Sentencia 37839 de mayo 25 de 2010

 

Sentencia 37839 de mayo 25 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 37839

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo López Villegas

Acta Nº 17

Bogotá, D. C., veinticinco de mayo de dos mil diez.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado judicial del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES contra la sentencia de 16 de julio de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario promovido contra la entidad recurrente por CENELIA DEL SOCORRO HENAO PULGARÍN.

I. Antecedentes

1. La citada ciudadana actuando en nombre propio y en el de su menor hija LINA MARCELA OBANDO HENAO, demandó al Instituto con el fin en lo que interesa al recurso extraordinario, de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a partir del 6 de mayo de 2003, en su condición de esposa e hija respectivamente, del afiliado fallecido Luis Alfredo Obando Yepes.

Como apoyo de su pedimento indicó que convivía con el causante, de quien dependía económicamente, lo mismo que la hija común. El causante era afiliado al I.S.S. para el riesgo de invalidez, vejez y muerte, y cotizó un total de 651 semanas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993. La administradora demandada negó la prestación mediante Resolución 11708 de 2004, argumentando que el afiliado no cotizó un mínimo de 50 semanas en los tres años anteriores al deceso.

2. El Instituto contestó el libelo; se opuso a las pretensiones y dijo que el causante no acreditó el número de semanas necesarias para que su grupo familiar obtuviera el derecho a la pensión de sobrevivientes de conformidad con la Ley 797 de 2003 que era la vigente al momento de la muerte, puesto que cotizó 0 semanas en los tres años anteriores al deceso. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción e imposibilidad de condena en costas.

3. Mediante sentencia de 16 de octubre de 2007, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, condenó al I.S.S. al pago de la prestación deprecada en cuantía del salario mínimo legal vigente y en un 50% para cada una de las demandantes, a partir del 6 de mayo de 2003.

II. Sentencia del tribunal

El Tribunal de Medellín al conocer en virtud de la apelación de la entidad demandada, confirmó el fallo del Juzgado en su integridad.

En lo que interesa a los efectos de esta decisión, sostuvo el Juzgador de segundo grado que así no se cumplan las exigencias del mínimo de semanas previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, se debía conceder la prestación conforme al Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 0758 de ese año, con invocación del principio de la condición más beneficiosa, puesto que el causante cotizó 651 semanas en toda su vida laboral, todas sufragadas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993. En apoyo de su pronunciamiento citó jurisprudencia de esta Sala de Casación.

III. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver previo estudio de la demanda del recurso extraordinario. No hubo réplica.

Pretende el impugnante que la Corte case la sentencia del Tribunal, y en sede de instancia, revoque el fallo del Juzgado y niegue las súplicas de la demanda inicial.

Con tal fin formula dos cargos por vía directa, así:

CARGO PRIMERO. La sentencia viola por interpretación errónea “el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, reformado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y lo que dio lugar a la aplicación indebida de los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990”.

En el desarrollo sostiene el casacionista que la solución que el Tribunal dio al caso litigado violó la ley sustancial, al haber interpretado erróneamente el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 reformado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y aplicado indebidamente los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, dado que dicha interpretación se aparta del criterio jurisprudencial plasmado en las sentencias de 3 de diciembre de 2007, radiación 28876 y 20 de febrero de 2008, radicación 32649, en las cuales la Sala de Casación Laboral infirmó decisiones de segunda instancia que resolvieron las controversias sobre seguridad social basándose en los reglamentos del I.S.S., no obstante que en ambos casos los afiliados habían fallecido después del 29 de enero de 2003, fecha de entrada en vigencia la Ley 797 de 2003, desconociendo así el efecto general inmediato que por ser de orden público deben producir las normas en esta materia.

CARGO SEGUNDO. Acusa la sentencia por aplicación indebida de “los artículos 6º y 25 del 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y por haber infringido directamente el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que reformó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993”.

En la sustentación argumenta el censor que como aparece en la sentencia gravada la muerte del afiliado ocurrió el 3 de mayo de 2003, y la ley en vigor para esa data era la 797 de 2003, la que no se aplica por lo que fue infringida directamente, habiendo invocado el Tribunal en forma impertinente el principio de la condición más beneficiosa, que le permitió acudir para desatar la controversia al Acuerdo 049 de 1990 que era una normatividad ya derogada.

IV. Consideraciones de la Corte

La Corte estudiará en forma conjunta las dos acusaciones propuestas contra el fallo del ad quem, en atención a que se orientan por el sendero de puro derecho y persiguen idéntico objetivo.

