Sentencia 37946 de diciembre 11 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Casación 37946

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Aprobado acta 419

Bogotá, D.C., once de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Conforme ha precisado la jurisprudencia de la Corte, el recurso extraordinario de casación es un mecanismo destinado a cuestionar la legalidad de las sentencias de segunda instancia, con el cual se pretende reparar los agravios inferidos a las partes e intervinientes en la actuación, lograr la efectividad del derecho material y, en forma adicional, la unificación de la jurisprudencia; propósitos que se logran tan solo a través de los motivos expresamente previstos en el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, si se tiene en cuenta que no cualquier clase de inconformidad con la sentencia es susceptible de ser recurrida por esta vía.

En otros términos dicho, si el proceso penal se concibe como un método dialéctico que busca proteger las garantías fundamentales de quienes en él intervienen, aproximarse al descubrimiento de la verdad histórica y aplicar el derecho sustancial, las finalidades del recurso de casación no se pueden desentender de esos propósitos.

Entonces, como corresponde a un juicio de constitucionalidad y de legalidad a la sentencia, la impugnación extraordinaria procede siempre y cuando la decisión sea contraria a esos fines, por violación directa o indirecta de una norma de derecho sustancial (causal primera), o por desconocer las formas del proceso o el derecho de defensa (causales segunda y tercera), vistas siempre de cara a las finalidades del proceso y de las que a la casación le son inherentes.

En ese escenario le corresponde al actor acreditar la presencia de errores trascendentes en la sentencia, abordando los argumentos expuestos por el juzgador en relación con el punto objeto de censura, de manera que pueda demostrarle a la Corte que esa situación de hecho, encuadra en una de las causales y tiene incidencia en la decisión cuestionada.

En esta especie, el actor postula en el cargo primero la violación indirecta de la ley sustancial mediante errores de hecho por falso juicio de existencia. Tratándose de un defecto de valoración probatoria, le correspondía determinar las pruebas sobre las cuáles recae el yerro y, conforme con la lógica que le es propia, referir la forma como se manifiesta.

La proposición de un error de hecho por falso juicio de existencia, implica para el actor acreditar que el juzgador ignoró pruebas trascendentales que hacen parte del proceso, o que apoyó la decisión censurada en una o varias que no existen en la actuación. Debe, además, fijar los alcances del error, esto es, determinar su trascendencia a través de una nueva valoración probatoria que, desbrozada de los yerros, conduzca a una decisión diferente con base en la nueva realidad que las pruebas ofrecen.

La demanda que se analiza en este asunto se aparta del cumplimiento de estos postulados, pues desde los argumentos iniciales de sustentación, el actor afirma que el falso juicio de existencia surge de la errada valoración de las pruebas, la cual condujo al juzgador a no admitir la duda en favor del procesado. Con tal afirmación, reconoce, entonces, que el análisis del tribunal incluyó los medios probatorios allegados al proceso, solo que las conclusiones, desde su perspectiva, son desacertadas, circunstancia que descarta el error de existencia denunciado.

La proposición del recurrente, según puede observarse, atenta contra la claridad, concreción y la autonomía que deben reinar en la formulación de los cargos en casación, pues además de asegurar que el sentenciador incurrió en falso juicio de existencia por omisión probatoria, en el mismo reproche asegura que desconoció los principios de la lógica y las reglas de la experiencia, es decir, le atribuye también un error de hecho por falso raciocinio, así como el desconocimiento de las reglas de producción de las pruebas, con lo cual súbitamente traslada la censura al escenario de los yerros de derecho y, por si fuera poco, el desconocimiento del principio de investigación integral (motivo de eventual nulidad), sin lograr demostrar alguno de estos defectos con los rigores lógico argumentativos concebidos para cada censura.

En suma, el reproche no pasa de ser un alegato de simple confrontación a las conclusiones probatorias del sentenciador, quien estableció la certeza requerida en cuanto a la materialidad de los delitos y la responsabilidad del procesado, para dictar en su contra sentencia condenatoria.

