Sentencia 3771 de julio 27 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

RENUNCIAS SOLICITADAS

CASOS EN QUE SON VÁLIDAS

EXTRACTOS: «La jurisprudencia ha estimado que las renuncias solicitadas a los titulares de cargos de carácter político-administrativo como los de ministros, los jefes o directores de departamento administrativo, los superintendentes, los viceministros y secretarios generales, son válidas por cuanto el fin perseguido se orienta a la integración burocrática de la cúpula gubernamental y administrativa que se encargará de la implantación y desarrollo de las políticas gubernamentales.

En estos casos la insinuación de la renuncia constituye un mecanismo encaminado a evitar la insubsistencia, que en un alto cargo no es muy consonante con las prácticas administrativas gubernamentales.

Esta Sala se pronunció al respecto mediante sentencia de 26 de abril de 1991, expediente 3531, actor Herman Harold Bolmmer Rengifo, en los siguientes términos:

“El Consejo de Estado ha aceptado que una insinuación de renuncia, constituye un mecanismo protocolario encaminado a evitar la expedición de un acto de insubsistencia. De otra parte, como la presidenta del banco carecía de poder jurídico para decidir sobre la renuncia, dicha sugerencia de dimisión era totalmente inocua.

La Corporación inclusive ha sostenido en diversas oportunidades, que la solicitud de renuncia a funcionarios públicos del nivel directivo, por parte de la autoridad nominadora, investida de la facultad de libre nombramiento y remoción, no constituye una conducta desviada de la administración, explicable por razones funcionales en atención al rango y atribuciones de responsabilidad y confianza de los altos cargos de la función pública” (se subraya).

24. Así mediante sentencia de primero de febrero de 1991, expediente Nº 4801 con ponencia del Dr. Álvaro Lecompte Luna, dijo:

“En ese orden de ideas muchas veces se ha creído que, cuando se trata de empleados públicos no vinculados a carrera administrativa alguna, su desvinculación discrecional por simpatías partidaristas, lejos de ser contrarias al criterio del buen servicio público, antes bien lo busca porque excluye de la administración a aquellas personas que no comulguen con la colectividad, movimiento o grupo político que domine la escena burocrática en determinado momento y porque llama a colaborar a sus posibles copartidarios o simpatizantes.

V. Sin embargo, para la Sala, reexaminando la cuestión, encuentra que ese criterio está lejos de satisfacer nociones ligadas a lo que ha de entenderse por “desviación de poder” como vicio de los actos administrativos en general, pero que adquiere mayor relevancia tratándose de los discrecionales. Que se mantengan las concepciones que se han recordado en el acápite anterior para los cargos realmente políticos porque hacen del individuo empleado un cabal rector de la cosa pública, como son los funcionarios enumerados en el literal a) del citado segundo inciso del artículo 3º del Decreto-Ley 2400 de 1968 (ministros de despacho, jefes de departamentos administrativos, superintendentes, viceministros, secretarios generales de ministerio y de departamentos administrativos, etc., y a los que podrían agregarse los cargos de gobernador, secretarios de los despachos de éstos, intendentes, comisarios, gerentes de empresas industriales o presidentes de establecimientos públicos y otros similares), es algo lógico y congruente, pero no así en cargos que en verdad son meramente administrativos o que debieran ser de carrera, mas cuyos titulares, por cualquier eventualidad, no se hayan vinculado a alguna de las múltiples “carreras” que la ley ha ido estableciendo”.

25. Circunscribiéndonos al tema del debate procesal propuesto por el actor y aceptado por el Ministerio de Defensa, se deberá examinar el tema de las renuncias protocolarias que fue la terminología empleada en la circular y oficio impugnados.

