Sentencia 37614 de julio 24 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 271

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Bogotá, D.C., 24 de julio dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. De conformidad con las previsiones de los artículos 235 numeral 4º de la Constitución Política y 75 numeral 9º del estatuto procesal penal —Ley 600 de 2000—, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para proferir sentencia anticipada en contra del doctor José Luis González Crespo, por cuanto los cargos formulados en su contra derivan de la comisión de conductas punibles realizadas cuando ocupó el cargo de gobernador del departamento de La Guajira y con ocasión de sus funciones(11).

2. Como punto de partida del análisis que debe emprenderse, resulta imperativo examinar, en primer término, la legalidad de la aceptación de cargos, como quiera que dicho control resulta indispensable de cara al proferimiento del fallo anticipado.

En este sentido, las referencias procesales atrás consignadas indican con meridiana claridad la voluntad libre y decidida del procesado González Crespo de aceptar la comisión de las conductas punibles de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, en concurso homogéneo y heterogéneo, materializadas conforme a la amplia y detallada reseña que efectuó la Fiscalía General de la Nación en el acta de formulación de cargos para sentencia anticipada, con ocasión de los contratos que aquel celebró con las empresas Aguas de La Guajira, Aguas de la Península y Aguas del Sur de La Guajira, sin sujeción a los principios y procedimientos reglados en la Ley 80 de 1993 y con grave perjuicio del erario al verificarse, a través suyo, la apropiación de dineros oficiales en cuantía de $ 1.027.493.317,27 por cuenta de dichos operadores.

Adicionalmente, esa voluntad hubo de refrendarla el procesado con ocasión a la nulidad decretada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, oportunidad en la cual reiteró su firme propósito de proseguir con el trámite anticipado del fallo, aun a sabiendas que la reducción punitiva que obtendrá no será superior a la prevista para la fase procesal del juicio.

De otra parte, la revisión de la diligencia a través de la cual se le formularon los cargos al procesado, permite advertir cómo la Fiscalía los precisó tanto en su aspecto fáctico como en sus consecuencias jurídicas, produciéndose su aceptación sin condicionamiento alguno.

3. Siendo lo anterior así, resulta procedente dictar el fallo condenatorio anticipado, el cual, como lo ha referido la Corte Suprema de Justicia de manera reiterada, exige además de la aceptación voluntaria, formal e incondicional de los cargos, la concurrencia de prueba indicativa del carácter típico y antijurídico de la conducta o conductas reprochadas, como de aquella otra que señale al procesado como su más probable autor y responsable.

Ello porque tratándose de esta forma de terminación abreviada del proceso, no se demanda de elementos de juicio que aporten conocimiento en el grado de certeza exigido por el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal de 2000 para dictar fallo condenatorio.

4. En consecuencia, corresponde establecer si se satisfacen aquellos requisitos de orden probatorio, que aunados a la aceptación de cargos, permitan sostener que el ex gobernador de La Guajira González Crespo actualizó a través de su conducta los tipos penales de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación que le han sido imputados, labor que por razones de método se abordará separadamente de cara a los diversos elementos que estructuran dichas conductas punibles, así:

4.1. El delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.

Conforme a las previsiones del artículo 410 del Código Penal, incurre en dicha conducta punible:

“El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contratos sin observancia de los requisitos legales esenciales o los celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos...”.

Como se advierte, para la configuración de este delito se requiere que el sujeto activo ostente la calidad de servidor público y sea el titular de la competencia para intervenir en la tramitación, celebración o liquidación del contrato estatal, desarrollando en tal virtud la conducta prohibida, concretada en la intervención funcional en alguna de las mencionadas fases, sin sujeción a los requisitos legales esenciales del mismo, contemplados en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

En ese orden, probado está que para la fecha en que se celebraron los contratos objeto de reproche penal, José Luis González Crespo se desempeñaba como gobernador del departamento de La Guajira, según se estableció a través de la prueba documental allegada a los autos, la cual da cuenta de su elección y posesión como tal(12).

A su vez, de conformidad con el artículo 11-3, literal b) de la Ley 80 de 1993, relativo a la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales, se tiene que a nivel departamental ella recae en los gobernadores, quienes al tenor de lo dispuesto por el artículo 12 de dicho estatuto, pueden delegarla total o parcialmente en servidores públicos que desempeñen cargos de nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes, evento último que no aconteció en el asunto que ocupa la atención de la Sala, como quiera que el aforado intervino directamente tanto en la tramitación de los contratos cuestionados, según él mismo lo admitió en su indagatoria, como en su celebración, al avalarlos directamente con su firma.

De esa manera, sin vacilaciones se concluye que el doctor José Luis González Crespo no solo ostentaba la calidad de servidor público, sino que, además, por razón de sus funciones le correspondía dirigir licitaciones o concursos y celebrar los contratos estatales efectuados con cargo a los recursos del departamento que regentaba, con lo cual se cumple el primer presupuesto de la conducta punible objeto de análisis, dado que se está ante un tipo penal de sujeto activo calificado.

A su turno, en cuanto tiene que ver con la conducta prohibida, consistente en “tramitar contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales, celebrarlo o liquidarlo sin verificar su cumplimiento”, la prueba documental allegada a los autos ciertamente acredita su consumación.

En efecto, se demostró que en lo corrido de 2005 el gobernador José Luis González Crespo celebró quince contratos de obra pública con tres sociedades anónimas, prestadoras de servicios públicos domiciliarios, para que ellas realizaran por su cuenta y riesgo los trabajos de mejoramiento o ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado de los distintos municipios del departamento de La Guajira, así:

Adjudicatario: Aguas de la Guajira S.A.- ESP

ObjetoValor

083
Octubre 11/2005(13)
Transferencia de recursos para las obras de ampliación de redes de acueducto y alcantarillado del municipio de Riohacha, alivio de la red de suministro de agua potable y rehabilitación del canal Robles.
$ 1.150.000.000

105
Diciembre 15/2005(14)
Transferencia de recursos para la ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado, estación de bombeo Nº 6, proyecto comuna 10 calle 40 a 43 carrera 10 a 12, proyecto comuna 10 sector Mercedes, calle 49 a 52 carreras 11 Bis a 12 A, del municipio de Riohacha.
$ 768.237.533

