Sentencia 37902 de abril 24 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 37902

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Acta 13

Bogotá, D.C., veinticuatro de abril de dos mil doce.

EXTRACTOS: «IX. Consideraciones de la Corte

No existe controversia respecto de los fundamentos fácticos que consideró probado el tribunal, esto es, que el 6 de enero de 1988, cuando medicina legal del ISS valoró al actor se estructuró su estado de invalidez, que posteriormente la junta regional de calificación de invalidez de Caldas determinó una pérdida de capacidad laboral del 53.38% con fecha de estructuración 14 de marzo de 2002, que por Resolución 3198 del 16 de diciembre de 1988, el ISS le negó al actor la pensión de invalidez por no acreditar las semanas de cotización requeridas y que por Resolución 4902 del 25 de noviembre de 1994 le concedió la indemnización sustitutiva.

Para confirmar el fallo absolutorio de la primera instancia, estimó el tribunal que la fecha de estructuración de la invalidez corresponde al 6 de enero de 1988, por lo que el marco normativo que gobernaba el asunto era el artículo 5º del Decreto 3041 de 1966, modificado por 1º del Decreto 232 de 1984 (aprobatorio del Acuerdo 19 del año inmediatamente anterior), situación que no se veía afectada por una valoración posterior en vigencia de la Ley 100 de 1993, toda vez que para el reconocimiento de la pensión de invalidez no se pueden contabilizar las cotizaciones efectuadas con posterioridad a la fecha en la que se estructuró la invalidez.

El marco anterior permite precisar que para el tribunal la fecha real de estructuración de la invalidez del demandante fue el 6 de enero de 1988, presupuesto fáctico que dada la orientación directa de los cargos, necesariamente debe ser aceptado por la censura.

Ahora, es imperativo señalar que de conformidad con las preceptivas citadas para acceder a la pensión de invalidez el asegurado debía reunir dos condiciones: a) ser inválido permanente y b) tener acreditadas 150 semanas de cotización dentro de los 6 años anteriores a la invalidez o 300 semanas en cualquier época. Esa densidad de cotizaciones, obviamente, supone que deben estar sufragadas o acreditadas en el momento en que se adquiere el estado de invalidez. Justamente, por no tener acreditado la densidad requerida, fue que el ISS le concedió al actor la indemnización sustitutiva.

Así las cosas, el debate gira en torno a determinar si el demandante, no obstante habérsele reconocido una indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez de origen no profesional por medio de la Resolución 4902 del 25 de noviembre de 1994, al cotizar posteriormente al ISS para los riesgos de vejez, invalidez y muerte, tiene derecho a acceder a la prestación reclamada.

Esta Sala de la Corte ha prohijado la tesis de la posibilidad de que una persona que ha recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, pueda acceder a la pensión de invalidez por riesgo común, en tanto se ha estimado que serían dos riesgos diferentes, pues quien recibe la aludida indemnización, queda excluido de la pensión de vejez, y en consecuencia, estaría excluido del seguro social obligatorio por esa misma contingencia (Rad. 30123 del 20 de noviembre de 2007).

También ha expresado esta corporación que la indemnización sustitutiva “es una prestación provisional, cuya recepción no impide reclamar judicialmente que se dilucide si lo que procedía era ese reconocimiento o en su lugar la prestación vitalicia de vejez; sin embargo se ha de entender que esta postura hace referencia a cuando se analiza la situación del afiliado respecto a la densidad de cotizaciones para el momento en el que se hizo la solicitud de reconocimiento de los derechos a la administradora de pensiones. No comprende entonces, casos como el sub lite en el que se pretende que se declare la existencia del derecho a la pensión de vejez, sumándole un número importante de cotizaciones a las que se compensaron con la indemnización sustitutiva, y cotizadas después de haberse solicitado y recibido esta última prestación” (Rad. 35896 del 7 de julio de 2009, reiterada en la 34015 del 14 de julio de 2009).

En el caso que se examina la hermenéutica señalada, aunque predicable para las pensiones de vejez en esos casos, encaja perfectamente en el asunto bajo examen, toda vez que el ISS le negó al actor la pensión de invalidez por no reunir los requisitos previstos en las normas vigentes al momento de la estructuración del estado invalidante, y en su defecto, le concedió la indemnización sustitutiva, circunstancia que permite inferir que posteriormente no podía reclamar la pensión por el mismo riesgo, con el argumento de haber seguido vinculado al ISS y existir un nuevo dictamen.

Respecto de los argumentos de la censura, es claro que el Estado debe brindarle garantías a las personas con limitaciones, entre ellas la de un trabajo acorde con sus condiciones de salud, así lo clarificó esta Sala de la Corte en la sentencia que cita el recurrente (Rad. 27145 del 7 de septiembre de 2006), cuando con apoyo en los artículos 48 y 54 constitucionales y 22 y 26 de la Ley 361 de 1997, expresó que no se puede desdeñar a una persona por sus limitaciones físicas o motoras, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, como tampoco negarle el acceso al mercado laboral y a la seguridad social por el hecho de padecer de una invalidez parcial.

Sin embargo, advierte esta Sala de la Corte que la decisión del tribunal no aludió a la supuesta prohibición del actor de “afiliarse nuevamente a la seguridad social” o a la existencia de un posible impedimento para acceder a un trabajo dada la condición de inválido, sino, como ya se anotó, a la improcedencia de la contabilización de las cotizaciones efectuadas con posterioridad a la estructuración del estado de invalidez, sentido para el cual resulta oportuno rememorar la sentencia de esta corporación del 14 de junio de 2005, Radicación 24566, citada por el ad quem:

“Ahora, el accionante alega que “no se ha retirado del sistema, tampoco ha recibido indemnización sustitutiva”; sin embargo, esas circunstancias no varían la conclusión del sentenciador, puesto que lo determinante para definir el caso es la fecha de estructuración de la invalidez, hecho acaecido, se insiste, en el año 1990, cuando aún no estaba vigente la Ley 100 de 1993. Es que la continuidad en la afiliación del demandante, después de expedirse dicha preceptiva legal, en nada incide para efectos de la pensión de invalidez, reclamada con sustento en los hechos que se destacan en este proceso, pues las cotizaciones efectuadas con posterioridad a haberse producido el estado que puede generar una pensión de tal índole, no valen para su reconocimiento. Tampoco es importante para la decisión de este asunto, si se recibió o no la indemnización sustitutiva que reconoció el ISS, dado que ello no desvirtúa que en este caso no se cumplieron las exigencia legales para acceder a la pensión demandada”.

No está por demás señalar que al plantear la censura la existencia de un nuevo dictamen posterior al primero, en el que se dijo que la fecha de estructuración de la invalidez era el 14 de marzo de 2002, supone rebelarse contra el presupuesto fáctico esencial de la sentencia recurrida, cual fue el de que dicha fecha de estructuración fue el 6 de enero de 1988, situación que en la forma planteada es improcedente cuando se acude a la violación directa de la ley.

En esas condiciones, no incurrió el tribunal en los desaciertos jurídicos que le atribuye la censura, por lo que no prosperan los cargos.

Costas a cargo del recurrente, dado que hubo réplica. En la liquidación, inclúyanse como agencias en derecho la suma de tres millones de pesos ($3.000.000).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el Tribunal Superior de Manizales el 6 de agosto de 2008, dentro del proceso adelantado por Rogelio Echeverry Ramírez contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».