Sentencia 37892 de julio 24 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 37892

Acta 26

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., veinticuatro de julio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

El Tribunal no interpretó erróneamente el artículo 9º de la Resolución 2569 de 1999 del Ministerio de Salud, pues es claro que el inciso primero, que invoca el censor, se refiere a un evento diferente al tratado en el inciso segundo. El texto completo es el siguiente:

“Eventos simultáneos. La existencia simultánea de una enfermedad de origen profesional con otra de origen común, no negará la existencia de cada uno de los eventos.

“La existencia de alteraciones funcionales, bioquímicas o morfológicas que puedan ser causadas simultáneamente por factores de riesgo de origen ocupacional y no ocupacional, no será causal para negar el origen profesional del evento de salud”.

Es claro que el primer inciso, a que se refiere el censor, da cuenta de la existencia simultánea de dos enfermedades diferentes, evento al cual no se refirió el tribunal, pues él no dedujo que confluyeran dos enfermedades en el demandante, sino que sus alteraciones funcionales eran causadas por factores de riesgo de origen ocupacional y no ocupacional, tal como se desprende de los siguientes pasajes de la sentencia recurrida:

“Origen que fue calificado como profesional, puesto que se concluyó que la situación que generó la enfermedad fue por causa de su trabajo, toda vez que siempre se habló del “stress” que le generaban las cargas de trabajo que tenía que atender en el desempeño de sus actividades cotidianas dentro de la entidad bancaria, y que deviene de esa sospecha de su enfermedad ocupacional desde que empezó a consultar con el médico, la revisión del diagnóstico que se efectuó en su momento y que fue confirmado y reiterado en cada valoración y que al hacerse la ponderación del riesgo llevó a esa calificación. La que de acuerdo con lo regulado por la Resolución 2569 de 1999, artículo 9º, no se desvirtúa por la existencia de eventos simultáneos, es decir, de origen profesional con otros de origen común, ya que al verificarse la tabla de enfermedades profesionales que está contenida en el Decreto 1832 de 1994 y la relación de causalidad permiten determinar esa prevalencia, porque como se advierte en aquel (sic) artículo “... la existencia de alteraciones funcionales, bioquímicas o morfológicas que puedan ser causadas simultáneamente por factores de riesgo de origen ocupacional y no ocupacional, no será causal para negar el origen profesional del evento de salud”.

“(...).

“Y eso es lo que se observa, aconteció en el dictamen proferido por la junta regional de calificación de invalidez del Valle el 21 de septiembre de 2006, toda vez que para fundamentar su decisión tuvo en cuenta la historia clínica completa del paciente, el análisis del puesto de trabajo que tenía, los exámenes realizados en su valoración y el concepto de salud ocupacional, que le revelaron que esos componentes funcionales a nivel biológico, psíquico y social del señor Alexander, que son las consecuencias producidas por esa enfermedad que lo afecta y que corresponde al trastorno afectivo y su estado ansioso depresivo y fue así como obtuvo las deficiencias, las discapacidades y las minusvalías que, en últimas, configuraron la pérdida de la capacidad laboral que lo afectaba” (resaltado fuera de texto).

De todas maneras, en lo que tiene que ver con el fondo del ataque, esto es, que no es pertinente sumar a patologías de origen profesional las de origen no profesional, ya la Sala tuvo oportunidad de pronunciarse en reciente fallo de 26 de mayo de 2012, radicación 38614, en donde se aceptó tal posibilidad en los siguientes términos:

“En primer lugar es pertinente dilucidar si al presente caso resulta procedente aplicar el artículo 1º de la Ley 776 de 2002, por cuanto la recurrente aduce que la estructuración del estado de invalidez del trabajador se produjo antes de que entrara en vigencia dicha ley y por lo tanto la misma no podía invocarse para dirimir la litis. Sin embargo, basta constatar que el referido estado solamente se consolidó el 20 de febrero de 2007, como lo determinó el juez de primera instancia, sin que este aspecto del fallo fuera objeto de modificación o reconsideración por el tribunal, tan es así que la pensión se ordenó pagar a partir de tal fecha, de manera que el reproche de la censura se torna infundado, aunque de paso cabe aclarar, para despejar equívocos, que la fecha de estructuración de la invalidez no siempre coincide con la de ocurrencia del accidente, pues puede suceder que sus secuelas se manifiesten con posterioridad, y en lo concerniente a la calificación se tienen en cuenta la normas vigentes en la fecha en que esta se hace o se consolida la discapacidad y no las vigentes en el momento en que se produjo el siniestro laboral, conforme lo determinó la Sala en sentencia de 4 de septiembre de 2007, radicado 31.017, donde dijo:

“... la fecha de estructuración del estado de invalidez es la que determina la normatividad aplicable cuando se trata de discernir el derecho a las prestaciones económicas por ese riesgo.