106
Diciembre 15/2005(15)
Transferencia de recursos para ampliación de redes de acueducto y alcantarillado, emplame [sic] alimentador barrio Marbella, automatización estaciones de bombeo Nº 1, 2 y 3, reposición múltiple estación de bombeo Nº1, reposición tramo de alcantarillado 595 colapsado, caja de inspección de estación de bombeo Nº 3, del municipio de Riohacha.
$ 617.376.666

131
Diciembre 26/2005(16)
Transferencia de recursos para las obras que garanticen la estabilidad de la línea de conducción de agua potable, municipio de Riohacha.
$ 1.032.509.495

Adjudicatario: Aguas del Sur de La Guajira S.A. ESP

ObjetoValor
012
Junio 7/2005(17)
Aporte de recursos para la construcción, gerencia e interventoría de l ampliación y reposición de redes de acometida del acueducto y alcantarillado del municipio de Villanueva.
$ 1.643.028.200
034
Junio 25/2005(18)
Aporte de recursos para la construcción, gerencia e interventoría de la “primera etapa de la línea de conducción Chorreras-Barranca-Hato Nuevo, acueductos de los municipios de Barrancas y Hato Nuevo”.
$ 4.000.000.000
036
Julio 25/2005(19)
Aporte de recursos para la planificación, controles y gestión social en la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado de los municipios de La Guajira.
$ 2.800.000.000
084
Octubre 11/2005(20)
Aporte de recursos para la construcción, gerencia e interventoría de las obras de optimización, sistemas de acueducto y alcantarillado, corregimientos de Carretalito, Papayal y barrio Villa Luz del municipio de Barrancas.
$ 1.016.024.338
102
Noviembre 29/2005(21)
Aporte de recursos para la construcción, gerencia e interventoría del proyecto de construcción del sistema de alcantarillado carrera 16, calles 15,16, 17 y 18, Barrio 12 de octubre, municipio de Barrancas.
$ 71.142.220
141
Diciembre 29/2005(22)
Financiación de las inversiones y costos de construcción, gerencia e interventoría del proyecto de “reposición de las redes de alcantarillado, calle 12 entre carreras 5,6 y 7 carretera principal del municipio de Barrancas.
$ 131.914.495

116
Diciembre 19/2005(23)
Aporte de recursos para la construcción, gerencia e interventoría del proyecto “construcción del alcantarillado sanitario colector sur y ampliación de acometidas domiciliarias en la calle 17 entre carreras 8 y 13, barrio Medina, 15 de diciembre y 1º de julio, del municipio de Fonseca”.
$ 1.484.207.368
136
Diciembre 27/2005
Aporte de recursos para la financiación de las inversiones y costos de construcción, gerencia e interventoría del proyecto “ampliación de redes de alcantarillado sanitario del barrio Juan Bautista Forero del municipio de San Juan del Cesar”.
$ 219.077.720

Adjudicatario: Aguas de la Península S.A.- ESP

ObjetoValor

035
Julio 25/2005(24)

Financiación de las inversiones y costos de construcción, gerencia e interventoría del proyecto de “redes secundarias de alcantarillado de los barrios Divino Niño, Mareigua y zonas aledañas del municipio de Maicao”.

$ 1.522.686.808

085
Octubre 11/2005(25)

Aporte de recursos para la financiación de las inversiones y costos de construcción, gerencia e interventoría del proyecto de de redes de acueducto, micromedición y optimización de pozos profundos del acueducto de Maicao”.

$ 800.000.000

114
Diciembre 19/2005(26)

Financiación de las inversiones y costos de construcción, gerencia e interventoría del proyecto de “reposición de redes de alcantarillado sanitario colector y redes secundarias, sector el Mercado, municipio de Maicao”.

$ 2.500.000.000

Acerca del incumplimiento de los requisitos legales esenciales en la fase de tramitación de los mencionados contratos, empiece por señalarse que en desarrollo del principio de planeación de que trata el artículo 25, numeral 12 de la Ley 80 de 1993, dicha etapa debe iniciar con la elaboración de los estudios de conveniencia y oportunidad, que por supuesto incluyen la estimación de los recursos necesarios para llevar a cabo los distintos trabajos, bajo el entendido que la contratación estatal,

“... no es, ni puede ser, una aventura, ni un procedimiento emanado de un poder discrecional, sino, por el contrario, es un procedimiento reglado en cuanto a su planeación, proyección, ejecución e interventoría, orientado a impedir el despilfarro de los dineros públicos”(27).

En el caso que concita la atención de la Sala, el informe de policía judicial 355395 del 3 de agosto de 2007(28) destacó cómo todos los anteriores contratos tuvieron como antecedente no los estudios elaborados por la administración, sino los presentados por las empresas prestadoras de servicios públicos, a la postre adjudicatarias de las obras, análisis que fueron acogidos por la gobernación sin ninguna objeción, ni profundización alguna, en punto a validar los requerimientos específicos y sus costos, dando así al traste con el principio de planeación ya mencionado.

A su turno, pese a que los operadores sugirieron llevar a cabo la contratación a través de los trámites de la Ley 80 de 1993 y del Decreto 2170 de 2002, reglamentario de la contratación directa, la administración decidió inmotivadamente sustraerse de aplicar unos y otros procedimientos, no obstante que tanto por su naturaleza, como por su cuantía, tales exigencias eran de imperioso acatamiento.

En esa dirección, repárese que los objetos contractuales versaban invariablemente respecto de la realización de una serie de trabajos destinados a la ampliación y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado de los municipios de La Guajira, de suerte que la administración estaba sin duda ante contratos de obra, definidos en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 como “... los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea su modalidad de ejecución y pago” y, en consecuencia, debía sujetarse a las reglas de contratación previstas en esa misma codificación.

Asimismo, en virtud de los recursos estatales que habrían de comprometerse en aquellos trabajos de infraestructura, resultaba vinculante para la gobernación lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 conforme al cual, salvo los casos de menor cuantía, “la escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso públicos”.

