Sentencia 37981 de febrero 6 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Aprobado Acta 029

Bogotá, D.C., seis de febrero de dos mil trece.

Asunto

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Atendiendo al mismo criterio metodológico propuesto por la delegada, la Corte asumirá la respuesta a los cargos formulados en las dos demandas, aglutinando aquellos que comportan análoga propuesta y sustento, comenzando no obstante, a diferencia de como lo hizo el concepto, en primer término por el reproche tercero del segundo libelo, habida cuenta que su argumento lleva implícita la eventual invalidación de lo actuado.

La competencia para el juzgamiento en este caso

1. El tercer cargo propuesto en el libelo aducido a nombre de los soldados Giraldo, García y Fernández, si bien afirma de manera contradictoria “interpretación errónea o aplicación indebida”, como si se tratase de un mismo sentido de quebranto, sin precisar además el precepto sustancial a que alude, desdice de la violación directa que este enunciado supondría, pues realmente se reduce a expresar discrepancia con la propia competencia que la justicia ordinaria tenía para juzgar este asunto. Acude para dicho efecto a manifestar salvedades frente a la decisión fechada el 31 de enero de 2002 mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dirimió el conflicto en favor de la Fiscalía, en un típico alegato que comprendería realmente un motivo de nulidad de lo actuado.

2. Así y no obstante las manifiestas falencias de sustentación y el propio tema que se hace objeto de inconformidad, la Sala abordará su respuesta comenzando por advertir que, como es sabido, fue a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que la ley estatutaria de la administración de justicia en desarrollo del precepto 256-6 de la Constitución Política, atribuyó la facultad de dirimir los conflictos de competencia suscitados entre las distintas jurisdicciones, pese a lo cual la Corte al ocuparse sobre la viabilidad de ser pasible de un nuevo estudio tal criterio ante esta sede, fue enfática en señalar que nada obsta a través del recurso de casación o de la propia acción de revisión que se acometa nuevamente dicho análisis y por ende se adopten las decisiones que considere corresponden a la solución de cada caso (Cas. 34461/2011)

3. Clarificado lo anterior, por cuanto en este asunto el discernimiento de la competencia para su conocimiento estuvo a cargo de la autoridad referida y dada la manifiesta precariedad de los motivos que expone la demandante para reclamar por parte de la justicia castrense haber conocido de este proceso, esto es, que los imputados eran militares y que los hechos se produjeron en desarrollo de un combate, lo que da por “irrefutable”, cuando precisamente la falta de confrontación determinó la asignación del asunto a la justicia ordinaria, todo conduce a advertir lo infundado de la propuesta, por carecer del más mínimo parámetro objetivo que respalde el supuesto fáctico para sostener que los hechos tuvieron inexorable vinculación con el servicio que por ley les correspondía a los miembros del Ejército Nacional acá procesados.

4. En efecto, a las fuerzas militares señaló la Constitución Política la finalidad primordial de defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional (art. 217), propósito superior que no pueden cumplir de manera distinta que protegiendo los derechos de todas las personas residentes en Colombia, esto es, su vida, honra y bienes, creencias y demás derechos y libertades (art. 2º). A su turno, el artículo 221 id., tanto en su original texto, como en aquel introducido por el Acto Legislativo 02 de 1995 y el recientemente aprobado mediante el Acto Legislativo 02 de 2012, en forma sustancialmente idéntica previó que de los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerían las cortes marciales.

Presupuesto sine qua non para discernir el fuero de juzgamiento de conductas realizadas por miembros de la fuerza pública lo es que se trate de actos desarrollados en orden a cumplir una de las finalidades superiores a ellos encomendadas, esto es, que debe existir una conexión o vínculo directo entre el propósito de la acción cumplida, el servicio y el resultado, en forma tal que no lo desvirtúe dentro de los márgenes que le competen como elemento funcional realizador de la investidura que constitucionalmente se posee (C. Const. C-558/97).

