Sentencia 37951 de junio 19 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Aprobado Acta 189

Bogotá, D.C., diecinueve de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la corte

1. El problema jurídico planteado a la Sala supone, en esencia, determinar si se violó el debido proceso por la invalidación parcial de las diligencias que culminaron con la sentencia condenatoria que ahora se ataca en sede extraordinaria y, de ser así, verificar si en este caso concreto ello conduciría inexorablemente a decretar la nulidad de lo actuado, según lo reclama la defensora.

2. En estas condiciones, lo primero que debe decirse es que los postulados constitucionales y legales que regulan el sistema penal acusatorio contemplan la actividad de la fiscalía sometida a control jurisdiccional, el cual incluye no solo la validación de algunos de sus actos investigativos y decidir acerca de la restricción de garantías fundamentales, por conducto del juez de control de garantías, sino que también abarca impartir legalidad a aquellos casos de disposición de la acción penal por la aplicación del principio de oportunidad y la preclusión, esto último a través del juez de conocimiento, quien además verifica la procedencia de terminar anticipadamente la actuación por vía de los allanamientos y preacuerdos.

De esta manera, el juez cuenta con potestades destinadas a vigilar y decidir respecto del ejercicio de la acción penal cuya titularidad se ha conferido a esa entidad. No obstante, se trata de un contexto que debe matizarse en la dinámica que orienta su labor dentro de un sistema de adversarios, que supone para su adecuado funcionamiento un juez imparcial y subordinado al principio acusatorio, por virtud del cual, no hay trámite sin acusación, pues esta no puede ser formulada por el juzgador “en tanto hay separación absoluta entre las funciones de acusación y juzgamiento”(7).

3. Ahora bien, de la sistemática procesal y para el tema que concita a la Sala, surge incuestionable que el acta en que se recoge el allanamiento a los cargos endilgados durante la audiencia de formulación de imputación equivale al escrito de acusación, tal como lo determina el artículo 293 de la codificación aludida. La imputación también es un acto de parte a cargo de la fiscalía, con el cual se comunica al indiciado la pretensión que a través del trámite subsiguiente aspira a obtener en su contra, determina de forma provisional su situación jurídica respecto a los hechos investigados con la precisión típica de los cargos, para garantizar el derecho de defensa y dar cabida a un ejercicio reflexivo que permita contemplar su aceptación(8).

Así, la formulación de imputación conlleva a que la fiscalía y la defensa, dentro de las responsabilidades que les son propias hayan valorado, sopesado, evaluado, por un lado, el marco fáctico-jurídico al que habrá de estar sometido el curso de la actuación y, del otro, el sendero procesal que habrá de seguirse, ya bien sea a través del juicio oral y público o con el reconocimiento de responsabilidad unilateral o consensuado. También supone un estudio acucioso de la fiscalía plasmado en una imputación leal, acorde y coherente con los sucesos investigados, concreta, inteligible y susceptible de ser aceptada.

De suerte que, una vez definida la formulación de los hechos jurídicamente relevantes por parte de la fiscalía y particularmente cuando han sido aceptados por el imputado, no tiene cabida en el modelo acusatorio que el juez se ocupe de aquello que no le compete. Por tanto, cuando invalida la imputación para que en su lugar sea complementada como en su opinión corresponde, está, nada menos, que controlando materialmente la acusación.

Lo anterior, porque es a la fiscalía en un sistema de adversarios a quien compete agotar una investigación idónea y postular la pretensión punitiva adecuada con la que se espera restablecer el equilibrio quebrantado con la comisión del delito, esa es su función en la arquitectura del modelo. La defensa es la llamada a oponerse a tal designio y, por ello, ambos constituyen los únicos legitimados para actuar en el proceso. Si bien es cierto se admite la participación del Ministerio Público y de las víctimas en el trámite, no lo es en condición de partes sino de intervinientes, siendo su injerencia limitada y, en el último caso, canalizada prevalentemente por conducto del ente acusador(9).

