Sentencia 37646 de febrero 16 de 2010

 

Sentencia 37646 de febrero 16 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 37646

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López

Acta 4

Bogotá D.C, dieciséis de febrero de dos mil diez.

Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandada, contra la sentencia proferida por Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, calendada 18 de junio de 2008, en el proceso ordinario adelantado por Luz Otilia Martínez Gil, quien actúa en nombre propio y como representante legal del menor Andrés Velásquez Martínez, cónyuge e hijo del causante Jaime Alberto Velásquez Lema, contra el Instituto de Seguros Sociales.

I. Antecedentes

Luz Otilia Martínez Gil, en nombre propio y como representante legal de su menor hijo Andrés Velásquez Martínez, demandó al Instituto de Seguros Sociales, procurando se le condenara a pagar a su favor, la pensión de sobrevivientes por la muerte de su esposo y padre señor Jaime Alberto Velásquez Lema, junto con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y a las costas.

Como fundamento de esos pedimentos esgrimió, en resumen, que contrajo nupcias con Jaime Alberto Velásquez Lema, de cuya unión procrearon a su hijo menor Andrés Velásquez Martínez; que su esposo falleció el día 11 de noviembre de 2005, quien se encontraba afiliado al Instituto de Seguros Sociales y tenía 732 semanas cotizadas por los riegos de invalidez, vejez y muerte; que reclamó la pensión de sobrevivientes junto con su hijo, pero le fue negada mediante la Resolución 25402 de 2006, por no tener el requisito de las 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la muerte; que el ISS desconoció la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que establece la aplicación de la condición más beneficiosa a favor de los beneficiarios del causante, cuando se hubiera cotizado más de 300 semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

II. Respuesta a la demanda

La parte accionada al dar respuesta a la demanda, se opuso al éxito de las pretensiones, argumentando que la parte actora no reúne los requisitos exigidos por la ley vigente para el momento de la muerte del afiliado, que es cuando se causa el derecho, valga decir, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. De los hechos admitió la mayoría, excepto en lo que tiene que ver con la aplicación de la condición más beneficiosa que dé lugar al otorgamiento de la pensión de sobrevivientes a favor los demandantes. Propuso como excepciones las de inexistencia de la causa petendi, falta de causa para pedir, improcedencia del cobro de intereses moratorios por violación del principio constitucional de la inescindibilidad de la norma, prescripción, buena fe del seguro social, compensación, incongruencia jurídica de la condena en costas, e improcedencia de la indexación de las condenas.

III. Sentencia de primera instancia

Conoció de la primera instancia el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, quien en sentencia el 29 de enero de 2008, declaró que los demandantes Luz Otilia Martínez Gil, quien actúa en nombre propio y como representante legal de su menor hijo Andrés Velásquez Martínez, les asiste el derecho de acceder a la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge y padre Jaime Alberto Velásquez Lema, por haber éste dejado causado el derecho a acceder a esa prestación, conforme a los requisitos exigidos por el Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de igual año, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa; y como consecuencia de la anterior condenó al Instituto de Seguros Sociales, a pagar a favor de éstos, dicha pensión mensual vitalicia de sobrevivientes, en proporción de un 50% para cada uno, a partir del 11 de noviembre de 2005, la cual no podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente; así mismo, absolvió al ISS de las demás pretensiones formuladas en su contra, declaró imprósperas las excepciones propuestas y condenó en costas a la parte demandada.

IV. Sentencia de segunda instancia

Apelaron ambas partes y el recurso interpuesto por la parte actora se denegó por falta de sustentación, concediéndose únicamente el presentado por la accionada.

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, con sentencia que data del 18 de junio de 2008, confirmó la decisión condenatoria de primer grado; la adicionó en el sentido de autorizar al Instituto de Seguros Sociales a deducir de las condenas impuestas la suma de $ 5.165.647, siempre y cuando dicho valor se hubiere cancelado a los accionantes por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes; fijó las costas de primera instancia en un 80% a cargo del ISS y se abstuvo de condenar en costas en la alzada.

