Sentencia 37865 de marzo 21 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación: 37865

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Acta 9

Bogotá, D.C., veintiuno de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «VII. Se considera

Debe comenzar la Sala por recordar, que el error de hecho en materia laboral, “se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida” (sent., feb. 11/94, rad. 6043), además para que se configure, es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y como lo ha dicho la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta.

Como se extrae del desarrollo del cargo, la acusación está orientada a demostrar: (i) Que el contrato de trabajo celebrado entre el demandante y la demandada Escuela Vial de Conducción Ltda., se ejecutó sin solución de continuidad desde el 1º de marzo de 1995 y no como lo determinó la alzada a partir del 1º de febrero de 1999; (ii) Que la fecha de terminación de dicho vínculo contractual, no puede ser la correspondiente a la de presentación de la demanda inicial, esto es, el “19 de marzo de 2002”, dado que los contendientes aceptaron que se encontraba vigente, además de que no obra en el plenario prueba de su finalización, como tampoco “que las causas que le dieron origen, o la materia del contrato hubiese desaparecido”. Que por consiguiente, el nexo continuó ejecutándose con el transcurrir del tiempo en forma indefinida “hasta la fecha de la sentencia definitiva”; y (iii) Que el salario devengado por el accionante ascendió a la suma de “$1.200.000”, que resulta superior al salario mínimo legal que acogió la decisión censurada.

Para el efecto, el recurrente propuso once (11) errores de hecho y denunció la equivocada apreciación de unas pruebas como la falta de valoración de otras, con el propósito de que las condenas por salarios y prestaciones sociales que se impartieron en la segunda instancia, se calculen tomando el extremo inicial y el salario alegados, debiéndose extender la orden de pago hasta el momento en que se dicte la sentencia definitiva.

Sobre el primer aspecto de inconformidad, que atañe a la fecha de inicio de la relación laboral, el censor se duele que el tribunal no hubiera tenido por acreditada la indicada en la demanda con que se dio apertura a la presente controversia, valga decir, el 1º de marzo de 1995.

Al respecto, el censor no logra acreditar ninguna deficiencia probatoria, habida cuenta que el contrato de trabajo suscrito por el demandante y la accionada Escuela Vial de Conducción Ltda., obrante a folio 57 y vto., fue correctamente apreciado, ya que efectivamente la fecha que aparece allí como de iniciación de labores no es otra que “febrero 1º de 1999, que es precisamente la establecida en la sentencia impugnada.

Así mismo, fue estimado sin error, el certificado de existencia y representación legal de la sociedad demandada expedido por la Cámara de Comercio de Medellín, visible a folios 32 - 33 que se repite a folios 55 - 56, y que prueba la constitución de la citada persona jurídica por escritura pública 8860 otorgada en la Notaría 15 de Medellín del 9 de diciembre de 1998 e inscrita el 4 de enero de 1999, si se tiene en cuenta que la información que muestra esa documental no fue distorsionada por la colegiatura y le sirvió para inferir que el actor no podía haber laborado para una sociedad antes de su creación, lo cual es sensato y razonable.

Acá es pertinente agregar, que los argumentos de la censura en el sentido de que una sociedad puede legalmente adquirir obligaciones laborales anteriores a su creación, o que la fecha de constitución de la sociedad no es motivo suficiente para no condenar por salarios y prestaciones causadas tiempo atrás a su constitución, involucran discernimientos jurídicos cuyo estudio no es factible abordar por la senda de violación escogida.

De ahí que, el juez colegiado no pudo cometer ningún yerro fáctico al establecer el extremo inicial del contrato de trabajo.

Frente a la segunda inconformidad que gira en torno a la vigencia o terminación del nexo laboral del actor, cabe decir, desde ya que el tribunal incurrió en el error evidente de hecho que se le endilga, habida consideración que no era factible que el cálculo o liquidación de las prestaciones sociales y demás acreencias objeto de condena se limitara al momento de la presentación de la demanda inicial, cuando es sabido que el referido contrato de trabajo continuó ejecutándose más allá de esa calenda.

En efecto, el ad quem infirió la permanencia o duración del vínculo laboral materia de debate sólo hasta el 19 de marzo de 2002, fecha que aparece como de instauración del libelo demandatorio (fl. 6, cdno. ppal.), no obstante la sociedad convocada al proceso al contestar la demanda introductoria, aceptó como cierto que la relación laboral del demandante se encontraba “vigente”, conforme a la respuesta dada al hecho diecisiete al decir “Es cierto que está trabajado para la sociedad demandada” (fl. 52) y admitió al proponer las excepciones que “… el actor aún se encuentra laborando al servicio de la demandada” (fl. 53 ibídem).

