Sentencia 37883 de marzo 28 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 108

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

Bogotá, D.C., veintiocho de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía contra la sentencia dictada en primer grado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, pues la decisión fue proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga en relación con una juez de la República.

En orden a resolver la impugnación, la Sala revisará los aspectos planteados en el recurso, específicamente si la conducta desplegada por la doctora S.M.Z.M. el día 17 de marzo de 2009 reúne las características de tipicidad objetiva y subjetiva necesarias para pregonar la configuración del punible de abuso de función pública.

1. Cuestión inicial.

En primer lugar, la Sala quiere precisar cómo conforme al artículo 12 del Código Penal, “Sólo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva” (resaltado fuera de texto).

De esta manera, el ordenamiento jurídico nacional proscribe la imposición de sanciones basadas en el simple acontecer fáctico alejado del querer y de la voluntad de las personas.

Así mismo, debe recordarse cómo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9º de la Ley 599 de 2000, “para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable”, texto del cual se colige que la conducta (activa u omisiva) debe pasar por el tamiz de las referidas categorías dogmáticas para que revista la condición de delictiva.

En cuanto al componente tipicidad la corporación ha indicado que, de una parte, la conducta debe adecuarse a las exigencias materiales definidas en el respectivo precepto de la parte especial del estatuto penal (tipo objetivo), tales como sujeto activo, acción, resultado, causalidad, medios y modalidades del comportamiento y, de otra, debe cumplir con la especie de conducta (dolo, culpa o preterintención) establecida por el legislador en cada norma especial (tipo subjetivo), porque de conformidad con el artículo 21 del Código Penal, todos los tipos de la parte especial corresponden a conductas dolosas, salvo cuando se haya previsto expresamente que pueden configurarse de forma culposa o preterintencional.

2. Del delito de abuso de función pública.

El punible en cuestión se configura cuando, acorde al artículo 428 de la Ley 599 de 2000, “el servidor público… abusando de su cargo realice funciones públicas diversas de las que legalmente le corresponden”.

De esta manera se trata de un tipo penal con sujeto activo calificado (servidor público), cuya modalidad conductual comporta: a) abusar del cargo y, consecuentemente, b) realizar funciones públicas diversas de las que legalmente le han sido deferidas.

De conformidad con el artículo 6º de la Carta Política, los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes y “por omisión o extralimitación en el ejercicio de las mismas”; el artículo 121 de la misma normatividad dispone que “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley” y el artículo 122 ibídem preceptúa que “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento”.

La anterior reseña de preceptos constitucionales impone concluir que, a fin de evitar la arbitrariedad de los servidores públicos, existe una rigurosa asignación de funciones, la cual constituye presupuesto del Estado de derecho en tanto todas las autoridades se encuentran sujetas a control y, por ello, la invasión de las órbitas de competencia funcionales engendra un atentado a la administración pública.

De otro lado, el artículo 21 de la Ley 599 de 2000 establece que el dolo, la culpa y la preterintención son las modalidades de la conducta punible y, por tanto, es en la tipicidad donde impera demostrar alguna de las referidas formas de comportamiento, junto con los demás elementos de la norma para dar plena vigencia al principio de legalidad.

Como tal preceptiva dispone la punibilidad de la culpa y la preterintención sólo en los casos expresamente señalados por la ley, se concluye que los tipos penales de la parte especial del Código Penal corresponden a conductas dolosas, salvo que el legislador expresamente haya previsto que sean culposas o preterintencionales. Por tanto, sin duda, el delito de abuso de la función pública supone una conducta dolosa, en cuanto el tipo penal no alude a ninguna de las otras dos formas comportamentales.

Lo anterior significa que, además de la condición de servidor público de quien realiza la conducta y del desempeño de funciones ajenas a su cargo, el delito de abuso de la función pública precisa que quien así actúe tenga conocimiento de la ajenidad de las funciones cuyo ejercicio acomete y de la antijuridicidad de su proceder.

