Sentencia 37754 de noviembre 23 de 2010

 

Sentencia 37754 de noviembre 23 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Camilo Tarquino Gallego

Rad. 37754

Acta 41

Bogotá, D.C., veintitrés de noviembre de dos mil diez.

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por XXX, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la Compañía Seguros Bolivar S.A, contra la sentencia del 17 de julio de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario que E. A. M. C., E. R. V. M., D. L., H. M. y N. J. M. V. le promovieron a la sociedad Curtimbres Copacabana y Cataluña S.A. Comercializadora Internacional.

Antecedentes

Las personas antes relacionadas, demandaron a la sociedad Curtimbres Copacabana y Cataluña S.A. Comercializadora Internacional, para que se le condene al pago de los perjuicios materiales y morales derivados del accidente de trabajo en el que perdió la vida su hijo y hermano J.A.M.V., así como las costas del proceso.

En sustento de sus pretensiones afirmaron, que J.A.M.V. estuvo vinculado por contrato de trabajo con la sociedad demandada, desde el 25 de enero de 1995 hasta el 3 de junio de 2002, con un salario de $ 309.000 mensuales y desempeñando el cargo de operario; el último día mencionado, fue enviado por el supervisor a hacer la limpieza de un “cárcamo” en compañía de otro trabajador de nombre C.A.C.; como consecuencia de los gases asfixiantes que se desprendían en cumplimiento de esa labor, el trabajador falleció; no se les dotó de los elementos de protección que eran necesarios para el desarrollo de su actividad, tales como “caretas, botas de seguridad antideslizantes y ropa adecuada”; tampoco se le suministró la instrucción requerida para realizar su trabajo, ya que era la primera vez que se le encomendaba esa tarea; por las circunstancias anteriores, existió culpa de la demandada y, en consecuencia, debe resarcir los perjuicios de orden material y moral, en sus condiciones de padres y hermanos del causante.

Curtimbres Copacabana y Cataluña S.A. Comercializadora Internacional contestó la demanda con oposición a las pretensiones. Aceptó la existencia de la relación laboral y el salario, pero adujo no constarle el accidente de trabajo. Propuso las excepciones de pago, carencia de derecho sustantivo, buena fe e inexistencia de culpa patronal (fls. 25 a 31).

La Compañía Seguros Bolivar S.A., presentó demanda de intervención ad excludedum en contra de los demandantes E.A.M. y E.R.V.M., en la que solicita que se suspenda la actuación en este juicio, hasta tanto la sentencia del proceso que en su contra se adelanta ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito quede en firme y, si es adversa a sus intereses, se declare la subrogación legal de la ARP frente al tercero responsable del accidente. Así mismo solicita, que en el evento de llegar a demostrarse que existió culpa de la sociedad Curtimbres Copacabana y Cataluña S.A., en el accidente de trabajo en el que murió el trabajador, sea dicha sociedad la obligada a la indemnización total y ordinaria de perjuicios, y se ordene descontar del valor de la sentencia el monto de lo cancelado por la ARP; y que se ordene el pago a su favor del valor calculado para atender la pensión de sobrevivientes, si así se llegare a determinar en el proceso ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín (fls. 128 a 139).

Los fundamentos que se expusieron en sustento de las anteriores pretensiones, consistieron en que el 3 de junio de 2002, la sociedad demandada afilió a sus trabajadores a esa entidad, entre los cuales se encontraba J.A.M.V.; que el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, consagra el derecho a la subrogación de la administradora de riesgos profesionales frente a terceros responsables del accidente de trabajo; que la reclamación de los actores E.A.M. y E.R.V.M., encarna una doble indemnización, ya que si llegaren a tener éxito ambas demandas, estarían recibiendo la pensión de sobrevivientes con cargo a la ARP y una indemnización total de perjuicios del empleador; que en tal virtud, se debe descontar a favor de la administradora de riesgos profesionales el valor calculado para cubrir la pensión.