4. Ahora bien, aunque las providencias de los juzgadores de instancia al inmiscuirse en la calificación que de los hechos hizo la fiscalía llegarían a constituir una violación al debido proceso dentro de la perspectiva integral de un sistema acusatorio, al contrario de lo alegado por la demandante, dicha situación no satisface el principio de trascendencia que rige la declaratoria de nulidades, es decir, el yerro no constituye un vicio de tal entidad que la invalidación de las diligencias sea la única alternativa para solucionarlo, pues, como acertadamente lo refirieron los no recurrentes durante la audiencia de sustentación, el libelo se funda en la premisa referida a un menoscabo a las garantías fundamentales que no ha ocurrido y que por ahora no supera el ámbito de lo teórico. Veamos:

4.1. La aceptación de responsabilidad de Elkin Mauricio Piñeros Cruz contempló dos esferas: i) respecto de un acontecer fáctico y, ii) con relación a una calificación jurídica. En lo referente a la primera, no se observa que el tribunal hubiese modificado su contenido, porque ha permanecido incólume durante la actuación:

“Para el caso en cita, se advierte como el señor Elkin Mauricio Piñeros Cruz, un ex capitán de la policía, de manera directa solicitaba a LMU en Medellín jóvenes para laborar en los establecimientos de su compañera (y madre de uno de sus hijos), R.C. y mantenía contacto con el sobrino de esta OFMD y con los administradores de los prostíbulos ubicados en Acacias y Villavicencio para coordinar captación, traslado y (sic) acogida de las sujetos pasivos de la trata de personas a sabiendas de la ilicitud en que incurría, como se desprende del contenido de las conversaciones interceptadas en forma legal y que documentan para este caso, su compromiso en actividades de trata de personas y estímulo a la prostitución de menores, que también se evidencian en el hallazgo de los giros realizados como pago de comisiones por envío de mujeres, amén de tiquetes situados a nombre de la precitada captadora U.U., quien era asistida de manera tangencial en las actividades de trata de personas por su compañero permanente SAFR ...”(10).

En lo que tiene que ver con la denominación jurídica de estos hechos, la fiscalía, durante la formulación de imputación, contextualizó múltiples sucesos, pero de manera circunstanciada individualizó el juicio de reproche respecto al compromiso penal del procesado, así:

“Señor Elkin Mauricio Piñeros Cruz con fundamento en esta información y en esta evidencia que la fiscalía viene de relacionarle es que la fiscalía infiere en los términos de los artículos 286 y 287 del Código de Procedimiento Penal que usted sería autor y presunto responsable del delito de trata de personas de que trata el artículo 188 A del Código Penal modificado por la Ley 985 de 2005 ... en calidad de autor material de la misma en la modalidad de trasladar y recibir, toda vez que a través de su gestión como se escuchó en los audios usted realizaba y es coautor, mejor dicho, es autor en lo referente a algunos de los verbos en lo referente a recibir y es coautor en lo que tiene que ver con acoger, porque se tiene documentado en esas escuchas que usted colaboraba con esa gestión, digamos la administrativa que estaba prestando en la actividad ilícita a través de esas llamadas ... se le atribuye esa conducta, entonces, como autor material que tiene prevista esa pena de trece (13) a veintitrés (23) años ... y se le imputa en un concurso heterogéneo con el delito de estímulo a la prostitución de menores de que trata el artículo 217 del Código Penal modificado por la Ley 1236 de 2008 ... en calidad de autor material y en lo referente para administrar en este caso para coadministrar ... con pena imponible de diez (10) a catorce (14) años de prisión ... conducta que a usted se le atribuye en calidad de autor material, la pena imponible por estos delitos será la de la pena mayor en este caso la de la trata ... (sic) incrementable hasta en otro tanto en virtud de lo dispuesto por el artículo 31 del Código Penal, en razón del concurso de conductas punibles ... debiéndole aclarar que por efecto de lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y Adolescencia ... usted tiene el derecho o la posibilidad de allanarse, de aceptar estos cargos, usted no está obligado a tener que asistir a un juicio por razones de economía procesal, celeridad y hasta de su propia dignidad ... Si usted quiere usted puede en esta audiencia aceptar esos cargos ... pero usted no tendrá derecho a beneficio o rebaja de pena en cuanto al delito de estímulo a la prostitución de menores, porque ese delito está ubicado en el capítulo de libertad, integridad y formación sexuales ... en aras de la claridad y reitero en acatamiento de ese principio de legalidad ... este delegado entiende y le ofrece que en relación con el delito de trata de personas ... usted se le impondría una pena entre trece (13) a veintitrés (23) años y tendría una rebaja de hasta el 50% de la pena por no estar enlistado en las conductas de que trata el artículo 199, no así en lo referente al artículo 217, que también le fuera imputado, eso sí le aclaro que si usted decidiera aceptar los cargos esa decisión es irretractable ... después no puede arrepentirse o volver atrás ...”(11).