Ciertamente, al contar la gobernación de La Guajira en el año 2005 con un presupuesto de rentas y gastos de $ 387.738.704.005,39(29), equivalente a 1.016.353 salarios mínimos legales de la época(30), se hallaba sujeta al trámite licitatorio cuando el valor del objeto a contratar excediera el equivalente a 800 salarios mínimos de dicha vigencia, esto es, por más de $ 305.200.000.

En ese orden, solo los convenios 102, 141 y 36 celebrados con la empresa Aguas del Sur de La Guajira S.A. - ESP, no superaban tal límite y, por ende, únicamente en relación con ellos podía la gobernación seguir los pasos de selección del oferente contemplados por el Decreto 2170 de 2002, los que dicho sea de paso aun cuando son menos estrictos que los propios de la licitación, tienden a garantizar que la escogencia del contratista se guíe por criterios objetivos que materialicen los principios de transparencia y publicidad del trámite, como la libre concurrencia de los posibles interesados.

No obstante lo anterior, la pretermisión de las reglas contractuales tanto en los contratos de mayor como de menor cuantía resultó palmaria, pues según se demostró en la actuación, el gobernador González Crespo no abrió procesos licitatorios para los primeros, ni tampoco efectuó convocatoria en los segundos.

Asimismo, en ningún caso cumplió con las mínimas actuaciones administrativo contractuales, tales como la información al público acerca de la necesidad por cubrir que debe inscribirse en la página web de la entidad, la convocatoria a las personas naturales o jurídicas interesadas en presentar ofertas, la elaboración y publicación de los términos de referencia de la convocatoria, los plazos para ofertar y la definición de los criterios para su evaluación, entre otros aspectos.

Y dígase que nada de lo anterior tuvo lugar por cuanto, asumidos por el departamento los estudios de conveniencia y oportunidad de las distintas obras que le presentaron los operadores y comprobada la disponibilidad presupuestal(31), el gobernador González Crespo procedió, sin más, a firmar los contratos con las empresas Aguas de La Guajira, Aguas del Sur de La Guajira y Aguas de la Península, concesionarias en los distintos municipios del departamento del servicio público de agua potable y alcantarillado.

Agréguese que ese irregular procedimiento tampoco se excusa en virtud del pretendido carácter de “convenios interadmistrativos” que inmotivadamente pretendió dárseles a los distintos contratos de obra celebrados entre el gobernador y las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

En efecto, el artículo 24, numeral 1º, literal c) de la Ley 80 de 1993 autoriza a las entidades estales para prescindir de la licitación o concurso público cuando la obra, el bien o servicio demandado se encomienda a otra entidad estatal, cláusula permisiva en materia de selección del contratista frente a la cual ha tenido ocasión de precisar la Corte para significar que ella encuentra sustento en,

“... la calidad de las partes, es decir, que ambas deben ser de naturaleza pública y ésa es la razón por la cual el ordenamiento colombiano les ha otorgado un tratamiento excepcional, en virtud del cual excluye estas relaciones jurídico negociales de la licitación pública y permite acudir a la contratación directa...”(32).

De suerte que, en el caso bajo examen, resultaba inaplicable esta excepción al procedimiento de selección del contratista, por la sencilla razón que las empresas adjudicatarias no participaban de la naturaleza de “entidades estatales”, previstas de manera taxativa en el artículo 1º de la Ley 80 de 1993, así:

“... Para los efectos de esta ley:

I. Se denominan entidades estatales:

a) La Nación, las regiones, departamentos, provincias, Distrito Capital, los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimiento públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al 50%, así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todas las órdenes y niveles.

b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley le otorgue capacidad para celebrar contratos...”.

Opuesta a esta enumeración, se demostró que las contratistas Aguas de La Guajira, Aguas del Sur de La Guajira y Aguas de la Península, fueron constituidas bajo la forma de sociedades comerciales por acciones, sin participación de capital estatal, o en proporción minoritaria.

Así, en el caso de la sociedad Aguas de La Guajira S.A. - ESP, el acto de constitución se llevó a cabo mediante escritura pública 1619 del 2 de noviembre de 2000 otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de la Guajira(33), donde quedó consignada la siguiente composición accionaria: (i) Ilam limitada 40%; (ii) Ingeniería y Laboratorio Ambiental 20%; (iii) Tecnicontrol Limitada 20%; y alcaldía de Riohacha 20%.

En similar sentido, la escritura 2050 del 28 de diciembre de 2000 de la Notaría Segunda de Riohacha da cuenta de la constitución de la sociedad Aguas de la Península S.A. - ESP(34), con la siguiente composición: (i) Bermad Colombia S.A 30%; (ii) Hydros Colombia S.A. 29%; (iii) Públicos S.A. ESP 20%; (iv) Bermad 20%; y (v) Gloria Aristizabal Franco 10%.

Finalmente, Aguas del Sur de La Guajira S.A. - ESP se constituyó mediante escritura 1403 del 17 de junio de 2002 de la Notaría Novena de Medellín(35) refleja la siguiente participación accionaria: (i) Operadores de Servicios S.A. - ESP 25%; (ii) Servicios Públicos Domiciliarios S.A. - ESP 25%; (iii) Hydros Colombia S.A. 25%; (iv) Ingeniería Total Servicios Públicos S.A. - ESP 20%; y (v) Ingeniería Total Limitada 5%.

En consecuencia, resultaba abiertamente improcedente asimilar alguna de las anteriores sociedades a entidades públicas para los efectos de la ley de contratación estatal.

De otra parte, para efectos de seleccionar el procedimiento contractual que debía agotarse, era igualmente impertinente atenerse a lo dispuesto en las leyes 489 de 1998 y 142 de 1994, citadas en las quince minutas como fuente normativa que hipotéticamente habilitaba a la administración para sustraerse del deber de desarrollar los actos de selección objetiva.

Al respecto, baste considerar que en virtud del carácter de personas jurídicas de derecho privado ostentado por las firmas adjudicatarias, no se hallaba la administración frente a ninguna de las hipótesis asociativas reguladas por la Ley 489 de 1998, esto es, ante convenios entre entidades públicas para el cumplimiento de ciertas funciones administrativas, o con empresas comerciales e industriales del Estado con el mismo objetivo —artículo 94—, o entre unas y otras para la ejecución de planes y programas adoptados conforme a las normas sobre planeación —artículo 107—.