El ad quem, tras determinar que la ley aplicable para el presente asunto era aquella que regía para la fecha de fallecimiento del afiliado que se produjo el 11 de noviembre de 2005, esto es, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que entró a regir el 29 de enero de igual año, modificatorio del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, que señala como requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, que el causante mayor de 20 años haya cotizado el 25% del tiempo transcurrido entre la edad referida y la data de la muerte y un total de 50 semanas cotizadas dentro de los tres (3) años anteriores al deceso, estimó que en virtud del principio de favorabilidad consagrado constitucional y legalmente, que garantiza la aplicación de la condición más beneficiosa, le asistía a los demandantes el derecho a esa prestación pensional, por exceder el asegurado el número de semanas mínimas de cotización que referían los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, dado que alcanzó al 1º de abril de 1994 cuando entró a regir la Ley 100 de 1993 un total de 595.7142 semanas, valga decir más de 300 semanas, para lo cual se apoyó en un pronunciamiento de la Corte Constitucional Sentencia C-168 del 20 de abril de 1995.

El juez colegiado, en lo que interesa estrictamente al recurso de casación, textualmente soportó su decisión en lo siguiente:

“(…) teniendo en cuenta la fecha de fallecimiento del asegurado Jaime Alberto Velásquez Lema (11 de noviembre de 2005 - Fls. 4), el presente caso estaría regulado por la Ley 797 de 2003, que entró a regir el 29 de enero del mismo año.

Este precepto reformó algunas disposiciones del sistema general de pensiones contenidas en la Ley 100 de 1993, y adoptó ciertas medidas sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales. Algunas de las reformas introducidas por la Ley 797 están contenidas en su artículo 12 y se refieren a los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes.

(…)

Según el Instituto de Seguros Sociales el afiliado Jaime Alberto Velásquez Lema no cotizó cincuenta semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a su deceso.

En la Resolución 25402 de 27 de octubre de 2006 la entidad le reconoció a la señora Luz Otilia Martínez Gil y a su hijo menor Andrés Velásquez Martínez una indemnización sustitutiva por valor de $ 2.582.824 para la primera, y de $ 2.582.823 para el segundo. Lo que quiere decir que sus calidades de cónyuge e hijo beneficiarios de las prestaciones derivadas del fallecimiento del afiliado, no admite ninguna duda.

En dicho acto administrativo se dejó expresa constancia que el asegurado acreditó un 46.26% de fidelidad de cotización al sistema de pensiones, puesto que cotizó 732 semanas entre la fecha en que cumplió 20 años de edad (5 de julio de 1975) y aquella de la muerte. Y 733 semanas en toda su vida laboral.

De folios 41 a 46 reposa la historia laboral del asegurado Velásquez Lema, de la que se advierte que el mismo cotizó 595,7142 semanas entre el 16 de marzo de 1979 y el 1º de abril de 1994, fecha en la cual entró a regir la Ley 100 de 1993 en materia pensional, lo que le permite a la demandante y a su hijo acceder a la pensión de sobrevivientes en los términos consagrados en el artículo 6º del Acuerdo 49 de 1.990, aprobado por el Decreto 758 de esa anualidad, por cumplirse “(...) el número y densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de invalidez por riesgo común (...)” —entiéndase pensión de sobrevivientes— es decir, “(...) ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época (...)” (artículo 6º y 25).

En materia laboral, el principio de favorabilidad, consagrado constitucional y legalmente, garantizan la aplicación de la condición más beneficiosa en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho”.

Y remató la argumentación sobre este punto, transcribiendo lo dicho por la Corte Constitucional en la Sentencia C-168 de 20 de abril de 1995.

V. El recurso de casación

Lo interpuso el instituto demandado, y según se lee en el alcance de la impugnación, pretende que se CASE la sentencia del tribunal, y en sede de instancia la Corte revoque la decisión de primer grado, para en su lugar absolverlo de todas y cada una de las pretensiones formuladas en la demanda inicial.

Con tal propósito invocó la causal primera de casación laboral y formuló dos cargos que no fueron replicados, los cuales se estudiarán en el orden que aparecen propuestos.