La primera instancia terminó con sentencia del 13 de julio de 2007, mediante la cual, el Juzgado Laboral del Circuito de Bello, condenó a la sociedad Curtimbres Copacabana y Cataluña S.A. Comercializadora Internacional, a pagar los perjuicios materiales y morales a favor de los demandantes, en las sumas que allí se detallaron. Así mismo, absolvió a E.A.M.C. y E.R.V.H., de las pretensiones que en su contra le formuló la interviniente ad excludendum, Compañía Seguros Bolivar S.A. (fls. 219 a 254).

Sentencia del tribunal

Al decidir la apelación de ambas partes, el ad quem, por providencia del 17 de julio de 2008, confirmó la del juez de primer grado (fls. 279 a 312).

El sentenciador de alzada, en lo que al recurso extraordinario interesa, esto es, sobre la pretensión de la interviniente ad excludendum, indicó que la pensión de sobrevivientes reconocida por la entidad administradora de riesgos profesionales, ocasionada en la muerte por accidente laboral, y la indemnización total y ordinaria a que hace relación el artículo 216 del código sustantivo del trabajo, constituyen dos formas de reparación con distinta finalidad, debido a que la primera atiende el riesgo de la muerte que se dirige a proteger a los causahabientes señalados en la ley, es de naturaleza prestacional y pertenece al sistema de seguridad social integral, mientras que la segunda, busca la indemnización completa de los daños sufridos al producirse el accidente de trabajo por culpa del empleador, el cual hace parte de un riesgo del régimen del derecho del trabajo, para lo cual transcribió apartes de las sentencias del 30 de junio y 29 de agosto de 2005, radicaciones 22656 y 23202, respectivamente.

Concluyó, en consecuencia, que son compatibles la pensión de sobrevivientes por muerte del afiliado, con la reparación plena de perjuicios por la ocurrencia de un accidente de trabajo, ya que si bien el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, autoriza al empleador para descontar del monto de la indemnización “el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo”, tal preceptiva se refiere única y exclusivamente a las sumas que él le haya cancelado con anterioridad al trabajador con ocasión del accidente, pero en ningún momento a las prestaciones que hubiere reconocido la ARP por ese motivo, el cual no tiene porqué asumir el riesgo del daño que al trabajador le sobrevenga por causa de un accidente, en cuya causación exista culpa comprobada del empleador.

El recurso de casación

Interpuesto por la compañía de Seguros Bolívar S.A., como interviniente ad excludendum, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

Alcance de la impugnación

Pretende que se case la sentencia recurrida, y en instancia, “revoque la sentencia de segunda instancia en lo que respecta a las pretensiones de la demandada en intervención ad excludendum y en su lugar se despachen favorablemente las pretensiones de esa demanda”.

Por la causal primera de casación formula dos cargos, que no fueron replicados.

Cargo primero

Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía directa la ley sustancial, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

En la demostración del cargo, advierte que si la ley permite al empleador descontar de la indemnización plena de perjuicios, el valor de lo pagado anticipadamente por prestaciones de seguridad social, es porque se trata de obligaciones no acumulables. En tal virtud, considera que la interpretación correcta del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, consiste en que las prestaciones de la seguridad social, pagadas por el empleador, hacen parte de la indemnización, pues de lo contrario la autorización legal de descontarlas carecería de sentido.

Segundo cargo

Denuncia la violación directa de la ley sustancial por infracción directa del artículo 12 del Decreto 1771 de 1994.

Aduce, que el tribunal dejó de aplicar el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, que permite la acción subrogatoria o de repetición a favor de la entidad administradora de riesgos profesionales contra el tercero responsable, así como la reclamación de perjuicios a favor de la víctima o de los causahabientes de aquella que busca la reparación plena del daño, por cuanto la pensión hace parte de la indemnización, impidiendo de esa forma que se reciba un doble resarcimiento de perjuicios y un enriquecimiento injustificado.

La réplica

Sostiene, que el cargo adolece de defecto técnico en cuanto al alcance de la impugnación, porque nada dice sobre lo que debe hacer con la sentencia de primera instancia. Que, además, el recurrente carece de interés jurídico para actuar en este proceso, conforme lo dejó consignado el tribunal en la providencia que es objeto de ataque.

