Sentencia 3788 de octubre 7 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicado interno 3788

Consejero Ponente:

Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá

Ref.: Proceso 730012331000200400271 01

Demandante: Carlos Julio Sánchez Rodríguez

Electoral. Segunda instancia.

Bogotá, D.C., siete de octubre de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia y oportunidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 231 del Código Contencioso Administrativo, esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la sentencia de 1º de febrero de 2005, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Tolima dispuso que no prosperaba la excepción de inepta demanda planteada por el personero municipal de Venadillo y negó las pretensiones de la demanda.

La alzada se interpuso oportunamente el 11 de febrero de 2005, dentro de los dos (2) días siguientes al acto de notificación de la sentencia (fls. 96, 97 y 98, cdno. ppal.), dando así cumplimiento a lo que para el efecto dispone el artículo 250 del Código Contencioso Administrativo.

2. Cuestión previa.

Las excepciones propuestas por la parte opositora

A) Las normas legales que sirvieron de fundamento para entablar la demanda se encuentran derogadas.

El excepcionante afirma que como las normas citadas por el demandante no contemplan aspectos disciplinarios, en razón de que no consagran sanciones, ellas fueron derogadas por el artículo 224 de la Ley 734 de 2002, que previó tal efecto para todas aquellas disposiciones que le fueran contrarias.

B) No se vulneró ninguna norma de la Ley 190 de 1995.

Por cuanto en la hoja de vida que el personero presentó aparecían insertos los requisitos exigidos por la citada ley, excepto los relacionados con el formulario único de la función pública, pues este fue presentado al momento de la posesión y con las inhabilidades, porque si se hubiera encontrado incurso en alguna de ellas, el certificado expedido por la procuraduría así lo hubiera hecho constar.

En relación con las dos excepciones referidas antes, la Sala puntualiza:

Una vez más es preciso reiterar que en términos del artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, en procesos como el presente solo pueden formularse excepciones de fondo (CCA, art. 164), es decir aquellas que se oponen a la prosperidad de las pretensiones y en esa medida la parte opositora bien puede plantear hechos distintos de los aducidos por la accionante para destruir, modificar, o diferir los efectos de las pretensiones de esta.

Así, de acuerdo con lo expuesto, las excepciones anteriormente referidas no constituyen excepciones de fondo, porque no están encaminados a enervar la pretensión, sino a cuestionar los fundamentos jurídicos en que se sustenta y por tanto constituyen asuntos que deben ser analizados al estudiar los cargos formulados por el demandante.

C) No haber individualizado el acto de elección demandado.

El demandado la fundamenta en que el accionante demandó la nulidad de la reelección y no la del acta 02 correspondiente a la sesión del 9 de enero de 2004, que consigna la elección del personero municipal de Venadillo (Tolima), por parte del concejo de la misma localidad.

El hecho referido no constituye una excepción de mérito, pues alude al requisito legal de demanda en forma, de manera que la ineptitud de la demanda es un impedimento procesal y como tal se analiza en procesos como el sub Iite.

Pues bien, según lo dispuesto en el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo, para obtener la anulación de una elección debe demandarse precisamente el acto por medio del cual esta se declara y en este caso, aun cuando el actor demandó la nulidad de la “reelección” del personero municipal de Venadillo (Tolima), debe tomarse en cuenta que la elección recayó en la misma persona que venía desempeñando ese cargo, razón por la cual el término reelección está referido un hecho preciso y determinado y no está fuera de contexto. Lo anterior está corroborado en el libelo, porque el accionante claramente determinó que quien resultó elegido fue el doctor José Édgar Arévalo Sierra, para el período que iniciaba en marzo de 2004 y se extendía hasta febrero de 2007; pero además, indicó que la elección referida se realizó el 9 de enero de 2004 y en el capítulo de pruebas de la demanda indicó que aportaba fotocopia del acta 002 de 9 de enero de 2004, que contiene la elección o reelección, impugnada.

La censura, por lo tanto de desestima.

D) Inepta demanda.

Porque el accionante no dio cumplimiento a lo previsto en el numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, en la medida en que no indicó las normas violadas ni el concepto de violación.

Al revisar la demanda la Sala observa que en el capítulo correspondiente a las normas violadas y concepto de violación el actor solo mencionó el reglamento interno del concejo municipal (Ac. 35, sep. 10/99) y los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 190 de 1995 y aun cuando no incluyó el respectivo concepto de violación, este encuentra respaldo en los hechos de la demanda, porque en la relación de los mismos aparece determinado el alcance de la infracción alegada.

Como en el caso precedente, en este, la censura habrá de desestimarse.

