Sentencia 38047 de noviembre 14 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 417

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Bogotá, D.C., catorce de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Afirma la demandante que en la necropsia no se especificó cuál fue la causa de la muerte ni se mencionó la existencia de lesiones en el cadáver y, a pesar de ello, el tribunal concluyó que el deceso del recién nacido obedeció a una asfixia mecánica por sofocación, sin que tal afirmación cuente con respaldo en otras pruebas.

En efecto, el escrito presentado por la abogada se dirige a censurar la sentencia de segunda instancia por violación indirecta de la ley sustancial puesto que, de acuerdo con la demandante, a pesar de que el tribunal admitió que no se había demostrado la “... asfixia mecánica por compresión cervical, porque no existen lesiones internas, ni externas, ni se estableció que hubiese habido asfixia mecánica por sofocación, sin embargo, en forma caprichosa, crea la hipótesis de que esta última fue la causa de la muerte, prevalido de la existencia de las bolsas plásticas halladas con el neonato”.

Igualmente, porque “Sin que tenga respaldo su pericia en el examen interior y exterior del cadáver, no podía traerse a colación la asfixia mecánica por compresión cervical ni por sofocación, e inexplicable y absurdamente el honorable tribunal escogió una de las dos hipótesis lanzada por el médico forense, la de la asfixia mecánica por sofocación, que como se comprende no tiene respaldo probatorio alguno, ni podía resultar lógico de lo consignado en la necropsia que él practicó. Conforme al principio de contradicción lo expuesto en (sic) bastante claro para admitir que la equivocación fue mayúscula al proferir el fallo condenatorio mediando eses (sic) circunstancias opuestas y que no tuvieron eco en la mente de quienes las pudieron apreciar y dilucidar para decidir justamente”.

En síntesis, la defensora considera que el forense oficial no especificó la causa de la muerte; no se hallaron en el cadáver lesiones internas ni externas; y, no se encontraron signos específicos de asfixia mecánica.

No obstante, de acuerdo con el informe pericial de necropsia, introducido como prueba en curso del juicio oral por intermedio del médico forense que lo elaboró, doctor Antonio José Restrepo Morocho, se deduce con absoluta claridad que la causa de la muerte no fue inventada por el legista oficial, ni sobrentendida por el tribunal, porque claramente aparece determinada en dicho protocolo, en el que, además, se describieron los signos hallados, y en cuya conclusión el experto refirió:

“Recién nacido de sexo masculino a término, sin malformaciones congénitas macroscópicas, con pruba (sic) de docimasia hidrostática positiva, es decir que el menor respiró después de nacer, con vestigios de trauma en cuello y signos inespecíficos de hipoxia. Los anteriores hallazgos y la información disponibles premiten (sic) establecer que la causa de la muerte fue una asfixia mecánica producida por sofocación y comprensión externa cervical. Causa básica de muerte: asfixia mecánica. Manera de muerte: violenta homicidio.

Examen exterior

Descripción del cadáver: sobre la mesa de la morgue del hospital (...) se encuentra dentro de una bolsa plástica debidamente embalado (...) el cadáver de un recién nacido parcialmente introducidos (sic) en tres bolsas, las cuales una vez retiradas permiten ver que está a término, con cianosis labial y ungueal y con escoriaciones a nivel del cuello anterior y con meconio en área anal y perianal.

Cara: (...) particularidad boca mediana, los labios cianóticos (...).

Cuello: corto, y se encuentra escoriación en un área de de (sic) 1 x 0.1 cm y una equimosis leve de 1 x 1 cm en el lado derecho del cuello. Tres escoriaciones aparalelas (sic) de 1, 1.7 y 1.6 cm en el lado izquierdo del cuello. Escoriación de 1 x 1 cm un poco más debajo de las anteriores.

Tórax: se observan algunas escoriaciones en región infraclavicular derecha (...).

Abdomen: Sin lesiones, blando, con el cordón ambilical (sic) de 33 cm de longitud con el extremo distal sin ligadura. (...)

Ano: sin lesiones, abundante meconio de color verde negrauzco (sic).

Extremidades superiores: sin lesiones, simétricas y las uñas cortas cianóticas (...).

Examen interior (...).