Se considera

La Sala asume el estudio conjunto de los dos cargos, conforme lo autoriza el numeral 3º del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, por cuanto están dirigidos por la misma vía, persiguen un idéntico objetivo y se valen de similares argumentos para su demostración.

Advierte en principio la Corte, que le asiste razón al recurrente en cuanto al reparo técnico que le formula al alcance de la impugnación propuesto, pues es cierto que el recurrente omitió indicar lo que debe hacerse con la sentencia de primera instancia, una vez se case la impugnada. Además, incurre en la impropiedad de solicitar, que en sede de instancia “se revoque” la del tribunal, lo que constituye un contrasentido, puesto que de casarse ésta desaparecería del ámbito jurídico, no siendo posible dejar sin efectos lo que ya no existe.

No obstante lo anterior, aun si se dispensara la citada irregularidad y, en consecuencia, se entendiera que lo pretendido por el censor, es que una vez la Corte case la sentencia del tribunal, en instancia, revoque la de primer grado, en cuanto absolvió de las pretensiones incoadas por la interviniente ad excludendum, para en su lugar acceder a las mismas, de todos modos los cargos no tendrían vocación de prosperidad, por las razones que a continuación se exponen.

Ninguna controversia plantea la impugnante, en torno a las inferencias del tribunal relacionadas con la culpa en que incurrió el empleador “curtimbres copacabana y cataluña S.A.”, en el accidente de trabajo, ocurrido el 3 de junio de 2002, en el que perdió la vida J. A. M. V., pues su discrepancia con la sentencia atacada, consiste en que, según su criterio, en aplicación de las normas denunciadas, esto es, de los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 12 del Decreto 1771 de 1994, a los demandantes se les debe descontar de la indemnización plena de perjuicios, lo que les cancele la administradora de riesgos profesionales por concepto de pensión de sobrevivientes.

Para la Corte, es equivocado el entendimiento que el censor da a las normas denunciadas, por cuanto una es la responsabilidad subjetiva derivada del accidente de trabajo que asume el empleador, y otra, muy distinta, es la objetiva a cargo de la entidad administradora del régimen de riesgos profesionales, pues mientras aquella requiere de la culpa suficientemente comprobada del siniestro laboral, ésta se causa con la sola ocurrencia del infortunio.

Ese sistema dual de responsabilidades derivado de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, no resulta incompatible, porque si bien es cierto, ambas cubren el mismo riesgo, esto es, el que se genera por la propia naturaleza del trabajo que se realiza, los supuestos fácticos para su causación y la fuente de donde emergen son diferentes, situación que conduce a concluir que no es procedente descontar de la indemnización plena y total de perjuicios, lo que haya cancelado la administradora de riesgos profesionales por el mismo siniestro, tal como lo ha advertido la corporación en reiteradas ocasiones.

En efecto, la Corte en sentencia del 26 de enero de 2010, radicación 35271, al rememorar otras en ese mismo sentido, reiteró el criterio que a ese respecto ha venido imperando, así como el alcance del artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, en cuanto indicó:

“Esta acusación plantea la controversia jurídica de si en los casos de responsabilidad patronal en la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional conforme al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, puede el empleador culpable descontar del monto de la indemnización correspondiente, lo pagado por la administradora de riesgos profesionales por el mismo evento.

“La tesis de que es procedente el descuento tendría sustento jurídico según la censura, en el mismo artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y en el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994.