Para este efecto, resulta de gran importancia referirnos a la sentencia de 9 de noviembre de 1981, expediente 4873 con ponencia del Dr. Ignacio Reyes Posada, en la cual se precisó su viabilidad siem-pre y cuando existiera en el empleado una voluntad inequívoca de dejar en libertad al nominador para que éste organizara sus cuadros administrativos, aun cuando el empleado dimitente no tuviera razones personales para dejar el servicio, pero sí existieran razones de tipo político o administrativo, y siempre y cuando ellas se presentaran en el personal del nivel directivo. Dijo esta sentencia lo siguiente:

“Las llamadas “renuncias protocolarias” se producen por la voluntad inequívoca del funcionario de dejar en libertad al nominador para reorganizar la dependencia respectiva, designando a las personas que a su juicio sean más idóneas para el ejercicio del cargo. Es cierto que en estos cargos no se vislumbra la voluntad del renunciante de separarse del cargo por razones personales, pero si existe una razón política o administrativa y es el ofrecerle al titular de la dependencia respectiva una fácil oportunidad de reorganizar el servicio mediante el cambio de funcionarios. Esta es una razón válida para la renuncia aunque no implique un motivo personal para la separación del servicio. Por otra parte cabe observar que este tipo de renuncias sólo se presentan en el personal directivo de las instituciones, integrado por tanto por personas plenamente conscientes de sus actos, que obran con mesura y ecuanimidad en sus actuaciones públicas. Cosa distinta son las renuncias obtenidas bajo presión o solicitadas directamente al producirse un cambio en la dirección de la dependencia respectiva. Tal clase de renuncias sí violentan la voluntad del funcionario y llevan implícito por lo tanto el vicio de la desviación de poder que determina la nulidad del acto. No puede afirmarse tampoco que una renuncia como la que se estudia encuadre dentro de lo previsto en el inciso 4º del artículo 27 Decreto 2400 de 1968 porque las características que allí se señalan son aquellas que ponen con anticipación en manos del jefe la suerte del empleado y en este caso no se trata de tal cosa sino que éste pone en manos del jefe del organismo su suerte, en un momento determinado, libre y espontáneamente, con motivo de la llegada de un nuevo superior o de la ratificación del mismo” (se subraya).

Obsérvese cómo, bajo estos precisos términos la jurisprudencia no cohonesta prácticas administrativas encaminadas a vulnerar la voluntad del funcionario dimitente. Tampoco con dicha interpretación se autoriza al nominador para desarrollar presiones indebidas o la de ejercer actos irregulares que per-turben el ejercicio normal de sus funciones, o la de emitir ordenes encaminadas a lograr el retiro del funcionario, o la de menoscabar la libre decisión del empleado objeto del retiro, pues con el ejercicio de estas prácticas no puede existir una voluntad libre del empleado, imperando así únicamente la decisión del nominador. La naturaleza de la relación laboral de continuada dependencia y subordinación, limitan sin lugar a dudas su plena autonomía.

26. No puede pensarse en el presente caso que el actor tuviera la suficiente voluntad para retirarse del servicio, si tanto el Ministro de Defensa como el director general del Fondo Rotatorio, solicitaron la presentación de las renuncias al personal y este último concretó la petición para que se entregara en un término improrrogable de 14 horas.

No puede existir en este caso un verdadero con-sentimiento, pues solamente primó una decisión, de una parte, y de la otra, el empleo de jefe de sección como bien lo dijo el actor, no pertenece al nivel directivo, sino al ejecutivo, según lo preceptúa el artículo 24 del Decreto-Ley 1042 de 1978, aplicable a los establecimientos públicos del sector de la defensa nacional en cuanto se refiere al nivel de empleos, por mandato expreso del artículo 99 del citado decreto y cuyo texto expresa:

“De la aplicación del presente decreto a los servidores del sector de la defensa nacional. A los empleados públicos que prestan servicio en los establecimientos públicos adscritos al Ministerio de Defensa y en las empresas industriales y comerciales del Estado vinculadas al mismo ministerio, sólo les será aplicable el presente estatuto en lo que hace a las disposiciones sobre clasificación y nomenclatura de cargos, a las asignaciones básicas de las escalas de remuneración, a la prima de servicios y a los viáticos de que tratan los artículos 3º a 32 inclusive, 43, 44, 49, 58, 59, 60, 61 y 62, 64 a 68, 71 y 74 a 98 inclusive, 100, 101, 102, 105 y 107” (se resalta).

27. Conforme a lo antes expuesto, la Sala concluye que no existiendo un verdadero consentimiento por parte del demandante para retirarse del servicio, ya que la renuncia le fue exigida y su em-pleo no es de la cúpula jerárquica superior, ella carece de valor y asistiéndole razón al actor, las súplicas de la demanda están llamadas a prosperar».

(Sentencia de julio 27 de 1992. Expediente 3771. Consejero Ponente: Dr. Diego Younes Moreno).

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