5. Una valoración de los hechos acá conocidos judicialmente, desde la perspectiva o contexto fáctico que lo impone, permite observar que si bien los miembros del ejército hacían parte de un contingente que en desarrollo de la “operación destructor”, se dispuso a confrontar la “cuadrilla 43 de las Farc” y en efecto sostuvieron enfrentamientos con dicho grupo en jurisdicción del municipio de Puerto Lleras (Meta) el 24 de mayo de 2000 produciendo nueve bajas a los insurgentes, para el día siguiente 25 de ese mes, cuando Iván Darío Henao Sanabria fue retenido y llevado consigo en horas de la mañana por autoridades militares, según lo narraron los testigos Brigelio Sánchez Motta (fls. 110 y 221, cdno. 1), Antonio Torres Pulido (fl.259, cdno. 1) y José Mendivelso (fl. 109, cdno. 1), dicha confrontación había cesado y pese a su inmovilización y custodia, fue luego reportado como muerto en combate.

6. Al resolverse el conflicto de jurisdicciones propuesto, tuvo a bien destacarse la manifiesta desconexión existente entre los deberes funcionales propios de los militares durante su intervención en los días de autos y la manera como Iván Darío Henao Sanabria fue requisado, inmovilizado, retenido y conducido, para luego informarse que fue muerto en combate, proceder que patentiza la ostensible ruptura entre actos inherentes al servicio y la afectación de la vida de este ciudadano, máxime cuando no obstante el empecinamiento por señalarlo como miembro de la guerrilla, las circunstancias previas, concomitantes y posteriores a su eliminación, imposibilitaron aceptar que su muerte se hubiera producido en desarrollo de un intercambio bélico, por lo cual discutir una vez más la competencia que asumió la justicia ordinaria carece de cualquier fundamento, ya que la misma persiste aún dentro de la última reforma foral del artículo 221 de la Carta Política al señalar de manera expresa que en ningún caso la justicia penal militar conocerá de los delitos de ejecución extrajudicial, como del que da cuenta este expediente (A.L. 02 de dic. 27/2012, art. 3º).

Este cargo no prospera

Causal primera

1. El primer cargo de las dos demandas aportadas, si bien acusa falsa identidad y “omisión, tergiversación y suposición” de prueba, en un coetáneo y manifiestamente antitécnico y muy confuso e intrincado método, comportan el lugar común de expresar inconformidad con la sentencia, bajo el entendido de no estar probado que los militares que se sostiene por los testigos retuvieron en horas de la mañana del 25 de mayo de 2000 a Iván Darío Henao Sanabria, fueran los inculpados.

2. Testigos directos de la aprehensión física de Henao Sanabria en la mañana de los hechos, fueron, según se ha advertido, Brigelio Sánchez Motta y Antonio Torres Pulido.

De su recuento de este episodio se sabe que el occiso se movilizaba en una motocicleta de la cual fue obligado a descender, siendo despojado de algunos víveres que llevaba consigo para proveer un pequeño negocio de su propiedad y que una vez se le encontró un revólver 38 L., se lo llevaron. Este suceso que se calcula ocurrió entre nueve y diez de la mañana, contrariamente a lo manifestado por la defensa, sucedió relativamente a corta distancia del lugar en que en horas del medio día se reportó murió Henao Sanabria al enfrentarse con el ejército.

3. Es inocultable que los testigos en momento alguno señalaron por sus nombres a los miembros del ejército que por la fuerza se llevaron al referido ciudadano. Pero a través de su dicho se sabe que el día de los hechos desde tempranas horas hasta el medio día el sector estuvo bajo el dominio de la fuerza pública, lo cual de paso descarta que una fuerza armada distinta hubiera sido quien intervino, pero además y sin solución de continuidad, también se supo que apenas unas horas después el propio ejército entregó el cuerpo de Henao Sanabria. Es decir, que se lo llevó con vida dentro del casco urbano de Puerto Lleras y pasadas un par de horas dentro del mismo perímetro entregaron su cadáver.