“Sin embargo, la mayoría de esta Sala de la Corte no acepta tal postura porque no es posible argumentar su propia culpa y menos que sea dable beneficiarse de ella, pues nadie puede lucrarse del daño ajeno. Así lo consignó en sentencia de 10 de marzo de 2005, radicación 23656, donde reiteró entre otras las sentencias de 15 de mayo de 1991, radicación 9981; de 21 de marzo de ese año, radicación 4097; de 23 de noviembre de 1993, radicación 5865; y de 9 de noviembre de 2000, radicación 14847. Se expresó así la corporación en la primera de las citadas decisiones:

““El tribunal se basó en la sentencia de la Corte del 8 de mayo de 1997 (Exp. 9389) para decir que las prestaciones que el Seguro Social reconoció a la cónyuge del trabajador fallecido (la pensión para sobrevivientes), no podían afectar el lucro cesante que judicialmente le reconoció.

“(...)

“Es por ello que se mantiene el criterio jurisprudencial expresado por la entonces denominada Sala Plena de Casación Laboral, conforme al cual en ninguna de las hipótesis consagradas por los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 83 del Acuerdo 155 de 1963, le es dado a quien causó el perjuicio descontar suma alguna de las prestaciones en dinero pagadas por el Instituto de Seguros Sociales, pues, se insiste en este aspecto, dicha entidad de previsión social cubre el riesgo laboral propio de la denominada responsabilidad objetiva del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, mas no la responsabilidad que se deriva de la culpa del empleador en la causación del accidente o de la enfermedad (Sent. 08/05/97. Exp. 9389)”.

“Es cierto, como lo anota la sociedad recurrente, que la reseñada sentencia de la Corte corresponde a un hecho ocurrido en el año 1992, y por lo mismo, anterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y a la de los decretos señalados en la proposición jurídica. Por ello es admisible el examen de fondo que propone. “El artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo dice que, cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en el capítulo que la contiene.

“Hasta el año 1993, y en número plural de providencias, la Corte sostuvo que el patrono sí podía descontar del valor de la indemnización ordinaria de perjuicios las prestaciones pagadas por el Seguro Social. Pero la Corte en Sala Plena (integradas las dos secciones que conformaban la Sala Laboral), decidió, con la sentencia del 12 de noviembre de 1993, que el Seguro Social no había asumido, para entonces, el riesgo del daño que al trabajador le sobreviniera por causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional imputable a culpa suficientemente comprobada del patrono.

“Ahora, en este recurso, la sociedad recurrente sostiene que la interpretación del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, puesta en relación con el nuevo ordenamiento de la Ley 100 de 1993 y con los decretos de la proposición jurídica, debe ser esta: que el empleador culpable del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sí puede deducir las prestaciones económicas que haya pagado el Seguro Social al trabajador o a sus causahabientes de lo que adeude por su propia responsabilidad ordinaria de perjuicios.

“Se procede a examinar esa argumentación de la recurrente, en este orden: 1. El alcance de la sentencia de la Corte que citó el tribunal; 2. El alcance de la normatividad que acusó el cargo en casación. 3. La relación de los dos temas anteriores, en orden a precisar si el tribunal transgredió o no la ley sustancial; o mejor, para determinar el alcance del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

“La sentencia de la Corte del 8 de mayo de 1997 que invocó el tribunal, destacó que los reglamentos del Seguro Social vigentes para la época de los hechos analizados, y concretamente el artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963, no autorizaron al patrono a descontar de la indemnización ordinaria las sumas que el Seguro Social reconociera al trabajador o a sus derecho habientes, por prestaciones en dinero.

“El artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 del seguro, que fuera aprobado por el Decreto 3170 de 1964, y para cuya expedición invocó el Presidente de la República los artículos 9º de la Ley 90 de 1946 y 5º del Decreto 1695 de 1960, disponía:

“El otorgamiento de las prestaciones establecidas por el presente reglamento por parte del Instituto exonera al patrono de toda otra indemnización según el Código Sustantivo del Trabajo o según el derecho común por causa del mismo accidente o enfermedad profesional. Pero si el riesgo se hubiere producido por acto intencional o por negligencia o culpa del patrono procederá a demandar el pago de esta indemnización, la que quedará a su favor hasta el monto calculado de las prestaciones que el Instituto acordare por el accidente o enfermedad, debiendo entregar a los beneficiarios el saldo, si lo hubiere.

