Sentencia 37989 de enero 22 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 37989

Acta 01

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá D.C., veintidós de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VIII. Se considera

La censura con el objeto de acreditar los errores de hecho propuestos, atribuyó a la sentencia impugnada la errónea apreciación del formulario de afiliación del causante al fondo de pensiones Porvenir S.A., al igual que la falta de valoración de las piezas procesales del escrito de apelación de la parte actora y la alegación ante el tribunal, así como de varios documentos que obran en el proceso y la confesión contenida en el interrogatorio de parte absuelto por los actores.

Pero sucede que, tal como lo advierte la réplica, a contrariode lo aseverado por el impugnante, el juez colegiado sí tuvo en cuenta las piezas procesales y los medios de prueba que se denunciaron como dejados de apreciar, así no se haya referido concretamente a cada uno de ellos.

En efecto, el ad quem en los antecedentes de la decisión sintetizó lo argumentado por los accionantes en el recurso de alzada, y en la parte considerativa expresamente se refirió a las inconformidades planteadas por los apelantes en condición de progenitores del causante, y que fueron los aspectos que precisamente entró a definir. Así mismo, al resolver lo concerniente al requisito legal de la dependencia económica, el tribunal dejó sentado que analizó la totalidad del material probatorio, al decir que “revisado el plenario desde la presentación de la demanda y hasta el momento en que se cerró el debate probatorio, ninguna prueba se encontró que acreditara, demostrara o corroborara esas afirmaciones” (refiriéndose a lo narrado por la parte actora), y cuando más adelante agregó que en el proceso no obra ninguna prueba que permitiera reconocer a los accionantes el derecho reclamado en condición de padres del causante, pues “su pedido de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes se ha quedado sin respaldo de ninguna índole y por ello no se les puede reconocer la misma”, resultando “inminente la confirmación de la decisión de primera instancia, cuando negó la pensión de sobrevivientes por ausencia de prueba sobre la dependencia económica”.

En consecuencia, mal puede endilgarse al sentenciador de segundo grado una omisión en la valoración probatoria, siendo indudable como quedó visto, que para poder arribar a la conclusión de que ninguno de los elementos probatorios, obrantes en el plenario, acreditan o comprueban la mencionada dependencia económica, necesariamente debieron haber sido apreciados en la alzada.

Así las cosas, lo apropiado en estos casos era haber denunciado también la errónea apreciación, de los medios de convicción que se relacionaron en el ataque como no valorados.

Ahora bien, si la Sala actuando con amplitud pasara por alto lo anterior, se tiene que el recurrente con la acusación pretende demostrar que el tribunal se equivocó, en primer lugar al no dar por satisfecho en este asunto el requisito de la “dependencia económica” para acceder a la pensión de sobrevivientes, y en segundo término al establecer que la muerte del causante fue de “origen común”.

Independiente de que el suceso de la muerte del trabajador José Líder Villegas Mellizo, hijo de los demandantes, fuera calificado como un “accidente de trabajo” o por el contrario fuera de origen “común”, lo cierto es que ninguna de las pruebas denunciadas miradas objetivamente, logra demostrar que los padres del causante dependieran económicamente del causante, conforme pasa a explicarse:

1. El formulario de afiliación del causante Villegas Mellizo al fondo de pensiones Porvenir, por traslado al régimen de ahorro individual, visible a folio 143 del cuaderno principal, que es el eje central de la acusación, no fue mal apreciado, por cuanto el tribunal no distorsionó su contenido, como tampoco de su valoración derivó hechos que no constaran en dicho documento, ni omitió los que sí contuviera, ya que en ningún momento desconoció que los actores aparecían allí relacionados o designados por el trabajador como sus beneficiarios.

Lo que aconteció fue que el fallador de alzada, partiendo de la correcta apreciación de esta prueba, llegó a una conclusión distinta a la postura de la parte actora, al sostener que la efectiva colaboración o ayuda económica del trabajador fallecido en el hogar de sus padres o en el núcleo familiar, su cuantía o proporción y las eventuales obligaciones, gastos o destinación que cubriera con su salario, eran situaciones que no era posible colegir, “porque en los formularios de afiliación a los subsistemas en seguridad social se hubiera indicado o señalado como beneficiarios a los ahora demandantes, puesto que esa condición no es sinónimo de dependencia económica...”, debiéndose entonces demostrar “con claridad, con fuerza, con idoneidad, que ciertamente los ingresos que obtenía el trabajador o parte de estos eran invertidos y distribuidos en los innumerables gastos que se presentaban en aquel hogar, bien porque eran utilizados en el pago de cualquier servicio público, o en la compra de los víveres o mercado, o en medicamentos o en pagar créditos, o cualquier carga que tuviera la familia Villegas Mellizo”. Inferencia que es a todas luces razonada, por virtud de que la mencionada prueba documental no hace alusión a la dependencia económica de cualquiera de los beneficiarios.