4. Es absolutamente inocuo que los testigos ignoraran el nombre de la víctima y sus demás datos personales, conforme destacan los demandantes pretendiendo encontrar en este hecho una circunstancia a favor, pues lo que la investigación permitió colegir como relevante, es que tan pronto los familiares de Henao Sanabria preguntan por él, no existió el menor resquicio de duda en indicar que era el joven que en la mañana del 25 había sido retenido por el ejército, según a aquellos constaba.

Sobre este particular la sentencia no abriga confusión alguna:

“Es un hecho cierto que Henao Sanabria desapareció desde las nueve de la mañana del día de su muerte y que a esa hora fue retenido por miembros del ejército cuando regresaba a su casa desde Puerto Lleras en una motocicleta negra, luego de una requisa que se le hizo en la que se halló en su poder un arma de fuego y víveres para su tienda. Tal aserto surge de los testimonios de Brigelio Sánchez y de Antonio Torres Pulido quienes directamente percibieron la retención por hallarse en su vivienda frente al lugar donde esta ocurre”.

Estos cargos carecen de mérito.

5. Lo propio debe sostenerse respecto del reproche segundo del primer libelo y cuarto del segundo, en que se sostiene existe absoluta confusión en torno a la identidad de la víctima.

Este fue el deleznable argumento que el juez de primer grado utilizó para encontrar imperativa la absolución de los acusados y que el tribunal no exageró en sostener causaba “perplejidad” por infundado.

No existe dubitación alguna que conduzca a estimar como incierta la identidad de Iván Darío Henao Sanabria, o que pueda hacer pensar que los familiares de quien fue muerto por el ejército no lo señalaron de inmediato, conforme de ello da cuenta el acta de reconocimiento (fl.21, cdno. 1) y los propios reportes oficiales, aun cuando los argumentos que propugnan por tal estado de estupor tampoco logran precisar las implicaciones que su aceptación podrían tener.

Desde el primer momento Marleny Sanabria Guzmán (fl. 21), madre del interfecto, reconoció el cadáver de su hijo, de ello da cuenta el informe del CTI visto al folio 30 del cuaderno 1, pero además también lo atestaron la compañera permanente del ciudadano muerto Carol Viviana Ávila González (fls. 86 y 195, cdno. 1) y su madre Elcia González de Ávila (fl.90, cdno. 1).

6. La confusión aparente sobre este particular y de la cual se ha procurado tomar ventaja en pos de la defensa, estriba en el hecho de haberse entregado por los militares que llevaron el cadáver a la zona urbana una cédula de ciudadanía a nombre de Wilson Bohórquez, circunstancia irrelevante para distraer la verdadera identidad de la víctima que apenas se acompasa con la versión que el sepulturero diera a la familia en el cementerio de habérsele dado órdenes por los militares de desaparecer el cadáver lo más pronto posible (fl.195, cdno. 1).

Estas censuras tampoco pueden tener prosperidad.

7. El tercer cargo expuesto a nombre del teniente Gutiérrez, comporta análogo argumento al quinto promovido en favor de los soldados Giraldo, García y Fernández y aun cuando participan del mismo defecto notable de postulación en tanto obvian delimitar en concreto el sentido del yerro fáctico acusado que suplen por la expresión genérica de inconformidad sobre el valor concedido a diversas pruebas, en particular a lo manifestado por los incriminados cuando en principio se les escuchó en declaración, empece[sic] ello, también conllevan respuesta adversa.

8. No es cierto, según se afirma en los libelos, que el tribunal haya tomado lo expuesto por los uniformados como una confesión. Cuanto sostuvieron tanto en sus declaraciones previas a su formal vinculación mediante indagatoria y cuando todavía no se conocía que este fuera el devenir procesal, como posteriormente en las diligencias instructivas, es que la muerte de quien respondió al nombre de Iván Darío Henao Sanabria fue obra suya, producto del combate.

