Sentencia 38005 de junio 9 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 38005

Acta 19

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Bogotá, D. C., nueve de junio de dos mil diez.

Se pronuncia la Corte sobre el recurso de casación que interpuso el Instituto de Seguros Sociales contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, de fecha 5 de septiembre de 2008, proferida en el proceso ordinario que le sigue Jorge Enrique Muñoz Ríos.

EXTRACTOS: «III. El Recurso de Casación

Lo interpuso el Instituto de Seguros Sociales y con él pretende que la Corte case la sentencia del tribunal para que, en sede de instancia, revoque la del Juzgado y, en su lugar, lo absuelva.

Con esa intención, propuso dos cargos, que fueron replicados, que la Corte integrará para resolver sobre el conjunto, porque están orientados por la vía directa, acusan un elenco normativo similar, persiguen idéntico fin, se valen de argumentos comunes, y por permitirlo el numeral 3º del artículo 51 del Decreto Extraordinario 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

Cargo primero:

Acusa a la sentencia del tribunal de violar directamente, por interpretación errónea, los artículos 12 de la Ley 797 de 2003, que reformó el 46 de la Ley 100 de 1993, lo que conllevó a la aplicación indebida de los artículos 5º y 20 del Acuerdo 224 de 1966, 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.

Para su demostración, arguye que el tribunal descartó la aplicación de la norma vigente a la muerte de la afiliada, es decir, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, para conceder la pensión de sobrevivientes con base en lo dispuesto por los artículos 5º y 20 del Acuerdo 224 de 1966, 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, invocando el principio de la condición más beneficiosa.

Asevera que el ad quem violó la ley sustancial al interpretar erróneamente el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, apartándose del criterio jurisprudencial vertido en las sentencias de casación de 3 de diciembre de 2007, Radicación 28876, y 20 de febrero de 2008, Radicación 32649, que infirmaron decisiones de tribunales de Distrito Judicial que resolvieron controversias con base en los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, pese a que en ambos casos los afiliados fallecieron después del 29 de enero de 2003, fecha de la entrada en vigencia de la referida Ley 797 de 2003, con lo que ese juzgador desconoció el efecto general inmediato de las normas sobre seguridad social.

Destaca que de las referidas sentencias, y de la de 17 de febrero de 2009, Radicación 34016, a las que se remite en sustento de su acusación, es claro que esa creación jurisprudencial sólo puede verse como una solución a la laguna que la Sala de Casación Laboral advirtió en la Ley 100 de 1993, que reguló la transición en el régimen de vejez y no la previó para las pensiones de invalidez y de sobrevivientes, lo que no puede invocarse como una autorización dada a los jueces para que no se sometan al imperio de la ley, por lo que al estar demostrada la infracción del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y la aplicación indebida de los artículos 5º y 20 del Acuerdo 224 de 1966 y 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, no está por demás reiterar que en las sentencias antes aludidas, de 3 de diciembre de 2007, Radicación 28876, y 20 de febrero de 2008, radicación 32649, la Corte precisó que “(...)...no era procedente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, cuando la muerte del afiliado acontece en vigencia del artículo 12 de la ley 797 de 2003, puesto que es esta la normatividad aplicable para efectos de la sustitución pensional o pensión d sobrevivientes (...)”.

La réplica

Sostiene que el cargo es deficiente, porque no podía invocar la interpretación errónea del artículo 21 (sic) de la Ley 797 de 2003 y la aplicación indebida de otras normas que el ad quem ni siquiera aplicó.

Cargo segundo:

Acusa a la sentencia del tribunal de haber aplicado indebidamente los artículos 50 y 20 del Acuerdo 226 de 1966, 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, y por haber infringido directamente el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que reformó el 46 de la Ley 100 de 1993.

Dice que el ad quem hizo referencia a que Martha Isabel Gallego García, cónyuge del demandante, murió el 11 de junio de 2005, y se alude a que la normatividad vigente para esa data es la Ley 797 de 2003, pero no la aplicó para, en su lugar, invocar el principio de la condición más beneficiosa, con lo que infringió directamente el precepto exactamente aplicable para dirimir rectamente el conflicto, que es el artículo 12, ibídem, que reformó el 46 de la Ley 100 de 1993.

La réplica

Sostiene que la razón no está del lado del recurrente, porque el principio de la condición más beneficiosa es transversal a toda la legislación de seguridad social, y que si la Corte encontrara que el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 es aplicable, deberá inaplicarlo atendiendo el referido principio, para que cobre vigencia la norma anterior (L. 100/93), bajo cuyo vigor se confrontan los requisitos con las de la legislación precedente.