“Lo dispuesto en el inciso anterior no es óbice para que la víctima o sus causahabientes instauren las acciones pertinentes de derecho común para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el Instituto de acuerdo con las normas de este reglamento”.

“Pese a la equívoca redacción de la norma transcrita, ella no permitía la tesis de la sociedad recurrente, que desde luego se funda en otro sistema legal. Pero la Corte despejó el equívoco en la sentencia del 8 de mayo de 1997. Es importar recordar, en resumen, las razones que tuvo en cuenta para fundar su tesis: 1) El poder normativo de los reglamentos del Seguro está limitado por su objeto social: es entidad aseguradora de los riesgos originados en la prestación de servicios subordinados; la ley no le dio al seguro la atribución de determinar las consecuencias de la culpa del patrono en la ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, pues esas consecuencias corren a cargo exclusivo del empleador culpable. 2) La competencia que le reconoce la ley al Seguro para subrogar al patrono en la asunción de riesgos laborales está dentro del ámbito de las prestaciones, de los servicios sociales o de las medidas de seguridad social que deben amparar a sus beneficiarios, como lo prescribe el artículo 7º del Decreto-Ley 433 de 1971; pero el seguro no está legalmente facultado para regular las indemnizaciones originadas en enfermedades profesionales o accidentes de trabajo que ocurran por la culpa suficientemente comprobada del patrono. El seguro tampoco está legalmente facultado para aminorar la carga patrimonial del patrono en esa materia, por lo cual, asume toda la responsabilidad ordinaria por mandato del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo; y, por lo mismo, el seguro subroga al patrono únicamente en el riesgo que da lugar a la denominada responsabilidad objetiva. 3) Si, por su equívoca redacción, el artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 consagrara el derecho del empleador culpable del accidente para descontar del monto de la indemnización ordinaria lo pagado por el seguro por prestaciones en dinero, la norma sería inaplicable, al igual que el artículo 1º del Decreto 3170 de 1964 que lo aprobó. 4) El seguro reconoce prestaciones para cuyo cálculo toma en cuenta variables como el salario, los años de servicios, el número de cotizaciones, la edad del trabajador, la vida probable, etc. En cambio, no toma en cuenta los perjuicios realmente producidos, lo cual marca una diferencia entre la indemnización a que se refiere el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que busca reparar la totalidad del daño ocasionado por el patrono culpable, con la actividad aseguradora del Instituto. 5) No es cierto que el trabajador se beneficie doblemente (con la indemnización plena y con las prestaciones económicas del Seguro), puesto que el seguro ha sido tomado por el mismo accidentado, de modo que el patrono no puede restar de la indemnización total y ordinaria de perjuicios lo pagado por el Seguro Social en virtud del cubrimiento de un riesgo que no ha sido asegurado por él. “Ahora, procede el examen del régimen de la Ley 100 de 1993, empezando por su reglamentación, como lo propone el cargo:

“El Decreto 1771 de 1994 es reglamentario del 1295 del mismo año (estatuto con alcance legal). Su artículo 12 dispone:

“Subrogación. La entidad administradora de riesgos profesionales podrá repetir, con sujeción a las normas pertinentes, contra el tercero responsable de la contingencia profesional, hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha entidad administradora, con sujeción en todo caso al límite de responsabilidad del tercero.

“Lo dispuesto en el inciso anterior no excluye que la víctima, o sus causahabientes, instauren las acciones pertinentes para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales”.

“Es una redacción similar a la de su antecesor, el 83 del Acuerdo 155 de 1963, de manera que por este solo aspecto, si el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994 fuera puesto en relación con el 216 del Código Sustantivo del Trabajo, no sería útil para dar por sentada la posibilidad de descontar las prestaciones económicas del Seguro Social de la indemnización ordinaria de perjuicios.

“Ninguna de las normas cuya acusación plantea el cargo permite concluir en la tesis de la censura.