VI. Primer cargo

Acusó la sentencia impugnada por la vía directa, en las modalidades de interpretación errónea del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el 46 de la Ley 100 de 1993, y aplicación indebida de los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

Para su demostración el censor efectuó el siguiente planteamiento:

“(…) Como el tribunal, para confirmar fallo de primera instancia que reconoció la pensión de sobrevivientes pretendida, y concederla con fundamento en los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990 del mismo año, descartó la aplicación de la norma que dice sería la llamada determinar el derecho reclamado, o sea, la vigente al momento de la muerte del causahabiente de la demandante, esto es, el artículo 12 la Ley 797 de 2003, invoca el principio de la condición más beneficiosa, para lo cual se remite a sentencia de la Corte Constitucional relativa a dicho principio, es por lo que, siguiendo lo que sostiene esa corporación (sentencia de casación del 25 de junio de 2007, radicación 28377), sobre cuál debe ser el concepto de vulneración que se debe denunciar cuando la sentencia gravada se sustenta en un criterio jurisprudencial o en aplicación de fallos en el que se fija un sentido o alcance a la ley, es por lo que se indica, en primer lugar, que el juzgador de segundo grado infringió la ley por la interpretación errónea de la norma que era y debió ser base esencial del fallo: artículo 12 de la Ley 797 de 2003; aunque no sobra advertir que como el aludido principio de la condición más beneficiosa se ha cimentado en los artículos 53 de la Carta, 21 del Código Sustantivo del Trabajo, y 10, 11 y 13 de la Ley 100 de 1993, dicha normas también y tácitamente, para este caso, se interpretaron erróneamente.

En la sentencia impugnada, el tribunal, aunque le faltó ser más claro en su argumentación, lo que tácitamente sostiene, con referencia al fallo de la Corte Constitucional que transcribe, es que, para el caso, cabe la aplicación de la condición más beneficiosa, porque cuando se presenta una duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales que consagran el derecho cuyo reconocimiento se pretende, como es la surgida de la diferente regulación de la pensión de sobrevivientes contenida en los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990 y el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que reformó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, hay que aplicar la que posibilite la concesión de la pensión, así la muerte haya ocurrido en vigencia de la última, a fin de garantizar la aplicación de la condición más beneficiosa; por lo que en este proceso, para el tribunal, resultaba procedente acudir ah reglamento general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte aprobado mediante el artículo 1º del Decreto 758 de 1990, y no lo preceptuado respecto de la pensión de sobrevivientes en la Ley 797 de 2003.

La solución que el tribunal dio al caso litigado violó la ley sustancial al haber interpretado erróneamente el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y aplicado indebidamente los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, dado que dicha interpretación se aparta del criterio jurisprudencial plasmado en las sentencias de casación de 3 de diciembre de 2007, radiación 28876 y 20 de febrero de 2008, radicación 32649, fallos en los cuales la Sala de Casación Laboral infirmó decisiones de Tribunales de Distrito Judicial que resolvieron las controversias sobre seguridad social basándose en los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, no obstante que en ambos casos los afiliados habían fallecido después del 29 de enero de 2003, fecha en la que entró en vigencia la Ley 797 de 2003, desconociendo así el efecto general inmediato que por ser de orden público deben producir las normas sobre seguridad social.

De las sentencias de 3 de diciembre de 2007, del 20 de febrero de 2008 y a la del 17 de febrero del año en curso, radicación 34016, a las que me remito en sustento de esta acusación, resulta claro que dicha creación jurisprudencial únicamente puede ser vista como una solución a la laguna que la Sala de Casación Laboral advirtió en la Ley 100 de 1993 al haber restringido la regulación del régimen de transición a la pensión de vejez y no haber previsto la transición respecto de otras prestaciones económicas como lo son la pensión de invalidez y la de pensión sobrevivientes; mas no puede ser entendido el criterio jurisprudencial invocado en el fallo impugnado como una autorización dada a los demás jueces para que no se sometan al imperio de la ley y, en un caso en el que bajo ningún respecto cabe aplicar las reglas del Acuerdo 49 de 1990, no hacerle producir efectos a lo claramente preceptuado en los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que fueron erróneamente interpretados al haberlos entendido como normas menos favorables y, como consecuencia de esa mala interpretación, resolver el caso aplicando indebidamente los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990 a una situación que se consolidó encontrándose en vigor la nueva ley que modificó los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes.

Queda así demostrada la violación de la ley por la que al fijar el alcance de la impugnación se le pidió a la Corte casar la sentencia recurrida y, en instancia, absolver al Instituto de Seguros Sociales, luego de revocar el fallo del juzgado.

Aunque ya se demostró la infracción del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y la aplicación indebida de los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, no está demás reiterar que en las sentencias de 3 de diciembre de 2007, radicación 28876 y 20 de febrero de 2008 radicación 32649, la Sala de Casación explicó la razón por la que “(…) no era procedente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, cuando la muerte del afiliado acontece en vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, puesto que es esta la normatividad aplicable para efectos de la sustitución pensional o pensión de sobrevivientes (…)”, conforme está dicho en este último fallo. Razón de improcedencia que no es otra diferente, se repite, a la del efecto general inmediato que tienen las normas sobre seguridad social pues, al igual que las normas sobre trabajo, son de orden público”.

