Sentencia 37972 de febrero 1º de 2012 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 37972

Magistrado Ponente:

Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

Aprobado acta 21

Bogotá, D.C., primero de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Es competente la Sala para resolver el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de las víctimas, visto que se trata de un asunto en el trámite de un proceso adelantado en primera instancia por la Magistrada con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla.

2. El objeto de inconformidad radica en haberse revocado la medida cautelar decretada sobre el inmueble y las mejoras realizadas en el predio de propiedad del señor Pedro Bautista Cuello Acosta, estas últimas ofrecidas por el postulado Norberto Quiroga Poveda para compensar a las víctimas de las conductas punibles perpetradas por los grupos armados organizados al margen de la ley y acceder a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.

3. En criterio de la Sala, razón le asiste a los impugnantes en cuanto afirman que en cabeza del señor Pedro Bautista Cuello Acosta no se acreditan los requisitos a que alude la Ley 975 de 2005, el Decreto 4760 del mismo año y el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 para ser considerado víctima.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, se entiende por tal, la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva) sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley.

De otra parte, el artículo 3º de la Ley 1448 de 2001, determina que se consideran víctimas, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

El artículo 14 del Decreto 4760 de 2005, reglamentario de la Ley 975 del mismo año, tiene establecido:

“Cuando la víctima considere que fue despojada ilícitamente de su dominio, posesión, usufructo o de cualquier otro derecho real o precario sobre un bien como consecuencia de una conducta punible cometida por los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley que se hayan acogido al procedimiento establecido por la Ley 975 de 2005 y pretenda la restitución del mismo, podrá presentar su pretensión en el incidente de reparación integral, cuyo trámite decisión y efectividad se regirán por lo dispuesto en la citada ley...”.

El artículo 44 ibídem precisa el alcance de los actos de reparación, indicando que la misma, “comporta los deberes de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción”, de donde el de restitución es el primero de todos.

A su turno, el artículo 46 del mismo compendio normativo, al concretar el deber de restitución advierte que:

“La restitución implica la realización de los actos que propendan por la devolución a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus propiedades”.

3.(sic) Ahora bien, quien pretenda la restitución de bienes presuntamente despojados por grupos armados al margen de la ley, tiene la carga de demostrar la condición de víctima y el nexo causal del daño con las actividades del grupo armado ilegal, no resultando suficiente enunciar tal calidad.

Al respecto, así lo precisó esta corporación en proveído de 8 de junio de 2011, dentro del radicado 35185, al señalar:

“Tampoco cabe duda acerca de que la citada Ley 975 privilegia a las víctimas dentro de ese proceso de reconciliación nacional y, en razón de ello, consagra una serie de mecanismos tendientes a garantizarles la verdad, la justicia y la reparación de los daños causados, estos últimos no solo desde el punto de vista material, sino en relación con los aspectos físico y moral.

“En efecto, el artículo 8º ibídem señala que las acciones de reparación propenden por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas.

“La restitución, está definida en la misma disposición como la realización de las acciones que tiendan por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito; y, el artículo 46 ídem, señala que ‘La restitución implica la realización de los actos que propendan por la devolución a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus propiedades.’

“Entonces, lo primero que debe demostrar quien pretenda, entre otras cosas, la reparación de los agravios inferidos por un grupo armado ilegal, es la condición de víctima, porque no basta con afirmar tal circunstancia...”.

4. De los medios de prueba allegados, se concluye que en el caso del señor Pedro Bautista Cuello Acosta no se cumplen los presupuestos exigidos en la ley para ser considerado como víctima, pues según lo indicó la fiscalía cuando solicitó la medida cautelar, de acuerdo con la información que aquel suministró en las labores de ubicación del predio, fue a su regreso al país (estuvo en Costa Rica por un considerable lapso) que se percató de la invasión de su heredad por parte de colonos, entre ellos algunos simpatizantes de las autodefensas, no siendo acertado afirmar que la ocupación de esos terrenos fue consecuencia de los actos de violencia o amenazas que se ejercieran contra él o su núcleo familiar integrantes del Bloque Tayrona, y tampoco encuentra sustento la posterior alegación de perjuicios morales y materiales que refiere le fueron causados por el actuar ilegal de la aludida organización al margen de la ley.