“(...).

“El estado de invalidez no se produce indefectiblemente en la misma fecha de ocurrencia del percance del trabajo; es posible que la disminución de la capacidad laboral como consecuencia de este, se presente paulatinamente, y no necesariamente de forma irreversible, que es cuando procede la declaratoria de invalidez; así su determinación bien puede ser con posterioridad al momento en que sucedió el accidente.

“Por lo tanto, es la fecha de estructuración de la invalidez la que debe ser tomada como referente para determinar el surgimiento del derecho a la pensión de invalidez y la normatividad que lo regula”.

“En segundo lugar, el punto jurídico que debe ser resuelto por la Corte, de cara al cargo formulado, es si resulta ajustado al ordenamiento normativo nacional que se imponga a una administradora de riesgos profesionales el pago íntegro de una pensión de invalidez para cuya configuración confluyeron tanto dolencias de carácter profesional como otras de origen común, o si solamente debe imponerse la obligación por el porcentaje que corresponde al riesgo propiamente profesional dentro de la calificación total por el menoscabo laboral, que es lo que persigue la recurrente, como lo solicita en el alcance de la impugnación.

“Para resolver lo anterior es menester dejar sentado inicialmente que no hay discusión acerca de la calificación de la pérdida de capacidad laboral del trabajador en un 56.01% y que para llegar a ese resultado la junta relacionó, acumuló y calificó varias dolencias y deficiencias, así: neuropatía ojo izquierdo (accidente de trabajo) 30%; pérdida campo visual ojo izquierdo 12.5% (enfermedad común) y trauma acústico bilateral (común) 6.9% para un total combinado de 33.71, más un 5.8% por discapacidades y un 16.5% de minusvalías.

“De acuerdo con lo señalado, pues, ninguna duda queda de que el actor ostentaba a partir de la referida calificación la condición de inválido, en tanto por expreso mandato legal debe tenerse como tal a quien pierda el 50% o más de su capacidad laboral, baremo mínimo establecido tanto para el sistema de pensiones como del sistema de riesgos profesionales, y que lleva a una limitación profunda de conformidad con la calificación prevista en el artículo 7º del Decreto 2463 de 2001, sin que sea dable entender que el referido porcentaje deba alcanzarse exclusivamente en uno u otro sistema, descartando su acumulación, pues una interpretación en ese sentido además de ser contraria a la definición del artículo 2º del Decreto Reglamentario 917 de 1999 que considera con invalidez “la persona que por cualquier causa, de cualquier origen, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral”, llevaría a resultados absurdos como que si un afiliado alcanza una incapacidad del 40% o más pero inferior a 50% por enfermedades comunes y del 40% al 49% por dolencias profesionales no sería factible predicar su discapacidad dado que no alcanza el porcentaje mínimo en ninguno de los dos regímenes de manera independiente, y por consiguiente no tendría derecho a ninguna pensión, precisión que se hace simplemente en función del papel de unificación jurisprudencial que tiene asignado la Corte, pues la entidad recurrente no plantea ninguna inconformidad al respecto.