Tampoco se trataba de convenios para el “ejercicio de funciones administrativas por particulares” —artículos 110 a 114—, pues la labor por desarrollar se refería simple y llanamente a la ejecución de unas puntuales obras de infraestructura y no al desarrollo regular de alguna función administrativa del resorte de la entidad territorial, cuya ejecución resultara conveniente delegarla a la persona de derecho privado en virtud de su comprobada idoneidad o especialidad para su ejecución, como así lo exige en tales eventos el artículo 355 superior, a más de requerir que los convenios celebrados con tal fin recaigan en entidades sin ánimo de lucro, característica última de la que tampoco participaban las empresas prestadoras de servicios públicos con las cuales se contrató.

Ni resultaba aplicable el régimen de derecho privado establecido por la Ley 42 de 1994 respecto de los contratos que en desarrollo del giro ordinario de sus actividades celebran las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, pues como el objeto contractual se contraía a la realización de obras públicas sobre los sistemas de suministro de agua potable y alcantarillado con cargo a recursos del erario, la gobernación, como entidad pública interesada en su realización y con cargo a sus recursos, sin duda debía obrar conforme a su propio régimen jurídico contractual expresamente definido en la Ley 80 de 1993.

De allí que resulten inanes las explicaciones ofrecidas a la justicia por el procesado González Crespo en desarrollo de su indagatoria, llamadas a justificar su actuación abiertamente contraria a las disposiciones a través de las cuales se materializan los principios de transparencia y selección objetiva, de la esencia del contrato estatal en su fase de formación y prerrequisito para su celebración, pues evidentemente las leyes 489 de 1998 y 142 de 1994 no lo autorizaban para adjudicar directamente los trabajos a las empresas prestadoras de servicios públicos, sin siquiera tener en cuenta que no eran idóneas para su ejecución, aspecto último que se evidenció al constatar la Fiscalía cómo una vez firmados los convenios esas empresas procedieron a subcontratarlos con otras firmas, estas sí aptas para su desarrollo(36).

En ese orden, no milita en la actuación un solo elemento de juicio que permita sostener que el procesado actuó en consonancia con los presupuestos y principios básicos que gobiernan la contratación estatal, circunstancia objetivamente indicadora de la tipificación del delito que le fue imputado bajo la modalidad de concurso homogéneo sucesivo.

A la postre, la conciencia de la ilicitud de la conducta fue ratificada por González Crespo a través de la actitud que asumió de acogerse a sentencia anticipada, aceptando así los cargos enfilados en su contra ante la evidente pretermisión de las reglas contractuales llamadas a gobernar su actuación oficial.

En suma, el proceso cuenta con sólidos elementos de juicio representados en la prueba documental que se incorporó a la investigación, que permiten afirmar que González Crespo es autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, porque investido de su condición de gobernador de La Guajira, como primera autoridad y representante legal de la administración departamental, celebró los quince contratos atrás detallados, pretermitiendo los principios de planeación, transparencia y selección objetiva que informan la contratación estatal, así como los de moralidad, eficacia e imparcialidad que guían la función pública, responsabilidad que aparece ratificada con su aceptación de cargos.

4.2. El delito de peculado por apropiación en favor de terceros.

Según las previsiones del artículo 397 del Código Penal:

“... El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que este tenga parte o de bienes o de fondos parafiscales, o de bienes particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.

Si lo apropiado supera un valor de doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de multa no superará los cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sí lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes la pena será de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado...”.

A propósito de la prueba demostrativa de la tipicidad de esta conducta punible, en el capítulo precedente se precisó la condición de gobernador de La Guajira que para la época de los hechos reprochados ostentaba José Luis González Crespo, de suerte que al tenor de lo dispuesto por el artículo 303 de la Constitución Política ejercía la representación legal del departamento.

Precisamente, esa representación legal de la entidad territorial le otorgaba al procesado la facultad de ordenación del gasto, al tenor de lo dispuesto por el artículo 110 del Decreto 11 de 1996, es decir, la capacidad de comprometer patrimonialmente al departamento con cargo a su presupuesto, motivo por el cual puede sostenerse sin vacilación que ostentaba la disponibilidad jurídica de los dineros que, como se verá, fueron objeto de apropiación indebida.

En dicho sentido, el examen de la actuación contractual que viene de mencionarse evidencia cómo el gobernador autorizó la inclusión de cláusulas que implicaron el reconocimiento injustificado de sumas de dinero a favor de los contratistas, las cuales superaban el costo total de las obras públicas contratadas, comportamiento por cuyo medio agotó la conducta prohibida por el tipo penal en comento, consistente en la apropiación de bienes estatales bajo su disposición, representados en este caso en el dinero en exceso que ordenó transferir a favor de los operadores de servicios públicos domiciliarios.

En dicho sentido, nótese cómo en los cuatro contratos adjudicados al operador Aguas de La Guajira S.A. - ESP, identificados con los números 083, 105, 106 y 131 de 2005, la gobernación se hizo responsable de financiar con cargo a recursos del departamento los costos de “gerencia e interventoría” de las obras, calculados en el 3,5 y 5% de su valor total, como también los de “funcionamiento”, que arrojaron las siguientes cifras:

ConvenioConceptoValor parcialTotal

083/2005
Gerencia e interventoría
Gastos funcionamiento
83.584.458,89
52.224.989,00

135.809.447,89

131/2005
Gerencia e interventoría
Gastos funcionamiento
77.210.109,18
45.120.480,00

122.330.589,18
105/2005Gerencia e interventoría52.103.382,0452.103.382,04
106/2005Gerencia e interventoría49.294.722,1649.294.722,16

Al efectuar la Fiscalía el seguimiento puntual de dichas erogaciones, mediante la revisión de las actas de liquidación de los convenios respectivos, pudo constatar que se trató de partidas de más, frente al valor real de las obras físicas, incluso correspondientes a unos mismos conceptos, como así se detalló en el informe de policía judicial Nº 464822 del 29 de mayo de 2009(37):

ConceptoConvenio 83Convenio 131Convenio 105Convenio 106
Obra física983.346.575,24908.354.233,64622.866.487,54481.945.561,75
Suministro-0--0--0--0-
Interventoría49.167.328,7645.417.711,6835.743.942,3828.996.895,39
Gerencia34.417.130,1331.792.398,1816.359.439,6620.297.826,77
Consultoría-0--0-92.012.36097.992.346
Gastos funcionamiento52.224.989,0045.120.480,00-0-26.500.000,00
Gastos financieros22.927.945,565.661.049,344.205.811,123.266.141.22
Legalización convenio16.872.47014.661.08810.836.5939.163.622
Total inversión1.158.956.438,701.051.006.960,84782.024.634,00668.162.393,12

En relación con dichos pagos, no pasa desapercibido que correspondieron a conceptos amparados en el marco de cada uno de los contratos, erigiéndose en verdaderos sobrecostos reconocidos en favor de los terceros contratistas, por disposición del procesado.