3. El asunto de fondo.

3.1. En primer lugar, la Sala se referirá a la afirmación de la parte opositora, en el sentido de que “Las normas legales que sirvieron de fundamento para entablar la demanda ya se encuentran derogadas”; aseveración que fundamenta en que el artículo 224 de la Ley 734 de 2002 derogó todas las disposiciones que le fueran contrarias, salvo las referidas con los aspectos disciplinarios previstos en la Ley 190 de 1995 y sostiene que como los artículos de esta ley citados por el actor, no contemplan tales aspectos porque no consagran sanciones, quiere decir que fueron derogados por la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario).

Sobre el punto es preciso señalar que la Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario, regula aspectos relacionados con materias disciplinarias como son la tipificación de las faltas, sus sanciones, la competencia de los organismos y funcionarios para imponerlas, los procedimientos disciplinarios, etc. y por su parte, la Ley 190 de 1995 si bien trata algunos aspectos de orden disciplinario, también regula asuntos concernientes a otras materias como el régimen de los servidores públicos y en este aspecto específico con el control de su reclutamiento, tal como prevén entre otros los artículos 1º, 2º y 3º ibídem invocados por el actor.

Así, cuando el artículo 224 de la Ley 734 de 2002 deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, no significa, como cree el opositor, que dejó sin vigencia todas las normas de la Ley 190 de 1995, que no consagran sanciones, porque ésta no solo regula esos aspectos del régimen disciplinario y la norma derogatoria se refiere a los aspectos disciplinarios de definición de las faltas, competencia de la autoridad para imponer sanciones, etc., pero no a los demás asuntos de que trata la Ley 190 de 1995; mal podría entonces considerarse que estos últimos perdieron vigencia por una ley posterior que no los incluyó para ese efecto.

Veamos entonces si, como asegura la parte opositora, “no se vulneró ninguna norma de la Ley 190 de 1995”.

3.2. En segundo lugar, el accionante sostiene que con la elección, o reelección, del doctor José Édgar Arévalo Sierra, como personero municipal de Venadillo (Tolima), se infringieron los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 190 de 1995, porque el elegido no presentó el formato único de hoja de vida a que alude la ley citada.

El artículo 1º de la ley precitada prevé que todo aspirante a ocupar un cargo público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración, deberá presentar ante la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces, el formato único de hoja de vida debidamente diligenciado, en el cual consignará la información relacionada, entre otros, con los siguientes aspectos: a) formación académica, indicando los años de estudio cursados en los distintos niveles de educación y los títulos y certificados obtenidos (num. 1º); b) experiencia laboral, relacionando todos los cargos desempeñados, tanto en el sector público como en el privado, junto con la dirección, el número del teléfono o el apartado postal en los que sea posible verificar información (num. 2º), y c) inexistencia de hechos o circunstancias que constituyan inhabilidades o incompatibilidades del orden constitucional o legal, para ocupar el empleo o cargo al que se aspira, o para celebrar contrato de prestación de servicios con la administración (num. 3º).

El parágrafo de la norma citada indica que quien fuere nombrado para ocupar un cargo público, o celebre un contrato de prestación de servicios con la administración, deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, presentar certificado sobre antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación y certificado sobre antecedentes penales expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

Por su parte, el artículo 2º de la misma ley creó en el orden nacional el Sistema Único de Información de Personal en el Departamento Administrativo de la Función Pública y le atribuyó las funciones relacionadas con la elaboración de los formatos de hoja de vida única, de los formatos de actualización de datos y de calificación de los empleados del sector público (num. 1º); así mismo determinó que debía acopiar y sistematizar la información contenida en las hojas de vida y en los formatos únicos de calificación (num. 2º); que debía actualizar la información de acuerdo con los datos que periódicamente fueran puestos en su conocimiento (num. 3º) y suministrar información, cuando fuera requerida por una entidad pública (num. 4º).

Y el artículo 3º de la Ley 190 de 1995 prevé que a partir de su vigencia, las hojas de vida de las personas que ocupan cargos públicos o de quienes celebren contratos de prestación de servicios con la administración, permanecerán en la unidad de personal de la correspondiente entidad, hasta su retiro y que producido este, la unidad enviará al sistema único de información de personal la hoja de vida con la información relativa a la causa del retiro.

La misma norma indica que cuando una persona aspira a ingresar a una entidad pública, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración, habiéndolo hecho antes, la entidad correspondiente solicitará la hoja de vida al sistema único de información de personal y si transcurridos quince (15) días hábiles, la entidad nominadora o contratante no hubiere recibido respuesta del Sistema Único de Información de Personal, podrá decidir autónomamente si vincula o contrata al aspirante, siempre y cuando se reúnan los demás requisitos legales y sin perjuicio de la facultad de revocar la decisión.