“Para reafirmar la procedencia de la acumulación de dolencias comunes y profesionales en la calificación de la invalidez interesa destacar que precisamente al nuevo sistema de seguridad social creado a través de la Ley 100 de 1993 se le agrega el vocablo “integral”, que no puede verse simplemente como un ornamento retórico sino que define un contenido y unos alcances que la misma ley se encarga de precisar cuando en su preámbulo, norma que tiene un valor superior en tanto traza la filosofía y los principios que rigen el sistema, lo define como “el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que dispone la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad” (resaltados son de la Sala). Adicionalmente, el artículo 1º reitera que el sistema “tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten”; y el literal d) del artículo 2º define el principio de integralidad como “la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población”. Tales disposiciones, como se ve, propenden por garantizar integralmente la protección contra todas las contingencias, en especial las que afectan la capacidad económica, con la finalidad de lograr el bienestar individual y asegurar una calidad de vida acorde con la dignidad humana, de suerte que ante una situación de invalidez que implica, en principio, la exclusión del mercado laboral y la consiguiente privación de los recursos para atender su subsistencia y la de la familia, el sistema de seguridad social debe asegurar una respuesta que neutralice los efectos perversos de esa situación de necesidad, lo cual no riñe con la existencia de varios regímenes específicos o subsistemas, pues aquellas disposiciones, al estar insertas en el capítulo que contiene los principios generales, antes que oponerse más bien complementan las específicas que corresponden a cada uno de tales regímenes, y operan como pautas y criterios de interpretación para aquellos eventos en que las disposiciones particulares no brindan una respuesta concreta y clara. Mas en todo caso cabe recordar que el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo prevé que cuando no exista una norma exactamente aplicable al caso controvertido, se aplican las que regulan casos o materias semejantes, los principios que se deriven de este código, la jurisprudencia, la costumbre o el uso, la doctrina, los convenios y recomendaciones adoptadas por la organización y las conferencias internacionales del trabajo, en cuanto no se opongan a las leyes sociales del país, los principios del derecho común que no sean contrarios a los del derecho del trabajo, todo dentro de un espíritu de equidad, debiendo entenderse que cuando la norma se refiere a los principios del derecho del trabajo está refiriéndose también a los de la seguridad social, dada la íntima conexión y cercanía entre estas dos ramas del derecho.

“Así entonces, si bien no existe una norma explícita y expresa que establezca responsabilidades o la forma de su distribución cuando se configure este tipo de invalidez que podría llamarse mixto, ello no significa que los jueces deben ordenar el pago de las pensiones correspondientes como surge de una interpretación sistemática y de la delimitación del alcance teleológico de los textos de seguridad social, como se hizo líneas atrás al discernir el alcance de los principios generales incorporados en la Ley 100 de 1993.

“Definido lo anterior, corresponde analizar si tiene razón la entidad recurrente al atribuir al tribunal el error jurídico de imponerle la totalidad de la pensión y no la proporción resultante de lo que se dictaminó por pérdida de capacidad laboral imputable al riesgo profesional. Tal postura, empero, no es de recibo, por cuanto al definir el juzgador que la obligación debía imponerse a un solo ente, no pudo trasgredir la ley, pues actuó en correspondencia con el principio que podría denominarse de indivisibilidad de la mesada pensional el cual si bien no está explícitamente consagrado en una norma expresa y específica, su existencia se desprende de varios supuestos normativos que proscriben cualquier fórmula para dividir o prorratear la pensión entre varios obligados y fragmentar su pago, tales como el caso en que varias entidades deben concurrir al pago de una pensión de jubilación y la ley radica en una de ellas la obligación de pagarla total y directamente, con la posibilidad de repetir o exigir las cuotas partes a las restantes por las porciones respectivas, sin que haya lugar a fraccionamiento alguno en el pago que se hace al trabajador, o la solución implementada por el legislador para el caso de enfermedades profesionales que se estructuran y desarrollan durante la afiliación a varias administradoras, en el sentido de asignar la responsabilidad del reconocimiento a la última, preservando la posibilidad de repetición proporcional contra las otras o el empleador, según lo contempló el parágrafo 2º inciso 2º del artículo 1º de la Ley 776 de 2002, eventos que aunque difieren del que ahora se ventila, se traen a colación para destacar que el criterio acogido en casos de concurrencia en el cubrimiento de una pensión es el antes anotado, sin que la figura de la compartibilidad pensional se aparte o desvirtúe este criterio, en tanto se trata de figuras diferentes y que obedecen a situaciones y filosofías distintas. Pero tampoco pudo el tribunal quebrantar la ley al imponer la obligación del pago de la pensión a la demandada y negar la solución que esta sugería, porque es claro que el monto de la prestación no puede ser inferior al salario mínimo legal como lo establecen en los artículos 35 y 40 de la Ley 100, 1º del Decreto 832 de 1996 y 13 de la Ley 776 de 2002 y 1º del Acto Legislativo 1 de 2005, y lo planteado por la ARP llevaba a desconocer esta prohibición dado que el monto de la pensión se concretó en el 60% del ingreso base de liquidación y este, según se dice en la demanda es de $ 332.000, de modo que la mesada que le correspondería al actor con base en el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral por riesgo profesional sería infinitamente inferior al salario mínimo. De suerte que la decisión adoptada por el tribunal antes que quebrantar la ley, propendió por su aplicación estricta.