Repárese en que el propio incidentante, en principio, acudió al proceso de Justicia y Paz, no con el propósito de ser reconocido como víctima, sino con la finalidad de que se levantara la medida cautelar de embargo y secuestro que de manera equivocada ordenó la magistrada con funciones de Control de Garantías del Tribunal Superior de Barranquilla a petición de la Fiscalía 39 Delegada, sobre las 32 hectáreas que componen el lote de terreno identificado con matrícula inmobiliaria 080-72679, a pesar de que lo ofrecido por Norberto Quiroga Poveda con vocación de reparación de los perjuicios causados con su actividad ilícita solo afectaban una parte mínima de aquel predio, esto es, un lote encerrado “en paredilla”, en el que se encuentra construida una casa con cuatro apartamentos independientes y un kiosco.

Además del análisis de la declaración rendida por Cuello Acosta en el trámite incidental se extrae, no solamente que no fue despojado ni obligado a dejar sus tierras por parte del Bloque Tayrona u otro grupo armado organizado al margen de la ley que operara en la zona donde tiene ubicada su finca, sino que conoció de la posesión y las mejoras realizadas por su amigo Rubén Giraldo(10), cuando apenas las empezaba, siendo precisamente esa circunstancia la que conllevó a que se entrevistara con este con el fin de llegar a un arreglo económico respecto del predio.

Así lo refirió al mencionar que:

“... ya cuando iba a darle la vuelta a la finca, ya estaba comenzada la casa, ya (sic) le dije ven acá, cómo quedamos con esto acá, y dijo: no don Pedro yo le voy a comprar el solar, arreglamos precio, me dio cincuenta mil pesos y hasta ahí llegamos, construyó una casa cómoda y no se para que la tendrían, yo no dije más nada...”(11) (negrillas ajenas al texto).

Interrogado acerca de si alguna vez la gente de Hernán Giraldo le pidió autorización para esa construcción, respondió:

“... jamás, jamás me dijo, comenzó a construir, yo lo vi que estaba construyendo y le dije que eso era mío, me pisó el negocio con cincuenta mil y más nada. Ahora últimamente no sé que sería ofreció comprármelo pero le pareció alto el precio que le pedí y quedamos en nada en el negocio, quedamos en cero...”(12) (negrillas y subrayas fuera de texto).

Se colige entonces que fue la actitud de abandono de sus tierras, lo que permitió que allí se asentaran, no solo una gran parte de colonos, lo que incluso dio lugar al surgimiento de los pueblos denominados Marquetalia y Palomino cuyos habitantes, según su propio dicho, han venido negociado con él los títulos de propiedad —circunstancia que ha generado el desenglobe y apertura de las matrículas inmobiliarias 080-74064, 080-83952, 080-83953, 080-83954, 080-83955, 080-83956, 080-83957, 080-83958, 080-84182, 080-84183, 080-83184, 080-84185, 080-84186, 080-84187, 080-84188, 080-84189, 080-84943, 080-84944, 080-85724, 080-86992, 080-93240 y 080-99506—(13), sino también algunos de los simpatizante e integrantes del grupo armado ilegal autodenominado Bloque Resistencia Tayrona.

Ante la pregunta efectuada por el apoderado del postulado Norberto Quiroga Poveda para que informara cuál fue la persona que le invadió el predio, contestó:

“...no solamente fueron estos colonos, el mismo municipio de Santa Marta, la alcaldía también me invadió y comenzó a repartir solares a cambio de votos, hizo un campo de fútbol, una cantidad de cosas de esas, es decir, como si eso fuera un bien vacante...”(14).