El procesado aceptó sin condicionamientos esta imputación, luego de haber recibido la correspondiente asesoría por parte de su defensor y explicársele los alcances de su decisión por la juez de control de garantías ante la cual se efectuó el reconocimiento de responsabilidad(12).

4.2. Entonces, pese a que según se anotó, podría cuestionarse la manera en que la judicatura desconoció la labor funcional de la fiscalía que, aquí no se ofrece ab initio extravagante cuando tipificó los hechos investigados conforme la formulación de imputación, no puede aseverarse la verificación de un vicio de estructura de tal repercusión que conduzca a materializar un vicio de garantía, plasmado en el quebrantamiento del derecho de defensa, ya sea impidiéndolo, dificultándolo o haciéndolo nugatorio, debido a que la decisión de decretar la ruptura de la unidad procesal per se no genera nulidad(13), y la aceptación fáctica por el delito de estímulo a la prostitución de menores se ajustó al tipo contemplado en el artículo 217 del Código Penal, siendo el fallo proferido consistente con la imputación jurídica efectuada por este ilícito. Así mismo, porque de modo expreso se le puso de presente a Piñeros Cruz que por explicita prohibición legal no iba a recibir contraprestación punitiva por dicho reconocimiento de responsabilidad; de esta forma, no tendría sentido la posibilidad de ofrecerle una nueva oportunidad para aceptar cargos por el injusto, toda vez que ello solo tendría cabida si se hubiese acreditado que al momento de adoptar tal determinación el consentimiento estuvo viciado(14), lo que aquí no se hizo y no se vislumbra fehaciente, en atención a las condiciones en que se realizó, esto es, de manera informada y con plena conciencia de las consecuencias generadas con la aceptación que no era otra que la condena sin rebaja de pena, se repite, como responsable de estímulo a la prostitución de menores.

4.3. De otra parte, en lo que respecta al delito de trata de personas, no existen parámetros susceptibles de constatación que lleven indefectiblemente a concluir que, como paradójicamente lo propone quien defiende sus intereses, el implicado va a ser objeto de una inevitable sentencia condenatoria, pues en el trámite correspondiente es viable discutir la configuración del delito, la agravante por recaer la conducta en menores de edad o pregonar la conculcación al principio de non bis ibídem. Esta situación descarta la necesidad de adentrarse en el debate dogmático propuesto por la censora, respecto al estudio de un concurso aparente de conductas delictivas, ya que no es este el escenario adecuado para discutir el particular.

Igualmente, se reitera, el acontecer fáctico materia de las diligencias no ha sido objeto de controversia, solo la calificación jurídica de una de las conductas punibles enrostradas. Por lo tanto, si es deseo del implicado, puede marginarse de aceptar cargos por la misma, someterse al trámite ordinario y cuestionar la tipificación de esta conducta punible, adoptándose la decisión final en la sentencia respectiva. Así, es palmario que la vigencia al derecho de defensa permanece indemne y la función de garantía que cumplen las formas procesales a salvo.

4.4. Y, por último, es necesario poner de relieve que en este caso se verificó una aceptación pura y simple a cargos, sin ningún cláusula rescisoria sometida a resultados hipotéticos; de ahí, la imposibilidad de alegar que la modificación de las condiciones iniciales deviene en la pérdida de fuerza ejecutoria del allanamiento: en contrapartida, si se tratara de una negociación que presupone el haber pactado la aceptación, en ese caso, sí sería viable discutir la ilegalidad de la condena parcial por la divergencia de lo decidido con lo acordado entre fiscalía y procesado. Acerca del tema, señaló el tribunal:

“Pese a lo sugestivo que puede resultar esta alegación de la defensa, para evaluar su real dimensión es menester tener presente que el allanamiento a cargos es una decisión unilateral del procesado, ante la imputación formulada por la fiscalía y si bien conforma, al modo de la aceptación de una oferta en el derecho comercial, un acuerdo de voluntades, lo cierto es que su conformación depende autónomamente de la voluntad del procesado.

Por supuesto que esta aceptación es independiente por cada delito cuya responsabilidad se admita, ya que puede ser separada para cada uno de ellos como quiera que no hizo parte de un proceso de negociación en los que su consideración conjunta se estimara obligatoria por la fuerza y particularidades del acuerdo.