Lo que significa, que el tribunal se equivocó garrafalmente, pues existe certeza de la vigencia de la relación laboral del demandante y su continuidad después de la presentación de la demanda inaugural, sumado a que frente a los salarios, prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones y demás acreencias laborales que se demandaron a través de esta acción, su causación para efectos de su reconocimiento judicial no se limitó en el tiempo, toda vez que su reclamación lo fue “durante todo el lapso de servicio” y a partir del “1º de marzo de 1995”, tal como se desprende de la lectura del capítulo de “Peticiones” de la demanda genitora (fl. 5 ídem).

Por lo expresado, las piezas procesales de la demanda introductoria (fls. 2 a 6) y sus contestaciones (fls. 45 a 47 y 51 a 54) fueron mal apreciadas, lo cual conlleva a que resulte equivocada la inferencia de la alzada, relativa a la imposibilidad de liquidar los derechos salariales y prestacionales a favor del trabajador demandante con posterioridad a la data de instauración de la demanda, bajo la argumentación de no conocerse el día de la supuesta finalización de la relación laboral.

Como lo dicho es suficiente para quebrar la sentencia impugnada parcialmente, se hace innecesario recabar sobre la documental denunciada obrante a folios 8 a 34 del cuaderno principal que se acompañó con el escrito de demanda inicial, así como la de folios 58 a 63 que se aportó con la contestación presentada por la sociedad demandada.

Ahora bien, pasando al tercer punto de inconformidad del recurrente, referente al salario devengado, lo primero que hay que acotar es que el monto aducido en la demanda inicial de “un promedio de $1.200.000”, no es dable darlo por acreditado con la <confesión ficta o presunta> que recayó sobre los demandados, ya sea la confesión extrajudicial por no comparecer estos a la audiencia de conciliación previa que se adelantó ante el Ministerio de la Protección Social (fl. 7), o la judicial, por no asistir a absolver el interrogatorio de parte decretado (fls. 78 a 80).

Ciertamente, la confesión que es dable estudiar en sede de casación es la judicial, mas no aquella que se hubiera dado de manera extrajudicial, y en lo concerniente a la primera la declaración de confeso que se hizo en el curso del proceso, la verdad es que no cumple con la exigencia de determinar exactamente sobre que aspectos recaía la misma, pues el juez instructor debe expresar y determinar adecuadamente los hechos susceptibles de ese medio de convicción, actividad que en el examine se omitió por completo. En la audiencia del 2 de agosto de 2006, el a quo se limitó a señalar que, al no haber justificado los accionados su inasistencia al interrogatorio de parte solicitado, por “dicha conducta procesal es menester atender a lo dispuesto en el artículo 210 del Estatuto Procesal Civil”, presumiéndose “ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión, es decir, aquellos que de manera simultanea benefician a la parte que debía formular el interrogatorio y perjudicaran a los absolventes Escuela Vía de Conducción Ltda, James A. Jurado F., Óscar Jacobs Torres y Nora Luz Bran, presunción de veracidad que se habrá de tener en cuenta en el pronunciamiento de instancia”. Pero dicho juzgador de primer grado olvidó particularizar cuáles hechos en concreto se dan por ciertos, lo cual no mereció en su momento reparo de las partes. Esta circunstancia conduce a que en esta oportunidad la confesión ficta no quedó estructurada en debida forma, con observancia de la ley procesal. El anterior criterio está esbozado entre otras muchas sentencias, en las del 7 de abril de 2005 radicado 24292, reiterada en casación del 22 de junio de 2007 radicación 30560.

De otro lado, en lo que atañe a los comprobantes de pago de nómina de folios 8 a 31, que según el censor prueban el “valor hora de trabajo” a razón de “$2.500 por hora”,se tiene que al remitirse la Sala a su contenido encuentra que en tales documentos figura como “salario” las siguientes sumas: “$260.100” para el año 2000 (fls. 8 a 13 y 31); “286.000” en el año 2001 (fls. 14 a 28 y 30); y “309.000” para el año 2002 (fl. 29), que atañe al salario mínimo legal para cada una de esas anualidades; y, si bien es cierto también se incluye en esa prueba documental un rubro por “viáticos por transporte para dictar clases”, se observa que dichos comprobantes no cubren todo el período demandado, además que hay quincenas en las cuales no se generan dichos viáticos y, por ende, no es dable asegurar que el promedio de lo devengado ascienda a la suma mensual de $1.200.000.

