Sentencia 37520 de marzo 21 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 37520

Magistrado ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta 9

Bogotá, D.C., veintiuno de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Se considera

La acusación se orienta a demostrar esencialmente que, en este asunto, se debe aplicar la Ley 122 de 1985, que aprobó el acuerdo suscrito entre Colombia y la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello “Secab”, firmado en Bogotá el 4 de septiembre de 1972, en la medida que en la cláusula 11 del tratado ratificado se previó que la organización internacional contratante no estaba eximida de cumplir las leyes laborales aplicables a las personas contratadas en Colombia.

Delimitado el objeto del recurso, se encuentra que en la citada Ley 122 de 1985, cuya aplicación se reclama, se aprobó el acuerdo anunciado sin reserva de ninguna clase, advirtiéndose además que en dicho tratado los participantes pactaron explícitamente la inmunidad de jurisdicción para la Secab, en la cláusula sexta, en los siguientes términos:

“Sexto. La Secab y sus bienes, cualquiera que sea el lugar en que se encuentren, gozarán de inmunidad de jurisdicción, salvo renuncia expresa a la misma notificada mediante escrito por la Secab al gobierno”.

A propósito del aspecto de la inmunidad de jurisdicción se tiene que esta es entendida, en términos generales, en el derecho internacional, como la imposibilidad del Estado receptor de no aplicar su legislación y jurisdicción en contra del Estado u organización internacional acreditada, de modo que el Estado receptor tiene la obligación de abstenerse de adelantar o permitir que se adelante cualquier acción judicial contra el Estado o la organización acreditada.

Corresponde indicar al respecto que no puede la jurisdicción ordinaria laboral desconocer el pacto de inmunidad de jurisdicción convenido, sin reserva de ninguna especie, en el tratado ratificado a través de la Ley 122 de 1985, toda vez que Colombia está obligada a observarlo a plenitud, como Estado parte de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969 y aprobada mediante la Ley 32 de 1985, que prevé en su artículo 26, el principio del derecho internacional “Pacta Sunt Servanda” según el cual “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.

Ahora bien, el hecho de que el artículo undécimo, literal a), de la Ley 122 de 1985 establezca que los capitales, ingresos, bienes y otros activos de la Secab, no estarán exentos del pago por prestación de servicios, y que la Secab no está eximida del cumplimiento de las leyes laborales aplicables a las personas contratadas en Colombia, no significa que, para estos efectos esté sometida a la jurisdicción laboral colombiana, como lo entendió el a quo, pues, si bien debe cumplir las leyes nacionales sobre esta materia, en el caso de la jurisdicción competente para conocer de las diferencias suscitadas entre las partes, por la aplicación de tales leyes, el artículo sexto, no hace ninguna salvedad, además de que la materia que trata el mencionado artículo undécimo, es de las exenciones a que están sometidos los capitales, ingresos, bienes y otros activos de la Secab, así como las operaciones y transacciones, sin que se refiera a la jurisdicción competente.

En estas condiciones se encuentra que los cargos no tienen vocación de prosperidad dado que a la Sala no le es dable confrontar la ley mediante la cual se aprobó el tratado suscrito por la Secab y el Gobierno Nacional, con las disposiciones internas adoptadas unilateralmente por el organismo internacional contratante, en virtud a que la inmunidad de jurisdicción examinada se lo impide.

En consecuencia, las costas en el recurso son de cuenta de la parte recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de enero de 2008, dentro del proceso ordinario laboral de Álvaro Campo Cabal contra la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello “Secab”.

Costas a cargo de la parte recurrente. Se estiman las agencias en derecho en tres millones de pesos ($ 3.000.000) moneda corriente.

Por la secretaría, practíquese la liquidación de las costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».