Sentencia 37853 de marzo 2 de 2010

 

Sentencia 37853 de marzo 2 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 37853

Acta 06

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo López Villegas

Bogotá, D.C., dos de marzo de dos mil diez.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial del Instituto de Seguros Sociales contra la sentencia de 25 de julio de 2008 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso seguido contra el recurrente por María Etelvina Murillo Espinal.

I. Antecedentes

1. En lo que interesa a los efectos del recurso extraordinario, basta señalar que la demandante pretende el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en su condición de compañera permanente del afiliado fallecido José Gabriel Vásquez Patiño, a partir del 24 de diciembre de 2003 fecha del deceso. Pidió también indexación.

Manifestó en síntesis que convivió con el causante dos años y tres meses. Su compañero nació el 11 de noviembre de 1954 y falleció el 24 de diciembre de 2003 por enfermedad común. Ella nació el 4 de octubre de 1956. El causante cotizó al Instituto por los riesgos de vejez, invalidez y muerte 1.129 semanas entre la fecha en que cumplió 20 años de edad y la de la muerte; y 154 semanas en los tres años anteriores al fallecimiento. El instituto negó la prestación por no haber encontrado configurado el requisito de convivencia exigido por la ley para otorgar la prestación.

2. El Instituto respondió el libelo, aceptó unos hechos y frente a otros dijo no constarle su existencia; se opuso a las pretensiones y adujo en su defensa que la actora no demostró convivencia permanente y continua con el afiliado en los últimos cinco años anteriores a la muerte, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, imposibilidad de condena en costas y prescripción.

3. Mediante fallo de 9 de octubre de 2007, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, absolvió al Instituto de todos los cargos.

II. Sentencia del tribunal

El Tribunal mediante sentencia de 25 de julio de 2008, revocó la del juzgado y condenó al Instituto a reconocer y pagar a la actora la pensión de sobrevivientes deprecada, desde el 24 de diciembre de 2003, y la indexación.

En lo que incumbe a los efectos del recurso, señaló el juzgador ad quem que “Como la pensión se pretende frente a un afiliado no pensionado, indiscutiblemente, le asiste razón al apoderado recurrente, en que la convivencia exigida para quien reclama la prestación, es de por lo menos dos (2) años continuos antes de su muerte, como se establece para la unión marital de hecho”.

Luego de referirse a dos testimonios y al interrogatorio de parte de la actora concluyó el sentenciador que “efectivamente existió un vínculo que supera los dos (2) años, propios de una unión marital de hecho” y que la demandante “acompañó al causante hasta el día de su muerte, lo que es indicativo de sus lazos afectivos, de apoyo mutuo y solidaridad que son fundamentales en este tipo de relaciones”.

III. Recurso de casación

Interpuesto por el apoderado del Instituto demandado, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver previo estudio de la demanda del recurso extraordinario. No hubo réplica.

Pretende el impugnante que la Corte case la sentencia del Tribunal, y en sede de instancia confirme la del juzgado.

Con tal fin formula tres cargos, de los cuales por razones de método la Corte estudiará los dos primeros, así:

Cargo primero. Acusa la sentencia por vía directa porque “aplicó indebidamente el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 e infringió directamente el artículo 13 de dicha ley”.

En el desarrollo sostiene el casacionista que no obstante que el tribunal dio por probado que el tiempo de convivencia entre la pareja fue de dos años, deliberadamente desconoció el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y se rebeló contra dicha norma, que “condiciona el derecho de la compañera permanente supérstite que pretende una pensión de sobrevivientes en forma vitalicia, a que la convivencia o vida marital con el fallecido no haya sido inferior a cinco años continuos antes de la muerte de su compañero”.

Cargo segundo.La sentencia violó la ley sustancial directamente “porque aplicó indebidamente el artículo 2º de la Ley 54 de 1990 e interpretó erróneamente los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003”.

En la demostración afirma el censor que aunque la Ley 54 de 1990 define las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes, consagrando una presunción legal de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y la procedencia de declararla judicialmente cuando un hombre y una mujer “sin impedimento legal para contraer matrimonio” conviven como marido y mujer “durante un lapso no inferior a dos años”, resulta impertinente su invocación cuando se controvierte un derecho referente al sistema de seguridad social integral.

Agrega que los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que modificaron los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, “son autosuficientes al determinar los requisitos que debe cumplirse para tener derecho a la pensión de sobrevivientes y al establecer los beneficiarios de dicha pensión, sin que los supuestos de hecho de estos dos preceptos legales propios de la seguridad social exijan para su cabal comprensión y aplicación acudir a una ley que regula el régimen patrimonial entre compañeros permanentes y que, por consiguiente, por su misma naturaleza y finalidad resulta contraria a los principios que inspiran la seguridad social como derecho social irrenunciable de todos los habitantes de Colombia”.