Al no estar demostrado el salario promedio alegado por la parte actora, no es descabellado acudir como lo hizo el tribunal, al salario mínimo legal de cara a establecer el presupuesto del salario devengado y, por consiguiente, en este puntual, aspecto no se colige un yerro fáctico.

Así las cosas, este segundo cargo resulta fundado parcialmente en cuanto a la vigencia del contrato de trabajo más allá de la fecha de presentación de la demanda inicial.

VIII. Primer cargo

El censor acusó la sentencia del tribunal de violar directamente, en el concepto de interpretación errónea, los artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos del mismo estatuto 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 55, 56, 57, 58 y 59 ibídem, que conllevó a la aplicación indebida del mismo conjunto normativo enunciado en el segundo cargo.

En la demostración el recurrente comenzó por decir que, en este cargo, cuestiona lo concerniente a la solidaridad del demandado James Arturo Jurado Flórez, y al respecto textualmente realizó el siguiente planteamiento:

“(….) Dentro de una sana hermenéutica deben ser retirados de la sentencia los considerandos que exoneran al señor Jurado Flórez, de la responsabilidad legal extracontractual que el actor le reclama solidariamente en su demanda, con los patronos demandados. En materia legal laboral, no se puede exigir vinculación laboral “directa”, como lo hace la sentencia del ad quem, a quienes ejercen actividades de “dirección”, “confianza” o “manejo”, con los trabajadores sometidos a la subordinación continuada propia del contrato de trabajo. Los funcionarios de dirección, confianza o manejo, no son patronos, sino que desempeñan las funciones de tales, dentro del desenvolvimiento de la subordinación continuada por activa. Los funcionarios de “dirección” “confianza” o “manejo”, son indispensables en todas las empresas, para que no se quede en el vacío, esta subordinación por activa, dentro de la ejecución del objeto social propio de la empresa, y así la empresa pueda cumplirlo, llevando este a través de los funcionarios de “dirección” o de “confianza” o de “manejo”, de la potencia al acto, de la simple expectativa o mera posibilidad a lo real; impidiendo en todo caso, que, la subordinación continuada se convierta en una pura virtualidad, de manera que sea una verdad real, en su ejercicio. Sí es objeto de censura la sentencia recurrida en la medida que entiende que para que responda solidariamente una persona por los salarios y prestaciones se requiere o que sea “socio” de la sociedad demandada, o que “tenga” “vinculación laboral directa”, ataco esta sentencia, porque, excluye otras formas de responsabilidad que la ley tiene establecidos, como la Responsabilidad extracontractual, o la solidaridad, entre otros. Si en el libre ejercicio del derecho a desempeñar una función de subordinación continuada por activa, al darle órdenes por ejemplo a un trabajador no se puede permitir que el funcionario de dirección o de manejo, o de confianza se salga del marco legal que le impone la responsabilidad extracontractual, o legal por sus actos; tampoco se puede impedir, que responda por las obligaciones de su patrono, que son insolutas, a consecuencia de la mala fé compartida, por no tener “vinculación laboral directa”, o por no ser “socio”, de la demandada. Con otras palabras solo admite, la responsabilidad contractual, o “vinculación laboral directa” y elimina entonces, las otras formas de responsabilidad, que son “Indirectas” (sic) dentro del mismo espíritu con que la sentencia reflexiona, o solo admite la responsabilidad, “como socio de la accionada”.

El análisis hecho por el ad quem es equivocado, al desentrañar los motivos para absolver al señor Jaime Jurado Flórez, de los derechos que el actor le reclama solidariamente con los otros demandados.

En efecto: La sentencia previamente decidió a folios 118 segundo párrafo “...en este proceso fluye la prueba de la existencia del contrato entre las partes, debiéndose acoger algunas de sus pretensiones como cesantías, intereses, primas, vacaciones, entre otros”.

En sentido contrario: es correcto condenar a todos los demandados, con “vinculación laboral directa” con “el trabajador”. Sin embargo, que ciertos funcionarios, puedan trabajar con libertinaje, y que la responsabilidad en contra de ellos, no exista, porque la vinculación laboral no es “directa” con ellos sino “In” “directa”, es algo diferente, todos somos responsables ante la ley, por nuestros hechos u omisiones.