De una parte, porque los imputados a título de “interventorías” no debieron asumirse como gastos inherentes a las obras de infraestructura, habida cuenta que la gobernación se reservó en cada convenio la tarea de supervisar su ejecución a través de la secretaría del ramo, circunstancia admitida por el procesado en el curso de su indagatoria cuando señaló:

“... La interventoría se dio a particulares, se contrató interventoría para cada convenio (...) a parte de esa interventoría la secretaría de obras públicas departamental ejercía supervisión por disposición contenida en los mismos convenios, que consistía en hacerle seguimiento a las obras y participar en los comités permanentes para conocer el detalle de las obras”(38).

Y de otra porque, no resultaba razonable que la gobernación asumiera con cargo a sus recursos los denominados gastos de “gerencia” y “funcionamiento u operación”, en tanto correspondían al mismo concepto de “labores de seguimiento, control y vigilancia, actividades que son propias de una interventoría”, según se consignó en los convenios, como a otros de “logística necesaria para la ejecución de los trabajos, como vehículos, gastos de viaje, impresos y contratación de personal, entre otros”(39), que naturalmente estaban incorporados a la ejecución de las obras mismas.

En suma, de conformidad con las actas de liquidación aportadas al proceso por la empresa Aguas de La Guajira S.A. - ESP(40), del total de los recursos que le fueron girados por la gobernación para llevar a cabo las obras de mejoramiento del acueducto de Riohacha, se les autorizó el destino y cancelación de otros conceptos ajenos a ese objeto, así:

Interventoría de obras: $ 159.325.878,21

Gerencia del convenio: $ 102.866.794,74

Gastos de operación y funcionamiento: $ 123.845.469

Total $ 386.038.141,95

Similar situación se verifica en los contratos celebrados con el operador Aguas del Sur de La Guajira S.A. - ESP, según se desprende de las actas de liquidación final de los convenios respectivos, cuyo examen fue condensado en el Informe de policía judicial Nº 4170 del 2 de julio de 2009(41), con los siguientes resultados:

 Obra físicaGerencia e interventoríaGastos funcionamientoTotal inversión
Convenio 0121.484.686.062149.366.200-0-1.634.052.262
Convenio 0362.799.735.4001256.000.000-0-3.055.735.400
Convenio 084930.516.68079.596.37836.000.0001.046.113.064
Convenio 141120.773.69710.238.664-0-668.162.393
Convenio 10271.101.112-0--0-71.101.112
Convenio 1161.363.342.175113.948.82435.538.9641.512.829.963
Convenio 136200.770.79917.162.771-0-217.933.570

Al confrontar los anteriores valores con los informes financieros que dan cuenta de los recursos aportados por la gobernación para el desarrollo de las obras y los suministrados por el contratista en su condición de concesionario del servicio, se constató que los gastos imputados a gerencia, interventoría y funcionamiento de los convenios 084, 102, 116 y 136 fueron asumidos con dineros del erario, cuando los mismos no debían reconocerse de acuerdo con las razones señaladas en precedencia.

Solo en el caso del convenio 12 la “gerencia e interventoría”, del orden de $ 149.366.200, fue asumida directamente por Aguas del Sur de La Guajira S.A. - ESP y en el caso del convenio 36, de los $ 256.000.000 utilizados en ese ítem la empresa aportó recursos propios por $ 56.000.000.

Así las cosas, los costos en exceso cancelados por la gobernación de La Guajira en los contratos celebrados con este operador fueron los siguientes:

Gerencia e interventoría de obras: $ 370.485.837

Gastos de operación y funcionamiento: $ 71.538.949

Total $ 442.024.786

Finalmente en los tres convenios celebrados con la empresa Aguas de la Península S.A. - ESP, si bien se pactó que el operador asumiera los gastos de “gerencia e interventoría”, inmotivadamente no se hizo lo propio con los denominados “de funcionamiento”, que implicaron sobrecostos del orden de $ 175.424.575 discriminados por convenio de la siguiente manera:

035/2005Gastos funcionamiento65.170.639
085/2005Gastos funcionamiento39.631.936
114/2005Gastos funcionamiento70.622.000

En conclusión, a través del informe de policía judicial del 2 de julio de 2009, se consolidó el valor de los sobrecostos originados en el reconocimiento y pago de gastos de gerencia, interventoría y gastos de funcionamiento, en la suma de mil veintisiete millones cuatrocientos noventa y tres mil trescientos diecisiete pesos con veintisiete centavos ($ 1.027.493.317,27).

Lo dicho en precedencia evidencia entonces la pluralidad de apropiaciones de dineros públicos a favor de terceros, como consecuencia de la tramitación y celebración de los contratos suscritos por José Luis González Crespo, conducta que se materializó a partir de la expedición de las órdenes de pago a favor de los operadores del servicio público domiciliario de agua potable y alcantarillado con quienes suscribió los varios convenios objeto de la actuación(42).

La afectación del bien jurídico de la administración pública, se advierte materialmente en cada uno de esos comportamientos no solo por la inobservancia de los principios que gobiernan la contratación, sino por la vulneración del erario en virtud de la disposición en exceso de recursos llamados a atender las obras de infraestructura.

Las notorias y abundantes irregularidades de orden administrativo en la tramitación de tales contratos, aunado a la inclusión de cláusulas llamadas a favorecer a los operadores y a la ausencia de rigurosos controles en torno al uso de los recursos públicos, resultan indicativas de la actuación dolosa del procesado.