VII. Se considera

Como se puede observar, el cargo está encauzado a que se determine jurídicamente, que no es aplicable el principio de la condición más beneficiosa, cuando el afiliado fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, así cumpla con la exigencia de las 300 semanas de cotización antes del 1º de abril de 1994, que consagraban los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de igual año, habida cuenta que en estos eventos, los requisitos para poder obtener la pensión de sobrevivientes son los señalados en el artículo 12 de la citada Ley 797, que es el ordenamiento que verdaderamente gobierna la situación pensional de los beneficiarios del asegurado fallecido Jaime Alberto Velásquez Lema.

En efecto, conforme se lee en el desarrollo del ataque, en criterio del recurrente resulta improcedente la aplicación de la denominada “condición más beneficiosa” al asunto bajo estudio, para que con base en ese principio se entren a considerar las exigencias que traían los reglamentos del ISS y así poder los demandantes acceder a la pensión de sobrevivientes; en esencia, porque en su decir, lo resuelto por el tribunal va en contravía de lo adoctrinado sobre el tema por la Sala de Casación Laboral, en cuanto a que por el efecto general inmediato de la ley o normas sobre seguridad social, la disposición legal a tener en cuenta es la vigente para el momento de la muerte del afiliado, para el caso la Ley 797 de 2003 que modificó los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes.

Vista la motivación de la sentencia acusada, el tribunal para confirmar la decisión condenatoria del a quo, aunque estableció que el precepto legal aplicable al caso en particular era el citado artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que prevé como exigencia para el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes, que el causante mayor de 20 años haya cotizado el 25% del tiempo transcurrido entre la edad referida y la fecha del fallecimiento y un total de 50 semanas dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores a la fecha del deceso, estimó que en el sub examine era válida la aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa para definir el derecho con fundamento en los requisitos del Acuerdo 49 de 1990, que en el asunto a juzgar se cumplían al tener el afiliado 595.7142 semanas cotizadas al 1º de abril de 1994, cuando entró a regir la Ley 100 de 1993.

Pues bien, dada la vía escogida, no son objeto de cuestionamiento y están demostrados en el proceso los siguientes supuestos fácticos: (I) Que el causante Jaime Alberto Velásquez Lema, estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales, habiendo alcanzado a cotizar para el riesgo de pensión un total de 733 semanas, de las cuales 595.7142 semanas se aportaron antes del 1º de abril de 1994; (II) Que el fallecimiento del asegurado tuvo ocurrencia el 11 de noviembre de 2005; (III) Que la demandante Luz Otilia Martínez Gil es la cónyuge del occiso, con quien procrearon un hijo menor de edad de nombre Andrés Velásquez Martínez; y (V) Que el ISS con la Resolución 25402 del 27 de octubre de 2006, le negó la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios del fallecido, en virtud de que éste no cumplía con los requisitos del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pues solo tenía una (1) semana cotizada en los tres (3) años que anteceden a la muerte del asegurado, y una fidelidad al sistema del 46.26%.

Planteadas así las cosas, para la Sala es acertada la imputación que el recurrente le hizo a la sentencia de segundo grado, respecto al marco normativo que se debió acoger en la presente contienda para dirimirla y la no cabida de la “condición más beneficiosa”; pues resulta equivocada la postura del tribunal consistente en que por virtud a este principio, era aplicable el Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año; por razón de que realmente la norma que rige el asunto es la vigente para el momento de la ocurrencia de la muerte del afiliado y a sus requisitos es que debe ceñirse los beneficiarios del causante.

Ciertamente, para el 11 de noviembre de 2005, fecha del deceso de Jaime Alberto Velásquez Lema, la normatividad aplicable para efectos de la pensión de sobrevivientes, era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y por ende el derecho reclamado lo adquieren los beneficiarios demandantes siempre y cuando acrediten los requisitos allí consignados, que se traducen en que el causante haya “cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento”, y adicionalmente tenga una fidelidad al sistema equivalente al “veinticinco (25%) por ciento del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha de fallecimiento”, requisito este último que luego de la Sentencia de Exequibilidad C-1094 del 19 de noviembre de 2003 quedó reducido al veinte por ciento (20%).