Mucho menos, es aceptable el condicionamiento previsto en la sentencia, de “una vinculación laboral directa con el trabajador”, porque introduce requisitos a las obligaciones surgidas del contrato de trabajo, conforme las normas citadas en el cargo, obligaciones que la ley ha establecido como puras y simples, adquiridas o no, bajo una vinculación indirecta o “directa” con el trabajador, para los casos en que se juzga al señor Jurado.

En el folio 113, la sentencia del tribunal manda: “Por la condición de socio del Señor JACOBS TORRES, EN CASO DE SER DESFAVORECIDA LA EMPRESA CON UNA SENTENCIA CONDENATORIA DEBE RESPONDER HASTA EL MONTO DE SUS APORTES”. El soporte de su entendimiento: Es el artículo 36 c. s. del t. (Mayúsculas negrilla subraya fuera de texto).

Conforme la Interpretación que hace la sentencia en la parte copiada, existe un equivocado entendimiento del artículo 36 del código sustantivo del trabajo normas anteriores, posteriores, concordantes y similares. En efecto la responsabilidad solidaria, instituida por el Código Laboral en las normas citadas en el cargo, no pueden asimilarse a la forma de lo que es en sí el límite de la responsabilidad de cada socio, porque son dos distintas instituciones, el uno es la solidaridad de creación legal, el otro es el límite de responsabilidad de cada socio. Mucho menos puede la sentencia del tribunal, dejar por fuera las normas que establecen la responsabilidad solidaria, de quienes son funcionarios de dirección, confianza y manejo, o de quienes ejercen la subordinación continuada por activa, cualquiera sea la vinculación laboral con el trabajador, directa o indirecta, aunque no “tenga” el respectivo funcionario, “Vinculación laboral directa” “con el trabajador” actor.

En conclusión la sentencia del ad quem, analizó entonces normas distintas a la solidaridad, circunscribió la responsabilidad laboral, a que el respectivo demandado tenga la calidad de “socio” o a la existencia de “Vinculación laboral directa”, lo que significa que consideró que las personas solo responden por las obligaciones laborales, quienes tienen “vinculación directa con el trabajador” lo que constituye desentrañamiento equivocado de las normas citadas en el cargo. Subsiguientemente, hubo aplicación indebida de todas las normas, que consagran los derechos pedidos; por ello debe casarse la sentencia, y actuando esa honorable Sala, como tribunal de instancia, condenar a lo pedido en el citado alcance de la impugnación”. (Lo subrayado es del texto original).

IX. Se considera

En este cargo orientado por la vía directa, se está cuestionando la absolución del accionado James Arturo Jurado Flórez, por cuanto el Tribunal no lo hizo responsable del pago de las condenas impuestas a los otros codemandados, al exigir que éste tuviera la condición de socio de la empresa empleadora o de patrono directo, calidades que aquél no ostenta.

El recurrente en la demostración del ataque, en síntesis, sostiene que se interpretó erróneamente la ley sustancial en especial el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, al derivar la responsabilidad solidaria en materia laboral, a que el demandado persona natural tenga “la calidad de socio” o la “existencia de vinculación laboral directa” con el trabajador, cuando un correcto entendimiento de tal normatividad, permite concluir que quienes ejercen actividades de “dirección”, “confianza” o “manejo” en la empresa, como era el caso del citado accionado, también responden por las obligaciones a cargo de su empleadora, por virtud de sus acciones u omisiones dada su jerarquía.

Para dar al traste con la acusación, basta con decir, que la circunstancia de que una persona desempeñe actividades de dirección, confianza o manejo, con cierto grado de jerarquía, no lo hace responsable del pago de acreencias laborales adeudadas a un determinado trabajador, por la potísima razón que cuando el artículo 36 del Código Sustantivo de Trabajo se refiere a la responsabilidad solidaria de los “miembros” de la sociedad, con lo cual alude a sus “socios”, quienes junto con la misma persona moral, los “condueños” o “comuneros”, son los llamados a responder en los términos de la norma en procedencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 36.—Responsabilidad solidaria. Son solidariamente responsables de todas las obligaciones que emanen del contrato de trabajo las sociedades de personas y sus miembros y éstos entre sí en relación con el objeto social y sólo hasta el límite de responsabilidad de cada socio, y los condueños o comuneros de una misma empresa entre sí, mientras permanezcan en indivisión” (resalta y subraya la Sala).