Ahora bien, para lo que interesa al tema y en aras de dar mayor claridad en torno a si previamente a la construcción de la casa que cuenta con cuatro apartamentos ofrecidos por el postulado Quiroga Poveda hubo amenazas o acciones violentas en su contra, su familia o sus bienes, por parte del grupo armado al margen de la ley, respondió:

“... absolutamente nada, porque yo tenía cierta amistad con don Hernán Giraldo, entonces yo me respetaba, me interesaba estar bien con ellos, entonces, yo no ejercí ninguna acción, que sigan construyendo que tarde que temprano tiene que comprarme...”(15).

En conclusión lo que revela la prueba en forma objetiva es que los actos de ocupación de algunos lotes, entre ellos el que es objeto de controversia, comprendidos dentro de la gran extensión de terreno de propiedad de Cuello Acosta, no tuvieron origen, al contrario de lo concluido por el a quo, en acciones delictivas del grupo armado ilegal alguno o por el contexto de violencia generalizada, sino por el abandono de aquel de sus tierras, lo que de todas formas no le ha impedido ejercer derechos como dueño, dado que ha negociado con los particulares invasores e incluso entregado en donación a autoridades públicas parte de su finca.

5. Las anteriores circunstancias imponen el análisis de las medidas que pueden adoptarse respecto de la posesión del terreno y la edificación levantada en el mismo, ofrecidas por el citado desmovilizado con el fin de indemnizar a las víctimas de los delitos cometidos por el grupo armado al margen de la ley al cual pertenecía, derechos de contenido económico o patrimonial que dijo eran de su propiedad y que carecen de titulación, por hallarse ubicados dentro de un lote de mayor extensión de propiedad de un tercero que no tiene la condición de víctima.

A este respecto puede la Sala citar válidamente lo puntualizado en pasada oportunidad en cuanto a los efectos jurídicos del ofrecimiento de bienes por una persona que se somete a las previsiones de la Ley 975 de 2005 y las medidas por adoptar respecto de los mismos:

“El ofrecimiento de bienes expresado por el postulado debe ser entendido como una extensión de la diligencia de versión libre, ella resulta creíble y constituye prueba sumaria de los actos de dominio y posesión que ejerce sobre los inmuebles relacionados en el presente asunto, sin que resulte relevante que los inmuebles aparezcan documentalmente como de propiedad de otras personas.

“Lo anterior, en tanto el ofrecimiento de bienes debe ser un acto de plena responsabilidad, lleva a que el postulado asuma todas las consecuencias que se puedan derivar de la entrega de bienes que no puedan ingresar finalmente al Fondo para la Reparación de Víctimas, porque se encuentren sometidos a otros gravámenes o limitaciones a la propiedad (hipoteca, prenda, suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro, afectación de inenajenabilidad, comiso, etc.), se trate de bienes baldíos o sean reclamados exitosamente por terceros de buena fe, por ejemplo, supuestos en los cuales el postulado asume la consecuencia de la expulsión de los beneficios que le ofrece la Ley de Justicia y Paz por haberse resistido a brindar una confesión completa y veraz(16), y porque con tal conducta está demostrando renuencia a la entrega de sus bienes con el propósito de indemnizar a las víctimas(17), amén de la posible responsabilidad por el delito de fraude procesal”.

(...).

“Con el objeto de dar inicio a la materialización del principio basilar de la reparación, la Ley 975 de 2005 consagró la figura jurídica de las medidas cautelares relativas a los bienes ofrecidos por los postulados, como lo ha señalado la Sala:

‘... la imposición de medidas cautelares que cobijen a los bienes ofrecidos para la reparación de las víctimas,... está en estrecha vinculación con los derechos de las víctimas a obtener una reparación integral, especialmente en lo que toca con la restitución, a fin de que las cosas regresen a su estado original previo al de la violación, y al de recibir una indemnización que compense económicamente el daño causado... porque solo a través de la imposición de tales medidas sobre los bienes ofrecidos se logra el cometido de garantizar que salgan de la esfera de disponibilidad del desmovilizado’(18).

“Las medidas cautelares tienen su fundamento en la necesidad de garantizar desde un comienzo los efectos de una sentencia futura en virtud del peligro o amenaza inminente por la tardanza que conlleva un proceso hasta su terminación (periculum in mora), ya que se pueden distraer los bienes y sustraerse así del cumplimiento de las obligaciones para la fecha de la sentencia”(19).

