolución 9125 del 12 de noviembre de 1993, mediante la cual el ministerio reconoció al demandante la indemnización por la supresión del cargo en desarrollo de lo previsto por el artículo 148 del Decreto 2171 de 1992, que consagró el pago de la indemnización por virtud de tal hecho para los empleados públicos escalafonados en carrera administrativa y para los trabajadores oficiales, y en consecuencia, si la parte demandada no demostró que el demandante estuviera inscrito en la carrera administrativa, la razón de ser de dicho reconocimiento no puede ser otra que por la indiscutible calidad de trabajador oficial del deprecante.

“Es claro, entonces, que el tribunal tuvo una desafortunada apreciación de la causa cuando no consideró al actor de este litigio como trabajador oficial al servicio del Ministerio de Obras Públicas y Transporte”.

En consecuencia, no demuestra el cargo el quebranto normativo que se le endilga al tribunal y por esa razón no es próspero.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, de fecha 30 de abril de 2008, proferida en el proceso ordinario laboral promovido por Rubiela Ramírez Cháux, Leopoldina Beltrán y María Inés Rodríguez contra La Nación - Ministerio de Transporte.

Como hubo oposición, las costas del recurso extraordinario se imponen a la recurrente.

Cópiese, Notifíquese, Publíquese y Devuélvase el expediente   al tribunal de origen.

Magistrados: Gustavo José Gnecco MendozaElsy Del Pilar Cuello Calderón—Eduardo López Villegas

Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.