Por lo anterior, el alto empleado con actividades de dirección, confianza o manejo al ejercer actos de representación, no asume la calidad de empleador, pues si bien puede obligar con sus acciones u omisiones a la empresa, la responsabilidad solidaria del artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo sigue en cabeza y sólo es dable predicarla de la sociedad, sus socios, condueños o comuneros.

En cuanto a las demás disposiciones invocadas como violadas, artículos 19, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 55, 56, 57, 58 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo, en el desarrollo del ataque no se explica en qué consistió la “interpretación errónea” de las mismas, por cuanto la acusación se centró en la intelección del artículo 36 ibídem, siendo insuficiente la aseveración genérica que aparece al final de la sustentación, en el sentido de que el análisis que efectuó el tribunal sobre la solidaridad “constituye desentrañamiento equivocado de las normas citadas en el cargo” y una aplicación indebida de las “normas, que consagran los derechos pedidos”, pues es sabido que en casación el recurrente tiene el deber de demostrar adecuadamente que el entendimiento dado por el juzgador de segunda instancia a los preceptos legales denunciados resulta equivocado y que, por consiguiente, incurrió en un desatino en el ejercicio hermenéutico. Para obtener ese cometido, era menester que la censura realizara una comparación entre la comprensión que a la normas jurídicas le imprimió el fallador, con el recto sentido que emerge de su texto, de suerte que al efectuar ese parangón aflore el significado incorrecto que se le otorgó, labor que brilla por su ausencia respecto de los citados mandatos legales, lo cual no permite abordar su estudio.

Así las cosas, la censura no logró desvirtuar la conclusión esencial contenida en la sentencia recurrida, consistente en que “no podrá la Sala hacer responsable de las condenas anteriores al señor James A. Jurado F., porque éste no aparece como socio de la entidad accionada, ni tampoco tuvo vinculación laboral directa con el trabajador”.

Por lo señalado, el tribunal no pudo cometer ningún yerro jurídico y por ende esta acusación no puede prosperar.

Dada la prosperidad parcial del segundo cargo, se casará parcialmente la sentencia impugnada, únicamente en cuanto a la determinación del tribunal de tener la duración o permanencia del contrato de trabajo del demandante sólo hasta la fecha de presentación de la demanda inaugural que lo fue el 19 de marzo de 2002.

Sería esta la oportunidad para dictar la sentencia de instancia que corresponda, pero revisada en detalle la actuación se observa que si bien los testigos hacen alusión a que el demandante continuó laborando después de presentada la demanda, uno de ellos afirma que él se retiró tiempo después (fl. 76), lo cual hace indispensable esclarecer esa situación, a fin de poder liquidar las prestaciones sociales y demás derechos a que haya lugar, más allá del momento de la presentación de la demanda inaugural y hasta una fecha cierta. Para tal efecto, se dispone oficiar a la empleadora demandada Escuela Vial de Conducción Ltda., para que en un término de diez (10) días informe si el contrato de trabajo celebrado con el demandante aún se encuentra vigente o si el mismo terminó, y en este último evento señalar a partir de que fecha finalizó, remitiendo los documentos que lo soporten junto con los pagos que se le efectuaron al trabajador por concepto de liquidación final de prestaciones sociales.

De las costas del recurso extraordinario, no hay lugar a ellas, por virtud de que la acusación salió triunfante parcialmente. Las de las instancias se definirán al momento de proferirse la sentencia de reemplazo.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 20 de junio de 2008, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso adelantado por José William Sánchez Quintero contra la Escuela Vial de Conducción Ltda., Óscar Jaime Jacobs Torres y James Arturo Jurado Flórez, en cuanto a la determinación del Tribunal de tener la duración o permanencia del contrato de trabajo del demandante sólo hasta la fecha de presentación de la demanda inaugural que lo fue el 19 de marzo de 2002.

Para un mejor proveer y poder dictar la sentencia de instancia, se dispone oficiar a la sociedad demandada Escuela Vial de Conducción Ltda., para que en un término de diez (10) días, informe si el contrato de trabajo celebrado con el demandante aún se encuentra vigente o si el mismo terminó, y en este último evento señalar a partir de que fecha finalizó, remitiendo los documentos que lo soporten junto con los pagos que se le efectuaron al trabajador por concepto de liquidación final de prestaciones sociales.

Sin costas en el recurso de casación.

Cumplido lo anterior, vuelva el proceso al despacho para continuar con el trámite pertinente.

Cópiese, notifíquese y publíquese».