No se discute en el sub lite que el causante falleció el 6 de mayo de 2003; que cotizó al seguro social en toda su vida laboral 651 semanas con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, pero ninguna semana dentro de los tres años anteriores al fallecimiento; y que al momento de la muerte no era cotizante activo. 

Establecida la anterior situación fáctica, estima la Corte que le asiste razón al casacionista, pues como lo tiene establecido la jurisprudencia de esta Sala, la regla general es que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado.

En este caso, en atención a que el causante falleció el 6 de mayo de 2003, el derecho de los beneficiarios a la prestación de supervivencia está gobernado por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que modificaron los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, disposiciones que fueron infringidas directamente en la sentencia gravada. 

Frente a los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes señala el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que tendrán el derecho:

“…

“2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:

“a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento.

“…”. (Se ha de tener en cuenta que por Sentencia C-1094-03, el porcentaje se redujo al 20% y por la c-556 de 2009 fue declarado inexequible).

En este proceso no se discute que el causante no cotizó semana alguna dentro de los tres últimos años anteriores al fallecimiento, esto significa que no se cumplieron los requisitos exigidos por la normatividad que regula la controversia, para que las demandantes pudieran acceder a la pensión de sobrevivientes.

Tampoco puede concederse el derecho deprecado en aplicación del parágrafo 1º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 reformado por la Ley 797 de 2003, toda vez que no se demostraron los supuestos normativos allí previstos, dado que el afiliado no cotizó el número mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la prestación por vejez conforme al sistema general de pensiones.

Ahora bien, no es procedente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, pues acorde con el criterio de esta Sala de la Corte asentado en fallo de 3 de diciembre de 2007, rad. Nº 28876, cuando la muerte del afiliado acontece en vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, es esta la normatividad aplicable para efectos de dirimir el derecho a la pensión de sobrevivientes; esa postura fue reiterada en sentencia de 28 de mayo de 2008 rad. Nº 30064. En la primera de las decisiones citadas, puntualizó la Sala: 

“En ese orden, se impone afirmar que el fallador de alzada incurrió en los desaciertos jurídicos que le atribuye la censura, al resolver el asunto con base en los artículos 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, puesto que, sin duda alguna, al momento del fallecimiento de LLANOS TOLE <31 de julio de 2003>, la normatividad aplicable para efecto de la sustitución pensional, era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que inició su vigencia el 29 de enero de tal anualidad, que estableció como requisito que el afiliado al sistema que fallezca, debía haber cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento, con una fidelidad de cotización del 20% en el tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha del fallecimiento – Sentencia C-1094 de 2003. 

“Así las cosas, le asiste razón a la censura en cuanto a que en el presente asunto, no tiene aplicación el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de dicho año, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, por lo que el ad quem incurrió en el error jurídico que indica en impugnante”. 

El principio de la condición más beneficiosa en materia pensional ha tenido extensa aplicación por parte de la jurisprudencia, respecto a aquellas personas que habiendo cumplido con un nivel elevado de cotizaciones antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, (150 semanas de cotización dentro de los 6 años anteriores a la fecha del estado de invalidez, ó 300 semanas en cualquier época con anterioridad a ese estado) tal como lo determinaba el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990 del I.S.S., no cumplían con las 26 semanas para el momento de la invalidez o de la muerte exigidas por la Ley 100 de 1993, pero en razón a que se consideró que la nueva legislación traía una exigencia menor en número de cotizaciones respecto de la legislación anterior.

Sin embargo, esta no es la situación que surge en el evento de la Ley 797 de 2003 frente al artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, por cuanto esta última exigía niveles de densidad de cotizaciones bajos para acceder a la pensión de sobrevivientes en relación con los más exigentes pretendidos por el legislador en la nueva disposición. 

Por lo anterior, los cargos prosperan y el fallo del Tribunal será casado en su integridad. 

En sede de instancia son suficientes las razones expuestas con ocasión del recurso extraordinario, para revocar el fallo del Juzgado y en su lugar, absolver al Instituto demandado de todos los cargos.

Sin costas en casación dada la prosperidad de los cargos. Las de las instancias a cargo de la parte demandante vencida.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 16 de julio de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario promovido por CENELIA DEL SOCORRO HENAO PULGARÍN contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. En sede de instancia REVOCA el fallo de 16 de octubre de 2007 del Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín y en su lugar, absuelve al Instituto demandado de todos los cargos.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal.

Magistrados: Eduardo López Villegas—Elsy Del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.

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