“En efecto:

“El artículo 139-11 de la Ley 100 de 1993 confirió al Presidente de la República precisas facultades extraordinarias pro tempore para “dictar las normas necesarias para organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. En todo caso, la cotización continuará a cargo de los empleadores”; luego nada indica que en esta atribución de facultades legales, el Presidente de la República pudiera regular las consecuencias de la culpa patronal del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

“El Decreto-Ley 1295 de 1994, según su encabezamiento, determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. El artículo 13 se limita a señalar quiénes son los afiliados al dicho sistema; el 34 consagra el derecho a las prestaciones; el 49 establece que, en caso de muerte del afiliado o del pensionado por riesgos profesionales, como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y sus reglamentos; pero esa norma nada dice sobre la responsabilidad por culpa patronal en el accidente de trabajo o en la enfermedad profesional. El artículo 50 se limita a fijar el monto de la pensión de sobrevivientes y el 53 a precisar las condiciones de la devolución de saldos y de la indemnización sustitutiva cuando ocurre la muerte del asegurado. El artículo 78 dice que el Instituto de Seguros Sociales continuará administrando los riesgos profesionales de conformidad con sus reglamentos, lo cual no le da la razón a la sociedad recurrente. Pero sí conviene precisar que la tesis de los opositores sobre esta norma no es acertada, puesto que ella no remite a los reglamentos anteriores de una manera incondicional sino subordinada a lo dispuesto en el decreto 1265 que se estudia, puesto que la norma dice que los reglamentos del Seguro Social “(...) deberán ajustarse a lo dispuesto en este decreto (...)”. Y el 97 fija la vigencia del sistema general de riesgos profesionales.

“Como ninguna de las normas acusadas, puestas en relación con el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, permite concluir que haya variado el sistema legal que informó la jurisprudencia de la Corte, la conclusión es que sigue vigente la interpretación que allí se consignó”.

“Como no logra la censura variar las orientaciones de la Corte en la materia objeto de análisis, no prospera el cargo”.

En consecuencia, ninguna razón le asiste al recurrente al endilgarle al tribunal las violaciones a las normas legales denunciadas, pues, como se vio, no existió yerro jurídico alguno respecto del alcance que le fijó al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, amén de que no era aplicable a este caso el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, para con fundamento en tales preceptivas, acceder a descontar de la indemnización ordinaria de perjuicios que se dedujo a favor de los demandantes, lo reconocido por la administradora de riesgos profesionales, “Compañía de Seguros Bolivar S.A.”.

Por lo visto, los cargos no prosperan.

Las costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 17 de julio de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario que E.A.M.C., E.R..M., D.L., H.M. y N.J.M.V. le promovieron a la sociedad Curtimbres Copacabana y Cataluña S.A. Comercilizadora Internacional, con la intervención ad excludendum de la Compañía de Seguros Bolivar S.A.

Costas en el recurso extraordinario de la recurrente, Compañía de Seguros Bolívar S.A. Como agencias en derecho, se fija la suma de $ 5.000.000.

Por secretaría, practíquese la liquidación de costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Camilo Tarquino Gallego—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Francisco Javier Ricaurte Gómez.

Aclaración de voto del magistrado

En relación con la posibilidad de descontar del monto que deba pagar el empleador culposo por concepto de reparación plena de perjuicios, las sumas que se hubieren reconocido al trabajador o sus beneficiarios a título de prestaciones de la seguridad social, estimo pertinente manifestar que aun cuando en un momento compartí el criterio doctrinal plasmado en la sentencia, un nuevo análisis del tema me lleva a separarme, en lo esencial, de ese razonamiento. Por ello, debo aclarar lo siguiente:

1. Cuando se presenta un accidente de trabajo o una enfermedad profesional por culpa del empleador, los perjuicios que de allí se deriven deben ser totalmente indemnizados por el responsable. Y desde luego, ello incluye el reconocimiento de todas las prestaciones tanto asistenciales como económicas que sean necesarias para reparar integralmente el perjuicio ocasionado.