Laringe: sin lesiones, totalmente cartilaginosa y la mucosa un poco congestiva (...).

Pulmones: con múltiples petequias en la superficie pleural visceral de ambos pulmones, de coloración rosadas, crepitantes y al realizar la prueba de la docimasia fue positiva (se colocan los pulmones dentro de un balde con agua y si flotan es porque hubo respiración efectiva antes del deceso) y se (sic) quedan en la profundidad es por lo contrario. Al corte de aspecto congestivo (...).

Esófago: sin lesiones, permeable y la mucosa congestiva.

Hígado: sin lesiones, superficie lisa y brillante de coloración pardo rojiza. Al corte congestivo.

Riñones: sin lesiones, de tamaño normal y al corte congestivos. Se conserva la relación cortico-medular (...).

Timo: hipertrofiado, congestivo (...).

Bazo: sin lesiones, eutrófico y al corte congestivo.

Tiroides: eutrófica, congestiva, con presencia de un área hemorrágica laminal de 1.5 x 1 cm en lóbulo izquierdo del tiroides” (destaca la Sala).

Al rendir su testimonio el doctor Antonio José Restrepo Morocho, concretamente en curso del interrogatorio directo que le formuló la Fiscalía en el juicio oral, reiteró que el cadáver estaba entre tres bolsas, fuera de la del embalaje; tenía el cordón umbilical sin ligadura y meconio en las partes perianal y anal. Del mismo modo, insistió en que la causa de la muerte fue la asfixia mecánica; detalló las lesiones externas que encontró en el cuerpo; y, pormenorizó los signos encontrados en el cadáver, a partir de los cuales concluyó sobre la causa de la muerte.

Explicó que el recién nacido había respirado, porque así lo indicó claramente la prueba de docimasia hidrostática, la cual fue ratificada por patología forense, en donde se dictaminó que encontraron aire en los alvéolos pulmonares. Asimismo, dijo que cuando un pulmón no ha respirado, su coloración es roja, vinosa, oscura, y su consistencia es semiblanda; empero, en este caso, los pulmones estaban rosados y presentaban petequias o puntos de sangre, característica propia de la ausencia de oxígeno, porque se revientan los vasos sanguíneos.

Además, dijo que encontró lesiones vitales a nivel de cuello y tórax anterior. Sobre este específico aspecto, señaló que no es posible que se hubiesen producido por no caber la criatura en el conducto vaginal —del que dijo es elástico—, en consideración a que la cabeza tiene mayor diámetro que el cuello; entonces, de ser así, también se hubieran encontrado lesiones a nivel del rostro.

Declaró que las lesiones se le ocasionaron al bebé antes de morir (lesiones vitales), porque de habérsele causado post mórtem, las huellas serían distintas, como que en esos casos (después de fallecer) no queda inflamación de tejidos y la coloración es pálida.

Durante el contrainterrogatorio indicó el galeno que las escoriaciones halladas en el cuello, pudieron haber sido consecuencia de la obstrucción de las vías respiratorias del neonato, atendiendo a que su estructura anatómica es blanda, la tráquea tiene un diámetro muy pequeño y es muy elástica, por ello dependiendo de la fuerza que se le hubiere aplicado, es posible que se le hubiesen obstruido las vías respiratorias.

Respondió, también, que no todo tipo de fuerza produce huellas ungueales, y cuando se imprime la suficiente no se deriva necesariamente una escoriación, sino una equimosis, es decir, una hemorragia bajo la piel, que en este caso se presentó en el cuello del recién nacido.

Luego de definir la asfixia mecánica y sus clases, la sustentó como causa de la muerte en este evento:

“... en el acta de inspección al cadáver (...) encuentro que (...) cuando llegaron allá encontraron la bolsa totalmente cerrada y es cuando la abren; entonces el estar el cuerpo en tres bolsas plásticas, eso ya me permite suponer que hubo una asfixia mecánica, porque por lo menos hubo un confinamiento ahí. En segundo lugar, las lesiones a nivel de cuello, que uno normalmente siempre atiende partos y nunca ha visto eso, de que hayan lesiones de parto con lesiones vitales, porque eran vitales, bien delimitadas a nivel de cuello”.

