Sentencia 37601 de noviembre 24 de 2009

 

Sentencia 37601 de noviembre 24 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Expediente 37601

Magistrados Ponentes:

Dr. Eduardo López Villegas - Dr. Luis Javier Osorio López

Bogotá, D.C., noviembre veinticuatro de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Bajo el supuesto de ser la entidad demandada una empresa industrial y comercial del Estado, la naturaleza del vínculo de ella con sus trabajadores se debe deducir a la luz de la regla general prevista en el artículo 292 del Decreto 1333 de 1986, según la cual, los servidores de una entidad de esa naturaleza son trabajadores oficiales, a excepción de aquellas actividades de dirección o confianza que estén precisadas en los estatutos de la misma como susceptibles de ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos.

La controversia que se suscita en el sub lite, es, si en defecto de los estatutos de la entidad, el juez podía entrar a dilucidar si el cargo debía ser catalogado como de dirección y confianza.

Le asiste la razón a la censura.

La determinación de las actividades de dirección y confianza de los empleados dentro de la empresa industrial y comercial del Estado, son una función administrativa atribuida a las juntas directivas de la misma, y para ser cumplida mediante un instrumento específico, como lo son los estatutos de la entidad.

La administración en su función de clasificación de sus empleados, debe sujetarse a los derroteros que señala la ley, de modo que, solo quienes cumplan actividades de dirección y confianza, caben en la categoría excepcional para las empresas industriales y comerciales del Estado, de empleados públicos; no basta con determinar aquella circunstancia fáctica, sino que se hace indispensable que sea declarada formalmente por la junta directiva, y para seguridad jurídica de las relaciones laborales, mediante el acto formal de los estatutos.

De esta manera el Tribunal no podía asumir la función de la administración, y ante la constatación de no estar probados los estatutos correspondientes, debía concluirse que no podía asentarse la condición de empleado público del actor, y que por tanto debía recibir el trato reservado para la generalidad de empleados de una empresa industrial y comercial del Estado, el de trabajadores oficiales.

El cargo es fundado».