En cuanto a la forma de ejecutar el delito la corporación de tiempo atrás ha precisado cómo el delito se actualiza cuando un servidor público desbordando las facultades derivadas de su cargo asume y desempeña funciones diferentes a las otorgadas por la Constitución, la ley o los reglamentos. Así, por ejemplo,

“2. La jurisprudencia de la Corte ha señalado que en el abuso de función pública, igual a lo que ocurre con los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, en el asesoramiento y otras actuaciones ilegales, es requisito para su comisión que la gestión indebida del servidor público constituya un acto de abuso de sus propias atribuciones o de usurpación de otras que no le corresponden.

Se admite así que esta especie delictiva tiene doble vía para su comisión, bien porque a iniciativa del servidor público abuse de su señorío dominante de atribuciones oficiales o bien porque usurpe otras que no son suyas, que no le pertenecen o que no le competen. Es decir: el servidor público abusa de su cargo en razón a que esa posición que ocupa dentro de la administración pública, le permite realizar otras funciones que no son de su competencia.

3. En forma particular, y delimitada al delito de abuso de función pública, se ha precisado que consiste en abusar del cargo para realizar funciones públicas diversas de las que han sido legalmente asignadas al servidor público”(5).

3. Del caso concreto.

La fiscalía considera que, contrario a lo sostenido en el fallo impugnado, la conducta desplegada por la doctora S.M.Z.M. el día 17 de marzo de 2009, consistente en citar al docente XXX a las instalaciones del juzgado y, en presencia del rector de la institución educativa y de la personera municipal, ponerle de presente la queja de la señora D.Y.M.M relacionada con presuntos malos manejos de la cooperativa del colegio y con actos de acoso a su hija menor de edad YYY, si es típica objetiva y subjetivamente.

Con todo, la Sala confirmará el fallo de absolución emitido por el Tribunal Superior de Bucaramanga en favor de la doctora Z.M., por cuanto su comportamiento no se actualiza en el tipo penal de abuso de función pública imputado por el ente acusador.

Ello porque el actuar investigado no ostenta trascendencia y connotación punible en tanto se trató de un acto de mediación en virtud del cual la funcionaria pretendió contribuir a la solución de un conflicto suscitado entre algunos miembros de la Institución Educativa..., tal como se deduce del examen del siguiente acontecer fáctico:

i) El día 17 de marzo de 2009 se acercó al juzgado la señora D.Y.M.M quien comentó ante la doctora S.M.Z.M., titular del despacho, algunos hechos acaecidos en la institución educativa, consistentes básicamente en irregularidades en el manejo de la cooperativa y en presuntos actos de acoso del profesor XXX hacia su hija menor de edad.

ii) Ante esta manifestación, la funcionaria decidió llamar a su despacho al rector del colegio, señor O.M.C., al docente referido y a la personera municipal, L.R.M., con quienes realizó una reunión por cuyo medio los enteró de la queja y los instó a encontrar una solución a dicha problemática.

iii) En desarrollo de la reunión se suscitó una discusión entre la juez y el docente A.R., producto de la cual la funcionaria judicial reconoció haberse equivocado al citar al docente y tratar el tema, razón por la cual convocó a A.I.D.D., comisaria de familia, quien de forma inmediata asumió el conocimiento del asunto por involucrar a una menor de edad.

El pormenorizado recuento de los sucesos permite evidenciar cómo el proceder de la juez no se enmarca en la descripción típica del punible de abuso de función pública por cuanto no se adentró en el ejercicio de atribuciones deferidas a otras autoridades y, por ello, su actuar no ostenta connotación penal, pues aunque citó al docente al juzgado, ello obedeció a su pretensión de mediar en el conflicto y obtener su oportuna solución, sin que en su actuar se observe ánimo de infringir la ley.

En efecto, nótese cómo tan pronto se percató que el reclamo involucraba un asunto de competencia de la comisaría de familia, llamó a la titular de esa dependencia y le dio traslado de la misma, apartándose en forma inmediata de su conocimiento.