Expuso que la asfixia por sofocación es aquella en la que el oxígeno se agota poco a poco en el espacio en donde permanece la víctima, sin que tenga signos anatomopatológicos únicos o definidos. Por eso detalló en el informe que había encontrado signos inespecíficos, los que describió como petequias, cianosis labial, cianosis ungueal y congestión visceral generalizada, los cuales sumados al resto de hallazgos le permitieron inferir que hubo sofocación. Igualmente, aclaró que no todos los signos de asfixia concurren en cada caso, porque ello dependerá de la forma de asfixia, el tiempo que demore e incluso si se trata de un adulto que intenta defenderse, a diferencia del recién nacido.

Por último, destacó que la causa de la muerte fue la descrita en el protocolo de necropsia: asfixia mecánica por sofocación y compresión externa cervical, misma que se evidencia con las escoriaciones y equimosis que se apreciaron en el cuello del neonato.

La deducción sobre el nacimiento con vida de la criatura, en consideración a que logró respirar luego del parto, fue debidamente corroborada por la doctora María Eugenia Chamorro Ortega, médica patóloga adscrita al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a quien le correspondió hacer el análisis del bloque histológico (fragmentos de tejidos: pulmón, hígado, miocardio, riñón, páncreas, timo y cordón umbilical), en relación con los que diagnosticó expansión alveolar, congestión de órganos y cordón umbilical trivascular con dos arterias y una vena. Y, a partir de esos hallazgos, la experta anotó:

“Con lo anteriormente anotado se considera que este neonato masculino con evidentes huellas de trauma externo en cuello y tórax, cuyo estudio histológico confirmó la entrada de aire a los pulmones, lo que hace pensar en que el menor respiró al momento del nacimiento y presentó una severa insuficiencia respiratoria posteriormente. La congestión pulmonar y de los demás órganos es un signo indirecto de hipoxia”.

La doctora Chamorro Ortega, expuso su opinión sobre el caso, al concluir que “... este neonato masculino respiró luego de nacer y luego presentó una severa insuficiencia respiratoria con la consiguiente hipoxia generalizada. Dadas las huellas del trauma externo evidenciadas, no se descarta la obstrucción de la vía aérea por compresión del cuello”.

Para la Sala es claro que el ad quem sustentó la confirmación de la sentencia proferida contra Jenny Viviana Baquero Celeita, a partir, no solo del informe pericial de necropsia que, contrario a lo que discute la demandante, sí concluyó que la causa de la muerte había sido asfixia mecánica producida por sofocación y que en el cadáver sí se hallaron lesiones, es decir, “signos de trauma en cuello principalmente y en tórax anterior”, que le permitieron inferir al perito médico la compresión externa cervical, sino también en el concepto de la patóloga forense que corroboró los resultados de la autopsia, en su informe y en curso de los interrogatorios que absolvió en el juicio oral; así como en el acta de registro voluntario al inmueble en donde fue hallado el cuerpo del recién nacido, los álbumes fotográficos, el acta de inspección técnica al cadáver y doctrina médica de reconocidos tratadistas(1), con los que rebatió fundadamente las conclusiones del perito particular, sin que le reste credibilidad al fallo el hecho de que hubiese coincidido con el experto de la defensa en que no hubo compresión cervical.

En efecto, al exponer los criterios para la apreciación del informe de necropsia elaborado por el médico forense oficial, señaló el tribunal las razones que lo llevaban a apartarse de que la asfixia mecánica se produjo por compresión cervical, en tanto que la experticia no arrojó hallazgos de lesiones internas:

“En síntesis, en criterio de la Sala no se demostró que la hipoxia dictaminada por el médico que practicó la necropsia al cadáver del neonato, hubiera tenido como mecanismo causal una estrangulación por compresión cervical, puesto que, a pesar de la presencia de lesiones externas en dicha región corporal, no se encontraron las internas correspondientes que son patognomónicas de una constricción del cuello, y podría establecerse razonablemente que la aparición de las excoriaciones y equimosis fueron ocasionadas por la auto atención que hizo de su difícil parto la señora Baquero Celeita, sin que las mismas puedan atribuirse a una eventual sofocación intrauterina provocada por el cordón umbilical puesto que en este caso el edema encontrado hubiera sido simétrico y sin solución de continuidad”.