El postulado al proceso de justicia transicional, Norberto Quiroga Poveda, denunció como propia una casa que, según lo acreditan las pruebas, fue levantada en una porción de terreno que pertenece a un tercero, y como ya se advirtió párrafos atrás ese ofrecimiento del postulado constituye prueba de los actos posesorios en el respectivo lote (según diligencia de secuestro, de 38 por 21 metros), además que materialmente está acreditada la construcción de un inmueble allí mismo, el cual consiste en una casa con cuatro apartamentos independientes y un kiosco, activos que, salvo mejor derecho, deben ingresar al fondo común de reparación para las víctimas en general.

En el asunto examinado, de acuerdo con el dicho del señor Cuello Acosta, aun cuando integrantes de la familia Giraldo entraron en posesión de un pedazo o porción de su predio sin su conocimiento y empezaron a edificar el inmueble, una vez enterado de esa circunstancia consintió tales actos posesorios y entró en contacto con los invasores, específicamente con Rubén Giraldo, con quien dialogó acerca de la venta del respectivo lote y obtuvo como anticipo de ese negocio la suma de cincuenta mil pesos, sin haber llegado a concluir de manera definitiva el acto contractual de venta de la heredad(20).

De acuerdo con lo puntualizado es claro que Quiroga Poveda para el momento del ofrecimiento del citado bien ostentaba, como los otros colonos con los que ha venido negociando Cuello Acosta, condición de poseedor del inmueble en comento, situación que no es discutida por el último de los citados, y desde esa perspectiva el postulado válidamente podía ofrecer con fines de reparación a las víctimas los derechos que se desprenden de los actos de señor y dueño en el predio en comento, los cuales son tangibles en la construcción de una vivienda que según lo adujo en su versión es de su propiedad, y tal y como lo constató la autoridad que practicó la medida cautelar, está siendo objeto de explotación económica.

Luego para garantizar que esos derechos de contenido patrimonial no se extravíen resulta procedente la medida cautelar de embargo, la cual debe recaer únicamente sobre los derechos derivados de la posesión ejercida sobre el terreno delimitado en la diligencia de secuestro practicada el 8 de junio de 2011 (de aproximadamente 798 metros cuadrados), y respecto de la explotación económica de las mejoras plantadas por el postulado en el mismo, esto es, la casa con los cuatro apartamentos y el kiosco, medida que resulta procedente al tenor de lo previsto en el numeral 2º del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil(21).

Al titular del globo de terreno, es decir, al señor Cuello Acosta, no se le vulnera derecho alguno, pues si pretende concluir la negociación del predio o en su defecto recuperarlo para sí, para esos efectos tiene a su disposición las respectivas acciones civiles que podrá Gpromover contra el fondo común para la reparación de victimas, dado que esa entidad se subroga en la posición del postulado como poseedor del predio y dueño de las mejoras construidas sobre el mismo, de suerte que la condición de secuestre del bien referenciado por parte de esta la habilita para que, en defensa de los intereses que debe salvaguardar, provea la mejor solución, privada o judicial, que consulte con esos fines (CPC, art. 683).

Resta señalar que la magistrada con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, erró al ordenar la inscripción de las susodichas medidas cautelares respecto de todo el inmueble al que corresponde el folio de matrícula inmobiliaria 080-72679 de propiedad del señor Cuello Acosta, toda vez que en este caso como lo afectado son los derechos derivados de la posesión declarada por Quiroga Poveda sobre una porción del inmueble de este, así como los que se originan en la explotación económica de las mejoras de propiedad del postulado, esa cautela se perfecciona con la diligencia de secuestro, según la normatividad atrás citada.

Como consecuencia de lo expuesto, se revocará la decisión proferida el 4 de noviembre de 2011 por la magistrada con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, en la que al considerar que el señor Pedro Bautista Cuello Acosta era víctima del grupo armado al margen de la ley autodenominado Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas, ordenó el levantamiento de la medida de embargo y secuestro que pesa sobre la posesión y mejoras realizadas en una parte del predio identificado con matrícula inmobiliaria 080-72679, activos que fueron entregadas con vocación de reparación a las víctimas por parte del postulado Norberto Quiroga Poveda, por las razones a que se hizo alusión en las consideraciones de esta decisión.