Añade que la interpretación que hizo el juzgador del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 es a todas luces equivocada, pues su cabal sentido y significado “no permiten exonerar al cónyuge o al compañero o compañera permanente que reclama la pensión de tener que acreditar la convivencia con el fallecido cuando el afiliado aún no se ha pensionado”.

IV. Consideraciones de la Corte

La corporación procederá al estudio conjunto de estas dos acusaciones en atención a que se orientan por la vía jurídica, acusan similares disposiciones y persiguen idéntico objetivo.

Para la Corte efectivamente se equivocó el tribunal cuando para determinar el requisito temporal de convivencia exigido al compañero o compañera permanente para efectos de acceder a la pensión de sobrevivientes por la muerte de un afiliado a la seguridad social, acudió al término mínimo de convivencia que exige el artículo 2º de la Ley 54 de 1990 para la presunción de existencia de sociedad patrimonial en la unión marital de hecho y su declaración judicial, dejando de lado la regulación especial que rige la materia, esto es, el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

En efecto, la disposición que invocó el sentenciador gobierna es el término mínimo de convivencia de una pareja como marido y mujer, con miras a definir la configuración de la sociedad patrimonial en la unión marital de hecho y sus efectos, pero en materia civil.

La misma ley en comento, delimita su campo de aplicación en el artículo 1º cuando señala: “... para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular”.

Esta normatividad no resulta aplicable para definir el término mínimo de convivencia que la ley exige a los compañeros permanentes para estructurar el derecho a la prestación de supervivencia por la muerte de un afiliado, porque es un tema que tiene regulación propia en el estatuto de la seguridad social integral.

No obstante la equívoca redacción del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, ha asentado la jurisprudencia que un recto entendimiento del precepto, en armonía con los principios que rigen la seguridad social, conduce a que al igual que sucede cuando fallece un pensionado, para que el cónyuge o la compañera o compañero permanente del afiliado pueda acceder a la prestación de supervivencia, es menester la demostración de que la vida en común haya tenido una duración de no menos de cinco años continuos con anterioridad a la muerte, y que esta convivencia hubiera estado vigente al momento del fallecimiento.

Así lo enseñó la corporación en sentencia de 20 de mayo de 2008, Radicado 32393, en los siguientes términos:

“En lo que respecta a la exigencia de la convivencia, el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en relación al texto de la norma anterior, no hizo sino aumentar de dos a cinco años el mínimo requerido y, como quiera que el artículo 12 ibídem conservó como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, indistintamente, a ‘los miembros del grupo familiar’ del pensionado o afiliado fallecido, en principio, no existe una razón valedera para cambiar la posición de la Sala, plasmada en la jurisprudencia contenida en la sentencia del 5 de abril de 2005 (Rad. 22560), pues el simple aumento del tiempo mínimo que debía convivir la pareja antes de la muerte del causante, sería irrelevante frente a los supuestos de la norma que tuvo en cuenta la Corte para llegar a la conclusión de que se debía dar un trato igual, tanto a los beneficiarios del pensionado como del afiliado.

“(...).

“En consecuencia, respecto al nuevo texto de la norma, mantiene la Sala su posición de que es ineludible al cónyuge supérstite o compañero (a) permanente, la demostración de la existencia de esa convivencia derivada del vínculo afectivo con el pensionado o afiliado al momento de su fallecimiento y, por lo menos, durante los cinco años continuos antes de este”.

Por lo tanto, no podía el tribunal a su arbitrio eximir a la demandante de los requisitos establecidos en la ley de seguridad social, y modificar la exigencia temporal de convivencia, considerando que bastaban escasos dos años de vida de pareja con el de cujus, para consolidar el derecho a la pensión de sobrevivientes, con lo cual al hacerlo, incurrió evidentemente en los yerros jurídicos que se le endilgan.

Así, de esta manera, desde la fuente misma del orden jurídico se marca como directriz el que los distintos componentes de las instituciones de la seguridad social deban estar gobernados por las normas propias de la materia.

Como fue supuesto fáctico de la sentencia gravada y que no se discute en un cargo jurídico, que la demandante convivió con el causante escasos dos años, no cumple el requisito de convivencia establecido en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para la pensión de sobrevivientes, que es de no menos 5 años continuos con anterioridad a la muerte.

Por esas razones los cargos prosperan y el fallo será casado en su integridad.

Dadas las resultas de estas acusaciones, la Corte queda eximida de abordar el estudio de la tercera acusación que por la vía fáctica pretendía el mismo objetivo.

En sede de instancia son suficientes las consideraciones expuestas con ocasión del recurso extraordinario para confirmar la sentencia absolutoria del juzgado.

Sin costas en casación en virtud de la prosperidad de los dos primeros cargos y por no haber sido causadas. Las de las instancias a cargo de la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de veinticinco (25) de julio de dos mil ocho (2008) proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso seguido por María Etelvina Murillo Espinal contra el Instituto de Seguros Sociales. En sede de instancia CONFIRMA la sentencia absolutoria de 9 de octubre de 2007 del Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Mahistrados: Eduardo López Villegas—Elsy Del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.