En cambio, sí consideró el ad quem que la asfixia mecánica había sido producida por sofocación, afirmación que comparte la Sala, porque, aparte del análisis que viene de transcribirse y contrario a lo que asegura la demandante, sí encuentra respaldo en otras pruebas.

En primer lugar, se determinó que la criatura nació viva, hecho que pudo demostrarse con la docimasia hidrostática, debidamente ratificada con el estudio histológico realizado por patología. Además, que tales análisis se adelantaron, no solo a partir de los signos inespecíficos de hipoxia generalizada (petequias, cianosis labial, cianosis ungueal y congestión visceral, entre otros), sino de los hallazgos en la inspección al cadáver, el cual estaba completamente envuelto en bolsas plásticas, una de las cuales, anudada al cuello, le cubría completamente la cabeza. Así como las lesiones externas reveladas (escoriación de 1 x 0.1 cm y equimosis leve de 1 x 1 cm en el lado derecho del cuello; tres escoriaciones paralelas de 1, 1.7 y 1.6 cm en el lado izquierdo del cuello; y, escoriación de 1 x 1 cm un poco más debajo de las anteriores), que, a juicio del forense oficial, constituían inequívocas marcas de violencia.

Ahora bien, que el tribunal se apartara de las conclusiones del médico legista particular, entre otras razones, porque no indicó cuál había sido la causa de la muerte, no corresponde a una actitud insostenible de los jueces, porque si este profesional concluyó que la necropsia realizada por medicina legal tenía fallas e inconsistencias y a pesar de ello, es decir, frente a esas carencias la entidad pública conceptuó erradamente que la muerte se produjo por asfixia mecánica, es lógico que el experto de la defensa llegara a esa conclusión luego de establecer otra causa, misma que tenía la obligación de exponer.

No bastaba, entonces, con la simple negación del hecho causal, porque era necesario que el perito contratado por la defensa, en atención a los signos hallados durante la autopsia, propusiera otro como demostración de su mejor criterio, pero ni siquiera intentó lanzar una hipótesis.

Incluso, en la audiencia pública, al ser contrainterrogado por el fiscal delegado, el médico Rubén Darío Angulo González no pudo asegurar categóricamente que sus colegas María Eugenia Chamorro Ortega y Antonio José Restrepo Morocho, se hubiesen equivocado y, en cambio, sí admitió como válidas las conclusiones de la primera y también que él pudo haber tenido desaciertos en sus conclusiones, lo que se evidencia cuando trata de imponer la tesis de que siempre que hay asfixia mecánica por sofocación deben concurrir todos y cada uno de los signos, en su sentir específicos, incluso las lesiones en boca, lengua y estigmas ungueales en el rostro, las que conforme lo explicó el doctor Restrepo Morocho en la audiencia de juicio oral, son apreciables en los casos que involucran una víctima adulta, porque corresponden a maniobras defensivas, contrario a lo que, por supuesto, ocurriría cuando de un recién nacido absolutamente indefenso se trata.

Entonces, unas son las señales que le permitieron al legista determinar la causa de la muerte y otras por las que concluyó la “evidente omisión de cuidados”, porque esta última circunstancia se dedujo precisamente de que la madre decidiera dar a luz sola, en su habitación, rehusando la intervención de un médico; no haber ligado el cordón umbilical para evitar la pérdida de sangre del bebé, al que, incluso, no abrigó, ni trasladó a la clínica cuando buscó asistencia médica únicamente para ella; sin que esos aspectos se contradigan con el hecho de que la muerte hubiese sido violenta, como equivocadamente lo supone la demandante, puesto que, conforme se analizará más adelante, ese proceder negligente formaba parte del plan criminal concebido por Jenny Viviana Baquero Celeita, con antelación.

La violencia en este caso, no puede descartarse por el hecho de no haberse hallado lesiones internas que corroboraran la compresión cervical y, mucho menos, es posible deducir ante la ausencia de tales daños, que no se tratara de una asfixia mecánica, puesto que fue precisamente a partir del estudio de los órganos internos que se comprobó la opinión del médico forense, quien encontró que los pulmones tenían la coloración propia de aquellos que han respirado (rosados) por oposición a los que no han recibido aire (rojos, vinosos, oscuros), con hemorragias petequiales y congestión visceral generalizada, lo que, sumado a la forma como fue hallado el cadáver —se itera— entre varias bolsas plásticas y, una de ellas, anudada al cuello, cubriéndole la cabeza, permitió concluir en la sofocación, es decir, la obstrucción de las vías respiratorias (boca y nariz), como causa del deceso.