IV. Consideraciones de la corte

Esta Sala de la Corte, en la sentencia de 9 de diciembre de 2008, Radicación 32642, precisó que “no es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente antes de adquirir plena eficacia y validez el precepto aplicable conforme a las reglas generales del derecho”; y que “Lo que no puede el juez es desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la Ley 100 de 1993 que haya precedido —a su vez— a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos ‘plusultractivos’, que resquebraja el valor de la seguridad jurídica. He allí la razón por la cual la Corte se ha negado a aplicar la condición más beneficiosa en los procesos decididos por las sentencias del 3 de diciembre de 2007 (Rad. 28876) y 20 de febrero de 2008 (Rad. 32.642)”.

En esas condiciones, cuando ocurrió la muerte de Martha Isabel Gallego García, que lo fue el 16 de junio de 2005, estaba vigente el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 —su vigor jurídico comenzó el 29 de enero de 2003—, el que, a su vez, modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993.

Al compás del alcance que esta Sala le ha dado al principio constitucional de la “condición más beneficiosa”, se ofrece evidente que los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990 no devienen aplicables para la solución del diferendo jurídico que enfrenta a las partes trabadas en esta contienda judicial, por no ser las normas legales anteriores al artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

Resulta de lo hasta aquí expresado que el derecho a la pensión de sobrevivientes reclamado en la demanda introductoria de la presente causa judicial, ha de definirse a la luz del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que exige del afiliado cincuenta (50) semanas cotizadas dentro de los tres (3) últimos años anteriores a su fallecimiento. Y ello es así porque, no obstante la declaratoria de inconstitucionalidad de sus literales a) y b), se hallaban ellos vigentes para la fecha de fallecimiento de la afiliada, porque la sentencia de la Corte Constitucional C- 556 de 2009, que dispuso esa inexequibilidad, no tiene efectos retroactivos. Además, no halla la Corte razones para aplicar en este caso la excepción de inconstitucionalidad.

Así mismo, la Corte tiene averiguado y definido que el principio de la condición más beneficiosa no es de recibo en el propósito de conseguir la aplicación del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, a la hipótesis en que el fallecimiento del causante se hubiese producido en vigencia de la Ley 797 de 2003, es decir, a partir de 29 de enero de 2003.

Tal orientación doctrinaria aparece vertida, entre otras, en la sentencia de 11 de febrero de 2009, Radicación 35080, en la que la Corte explicó lo que a continuación se transcribe:

“Como puede verse, los cargos se orientan a que se determine jurídicamente, que no es aplicable el principio de la condición más beneficiosa, cuando el afiliado fallece en vigor de la Ley 797 de 2003, pese a cumplir el requisito de las 26 semanas de cotización que consagraba el modificado artículo 46 de la Ley 100 de 1993, dado que las exigencias para obtener la pensión de sobrevivientes, son las indicadas en el artículo 12 de la primera ley citada, normatividad que es la que verdaderamente gobierna la situación pensional en el presente caso, teniendo en cuenta que Carlos Arturo Ubarne Ramos murió el 6 de mayo de 2004, es decir durante su vigencia.

“Vista la motivación de la sentencia acusada, el tribunal para confirmar la de primer grado, pese a inferir que el afiliado fallecido no cumplía con las exigencias establecidas en el citado artículo 12, y más concretamente el mínimo de semanas requeridas como fidelidad al sistema, consideró que en el caso que se analiza era procedente la aplicación del principio constitucional y legal de la condición más beneficiosa, pues para la fecha en que se aumentaron los requisitos para acceder al derecho pensional incoado y aquella en que murió el mencionado Usarme Ramos, superaba las 26 semanas mínimas cotizadas que consagraba el reformado artículo 46 de la Ley 100 de 1993.

“Teniendo en cuenta los razonamientos jurídicos traídos en los cargos, para la Sala son acertados los cuestionamientos que la parte recurrente le hace a la sentencia de segunda instancia, en relación con el precepto legal que debió acogerse para dirimir el conflicto, y la inaplicación en el su(sic) judice del principio constitucional y legal de la condición más beneficiosa, siendo equivocada la posición del juez colegiado, según la cual por virtud del mismo, era aplicable la disposición anterior a la Ley 797 de 2003, esto es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, antes de la modificación que le fuera introducida en el artículo 12 de la primera ley citada; pues la normatividad que gobierna el caso, es la vigente para el momento de la muerte del afiliado.

