Sentencia 37539 de junio 22 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 37539

Acta 21

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D.C., veintidós de junio de dos mil diez.

EXTRACTOS:«Se considera

Tal como lo destaca el recurrente, corresponde solo a los estatutos internos de las empresas industriales y comerciales del Estado, fijar la naturaleza jurídica que ostentan entidades como la demandada, y determinar cuáles de las actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos, pues así lo ha precisado la Corte en asuntos similares en que ha fungido como accionada la misma entidad.

En ese orden, resultan equivocadas las inferencias del tribunal, en cuanto sostiene, que aun con prescindencia de los estatutos de la empresa demandada, el criterio determinante se concreta en definir si la actividad desempeñada es de dirección o confianza para de ahí deducir la calidad de empleado público del servidor oficial, pues tal inferencia es contraria el criterio que viene pregonando la Corte en pluralidad de decisiones, entre otras, en las sentencias del 27 de enero del presente año, radicaciones 38048, 37600 y 37597, cuando al rememorar la del 23 de marzo de 2007, Radicación 29948, dijo:

“La Resolución JD-000090 del 28 de diciembre de 1999, expedida por la junta directiva de la empresa demandada, consigna en uno de sus considerandos que la “administración ha presentado para estudio y aprobación de la junta directiva la nueva estructura orgánica y la planta de casillas que deberá regir en Emcali E.I.C.E.”, por lo cual se resuelve en su artículo primero adoptar la estructura orgánica en materia de personal para las empresas municipales de Cali, y en su artículo 2º fijar la planta de cargos y casillas en el anexo 1 para los trabajadores oficiales en número de 3.019 y en el anexo 2 para los empleados públicos en número de 146.

“Ciertamente el tribunal, al considerar al demandante como empleado público con fundamento en dicha resolución, asumió que la misma contenía los estatutos internos de la entidad demandada.

“La precisión anterior es indispensable, primero, porque el ad quem no desconoció que la entidad demandada era una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal y que por regla general los servidores de una entidad de esa naturaleza son trabajadores oficiales, constituyendo la excepción la de quienes desempeñen actividades de dirección confianza y que así estén precisadas en los estatutos, que serán empleados públicos.

“En ese orden de ideas, debe advertirse que la resolución atrás mencionada, efectivamente no puede considerarse como los estatutos de la entidad, ya que simplemente se limita a describir los cargos de la empresa cuyos titulares son trabajadores oficiales o empleados públicos, según el anexo pertinente, pero no determina cuáles son las actividades de dirección o confianza que pueden desempeñar personas que tengan la condición de empleados públicos.

“En un asunto similar, traído a colación por la censura, la Corte en sentencia del 23 de agosto de 2005, Radicación 24492, dijo lo siguiente:

““Como puede verse, el acto mencionado no señala las actividades de dirección y confianza que pueden ser desempeñados en la empresa por personas que tengan la calidad de dirección o confianza. El hecho de que haya establecido que los cargos de ciertos niveles son de libre nombramiento y remoción, no significa automáticamente que quienes desempeñen esos cargos son empleados públicos, pues la exigencia que al respecto contiene el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968 es que los estatutos de las empresas industriales y comerciales del Estado deben precisar qué actividades de dirección o confianza pueden ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos.

“Ahora la escala salarial que obra en los folios 82 a 85, simplemente contiene el código, grado y salario de los cargos para el año 1997, pero de ella no se puede establecer que el que desempeñaba el demandante, era de dirección y confianza y que así estuviere precisado en los estatutos de la empresa, los cuales brillan por su ausencia.

“En ese orden de ideas, las funciones del cargo ejercido por el actor, que aparecen en los folios 88 a 90, tampoco sirven para deducir la condición de empleado público del demandante, pues aunque pueda considerarse que son de dirección y confianza, lo que importa, como atrás se dijo, es la determinación en los estatutos de la empresa sobre cuáles actividades de dirección y confianza pueden ser desempeñados por personas que tengan la calidad de empleados públicos. Esa facultad, desde luego, corresponde a la entidad y no al juez.

“Asimismo, la condición de empleado público del demandante no se desprende del acta de posesión, pues la naturaleza jurídica del vínculo de los servidores públicos, no se acredita con la forma de vinculación, sino de acuerdo a lo que prescribe la ley”.

“En las condiciones reseñadas, es patente que el tribunal se equivocó cuando consideró al demandante como empleado público con fundamento en la Resolución JD-000090 tantas veces mencionada. Y siendo la demandada una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal, la situación del demandante debió resolverse con la regla general prevista en el artículo 292 del Decreto 1333 de 1986, según la cual, los servidores de una entidad de esa naturaleza son trabajadores oficiales, a excepción de aquellas actividades de dirección o confianza que estén precisadas en los estatutos de la misma como susceptibles de ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos. Y tales estatutos, no fueron aportados al informativo”.

Conforme a los precedentes jurisprudenciales anteriores, aplicables al asunto objeto de estudio, es evidente el yerro en que incurrió el tribunal al considerar a la demandante como una empleada pública, no obstante admitir la ausencia de los estatutos internos de la empresa, pues atendiendo los parámetros que al efecto prevé el artículo 292 del Decreto 1333 de 1986, debió aplicar la regla general allí establecida y, de contera, otorgarle la condición de trabajadora oficial.

Ahora bien, aun cuando el cargo resulta próspero, no se podría casar la sentencia impugnada, en atención a que al hacer consideraciones de instancia, no encontraría la Corte, prueba de la condición de la actora como beneficiaria de la convención colectiva de trabajo, de la cual eventualmente emanan los derechos extralegales pretendidos, tal cual lo expuso la corporación en la sentencia ya rememorada, al expresar:

“Sin embargo, a pesar que el cargo es fundado, la sentencia no puede quebrantarse, pues en sede de instancia la Corte encontraría que la condición de beneficiario de una convención colectiva de trabajo no se presume, sino que es menester de acuerdo con la ley, demostrar esa calidad, bien con la prueba de que es afiliado al sindicato que la celebró, o ya porque sin serlo decidió adherirse a sus disposiciones, o que el sindicato agrupa más de la tercera del total de los trabajadores de la empresa o por último por disposición o acto gubernamental.

“Las cláusulas 11 de la convención colectiva de 1996-1998 (fl. 54) y 10 de la convención de 1999-2000 (fl. 69), así lo indican, en tanto dispone que la empresa se obliga a descontar los primeros diez días de aumento de salarios a todos los trabajadores oficiales que se beneficien directa o indirectamente de la convención colectiva de trabajo. Ni lo uno ni lo otro acreditó el demandante, es decir que fuera beneficiario directo o indirecto”.

Las motivaciones anteriores son suficientes para que la Sala se abstenga de examinar los dos cargos restantes, en la medida en que los errores de hecho que allí se relacionan, constituyen temas que ya fueron definidos al despachar la primera acusación, esto es, la naturaleza jurídica del vínculo que unió a la actora con la empresa demandada y la falta de condición de beneficiaria de la convención colectiva de trabajo.

En esas circunstancias, los cargos no prosperan.

Sin costas en consideración a que los cargos aunque fundados, no lograron quebrar el fallo impugnado.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 10 de julio de 2008, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el juicio promovido por Carmen Elena Escobar Cedeño contra las empresas municipales de Cali - Emcali E.I.C.E. ESP.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase el expediente al tribunal de origen».