Ahora bien, absurda, por decir lo menos, resulta la argumentación de la defensora, al afirmar que la bolsa plástica colocada en la cabeza del recién nacido no le causó la muerte, porque no existe un dictamen que lo confirme, cuando exactamente en el informe de necropsia se señala que de esa forma se le obstruyeron las vías respiratorias al recién nacido, ocasionándole la muerte por sofocación.

Es igualmente irrazonable que la actora afirme que el neonato fue colocado entre las bolsas cuando ya estaba muerto, porque así lo demuestra “... la posición en que quedó, estático...”, pues, no de otra forma podría haberse encontrado ya que, de cualquier manera, aun habiéndosele confinado entre esos empaques cuando estaba vivo, le hubiese ocasionado la muerte y el cuerpo habría sido hallado del mismo modo, es decir, estático.

A juicio de la demandante no se demostró que el actuar de Jenny Viviana Baquero Celeita, estuviese precedido de la intención de matar a su hijo. Sin embargo, para la Sala los hechos debidamente demostrados no podrían enseñar de forma más elocuente que ese fue exactamente el designio criminal.

En efecto, los planes de Jenny Viviana Baquero Celeita, desde cuando se percató del embarazo, estaban dirigidos a ese fin. No podría entenderse de manera diferente que hubiese ocultado su estado durante todo el periodo de gestación; rechazó la asistencia médica y decidió dar a luz en la soledad de sus aposentos, tratando de ocultarle, incluso al ginecólogo —y contrariando la evidencia, es decir, el desgarro vaginal y la placenta aun en su cuerpo— que hubiese acabado de tener un parto, hecho que luego admitió espontáneamente. Sin contar con que le negó al recién nacido todos los cuidados y le colocó una bolsa en su cabeza para asfixiarlo.

Si la intención no hubiese sido matar a la criatura, qué sentido tendría que hubiese anudado esa bolsa plástica al cuello del niño y luego pusiera el cuerpo, no solo en uno, sino en otros dos empaques, para ocultarlo en un armario.

Es más, ante las circunstancias, si su objetivo no hubiese sido darle muerte al hijo que acababa de nacer, lo hubiese llevado consigo al hospital en procura de asistencia médica, misma que solo gestionó para ella.

El homicidio del recién nacido fue ideado por Jenny Viviana Baquero Celeita, quien así se lo representó desde el comienzo del embarazo; y, su ejecución, como se vio, fue parte de un objetivo que, en todo caso, estaba orientado a ocultar la existencia de la criatura, circunstancia que hubiese pasado desapercibida, de no haber sido porque en el trabajo de parto sufrió un desgarro vaginal que le produjo la hemorragia, por la que hubo de ser intervenida quirúrgicamente.

La procesada era consciente de que le había ocasionado la muerte a su hijo en cumplimiento del designio que se había trazado, al punto que ningún sentido tenía que sin contarle a nadie, ocultara el cadáver en un armario y tratara de encubrir el reciente alumbramiento ante el médico que la atendía, aunque llevara consigo parte importante de los vestigios de ese hecho —se repite—, porque en su cuerpo fue hallada la placenta.

En síntesis, para la Sala las circunstancias antecedentes, concomitantes y consecuentes, permiten concluir que la única intención de Jenny Viviana Baquero Celeita era darle muerte a su hijo, aprovechando que únicamente ella conocía la existencia de ese ser, hecho que se representó; en razón a su forma de proceder, indudablemente sabía que constituía una infracción penal; y, no obstante, voluntariamente ejecutó la conducta.