El contenido de sus versiones fue tomado en forma contextual por el ad quem, solo que para fijar su alcance, como no podía ser de otro modo, las contrastó con la demás prueba acopiada, principalmente aquella de acuerdo con la cual se conoció en el expediente que dicho ciudadano, horas antes de ser reportado muerto en confrontación con el ejército, había sido llevado en custodia por integrantes de dicha fuerza.

Los demandantes construyen su endeble coincidente postura, sobre la base de que cuanto refirieron los militares es que Henao Sanabria fue ultimado al enfrentarse con armas en su contra; el sentenciador a través del análisis de las diversas pruebas admite como incontrovertible que fueron los miembros del ejército procesados quienes dispararon contra aquel, porque esto fue cuanto afirmaron en todas sus salidas procesales, pero desde luego la comprensión de las circunstancias que rodearon tal desenlace culminan por desvirtuar que su muerte hubiera sido producto de un intercambio de disparos propio de la guerra, asunto que desde luego tuvo determinante incidencia en la definición de la jurisdicción que debía investigar y fallar estos hechos.

Supuesto relevante para las conclusiones falladoras, es bajo el análisis de las pruebas “que la muerte no fue en combate y que los autores no pudieron ser otros que los implicados y los demás militares que ese día retuvieron a Henao Sanabria”.

Estas censuras deben desecharse.

9. Los reproches cuarto y segundo de las demandas aportadas, acusan “errores de apreciación de los hechos en sí mismos”, lugar común que en forma ambigua y dispersa culmina por reclamar menoscabo de la sana crítica, a través de análisis que ha debido darse a las pruebas de acuerdo con las cuales se conoce que la intervención de los militares en los días de autos estaba sustentada en la orden del operativo “destructor”, así como que se ignora quién detuvo a Henao Sanabria.

No expresan estas discrepancias con la sentencia impugnada nada más que eso, es decir, que brilla por su ausencia la postulación de un error de hecho o de derecho censurable y las referencia a la sana crítica vulnerada, tampoco se enfocan en el deber de entonces indicar cuál de los principios que subyacen a este método de valoración de las pruebas fue quebrantado por el tribunal.

Sostener que la intervención militar estaba autorizada por órdenes protocolarias, en caso alguno sirve al propósito de poder justificar o siquiera explicar, en relación con la muerte de Henao Sanabria, las circunstancias en que la misma se produjo. Por el contrario, los procesados asumieron que encontrándose desarrollando actos propios del servicio durante las fechas en que hicieron presencia en el municipio de Puerto Lleras, debían quedar comprendidas también aquellas conductas absolutamente marginadas de sus deberes funcionales, conforme sucedió con la inexplicable ejecución de aquel.

El tribunal también glosó este endeble argumento, en los términos siguientes:

“No se puede desconocer que entre los días 20 y 25 de mayo de 2000, hubo varios enfrentamientos con la guerrilla y que incluso hubo 9 bajas de guerrilleros que estaban vestidos de policía, pero la décima persona muerta, es decir Henao Sanabria, no murió en combate. Esta coartada construida por los militares que cae (sic) frente a las contundentes declaraciones de quienes observaron cuando este fue retenido llevando un arma, una moto y unos víveres por lo que resulta obvio concluir que los demás elementos bélicos y la cédula reportada por los militares fueron puestos por estos. Contraevidentes también resultan las afirmaciones de los procesados frente al hecho probado de que el occiso, desde las 7 de la mañana había salido de ‘Caño Rayado’, que era un comerciante y no un guerrillero; era un joven de tan solo 17 años de edad que permanentemente se desplazaba por el lugar llevando el abastecimiento necesario para la tienda que tenía en ‘Caño Rayado’. De ser guerrillero, su desaparición no hubiera generado toda la preocupación y dolor que generó no solo en su familia sino en las gentes de ‘Caño Rayado’, quienes no desvanecieron en su esfuerzo por conocer el destino final de su familiar”.

Estas censuras son igualmente imprósperas.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No casar el fallo impugnado.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, cúmplase, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».