En su disertación, el actor no tuvo en cuenta la sentencia en su unidad jurídica, integrada por las decisiones de primera y segunda instancia, por lo cual dejó de advertir que la condena se fundamenta no solo en el testimonio de Manuel de Jesús Julio Vélez, a quien considera como ‘el testigo estrella’, sino también en las declaraciones de Xiomara Adarme Estrada, Yolmar Real Quintana, Óscar Emilio Guerrero Rueda, Pedro Antonio Cáceres, Robert Edison Pava y Misael Díaz Ortiz, pruebas que omite examinar con el fin de demostrar alguno de los plurales yerros que le atribuye a la sentencia.

Tampoco se interesó por analizar el fundamento probatorio a través del cual el sentenciador le negó credibilidad a las exculpaciones del procesado, quien se declaró ajeno a los hechos teniendo en cuenta que se encontraba fuera del País, coartada que el tribunal descartó a través de la declaración de Misael Díaz Ortiz, “quien manifiesta —se lee en el fallo de segundo grado— que el acá procesado llegó muy agitado el día de los hechos, ‘afanado, muy rápido con una moto azul... daba la impresión de que lo venían persiguiendo... en horas de la noche supe que era que habían atracado un carrito repartidor de huevos y que habían matado a un policía... ahí llegó mucha gente y todos los de la cuadra supieron que habían atracado un carrito repartidor de huevos y que al señor El Burro se le había quedado prensado el chaleco debajo de la buseta... el día del atraco supimos que se había ido para Ureña a esconderse’. Esta declaración ratifica lo dicho por Robert Edinson [Pava Parada], en cuanto a que el día 30 de noviembre de 2007, alias El Burro, es decir, Carlos Enrique Galvis Isidro, se presentó en [su] residencia... con la motocicleta azul estrellada y le solicitó a este que se la guardara, y más relevante aún hace alusión al problema presentado por el procesado en una de sus piernas... con lo cual se desvirtúa la excusa fútil proporcionada por Galvis Isidro, quien si bien, estaba residiendo en Venezuela, también lo es que ello ocurrió una vez cometió los hechos que se le sindican, ello con el ánimo de esconderse de las autoridades, tal como lo sostiene Díaz Ortiz”.

En estas condiciones, se impone inadmitir la censura, toda vez que el actor no especifica con claridad los medios de prueba válidamente allegados al proceso que al parecer fueron ignorados por el tribunal en la sentencia, y tampoco demuestra la fuerza persuasiva de la que pudieran estar dotados en el propósito de derruir los cimientos de la decisión objeto del recurso.

En relación con el cargo subsidiario que el recurrente propone como violación directa por interpretación errónea del artículo 204 del Código de Procedimiento Penal, el cual afirma, consistió “en haber entendido lo contrario a lo reglado por la norma en comento, con lo que la excluyó o dejó de aplicarla...”, no se dirige a demostrar la transgresión de una norma de contenido sustancial, es decir, en el contexto penal, la que crea o modifica una conducta punible o su consecuencia, la pena, sino una disposición de naturaleza procesal por medio de la cual el legislador entendió necesario proteger el derecho de defensa y, en general, el debido proceso, limitando la competencia del superior para resolver el recurso de alzada, a los temas objetos de apelación y a los asuntos que les resulten inescindiblemente vinculados.

Además, al fundamentar la censura afirma que el sentenciador dejó de aplicar la disposición referida y “devino el error destacado en error por exclusión evidente o falta de aplicación. Y, es que con ello nada más y nada menos que se dejó de investigar y analizar también lo favorable al denunciado, que en términos constitucionales es lo favorable tanto como lo desfavorable, más conocido como la investigación integral”; todo lo cual deja en claro que lo que pretende exponer es la eventual existencia de errores in procedendo, los cuales no concreta ni demuestra a través de los postulados establecidos jurisprudencialmente para acudir en casación mediante la causal tercera establecida en el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal, y con base en los principios que orientan la declaratoria de nulidad, señalados en el artículo 310 ibíd.

En ese orden de ideas este cargo tampoco debe admitirse a trámite.

Lo consignado es suficiente para que la Corte inadmita la demanda examinada, teniendo además en cuenta que no advierte violación a las garantías básicas del procesado que de oficio deba entrar a reparar.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Inadmitir la demanda de casación presentada por el defensor de Carlos Enrique Galvis Isidro. Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese, cúmplase».