Aspectos que cobran mayor relevancia si se tiene en cuenta que Jenny Viviana Baquero Celeita, no es una persona marginada por su condición social ni por ninguna otra causa; vivía para el momento de los hechos en una casa propia, con toda su familia y, si bien se dedicaba a las labores del hogar, al verificar su arraigo familiar, se pudo establecer que realizó estudios superiores en administración hotelera. Circunstancias que excluyen cualquier posibilidad de darle aplicación al artículo 56 del Código Penal, mucho menos cuando esa posibilidad ni siquiera se insinuó durante todo el proceso.

Por lo demás, no explicó la actora en qué consistió la falta de rigor científico del médico oficial, al sustentar el informe de necropsia, afirmación que se quedó en el simple enunciado; y, si la omisión radicó en los supuestos yerros denunciados por la defensora, conforme viene de explicarse, para esta corporación son inexistentes porque, en suma, sí se encontraron lesiones en el cuerpo del recién nacido; se determinó mediante exámenes rutinarios (análisis de la consistencia y coloración de los órganos) y especializados (docimasia e histología) que la criatura respiró y, en consecuencia, había nacido viva; se revelaron signos de hipoxia generalizada (petequias, cianosis labial, cianosis ungueal y congestión visceral generalizada); se señalaron las causas de la muerte, explicando que se trataba de una asfixia mecánica y que esta se produjo por sofocación y por compresión cervical; la primera de ellas se sustentó en el hecho de que el cadáver fue hallado con una bolsa plástica que le cubría completamente la cabeza impidiéndole la respiración y la segunda en los daños externos que se patentizaban en el cuello del bebé.

En razón de ello, no se aprecia caprichosa la conclusión del juez colegiado, para quien la muerte del neonato fue consecuencia de asfixia mecánica por sofocación, porque de acuerdo con la doctrina médica especializada “... existen una serie de signos patognomónicos, de una estrangulación con la mano y que necesariamente deben manifestarse en los órganos internos de la región cervical, empero ninguno de ellos fue señalado ni en el informe ni en el peritaje rendido por el médico forense Antonio José Restrepo Morocho, puesto que a pesar de observar a nivel macroscópico y en el examen externo del cadáver del neonato varias lesiones como equimosis o excoriaciones en el cuello, aquellas según lo expuesto por la literatura citada y el dictamen rendido por el doctor Angulo González, no permitirían concluir que la hipoxia como causa de muerte se hubiera provocado por compresión del cuello, dado que ninguna lesión como fractura del hueso hioides o del cartílago cricoides o de la toroides, fue detectado en el cuerpo del niño”.

Por último, en relación con la sentencia de la Sala de Casación Penal citada por la actora (Rad. 14.043) como sustento de sus argumentos, en la que se falló absolviendo por considerar que hubo fallas en la necropsia, cabe destacar que razón le asiste a la señora fiscal delegada, porque la hipótesis fáctica no se aviene para nada a la que ahora ocupa la atención de la Corte, como que en aquella ocasión se trataba del primer parto de una mujer muy joven, que si bien dio a luz sola, tuvo el cuidado de ligar el cordón umbilical y abrigar a la criatura sin obstruirle las vías respiratorias, antecedentes a partir de los cuales y atendiendo a la literatura médica especializada, consideró esta Sala que los signos descritos por el forense eran equívocos para establecer la causa de la muerte y que correspondían, con mayor acierto, a los de una muerte natural, sin contar con que se constató, en ese específico evento, la parcialidad del legista.

En consecuencia, resulta obligado concluir que la censura habrá de desestimarse.

Casación oficiosa

Del recuento objetivo de la actuación procesal advierte la Sala la concurrencia de una irregularidad que por ser violatoria de las garantías fundamentales debidas a la procesada activa la facultad oficiosa de la Corte para controlar la legalidad y constitucionalidad de la sentencia.

Se observa que en la sentencia condenatoria proferida por el juzgado penal del circuito de Cáqueza se le impuso a Jenny Viviana Baquero Celeita, una pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la respectiva pena principal, esto es, 400 meses, monto que en segunda instancia fue confirmado, lo cual desborda el límite máximo de 20 años establecido en el artículo 51 de la Ley 599 de 2000, vigente para el momento en que sucedieron los hechos, y que frente a la aludida pena accesoria señala:

“La inhabilitación para el ejercicio de los derechos y funciones públicas tendrá una duración de cinco (5) a veinte (20) años, salvo en el caso del inciso 3º del artículo 52.