Así las cosas, las pruebas recaudadas confirman el reconocimiento de la responsabilidad efectuada por el incriminado frente los hechos materia de investigación, tornando procedente el proferimiento del fallo condenatorio anticipado.

Consecuencias jurídicas de las conductas punibles

1. Dosificación punitiva.

Teniendo en cuenta los criterios de dosimetría consagrados en la Ley 599 de 2000, se procederá a tasar la pena de prisión y la de multa a través del sistema de cuartos, conforme a los factores objetivos externos que en cada caso concreto concurren.

1.1. La pena de prisión.

Establece el artículo 60 del Código Penal que para el proceso de individualización de la pena, han de considerarse en primer término los límites mínimos y máximos de punibilidad, con todas las circunstancias modificadora de ellos.

En tal medida, según los lineamientos del artículo 31 ejusdem, en caso de concurso de conductas punibles el infractor quedará sometido al precepto que señale la pena más grave, aumentado hasta en otro tanto.

Para el caso, conforme a las consideraciones precedentes, el procesado es autor culpable de un concurso de delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, acaecidos respecto de cada uno de los convenios que tramitó y celebró sin observancia de requisitos de su esencia, quince en total, conductas estas que de acuerdo con la fecha y lugar en que tuvieron lugar, tenían señalada pena de cuatro (4) a doce (12) años de prisión.

Asimismo, incursionó el procesado a través de su actuar en el delito de peculado por apropiación en favor de los terceros contratistas, conducta imputada por la fiscalía a partir de los sobrecostos deducidos de los contratos a los cuales se hizo mención en el aparte pertinente de este fallo, cuya cuantía, según se sostuvo en el acta de formulación de cargos, era superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales.

No obstante lo anterior, en el acta de formulación de cargos para sentencia anticipada el atentado contra el patrimonio público se imputó al procesado a título de concurso homogéneo y no como unidad de acción, circunstancia que comporta la concurrencia de varios peculados de distintas cuantías y, por ende, sancionados con penas diferenciales, así:

a) Los convenios 136 y 141 de 2005, en los que la cuantía de lo apropiado fue inferior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales de la época, la pena de prisión es de un mínimo de cuatro (4) años y un máximo de diez (10).

b) En los convenios 105, 106, 035, 085 y 114 de 2005, donde el valor apropiado fue superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes pero inferior a doscientos (200), la pena de prisión que les corresponde oscila entre seis (6) y quince (15) años.

c) Y para los convenios 83, 131, 36, 84 y 16 de 2005, en los que lo apropiado sí excedió en cada caso de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales de la época, corresponde aplicar el máximo de la sanción prevista para el delito de peculado por apropiación, esto es, de nueve (9) a veintidós (22) años y seis (6) meses de prisión.

Visto lo anterior y de conformidad con lo dispuesto para los eventos de concurso de conductas punibles, corresponde tasar la pena privativa de la libertad a partir de estos últimos rangos consagrados para el peculado en cuantía superior a doscientos (200) salarios mínimos legales, por tratarse de la conducta punible más grave reprochada al procesado, para luego proveer su incremento en la proporción atrás indicada —hasta otro tanto—, con ocasión de los demás delitos concursantes.

Por ello, partiendo del mínimo de nueve (9) años y el máximo de veintidós (22) años seis (6) meses de prisión, el ámbito de punibilidad ha de dividirse en cuatro cuartos, conformados de la siguiente manera:

• El cuarto mínimo de nueve (9) a doce (12) años y seis (6) meses.

• Los dos cuartos medios de doce (12) años, seis (6) meses, un (1) día, a diecinueve (19) años. Y,

• El cuarto máximo de diecinueve (19) años a veintidós (22) años, seis (6) meses.

En razón a que la Fiscalía no dedujo circunstancias de mayor punibilidad, ni concurren de menor punibilidad, la sanción debe individualizarse en los límites del cuarto mínimo, conforme a las previsiones del artículo 61 del Código Penal.

Así las cosas, vista la mayor gravedad de las conductas punibles reprochadas, reveladoras de la mayor desatención de los deberes oficiales que pesaban sobre José Luis González Crespo como responsable de la legalidad de las actuaciones de la administración a su cargo y del buen uso de los recursos del departamento, cuya administración le fue confiada por los habitantes de La Guajira, como también con ocasión del daño real causado por la afectación y disminución de dineros oficiales prioritariamente destinados a la atención de necesidades básicas de la comunidad, se tasará la pena en diez (10) años de prisión.

A su vez, en virtud del concurso de conductas punibles que autoriza el aumento de la pena “hasta en otro tanto”, se dispondrá incremento de dos (2) años por el concurso homogéneo de delitos de peculado por apropiación y tres (3) más por el concurso homogéneo de delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales en los que también incurrió, para una pena de quince (15) años de prisión.

Finalmente, como el procesado se acogió a sentencia anticipada ya precluida la oportunidad correspondiente al sumario, se hace acreedor a la rebaja prevista para la etapa procesal del juicio, esto es, de una octava parte de la pena según las previsiones del artículo 40 de la Ley 600 de 2000.

No obstante lo anterior, en virtud al criterio jurisprudencial prohijado por la Sala en torno a la aplicación favorable de los mayores descuentos punitivos previstos por los artículos 352 y 356 de la Ley 906 de 2004 para el instituto de “allanamiento a cargos”, dada su analogía con la sentencia anticipada consagrada en la Ley 600 de 2000, se aplicará la disminución correspondiente al máximo previsto para la iniciación del juicio, esto es, de una tercera parte de la pena.

Ello en consideración al momento procesal en que se produjo la aceptación de responsabilidad, que sin duda contribuyó a un significativo ahorro de esfuerzos y tiempo del aparato jurisdiccional, evitándole el desgaste propio del agotamiento de las distintas audiencias que integran el juicio.

En consecuencia hechos los cálculos correspondientes a dicha rebaja —equivalente a cinco (5) años—, la pena final que deberá purgar José Luis González Crespo será de diez (10) años de prisión.