Como ya se precisó por la Sala, el tipo penal bajo examen se configura cuando un servidor público abusa del cargo realizando funciones públicas diversas a las que legalmente le corresponden. Para el caso, aunque la conducta fue desplegada por una servidora pública, la reunión en su despacho no constituye un acto funcional atribuido a otra autoridad, razón por la cual no invadió ninguna competencia. Aún más, nótese cómo la comisaría de familia de inmediato inició el trámite administrativo sin intervención de la funcionaria judicial investigada, tal como lo declaró en el juicio A.I.D.D..

Tampoco constituye una extralimitación de su función, en tanto la juez, en un acto de buena fe, pretendió contribuir a la solución del choque suscitado al interior de la institución educativa, en lo cual no hay tipicidad objetiva y menos aún subjetiva.

No se pierda de vista que en los pequeños municipios del país, la comunidad suele acudir al juez en procura de orientación y ayuda en la resolución de sus conflictos, contexto socio cultural dentro del cual los funcionarios, en aras de no defraudar la confianza depositada y con el propósito de contribuir a la solución del mismo, en algunos eventos intervienen como amigables componedores, sin que por ese sólo hecho pueda imputárseles abuso de la función pública.

En ese orden, la doctora Z.M., ante la queja elevada por la señora D.M.M., en principio consideró prudente llamar a las partes involucradas para que dialogaran al respecto. No obstante, en desarrollo de la reunión advirtió que los hechos involucraban conductas cuyo esclarecimiento estaba atribuido a otras autoridades, razón por la cual de forma inmediata remitió el asunto a esa dependencia, tal como lo declaró la doctora A.I.D.D. y se puede leer en el “formato para recepción de denuncias” de la Comisaría de Familia de Carcasí de fecha marzo 17 de 2009, introducido como prueba en el debate público:

“La señora D.Y.M.M., acude inicialmente al Juzgado Promiscuo Municipal de Carcasí, donde remiten verbalmente el caso, manifestando que su hija YYY llamó a un hno (sic) de la denunciante y tío de la adolescente, contándole que el profesor XXX le está haciendo “propuestas” a la niña y la amenaza que si no accede con él pierde…”(6).

De esta manera, la conducta desplegada por la funcionaria judicial, dadas las particulares circunstancias en que se desenvolvió, carece de connotación penal en tanto no hay abuso de la función a ella deferida ni invasión de atribuciones conferidas a otras autoridades.

Aún más, incluso considerando el contenido de la grabación de la reunión del 17 de marzo de 2009(7) donde se escucha a la doctora Z.M. afirmar que se equivocó al convocar a la reunión y tratar el reclamo de la señora M.M., se reafirma la conclusión según la cual no se configuró conducta punible alguna. En efecto, tal manifestación no constituye prueba de la materialidad del delito y, menos aún, de la responsabilidad, pues dichos aspectos dependen de las condiciones objetivas de ejecución de los hechos y no del reconocimiento o negativa que de los mismos efectúen las partes.

En suma, ninguno de los reproches del impugnante logra desvirtuar la conclusión vertida en la sentencia del Tribunal Superior de Bucaramanga, según la cual la conducta desplegada por la doctora S.M.Z.M. es atípica, razón por la cual la Sala confirmará la sentencia objeto de recurso.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 1º de noviembre de 2011 del Tribunal Superior de Bucaramanga.

2. Informar que esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso alguno.

Devuélvase al tribunal de origen.»

(5) Cfr. Providencia del 21 de febrero de 2007, radicación 23812.

(6) Cfr. Folio 142 carpeta del juzgado.

(7) La incorporación de la grabación de la parte final de la reunión del 17 de marzo de 2009, realizada por el señor XXX, fue solicitada por la fiscalía y decretada como prueba por el tribunal en la audiencia preparatoria, de forma tal que fue introducida en el juicio como prueba 2 a través del testimonio de N.W.M.B., funcionario de policía judicial.