Se excluyen de esta regla las penas impuestas a servidores públicos condenados por delitos contra el patrimonio del Estado, en cuyo caso se aplicará el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política...”.

A su vez, el citado inciso 3º del artículo 52, preceptúa que:

“En todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la ley, sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2º del artículo 51”.

Por lo tanto, la excepción a que alude el inciso 1º del artículo 51 hace referencia a los topes mínimo y máximo de la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas cuando se imponga como accesoria a la de prisión, en cuyo caso el mínimo no puede ser inferior a los cinco (5) años establecidos en el mismo precepto, por estar supeditada al tiempo de duración de la pena privativa de la libertad, evento en el cual, sin embargo, el legislador autorizó imponer hasta una tercera parte más, recabando que en ningún evento puede superar “el máximo fijado en la ley”, es decir, 20 años.

La anterior apreciación permite concluir que, indefectiblemente, la pena máxima para la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas cuando se impone como accesoria y no se está frente a un servidor público condenado por delito contra el patrimonio del Estado (art. 51, inc. 2º), será de 20 años, incluso para aquellos eventos en que el inciso 3º del artículo 52 ídem autoriza imponer hasta “una tercera parte más” de la pena privativa de la libertad a la que accede, ya que, en todo caso, deberá respetarse el límite establecido por el inciso 1º, dada la especificidad y claridad en su definición, pues no de otra forma se explicaría la reiteración relativa a que no podrá exceder el límite legal expresada en el inciso final del artículo 52 que a su vez autoriza a imponerla por encima del lapso establecido para la restrictiva de la libertad.

A esta misma conclusión arribó la Corte Constitucional cuando examinó la constitucionalidad del inciso 1º del artículo 51 del Código Penal de 2000 frente a la legitimidad del legislador para restringir el derecho a ejercer funciones públicas, al señalar:

“En el tercer inciso, el mismo artículo dispone que, ‘en todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas’ y señala que su duración es la del mismo tiempo de la de la pena de prisión impuesta y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la ley, —es decir 20 años según el artículo 51 referido—, sin perjuicio de lo dispuesto en el último inciso del artículo 122 de la Constitución - es decir de aquellos casos en que se trata de un delito contra el patrimonio del Estado, caso en el cual la inhabilidad para el desempeño de funciones públicas será permanente.

(...).

Así las cosas, puede concluirse que el legislador ha dispuesto que: i) el juez penal está obligado a imponer como pena accesoria la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, siempre que se imponga la pena de prisión; ii) la imposición de esta sanción trae como consecuencia privar al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las entidades oficiales; iii) la duración de la pena podrá ser la misma de la de la pena de prisión impuesta y hasta una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la ley, —es decir 20 años— sin perjuicio de lo que prevé la Constitución para el caso de la condena por delitos contra el patrimonio del Estado; iv) la imposición de la pena exige una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la misma, de conformidad con el artículo 59 de la Ley 599 de 2000; v) la persona condenada a la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como consecuencia de haber recibido pena de prisión, puede solicitar su rehabilitación para el ejercicio de dichos derechos y funciones en los términos del artículo 92 de la Ley 599 de 2000; vi) de acuerdo con el artículo 53 de la Ley 599 de 2000 la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas se aplicará y ejecutará simultáneamente con la pena de prisión”(2).

Por lo tanto, la Sala casará oficiosa y parcialmente el fallo de segundo grado y, en consecuencia, disminuirá a veinte (20) años la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, impuesta a Jenny Viviana Baquero Celeita.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NO CASAR el fallo impugnado por el cargo planteado en la demanda.

2. CASAR de oficio y parcialmente la sentencia del 14 de octubre de 2011 dictada por el Tribunal Superior de Cundinamarca, en el sentido de modificar el numeral 2º del fallo de primera instancia para FIJARLE a Jenny Viviana Baquero Celeita, una pena de veinte (20) años de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, según lo discurrido en las anteriores consideraciones.

3. En lo demás el fallo se mantiene incólume.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, devuélvase al tribunal de origen y cúmplase».

(1) Entre los que citó a César Augusto Giraldo y a Gilbert Calabuig.

(2) Sentencia C-329 del 29 de abril de 2003.