1.2. La pena de multa.

Establece el artículo 39 numeral 4º del Código Penal, que en caso de concurso de conductas punibles, deberá procederse a la sumatoria de las que corresponden a cada delito, motivo por el cual resulta preciso establecer su cuantía, así:

1.2.1. Para los ilícitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Señala el legislador para esta conducta punible multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales, por manera que, como sucede con la pena privativa de la libertad, corresponde determinar los cuartos de movilidad, así:

• El cuarto mínimo comprendido entre 50 y 88,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes;

• Dos cuartos medios de 88,6 hasta 162,5 salarios mínimos legales mensuales; y,

• Un cuarto máximo que va de 162,6 hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ante la ausencia de causales de menor y mayor punibilidad, la multa ha de tasarse en los márgenes del cuarto mínimo, es decir, entre 50 y 88,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En consecuencia, atendiendo los factores referidos por el artículo 39, numeral 3º, Código Penal, se partirá de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues como ya se dijo las conductas punibles por las cuales se procede son de extrema gravedad y lesionaron seriamente el bien jurídico de la administración pública, incrementados en 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes más, con ocasión del concurso de delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, para una multa final por este punible de 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1.2.2. Los ilícitos de peculado por apropiación.

Esta conducta punible se sanciona con multa correspondiente al valor de lo apropiado, sin que pueda superar el equivalente a cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Así las cosas, teniendo en cuenta que las sumas apropiadas por el procesado a favor de terceros arrojan un total de $ 1.027.466.327,17, se impondrá al procesado multa por dicho valor, suma que corresponde a 2.693 salarios mínimos legales mensuales de la época, cuyo valor habrá de actualizarse a salarios vigentes.

En consecuencia, efectuada la sumatoria de esta sanción para los delitos concursantes, la multa final que deberá cancelar el procesado a favor del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de este fallo, será de dos mil setecientos noventa y tres (2.763) salarios mínimos legales mensuales a la fecha de su pago.

1.3. La pena de interdicción de derechos y funciones públicas.

Finalmente, al procesado se le condenará a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, mediante la cual se le privará de los derechos de elegir y ser elegido, como del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública u otorgamiento de dignidades u honores, por el mismo término de la pena principal, es decir, por diez (10) años.

Adicionalmente, teniendo en cuenta la declaratoria de responsabilidad penal en contra de José Luis González Crespo, involucra un concurso de delitos de peculado por apropiación, corresponde imponerle la inhabilitación perpetua de que trata el artículo 122 inciso 5º de la Constitución Política(43), en concordancia con el artículo 38 de la Ley 734 de 2002(44).

2. La responsabilidad civil.

Comoquiera que toda conducta punible origina la obligación de reparar los daños materiales y morales causados, paralela a la declaratoria de responsabilidad penal que a través de este fallo se impone, corresponde determinar el monto de los perjuicios a cargo del procesado.

En efecto, aun cuando ni la gobernación de La Guajira ni la Contraloría General de la República se constituyeron en parte civil dentro del presente proceso penal, es evidente que el comportamiento desplegado por José Luis González Crespo causó perjuicio económico a la antedicha entidad territorial.

Así las cosas, el daño emergente corresponde al valor pagado de más a los contratistas, que tasó la Fiscalía en mil veintisiete millones cuatrocientos noventa y tres mil trescientos diecisiete pesos con veintisiete centavos —$ 1.027.493.317,27—.

Por su parte, para el cálculo del lucro cesante entendido como la ganancia o renta que deja de percibirse como consecuencia del daño irrogado, corresponde aplicar la tasa de interés legal del 6%, conforme a las previsiones del artículo 1617 del Código Civil, equivalente a sesenta y un millones seiscientos cuarenta y nueve mil quinientos noventa y nueve pesos con tres centavos —$ 61.649.599,03—.

Lo anterior arroja perjuicios de orden material de mil ochenta y nueve millones ciento cuarenta y dos mil novecientos dieciséis pesos con treinta centavos —$ 1.089.142.916,30—, correspondientes a dos mil ochocientos cincuenta y cinco —2.855— salarios mínimos legales vigentes para la época de los hechos.

En consecuencia, corresponde actualizar esa suma de dinero al valor presente, motivo por el cual se impondrá al sentenciado condena por concepto de indemnización pecuniaria correspondiente a dos mil ochocientos cincuenta y cinco —2.855— salarios mínimos legales vigentes de la fecha en que efectúe su pago, el cual deberá hacer mediante consignación a órdenes de la gobernación de La Guajira.

En cuanto a los perjuicios morales, ha de tenerse en cuenta que estos pueden ser de dos especies: (i) los de carácter subjetivo, relativos a la tristeza, dolor o aflicción sufridas por las víctimas del delito los cuales, por su naturaleza, no son valorables pecuniariamente. Y (ii) los objetivados, referidos a aquellos que repercuten en la capacidad productiva o laboral de la persona agraviada y, como tal, sujetos de cuantificación.

Ahora bien, la jurisprudencia de esta corporación pacíficamente ha reconocido que tratándose de personas jurídicas solo es posible predicar la existencia de perjuicios morales objetivados, siempre que, como consecuencia de la conducta punible, pueda predicarse una sensible disminución de su capacidad productiva o cuando se ponga en peligro su existencia. En esa misma dirección ha dicho la Sala que,

“... es lógico que las personas jurídicas públicas no sufrirán este tipo de daños, por cuanto siendo su creación constitucional o legal, la comisión de un delito en su contra no tiene la posibilidad de reducir la prestación del servicio público que le es propia, y menos de poner en riesgo su supervivencia”(45).

Consecuente con la línea jurisprudencial mencionada, la Sala no condenará al procesado al pago de perjuicios morales.

3. De los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad.

Comoquiera que la pena de prisión impuesta supera los tres años, el sentenciado no tiene derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, contemplada en el artículo 63 de la Ley 599 de 2000.

Tampoco se hace acreedor a la prisión domiciliaria, toda vez que no se encuentra satisfecho el presupuesto de orden objetivo necesario para su concesión, consistente en que se proceda por delitos cuya pena mínima prevista en la ley sea igual o inferior a cinco (5) años de prisión —artículo 38 del Código Penal—, toda vez que uno de los ilícitos concursantes, el peculado por apropiación en cuantía superior a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, contempla prisión que parte de nueve (9) años, circunstancia esta que, de paso, torna inane cualquier análisis respecto de la concurrencia o no del presupuesto subjetivo indispensable para acceder al sustituto de la prisión intramural.