En relación con las pruebas allegadas al proceso la Sala encuentra:

Por auto de 7 de junio de 2004 (fl. 78, cdno. ppal.), el tribunal del Tolima solicitó al concejo municipal de Venadillo enviara copia de “todos los requisitos que presentó el personero municipal de Venadillo al momento de la posesión” (fI. 79) y como respuesta fueron recibidos los documentos que obran en el cuaderno número dos (2), los cuales permiten establecer los siguientes hechos:

a) Según acta sin número de 8 de enero de 2004 (fl. 19, cdno. 2), en esa fecha el concejo municipal de Venadillo (Tolima), cerró la inscripción y recepción de hojas de vida para aspirantes a secretario general de esa corporación y a personero municipal de la misma localidad; dentro de los aspirantes al último cargo aparece el nombre del señor José Édgar Arévalo Sierra.

b) El acta dos (2) de 9 de enero de 2004 (fls. 14-18, cdno. 2), da cuenta que en la sesión realizada en ese fecha por el concejo municipal de Venadillo (Tolima), se eligió al doctor José Édgar Arévalo Sierra, como personero municipal de esa localidad, para el período 2004-2007;

c) El personero elegido tomó posesión de su cargo el 28 de febrero de 2004, ante el presidente del concejo municipal de Venadillo (Tolima), tal como da cuenta la copia del acta de posesión visible a folios 1 y 2 del cuaderno de pruebas, acta en la cual aparecen relacionados los documentos que para el efecto aportó el posesionado, dentro de los cuales menciona el “Formato único de hoja de vida aclarando que en el despacho reposa su hoja de vida antes de la elección”, y

d) A folios 3 a 7 del cuaderno de pruebas obra copia del formato único de hoja de vida (L. 190/95), del señor José Édgar Arévalo Sierra, en el cual aparece información relacionada con sus datos personales; formación académica; tiempo de experiencia y situación laboral, en la cual consta que para entonces se desempeñaba como personero de Venadillo, habiendo ingresado en el año 2002 hasta el 2004 y manifestación bajo juramento de no encontrarse incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad de orden constitucional o legal para ocupar un cargo o empleo público, o para celebrar un contrato de prestación de servicios (L. 190/95, art. 1º).

De lo anteriormente referido se puede concluir:

De una parte, si bien es cierto que el artículo 1º de la Ley 190 de 1995 exige a toda persona que va a ocupar un cargo público la presentación del formato único de hoja de vida, ante la unidad de personal correspondiente a la entidad que haga sus veces, también lo es que esa norma no consagra la nulidad del nombramiento o de la elección cuando no se cumple ese requisito. A juicio de la Sala, la omisión de ese requisito no tiene entidad jurídica suficiente para viciar de nulidad el acto declaratorio de la elección.

De otra parte, el artículo 5º de la Ley 190 de 1995 autoriza solicitar la revocatoria de un nombramiento o posesión, cuando estos se han producido “sin el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo...”, lo cual no acontece en el sub Iite, porque el accionante no hace cargos en tal sentido al personero elegido, quien probablemente cumplía todos los requisitos para el ejercicio de dicho cargo, teniendo en cuenta que lo venía desempeñando antes, pero además porque dada esta última circunstancia, en la oficina de personal del municipio, o en la encargada de realizar las funciones correspondientes, debía reposar el formato único de hoja de vida a que alude la ley mencionada, pero aun cuando así no hubiera sido, en el proceso obra prueba de que dicho formato fue aportado por el demandado al momento en que tomó posesión del cargo de personero municipal de Venadillo (Tolima).

Quiere ello decir que el actor no demostró que con la elección demandada se hubiesen infringido los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 190 de 1995.

3.3. Según el demandante, la elección impugnada también es violatoria de artículo 37 numeral 3º del Acuerdo 35 de 10 de septiembre de 1999, reglamento interno del concejo municipal de Venadillo, en cuanto esta disposición determina que tratándose de elección de funcionarios, la votación debe ser secreta y el personero fue elegido por votación nominal.

Al proceso fue aportada copia informal del acuerdo precitado (fls. 19-46 cdno. ppal.), respecto de la cual la Sala tiene dos objeciones: la primera relacionada con su valor probatorio, que en este caso no es igual al del original, porque no fue autenticada por el funcionario que tenía facultad para hacerlo, es decir el secretario del concejo municipal de Venadillo (Tolima), de conformidad con lo establecido en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil y la segunda, aceptando en gracia de discusión que la copia tiene valor probatorio, se relaciona con la vigencia del citado acto administrativo, pues no aparece prueba de que el acuerdo citado no hubiese tenido modificaciones posteriores a su expedición y que en consecuencia era el que regía al momento de la elección demandada.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 1º de febrero de 2005, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Tolima dispuso que no prosperaba la excepción de inepta demanda, propuesta por el personero municipal de Venadillo y negó las pretensiones de la demanda.

Cópiese, comuníquese, devuélvase al tribunal de origen y cúmplase».

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