Es claro que en ese evento, y mientras se determina la responsabilidad en el infortunio laboral, debe el sistema de riesgos profesionales reconocer las prestaciones previstas en las normas legales. Empero, ello no significa que cuando así procede en realidad esté cumpliendo con una obligación a su cargo, pues, por virtud de lo dispuesto por los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 12 del Decreto 1771 de 1994, quien debe responder por todas las consecuencias del riesgo profesional es el empleador culposo. Admitir lo contrario, equivaldría a permitir que el sistema de seguridad social asuma la cobertura de conductas culposas, posibilidad que no existe en nuestra normatividad de seguridad social.

2. Por esa razón, el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994 arriba reseñado, que ciertamente reitera la regla establecida en los reglamentos del Seguro Social, hoy derogados, perentoriamente dispone que “la entidad administradora de riesgos profesionales podrá repetir, con sujeción a las normas pertinentes, contra el tercero responsable de la contingencia profesional, hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha entidad administradora, con sujeción en todo caso al límite de responsabilidad del tercero”.

Lo anterior significa, en mi entender, que ese precepto excluye la posibilidad de que las prestaciones que reconoce el sistema de riesgos profesionales en caso de un accidente de trabajo en el que ha mediado culpa del empleador queden definitivamente a cargo del sistema, que, en consecuencia, no tendrá, en últimas, ninguna obligación. De ahí que esté facultado para repetir contra el responsable por el monto de las prestaciones que haya reconocido o que deba reconocer.

Mas es obvio que no podrá sustraerse al reconocimiento de las prestaciones establecidas en la ley mientras no se haya establecido suficientemente, a través de un proceso judicial, que en el acaecimiento del accidente laboral o de la enfermedad profesional medió la culpa comprobada del empleador.

3. De la norma transcrita se desprende también que cuando se ha logrado establecer que un empleador fue responsable de un accidente de trabajo y se le condene a la reparación integral de los perjuicios ocasionados al trabajador, si previamente una administradora de riesgos profesionales ha reconocido prestaciones, el monto de ellas debe ser pagado por ese empleador a la administradora, mas no al trabajador, quien ya ha recibido las prestaciones correspondientes y, por lo tanto, ha sido resarcido en parte del daño laboral ocasionado, aunque no de todos los perjuicios sufridos.

Ese trabajador, estimo, no puede recibir una doble cobertura respecto del mismo hecho: la prestacional que está a cargo del sistema de seguridad social, que, se insiste, no puede cubrir actos culposos, y la total a cargo del empleador, quien, desde luego, debe atender todas las prestaciones necesarias para reparar el daño y que pueden ser otorgadas en términos similares a las de la seguridad social que, bien es sabido, no repara completamente los perjuicios sufridos en infortunios laborales.

Sobre el particular, y a pesar de estar referido a las normas precedentes, que son de similar contenido a las actuales, juzgo pertinente remitirme al criterio expuesto por los magistrados Daza Álvarez y Palacio Palacio que salvaron su voto respecto de la sentencia de la Sala Plena Laboral proferida el 12 de noviembre de 1993, radicado 5958 y en el que, al unificar la jurisprudencia sobre el punto, se sentaron las bases para el discernimiento doctrinal hoy vigente:

“Resulta obvio que si la víctima ya ha recibido sumas de dinero a consecuencia del mismo accidente cuya indemnización total se demanda, tales cantidades hacen parte de esta última y su descuento no hace otra cosa que evitar un enriquecimiento sin causa, obrando conforme a un principio general de derecho ya reconocido expresamente por nuestra legislación positiva, tal y como lo ordena el artículo 831 del Código de Comercio, sin que pueda decirse que con este proceder se favorece al empleador causante del accidente o de la enfermedad puesto que, no siendo asegurable la culpa y el dolo, y tal como lo preceptúa el inciso primero del artículo 83 en referencia, el Instituto de Seguros Sociales está legitimado para demandar al empleador y hacerse pagar de éste el monto calculado que el Instituto acordare por el accidente o enfermedad de que se trate”.