4. Otras determinaciones.

Ejecutoriado el fallo, se dispondrá la remisión de las diligencias al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad —reparto—, previa anotación que el sentenciado se encuentra a disposición del juzgado sexto de dicha categoría, en cumplimiento de la sentencia condenatoria proferida el 19 de noviembre de 2011 por esta misma corporación, dentro del Radicado 37350.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR a José Luis González Crespo, de condiciones civiles y personales conocidas, como autor responsable de la conducta punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, artículo 411 del Código Penal, en concurso homogéneo, con ocasión del trámite y celebración irreglamentaria que impartió a los convenios 83, 105, 106 y 131 de 2005 adjudicados a la empresa Aguas de La Guajira S.A. - ESP; 012, 034, 036, 084, 102, 141, 116 y 136 de 2005 adjudicados a Aguas del Sur de La Guajira S.A. - ESP y los convenios 35, 85 y 114 de la misma anualidad adjudicados a Aguas de la Península S.A. -ESP.

Asimismo, DECLARAR al procesado autor culpable del delito de peculado por apropiación, artículo 397 de la Ley 599 de 2000, en concurso homogéneo, por razón de los demostrados sobrecostos que canceló a favor de las empresas contratistas ya mencionadas, con ocasión de los convenios 83, 131, 105, 106, 12, 36, 84, 141, 116, 136, 35, 85 y 114, todos de 2005, comportamientos realizados cuando aquel se desempeñó como gobernador del departamento de La Guajira, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar precisadas en esta decisión.

2. CONDENAR, en consecuencia, a José Luis González Crespo, a la pena principal de diez (10) años de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa equivalente a dos mil setecientos noventa y tres (2.763) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Tesoro Nacional, la cual deberá consignarse a nombre del Consejo Superior de la Judicatura según lo normado en el artículo 42 de la Ley 599 de 2000.

Igualmente, se le impondrá inhabilitación perpetua para el ejercicio de funciones públicas, de conformidad con el artículo 122 inciso 5º de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 38 —parágrafo— de la Ley 734 de 2002.

3. DECLARAR que José Luis González Crespo, no tiene derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni al sustituto de la prisión domiciliaria, conforme a lo expuesto en el cuerpo de esta sentencia.

4. CONDENAR a José Luis González Crespo, a pagar a la gobernación de La Guajira, por concepto de indemnización de perjuicios materiales, el equivalente a dos mil ochocientos cincuenta y cinco (2.855) salarios mínimos legales a la fecha en que efectúe su pago.

5. LIBRAR por la secretaría de la Sala las comunicaciones de rigor a las autoridades competentes, conforme lo normado por el artículo 472 Ley 600 de 2000.

6. COMUNICAR esta decisión a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y a la tesorería del departamento de La Guajira, para efecto del recaudo de la multa y la condena en perjuicios impuesta.

7. DECLARAR que contra el presente fallo no procede recurso.

8. REMITIR as [sic] diligencias al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad —reparto—, previa anotación que el sentenciado se encuentra a disposición del juzgado sexto de dicha categoría, en cumplimiento de la sentencia condenatoria proferida el 19 de noviembre de 2011 por esta misma corporación, dentro del Radicado 37350.

Notifíquese y cúmplase».

(11) Cfr. fls. 192 a 196, cdno. 1 fiscalía.

(12) Cfr. fls. 191 a 196, cdno. 1 fiscalía.

(13) Cfr. fl. 49 y ss., cdno. 1 Fiscalía.

(14) Cfr. fl. 74 y ss., cdno. 1 Fiscalía.

(15) Cfr. fl. 79 y ss., cdno. 1 Fiscalía.

(16) Cfr. fl. 101 y ss., cdno. 1 Fiscalía.

(17) Cfr. fl. 18 y ss., cdno. 1 Fiscalía.

(18) Cfr. fl. 22 y ss., cdno. 1 Fiscalía.

(19) Cfr. fl. 44 y ss., cdno. 1 Fiscalía.

(20) Cfr. fl. 57 y ss., cdno. 1 Fiscalía.

(21) Cfr. fl. 70 y ss., cdno. 1 Fiscalía.

(22) Cfr. fl. 110 y ss., cdno. 1 Fiscalía.

(23) Cfr. fl. 96 y ss., cdno. 1 Fiscalía.

(24) Cfr. fl. 36 y ss., cdno. 1 Fiscalía.

(25) Cfr. fl. 60 y ss., cdno. 1 Fiscalía.

(26) Cfr. fl. 84 y ss., cdno. 1 Fiscalía.

(27) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de junio 1º de 1995.

(28) Cfr. fls. 188 a 210, cdno. 2 Fiscalía.

(29) Cfr. fls. 186 y ss., cdno. original 3.

(30) Fijado por el Gobierno Nacional en $ 381.500 para la citada vigencia.

(31) Cfr. Fl. 247 y ss., cdno. original 2 Fiscalía.

(32) Sentencia del 6 de mayo de 2008, Radicado UI 25495.

(33) Cfr. fl. 19 y ss., cuaderno anexo 4.

(34) Cfr. fl. 44 y ss., cuaderno de anexos 4.

(35) Cfr. fl. 75 y ss., cuaderno de anexos 4.

(36) Cfr. Informes de policía judicial Nº 355395 del 3 de agosto de 2007; Nº 464822 del 29 de mayo de 2009 y Nº 46612, como su complemento del 2 de julio de 2009.

(37) Cfr. fl. 116, cdno. 3 Fiscalía.

(38) Cfr. fls. 84 y 85, cdno. original 2 Fiscalía.

(39) Cfr. fl. 115, cdno. Fiscalía 3.

(40) Cfr. fls. 43 a 91, cdno. Fiscalía 3.

(41) Cfr. fls. 175 a 182, cdno. Fiscalía 3.

(42) Cfr. fls. 166 a 174, cdno. 3 Fiscalía.

(43) Precepto del siguiente tenor: “Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados servidores públicos, ni celebrar personalmente o por interpuesta persona contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado”.

(44) Norma según la cual: “Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política (...), se entenderá por delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que produzcan directa lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor público”.

(45) Sentencia del 18 de junio de 2002, Radicado 19464.