“De otro lado, por ninguna parte aparece que el tribunal haya ordenado a la ARP el pago de la totalidad de la pensión en virtud del fenómeno de la solidaridad, pues ninguna referencia hizo al respecto; por el contrario, entiende la Sala que su decisión la fundamentó en que en la incapacidad definitiva tuvo especial incidencia el accidente de trabajo sufrido por el trabajador el 12 de noviembre de 2001, y siendo ello así resulta razonable, en concordancia con lo antes visto, que se ordenara a la recurrente el pago de la pensión.

“Cabe precisar, finalmente, aun cuando el tema no es propuesto por la recurrente, que como en el sub lite no se citó a la entidad de pensiones a que estaba afiliado el demandante, para que se hiciera parte en el proceso, no podía el ad quem hacer ningún pronunciamiento frente a ella, ni tampoco puede hacerlo esta Corte, aunque ello no es óbice para que la administradora de riesgos profesionales, si lo estima conveniente, intente las acciones tendientes a obtener el reembolso que, a su juicio, cree tiene derecho”.

Respecto a los otros puntos del ataque, que se pueden resumir en que no se podía decretar un segundo dictamen porque el primero ya se encontraba en firme, lo que dijo tribunal al respecto fue que:

“... Calificación esta que es el resultado de las facultades oficiosas del despacho del conocimiento que, de acuerdo con la información que había logrado recaudar en el curso del proceso, encontró que era necesario aclarar el verdadero estado de salud del demandante, y por ello dispuso, concretamente, que se valorara ese estado de la pérdida de la capacidad laboral porque, advertía, que se habían dado cambios en los síntomas y manifestaciones que tenía el demandante conforme con las consultas que venía atendiendo en su tratamiento, es decir, se revisó esa calificación inicial y, de ahí la variación que presentó el grado de pérdida de la capacidad laboral que se había determinación (sic), pero no así el origen de aquella, toda vez que ya había sido definida en el procedimiento de calificación anterior y ese aspecto no requiere de una nueva calificación, porque es completamente inmodificable, ya que es definitivo, por su propia naturaleza, así que se no puede cambiar”.

El artículo 3º del Decreto 2963 de 2001 define claramente, en el ordinal 1º, que las juntas regionales de calificación de la invalidez, actuarán como peritos del proceso, cuando, como en este caso, se lo soliciten las autoridades judiciales o administrativas; el ordinal segundo establece los casos en que dichas juntas conocen en segunda y última instancia; y el ordinal 5º define los casos en que dichos entes actúan en primera instancia.

Ahora bien, como en el presente asunto la junta regional de calificación de invalidez del Valle del Cauca, actuó como perito del proceso, en ninguna equivocación incurrió el tribunal al haber aceptado la aclaración al dictamen pericial que decretó la primera instancia, pues, si bien es cierto que la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que la prueba idónea del estado de invalidez que genere el derecho a la pensión correspondiente es el dictamen emitido por las juntas de calificación de invalidez (sent. 25-05-05, rad. 24223), nada impide que dentro del proceso el juez pueda pedir una aclaración como la solicitada por el juzgado de primera instancia, pues esa facultad se la otorga expresamente el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 6.000.000.00.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral de Descongestión, de fecha 15 de agosto de 2008, proferida en el proceso ordinario laboral que Alexander Torres Martínez le sigue al Banco AV Villas y a Seguros de Vida Alfa S.A., Administradora de Riesgos Profesionales.

Costas del recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente.

Se fijan las agencias en derecho en seis millones de pesos ($ 6’000.000.00) moneda corriente.

Por la secretaría, practíquese la liquidación de costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».