Como lo señala la réplica, la circunstancia de que en la relación de beneficiarios que en el formulario de afiliación a Porvenir diligenció el causante, figuren entre otras personas los demandantes, a lo sumo podría tenerse como un indicio de la posible dependencia económica, más no sería plena prueba de ella, con lo cual no se podría dar por probado un yerro fáctico con el carácter de ostensible, por no ser tal prueba indiciaria consistente en “un hecho del cual se infiere lógicamente la existencia de otro hecho, o en definición más compleja, es un juicio lógico mediante el cual se aplica una regla de experiencia a un hecho conocido para llegar a otro desconocido” (Sent. ago. 8/2007, Rad. 29684), una de las pruebas calificadas en casación laboral de conformidad con la restricción legal prevista en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial o la inspección judicial.

Según se puede observar, el discurso del censor busca contraponer el peso argumentativo esbozado en la sentencia acusada como si se tratara de un alegato de instancia, empero en modo alguno logra derruir la conclusión del tribunal de que la sola manifestación del afiliado, indicando unos beneficiarios sin ningún tipo de referencia a una dependencia económica, no permite tener por acreditada la ayuda o colaboración del hijo fallecido en el sostenimiento del hogar de sus padres; y, en consecuencia continuará imperando la presunción de acierto y legalidad con que viene revestida la decisión combatida, dada la libre formación del convencimiento en torno a los medios probatorios, otorgada a los jueces según lo estatuido en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

2. Frente a la prueba documental proveniente de la empleadora demandada Andina de Seguridad del Valle Ltda., o sea, el formato de hoja de vida del trabajador fallecido (fls. 119 y 120), el comprobante de pago de las prestaciones sociales del causante canceladas a los actores (fl. 126) y el informe patronal de accidente de trabajo (fls. 12 y 128), no demuestran la dependencia económica de los demandantes para efectos de obtener un derecho pensional, pues ninguna de esas probanzas da cuenta de que el causante socorriera económicamente a sus padres para cubrirles sus necesidades básicas y vitales relativas a su sostenimiento.

En efecto, el hecho de que los demandantes hubieran recibido el pago de los salarios o prestaciones sociales adeudadas a su hijo fallecido por parte de la empleadora, no los convierte automáticamente en dependientes económicos de este, pues es la ley la que los impone como beneficiaros; igualmente, el hecho de que el causante tenga registrada como su dirección de residencia la misma de sus padres, no es indicativo de una dependencia económica; pues se requiere de la demostración de la presencia de una ayuda monetaria o ingreso económico del hijo que contribuya efectivamente para la subsistencia de sus progenitores, máxime que el concepto de “dependencia económica” debe tomarse en su sentido natural y obvio, donde depender se traduce en estar subordinado a una persona o cosa, o necesitar una persona del auxilio o protección de otra.

3. Del mismo modo la documental de folios 33 y 284 que el recurrente trae a colación para demostrar el lugar de residencia del causante, como antes se explicó, no es suficiente para tener a los demandantes como dependientes económicos de su difunto hijo.

4. Finalmente las afirmaciones de los demandantes contenidas en el interrogatorio absuelto y que refiere la censura (fls. 201-204), no se pueden tener como una confesión a su favor, toda vez que no tienen tal connotación, por no reunir los requisitos del artículo 195 numeral 2º del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo al cual para que esta surta efectos se requiere que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria. No cabe duda, que esas manifestaciones no cumplen ese cometido y apuntan es a reafirmar lo sostenido por los accionantes desde la demanda inicial.

Por último, cabe agregar, que de tiempo atrás se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a quien pretende o demanda un derecho, que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda. Se desplaza así, la carga de la prueba a la parte contraria, al oponerse o excepcionar, aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación para desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado.

En el asunto a juzgar, como lo infirió la segunda instancia, los demandantes no cumplieron con la carga de la prueba de acreditar la “dependencia económica” que afirman tenían para con su hijo fallecido, es así que no obra documento auténtico, confesión judicial o inspección judicial, que de fe de esa circunstancia, ni tampoco declaración de terceros o testimonio que la demuestre, lo que lleva a la Sala a concluir que el tribunal no cometió los errores de hecho endilgados.

En este orden de ideas no prospera el cargo.

Como la acusación no salió avante, las costas en el recurso de casación serán a cargo de los demandantes recurrentes y a favor del opositor Colmena ARP, las que se fijan en la suma de tres millones de pesos moneda corriente ($ 3.000.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que para tal efecto practique la secretaría.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de Descongestión Laboral, el 29 de agosto de 2008, en el proceso que Rosa María Mellizo Narváez y José Bolivar Villegas Flórez, en calidad de padres del fallecido José Líder Villegas Mellizo, le adelantan a Andina de Seguridad del Valle Ltda., Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., Instituto de Seguros Sociales y Colmena Riesgos Profesionales ARP.

Costas del recurso de casación, como quedó indicado en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».