En su lugar, se ordenará mantener la medida cautelar de embargo y secuestro que fuera decretada en la audiencia de 13 de abril de 2011 por la magistrada de control de garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, y materializada el 8 de junio siguiente sobre:

“... la posesión y mejoras construidas que tienen sobre el predio que a continuación se describe:

“Inmueble que consta de cuatro apartamentos pequeños, cada uno cuenta con una habitación, un baño y una cocina; y un kiosco en el interior del predio encerrado...

”Linderos: con el Norte con Edier Calle Giraldo. Sur con potrero y vía al medio. Este Ccn Viviana Calle Giraldo, C.C. 30.225.430 de Samaná-Caldas y por el Oeste con vía al medio”.

Como esa medida cautelar no requiere de inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta, por las razones a que se aludió en el cuerpo de esta decisión, se dispondrá que por la secretaría de la Sala se oficie a dicha dependencia para que proceda a la cancelación de esa anotación.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Revocar la decisión proferida el 4 de noviembre de 2011 por la magistrada con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla que reconoció al señor Pedro Bautista Cuello Acosta como víctima del grupo armado al margen de la ley Bloque Resistencia Tayrona y ordenó el levantamiento de la medida de embargo y secuestro que pesa sobre la posesión y mejoras realizadas en una parte del predio identificado con matrícula inmobiliaria 080-72679, las cuales fueran entregadas con vocación de reparación a las víctimas por parte del postulado Norberto Quiroga Poveda, por las razones a que se hizo alusión en las consideraciones de esta decisión.

2. Mantener la medida cautelar de embargo y secuestro que fuera decretada en audiencia de 13 de abril de 2011 por la magistrada de control de garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, sobre “... la posesión y mejoras construidas que tiene sobre el predio que a continuación se describe: Inmueble que consta de cuatro apartamentos pequeños, cada uno cuenta con una habitación, un baño y una cocina; y un kiosco en el interior del predio encerrado... Linderos: con el Norte con Edier Calle Giraldo. Sur con potrero y vía al medio. Este con Viviana Calle Giraldo, C.C. 30.225.430 de Samaná-Caldas y por el Oeste con vía al medio”, activos que fueron entregados por el postulado Norberto Quiroga Poveda, con vocación de reparación a las víctimas.

3. Oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad de Santa Marta, para que proceda a cancelar la anotación número 21 por la cual se registró la medida cautelar dispuesta por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla sobre el predio identificado con matrícula inmobiliaria 080-72679, por las razones a que se aludió en el cuerpo de esta decisión. Por la secretaría de la Sala procédase de conformidad.

4. Comuníquese lo aquí decidido a las partes e intervinientes en este trámite.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(10) Récord 01:12:50

(11) Récord 55:37

(12) Récord. 57:39

(13) Folio 4v. Cuaderno principal.

(14) Récord 01:49:45

(15) Récord 01:14.

(16) El artículo 17 de la Ley 975 de 2005 fue declarado exequible mediante Sentencia C-370 de 2006 de la Corte Constitucional, en el entendido que la versión libre debe ser completa y veraz.

(17) Tal comportamiento desvirtúa el objeto de la Ley 975 de 2005 y constituye un grave incumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 10-10.2 y 11-11.5.

(18) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de segunda instancia, 23 de agosto de 2007, radicación 28040.

(19) Ver auto de 24 de marzo de 2010, radicación 33257.

(20) Récord 55:37 a 01:03.

(21) Artículo 681, numeral 2º “El de los derechos que por razón de mejoras o cosechas tenga una persona que ocupa un predio de propiedad de otra, se perfeccionará previniendo a aquella y al obligado al respectivo pago, que se entiendan con el secuestre para todo lo relacionado con las mejoras y sus productos o beneficios”.