Que el procesado y su defensor estimaran ventajosa la aceptación de cargos por la deficiente imputación del delito de trata de personas y de una vez decidieran aceptar cargos por un delito del cual no iban a tener ningún descuento punitivo, es una decisión que les pertenece, que les es propia al tomarla con la deliberación y por las razones que a bien tuvieran.

En otras palabras, las consecuencias penales de la aceptación de cargos por el estímulo a la prostitución de menores se mantienen en una y otra situación y si algún disfavor le resulta no es por la aceptación de este delito sino por la agravación del otro, lo cual no es motivo que obligue a replantear la voluntad del procesado para indagarle sobre ella.

Si la aceptación de responsabilidad por el delito por el que se procede se había hecho sin condicionamiento alguno, no puede inferirse que al variar la situación respecto de otro delito, fuera obligatorio para el juez establecer una condición (sic) no establecida para replantear la manifestación expresa y unilateral de admisión de responsabilidad.

Entonces, por esta vía tampoco encuentra el Tribunal irregularidad alguna, restando decirle a la defensa que su queja sobre que se condenará por un concurso distinto al aceptado, no tiene consistencia para modificar la decisión recurrida, ya que ello no depende de la aceptación de cargos por el estímulo a la prostitución de menores, sino a la modificación de la atribución del delito de trata de personas, asunto que bien puede discutir en el proceso respectivo, si lo considera del caso”(15).

Esta solución no puede calificarse de novedosa, pues la normatividad no plasma que la aceptación de cargos esté supeditada a un reconocimiento “en bloque” al preverse la posibilidad de su aceptación total o parcial(16), además, no existe un imperativo para el juzgador concerniente a admitir la totalidad de esa aceptación, como quiera que la validación del reconocimiento depende de la legalidad de lo acordado en el entendido de que ello no comporte violación de garantías fundamentales, por tanto, si esto se cumple parcialmente respecto de alguno o algunos de los cargos imputados, así debe declararse(17).

En consecuencia, si Piñeros Cruz se allanó a cargos al momento de formulársele imputación y se trató de una decisión libre, consciente, informada, voluntaria, el juez de conocimiento estaba habilitado para proferir fallo condenatorio anticipado, por lo que aludir a la invalidación parcial por razón del otro delito, en las condiciones prohijadas por la recurrente, significa de forma velada la retractación de lo aceptado, actitud que está proscrita tratándose de esta modalidad de terminación anticipada de la actuación.

5. De esta manera se tiene que, pese a quebrantarse la lógica conceptual y de roles del sistema acusatorio en punto a la calificación jurídica de la conducta, no se conculcaron las garantías fundamentales del implicado, toda vez que su derecho de defensa puede ejercerse a plenitud en la actuación derivada de la ruptura de la unidad procesal, lo que incluye la posibilidad de interponer los recursos de ley, y la condena emitida en su contra se ajusta al contenido de la manifestación de aceptación de responsabilidad. Entonces, se insiste, no se vislumbra la trascendencia necesaria para retrotraer las diligencias, ello sin mencionar lo precisado por los no recurrentes en el sentido de la existencia del instituto de la acumulación de penas, el cual acarrea que eventualmente dicho asunto culmine con un resultado idéntico a aquel aquí propuesto desde el inicio.

6. En suma, la situación plasmada en el sub iudice no cuenta con la entidad suficiente para originar la nulidad de la actuación, en aras de corregir un vicio que termina siendo intrascendente una vez cotejadas sus consecuencias con el respeto a las garantías fundamentales del procesado, por lo tanto, el cargo único no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia recurrida.

Contra el presente fallo no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase».

(7) Cfr. Rad. 31063, sentencia de 8 de julio de 2009.

(8) Acerca de la naturaleza de la formulación de imputación puede consultarse, entre otros Rad. 31280, sentencia de 8 de julio de 2009 y Rad. 34022, sentencia de 8 de junio de 2011.

(9) Sobre el ámbito de intervención de la víctima puede consultarse Corte Constitucional, Sentencia C-209 de 2007, C-651 de 2011.

(10) Cfr. Fl. 19 c.a.

(11) Cfr. Récord 1:15:35 y s.s., cuarta grabación.

(12) Cfr. Récord 18:00 y s.s. quinta grabación.

(13) Ley 906 de 2004, artículo 50.

(14) Cfr. Rad. 39707, sentencia de 13 de febrero de 2013.

(15) Fl. 149 c.a

(16) Ley 906 de 2004, artículos 353 y 367.

(17) Cfr. Rad. 36367, sentencia de 7 de diciembre de 2011.