“En verdad, para el 6 de mayo de 2004, día en que murió el afiliado Usarme Ramos, la norma aplicable para efectos de la pensión de sobrevivientes, era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y por lo tanto a esa prestación tienen derecho sus beneficiarios siempre y cuando acrediten los requisitos allí exigidos, como son el que el causante hubiere cotizado 50 semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al deceso, y que tenga una fidelidad al sistema equivalente al 25% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de fallecimiento, porcentaje que a partir de la Sentencia de exequibilidad C-1094 del 19 de noviembre de 2003, quedó reducido a un 20%.

“Así las cosas, la Ley 797 de 2003 al entrar en vigencia desde su publicación el 29 de enero de esa anualidad, es inmediatamente aplicable, en los términos del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, disposición también aplicable a los asuntos de la seguridad social, como reiteradamente lo ha sostenido esta corporación, según la cual “Las normas sobre trabajo, por ser de orden público producen efecto general inmediato”.

“Valga decir además, que para un caso como el que se analiza, no tiene aplicación el criterio jurisprudencial expuesto por la Sala en anteriores sentencias sobre el principio de la condición más beneficiosa, pues se trató de situaciones en las que con la expedición del nuevo sistema integral de seguridad social consagrado en la Ley 100 de 1993, que redujo drásticamente el requisito de la densidad de semanas de cotización para acceder a la pensión de sobrevivientes a un número de 26, no era dable y resultaba violatorio de ese postulado consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, abolir las prerrogativas de los derechohabientes originadas por los afiliados que en vigencia de la normatividad anterior habían cumplido con una intensidad de semanas muy superior, esto es, ciento cincuenta (150) en los 6 años anteriores a la muerte o trescientas (300) en cualquier tiempo, conforme a las exigencias de los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 del Instituto de Seguros Sociales, aprobado por el Decreto 758 de 1990.

“En asunto similar a este, la Sala en sentencia del 3 de diciembre de 2007, Radicado 28876, reiterada en la del 20 de febrero del 2008 Radicación 32649, consideró que no era procedente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, cuando la muerte del afiliado acontece en vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en ella precisó:

“(...) Corresponde determinar las disposiciones aplicables al asunto en controversia, y así establecer si el ad quem incurrió en la violación normativa que denuncia el censor.

“En ese orden, se impone afirmar que el fallador de alzada incurrió en los desaciertos jurídicos que le atribuye la censura, al resolver el asunto con base en los artículos 6° y 25 del Acuerdo 49 de 1990, puesto que, sin duda alguna, al momento del fallecimiento de LLanos Tole ,31 de julio de 2003, la normatividad aplicable para efecto de la sustitución pensional, era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que inició su vigencia el 29 de enero de tal anualidad, que estableció como requisito que el afiliado al sistema que fallezca, debía haber cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento, con una fidelidad de cotización del 20% en el tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha del fallecimiento - Sentencia C-1094 de 2003.

“Así las cosas, le asiste razón a la censura en cuanto a que en el presente asunto, no tiene aplicación el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de dicho año, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, por lo que el ad quem incurrió en el error jurídico que indica el impugnante”.

Por ende, prosperan los cargos y habrá de casarse la sentencia impugnada, del modo indicado en el alcance de la impugnación.

Como consideraciones de instancia sirven las expresadas en sede de casación para concluir que al demandante no le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes, pues la afiliada fallecida, si bien acreditó el cumplimiento de la fidelidad al sistema de pensiones entre la fecha en que cumplió 20 años de edad y la de su muerte, no realizó cotización alguna en los tres (3) años anteriores a la fecha de su fallecimiento, lo que es insuficiente para generar el derecho reclamado, conforme surge del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Ello fuerza la revocatoria de la sentencia de primer grado para, en su lugar, absolver al demandado, pues, por otra parte, la causante no alcanzó a completar las semanas exigidas para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media, como que cotizó 324 en toda su vida laboral, lo que impide aplicar lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, de fecha 5 de septiembre de 2008, proferida en el proceso ordinario laboral que Jorge Enrique Muñoz Ríosle sigue al Instituto de Seguros Sociales.

En sede de instancia, REVOCA la Sentencia del Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, de fecha 6 de noviembre de 2007, para, en su lugar, absolver al Instituto de Seguros sociales de todas las pretensiones impetradas en su contra por Jorge Enrique Muñoz Ríos.

Costas de primera instancia a cargo del demandante. No se causan en la segunda ni en casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».