Y como lo pone de presente el censor, la Ley 797 de 2003 al entrar en vigor desde su publicación, que lo fue el 29 de enero de esa anualidad, es inmediatamente aplicable; ello por cuanto en los términos del artículo 16 del Código Sustantivo de Trabajo que como lo ha precisado esta Sala resulta también aplicable a los asuntos de seguridad social, “Las normas sobre trabajo, por ser de orden público producen efecto general inmediato”.

Esta Sala de la Corte, en la sentencia que rememora la censura calendada 3 de diciembre de 2007 radicación 28876, reiterada en casación del 20 de febrero de 2008 radicado 32649, en un caso análogo, fijó su propio criterio y consideró que no era procedente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, cuando la muerte del afiliado acontece en vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, puesto que es esta la normatividad aplicable para efectos de la pensión de sobrevivientes, y en esa oportunidad puntualizó:

“(...) Corresponde determinar las disposiciones aplicables al asunto en controversia, y así establecer si el ad quem incurrió en la violación normativa que denuncia el censor.

En ese orden, se impone afirmar que el fallador de alzada incurrió en los desaciertos jurídicos que le atribuye la censura, al resolver el asunto con base en los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, puesto que, sin duda alguna, al momento del fallecimiento de Llanos Tole “31 de julio de 2003”, la normatividad aplicable para efecto de la sustitución pensional, era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que inició su vigencia el 29 de enero de tal anualidad, que estableció como requisito que el afiliado al sistema que fallezca, debía haber cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento, con una fidelidad de cotización del 20% en el tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha del fallecimiento – Sentencia C-1094 de 2003.

Así las cosas, le asiste razón a la censura en cuanto a que en el presente asunto, no tiene aplicación el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de dicho año, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, por lo que el ad quem incurrió en el error jurídico que indica en (sic) impugnante”.

De tal modo que, el tribunal erró cuando aplicó los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 aprobado por el Decreto 758 de 1990, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, para con ello otorgarle el derecho a los demandantes, cuando la verdad es que en el sub lite, no se reúnen los requisitos legales vigentes para la data de la muerte del asegurado, que permitiera a sus causahabientes acceder a la pensión implorada.

Colofón a lo anterior, el juez colegiado cometió los yerros jurídicos que le endilga la censura, y es por esto que la acusación prospera, siendo innecesario el estudio del segundo cargo por perseguir el mismo cometido, y en consecuencia habrá de casarse la sentencia impugnada.

Como consideraciones de instancia a más de las expresadas al estudiarse el primer cargo, es de anotar, que en el sub lite no quedó satisfecho el requisito de haber cotizado el causante en los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la muerte al menos cincuenta (50) semanas, pues como se dejó sentando en sede de casación en ese período solo tuvo aportes por una (1) semana, lo cual por si solo hace perder el derecho a los demandantes beneficiarios para poder acceder a la pensión de sobrevivientes reclamada; independiente de que se reúna o no la exigencia de la fidelidad al sistema, que de paso fue declarara inconstitucional en la Sentencia C-556 del 20 de agosto de 2009.

Por lo dicho, no queda otro camino que absolver al Instituto demandado del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes deprecada.

En consecuencia, se revocará íntegramente la sentencia condenatoria de primer grado, para en su lugar absolver al Instituto de Seguros Sociales de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra.

Las costas de primera instancia serán a cargo de la parte actora, y no habrá lugar a ellas en la alzada por no haberse causado, ni en el recurso extraordinario por la prosperidad de la acusación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 18 de junio de 2008, en el proceso ordinario adelantado por Luz Otilia Martínez Gil, quien actúa en nombre propio y como representante legal del menor Andrés Velásquez Martínez, cónyuge e hijo del causante Jaime Alberto Velásquez Lema, contra el Instituto de Seguros Sociales.

En sede de instancia, SE REVOCA íntegramente la sentencia condenatoria de primer grado, para en su lugar ABSOLVER al Instituto de Seguros Sociales de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra.

Se condena en costas de la primera instancia a la parte vencida que lo es la demandante, sin que haya lugar a ellas en la alzada ni en el recurso de casación.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese.

Magistrados: Luis Javier Osorio López—Elsy Del Pilar Cuello Calderon—Gustavo Jose Gnecco Mendoza—Eduardo Lopez Villegas—Francisco Javier Ricaurte Gomez—Camilo Tarquino Gallego.