“No creemos, entonces, que los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 83 del Acuerdo 155 de 1963, originen dos indemnizaciones compatibles; sino que el riesgo es uno y una la indemnización total, de modo que las prestaciones que ya fueron reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales, para cubrir la responsabilidad objetiva, constituyen parte de la indemnización total y ordinaria a que se ve obligado el empleador conforme a lo previsto en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en caso de culpa o dolo”.

4. El anterior entendimiento también se desprende de lo que dispone el inciso segundo del antes aludido artículo 12 del Decreto Reglamentario 1771 de 1994, en cuanto establece:

“Lo dispuesto en el artículo anterior no excluye que la víctima, o sus causahabientes, instauren las acciones pertinentes para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor asumido por la entidad administradora de riesgos profesionales”.

El descuento al que allí se alude no afecta en realidad la indemnización íntegra de los daños sufridos por el empleado, quien los debe ver resarcidos, de una parte con las prestaciones ya recibidas del sistema de seguridad social y, de otra, con lo que le corresponda, por su lado, al empleador. Y tampoco beneficia al empleador, quien, de todos modos, deberá atender la reparación total de los perjuicios, sólo que estará obligado a devolver lo pagado a quien ya ha asumido parte de esa restauración, vale decir, la administradora de riesgos profesionales.

5. Pero es apenas natural concluir que la posibilidad de descuento anteriormente explicada sólo será viable si la administradora correspondiente se ha hecho parte en el proceso o si ha instaurado uno con ese objetivo, pues de no ser así obviamente no podrán tomarse determinaciones en relación con ella y, por lo tanto, la deducción no será procedente, como sucedió en este caso, por ser aquella quien tiene derecho a la devolución de las sumas que hubiere previamente pagado.

Así lo entendió la Sala en vigencia de las normas precedentes a las aplicables al presente asunto, en criterio que considero resulta hoy día vigente, pese al cambio normativo. En efecto, en sentencia del 9 de agosto de 1979, radicación 6666, explicó:

“Conforme al artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 del Instituto de Seguros Sociales, aprobado por el Decreto 3170 de 1964, cuando el patrono es declarado culpable de la ocurrencia de un accidente de trabajo y se le condena al resarcimiento pleno de perjuicios a la víctima de éste, el Instituto tiene derecho al reembolso de las sumas que le hubiere satisfecho al accidentado y su monto es descontable del de la indemnización correspondiente.

“Pero si el Instituto no es parte en el juicio respectivo, lo previsto en dicho artículo 83 no da base para que judicialmente se disminuya la carga patrimonial del empresario derivada de la condena al pago de indemnización plena de perjuicios, desde luego que él no puede lucrarse con el aprovechamiento en beneficio suyo de un valor pecuniario que en realidad le pertenece a persona distinta: el Instituto de Seguros Sociales.

“Lo que acontece en la hipótesis que se analiza es que el Instituto puede reclamarle judicial o extrajudicialmente al beneficiado con la condena al pago de los perjuicios plenos, el monto de lo recibido por éste último a título de simple indemnización laboral y como asegurado por el riesgo de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

“Pero nunca podrá deducirse del monto de la condena dispuesta contra el patrono culpable del siniestro lo pagado a sus expensas por el Instituto o la víctima de él, porque tal rebaja constituiría un enriquecimiento sin causa para el empleador y un empobrecimiento ilegítimo e irreparable para la entidad de seguridad social que atendió al percance del trabajador por el aspecto meramente laboral” (G.J., Tomo CLIX, pág. 457).

Comparto el discernimiento arriba trascrito, de tal modo que, en mi opinión, en casos como el presente si la administradora de riesgos no es parte en el proceso judicial, no podrá descontarse del monto de la indemnización plena lo que esa entidad haya pagado por prestaciones, lo cual no significa que esas sumas en realidad correspondan al trabajador o a sus beneficiarios, pues si ya le fueron reconocidas y pagadas, es lógico que no tendrán derecho a que se les indemnice nuevamente y por ello deberán reintegrarlas a la administradora.

Fecha ut supra, 

Gustavo José Gnecco Mendoza.